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sábado, 29 de agosto de 2009

la visita de Lula se inscribe en el camino hacia la dictadura porque a cambio de los piropos a Evo, Bolivia perdona millones cambiando "oro x espejito

La llegada al país de Lula, el presidente brasileño, estuvo rodeada de un enorme despliegue publicitarioy fue presentada como un gran acontecimiento por los estrategas de comunicación del gobierno. Sin embargo, si nos atrevemos a ver más allá de la fanfarria, se advierte de que Lula, quien fue mostrado como un benefactor, en realidad vino a Bolivia para preservar los intereses de Petrobras y, en suma, los de su país, que en este caso, están contrapuestos a los de Bolivia.

Lula, en realidad está haciendo lo que debe hacer y hace todo gobernante que se respete; esto es defender y proyectar los intereses de su país. Itamaraty, la cancillería brasileña, ha demostrado ser muy hábil en este aspecto. En dictadura y en democracia mantienen las mismas líneas básicas de defensa de sus intereses.

Paradójicamente el gobierno boliviano supuestamente indígena y antiimperialista sigue cambiando oro por baratijas y, en este caso, el Brasil ha tomado el puesto de los colonizadores españoles.

Sucede que Lula dista mucho de ser el gran benefactor que está dando plata para construir una importante carretera y, en el colmo de su generosidad, nos comprará textiles reemplazando los mercados de EEUU, cuya pérdida ocasionó el gobierno del MAS con su ceguera.

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El primer objetivo de Lula (luciendo en el cogote un collar de coca) era lograr el perdón de la deuda de Petrobras que se calcula llega a dos mil millones de dólares. Esta deuda proviene del leonino y antinacional contrato de compra y venta de gas con Brasil, el GSA (Gas Supply Agreement), firmado en 1999.

La venta de gas al Brasil se la realiza sin establecer una diferencia entre gas seco y gas rico. El gas rico contiene combustibles líquidos (gasolina, fuel oil), GLP además de otros componentes necesarios para la industria petroquímica y la separación de estos del gas natural posibilitó a Petrobras la ganancia de esa cantidad nada despreciable.

Sin embargo, Petrobras, que dicho sea de paso no se trata de una entidad estatal ya que la participación del Estado en ella es menor a la de las transnacionales petroleras, solo reconoce una deuda de 300 millones de dólares.

Hay más. Lula pretende reducir los volúmenes de exportación de 30 a 24 millones de metros cúbicos diarios debido a que los nuevos descubrimientos están posibilitando que el Brasil dependa cada vez menos del gas boliviano. Esto evitaría que el Brasil pague el take or pay (toma o paga) por cuyo concepto, según los especialistas, ya existe una deuda acumulada de 131 millones de dólares.

Por tanto, si hacemos unas cuantas operaciones aritméticas elementales podremos darnos cuenta de que Bolivia está haciendo un mal negocio al influjo de la sonrisa bonachona de Lula y su mar de halagos que deleitan a Evo y hunden a nuestro país.

Brasil concedió un crédito de 332 millones de dólares para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo costo total será de 416 millones de dólares para una extensión de 306 kilómetros. Anteriormente ya se dieron algunas observaciones en cuanto al elevado costo y las características de la obra, pero eso es ya otra historia.

Ojo que el crédito establece que la construcción necesariamente deberá ser ejecutada por una empresa brasileña, en este caso la OAS, de la cual se sabe que habría hecho aportes para la campaña presidencial de Evo en el 2005.

Por tanto si sumamos el crédito, no regalo, para la construcción de la carretera y la compra de textiles por 21 millones de dólares veremos que el gobierno de Evo Morales está cometiendo un atentado contra los intereses del país que significará una pérdida de recursos mucho mayor a la que pudo haberse producido durante los gobiernos neoliberales.

¿La conclusión? Los jerarcas del Estado Plurinacional han superado a los del “Estado oligárquico” en cuanto a su incapacidad para defender los intereses nacionales y asegurar sus intereses personales y políticos, porque eso sí, mas que de ingenuo nuestro aymara presidente peca de simple ambición de poder y a esta altura debe quedar claro que el respaldo de Lula a Evo no es ni será gratis.(de la pág. de EJ.org)

domingo, 23 de agosto de 2009

subeditorial de La Razón presume "tufillo de dictadura" en ciertas "democracias" del continente


Dicen que vivimos en una plena y representativa democracia. En América Latina cada día se viven hechos que ponen en duda tal afirmación. Dos ejemplos son Honduras y Venezuela, que han dado demasiadas señales de ir contra este sistema.

No importa que venga de la derecha o de la izquierda. ¿De qué sirve la democracia si los derechos no se respetan?

Honduras es el país donde a nombre de la democracia se han vulnerado derechos fundamentales tras el golpe de Estado del 28 de junio. Ese día un grupo de militares sacó al presidente Manuel Zelaya de su casa, lo sentó en un avión y lo echó del país. Ésa fue una violación a la Constitución, pues no se puede derrocar al presidente, ni siquiera con apoyo del Parlamento, sino por voluntad de sus mandantes y mediante nuevas elecciones.

El régimen de facto hondureño también decidió establecer toque de queda, cortar la luz y, por ende, las transmisiones de televisión y radio en momentos críticos del conflicto. En medio de la crisis se informó de hasta 1.200 detenidos por pedir el regreso de Zelaya en manifestaciones callejeras. De éstos, tres murieron por impactos de bala. Todas éstas son características de un gobierno dictatorial.

Lo anterior no pasa en Venezuela, donde el sistema es democrático; sin embargo, también hay atropellos del poder a nombre de la democracia.

El gobierno de Hugo Chávez propuso una ley que castiga los “delitos mediáticos”. La funcionaria que presentó la propuesta lo justificó así: “En el marco del derecho de los venezolanos todo tiene un límite, reclamo que se le ponga un límite al derecho”.

Días después la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Educación, que, según la oposición venezolana, busca adoctrinar a los estudiantes a favor del Gobierno. Al respecto, Chávez aseguró: “Dicen por ahí que queremos ideologizar…Y yo respondo: Yes”.

Pero además de estos hechos nacidos en el poder democráticamente elegido, también se violan derechos en las calles. Un ejemplo es la golpiza que dieron chavistas a 12 periodistas que repartían volantes contra la Ley de Educación.

Si bien en democracia el Estado es la expresión de la opinión mayoritaria, avalado por el voto, el presidente Chávez a nombre de la mayoría aplasta los derechos de las minorías, y eso tampoco es democrático.

lunes, 17 de agosto de 2009

"Bolivia un país quebrado" le llama Espinosa García quién la encuentra dividida entre campo y ciudad, masistas y no masistas...


Por Óscar Espinosa García

Jesús en el evangelio sentencia: “Todo reino dividido contra sí mismo, acaba devastado y cae casa sobre casa” (Lc. 11, 17). Esta metáfora podemos aplicarla a Bolivia, que actualmente es un país dividido y además se encuentra politizado, con el Estado de derecho quebrantado y con el principio de autoridad perdido. No es posible prever que se vaya a destruir como país, pero se están perdiendo muchos atributos esenciales que hacen al país que la mayoría de los bolivianos deseamos tener, como la democracia, el desarrollo económico, la posibilidad de que todos tengan lo necesario para tener una vida digna y la sociedad donde todos podamos ser felices y vivir en paz. La devastación consistiría en que Bolivia se convierta en un país proscrito, pobre, atrasado y con un desarrollo discordante con el que tienen los países que lo rodean.

Bolivia se encuentra profundamente dividida entre oriente y occidente, campo y ciudad, masistas y no masistas. Ha habido enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas, indígenas y campesinos, citadinos y rurales, comunarios y mineros. En esta situación, no se puede llevar a cabo ningún esfuerzo de desarrollo, porque éste necesariamente necesita de un acuerdo y de la acción combinada de todos.

En eso consistió la “agenda de octubre”, en quebrar al país. Es cierto que el gobierno del presidente Evo Morales se ha encargado de dividir a los bolivianos, de destruir a las instituciones, de debilitar el Estado de derecho y de hacer perder el principio de autoridad. Pero también hay que recordar, que este es el camino que ha elegido un poco más de la mitad de los bolivianos para la conducción del país y que todavía tiene apoyo. Al elegir al gobierno del MAS se ha optado por la lotería política, que consiste en poner la esperanza en un caudillo y en el cambio político. Se ha preferido lo ficticio en vez de lo real, lo irracional en vez de lo racional, lo incoherente en vez de lo coherente. Tenemos que convencernos que el desarrollo social y económico no vendrá de la política, sino del trabajo y del esfuerzo, del respeto a las autoridades, las leyes y los derechos de los demás y de trabajar unidos, pensando más en el interés común que en nuestros intereses particulares.

Una misión del Primer Mandatario y del Gobierno de una nación es la de unir y trabajar con todos sus componentes. Esto es lo que no ha hecho el presidente Evo Morales y su gobierno. Por el contrario, el Gobierno ha promovido el enfrentamiento y ha tratado por todos los medios de descalificar a los opositores a su gobierno, en especial a los prefectos no oficialistas. Para la vigencia de la democracia y el desarrollo del país es esencial que el Gobierno acepte la crítica y la disidencia y trabaje con todos los niveles de gobierno, sean de su línea o de la oposición.

La Constitución de un país es esencial para la vida y el progreso de un país y la nueva Constitución no es un instrumento que garantice la vigencia de los derechos de los bolivianos y promueva el desarrollo social y económico. Al ser discriminatoria, contra- dictoria, incoherente, antiinversiones y anti Estado de derecho, ocasionará mayor quebranto para Bolivia. Existe poca esperanza de que en las próximas elecciones, el país encuentre una luz para salir de este estado. Por todo ello, Bolivia es “el país quebrado”.

miércoles, 12 de agosto de 2009

epidemia de reelecciones se propaga causándole gran daño a la democracia. Daniel Zovalto publica en LN de BA "La ola reelecionista en Am.Lat."

En medio de la grave crisis política hondureña (asociada en parte a las denuncias en contra del presidente Manuel Zelaya respecto de su intención de querer modificar la Constitución para buscar su reelección), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció, el 19 de julio pasado, su intención de convocar a un referéndum para aprobar la reelección presidencial consecutiva, lo cual generó el rechazo inmediato y frontal de toda la oposición.

Hay que recordar que hace sólo seis meses, el 15 de febrero, Hugo Chávez ganaba un referéndum en virtud del cual quedó aprobada la reelección indefinida en Venezuela; que las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia han introducido la reelección consecutiva, y que en Colombia está en marcha una reforma dirigida a permitirle al presidente Alvaro Uribe un nuevo mandato (el tercero), fortaleciendo de esta manera la ola reeleccionista que recorre América latina.

La legislación latinoamericana vigente se inclina notoriamente a la reelección: más de dos terceras partes de los países de la región (14 de 18) la permiten. Sin embargo, la normativa presenta variaciones importantes. Venezuela es el único país (excluyendo a Cuba) que permite la reelección indefinida. En seis países (la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Colombia) la reelección consecutiva está permitida pero no de manera indefinida. En otros siete casos sólo es posible después de transcurrido al menos un mandato presidencial (Costa Rica, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay). Por su parte, sólo cuatro naciones -Guatemala, Honduras, México y Paraguay- prohíben totalmente la reelección.

La tendencia regional de las reformas durante los últimos años también es claramente favorable a la reelección. Hay que acentuar que todas las reformas recientes en favor de la reelección, en especial en su modalidad consecutiva, tuvieron nombre y apellido: Menem en la Argentina, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Mejía en la República Dominicana, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia. En todos estos casos las reformas se llevaron a cabo durante la presidencia de mandatarios que buscaron su reelección inmediata, y que de hecho la obtuvieron en todos los países salvo en el caso de Mejía, en la República Dominicana, que fue derrotado por otro ex presidente que regresó al poder (vía reelección alterna), Leonel Fernández, y que luego fue reelegido de manera consecutiva en 2008.

La reelección es un tema muy controversial, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La experiencia comparada latinoamericana de los últimos treinta años ofrece interpretaciones para todos los gustos. En once de los catorce países que permiten la reelección inmediata o alterna (la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), la medida se ha ejercido. Sólo en tres países (El Salvador, Panamá y Chile) de los 14 que la permiten ningún ex presidente ha logrado ser reelegido a la fecha.

Por su parte, desde el punto de vista de la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de nunca acabar, en el que suele incurrirse en confusiones importantes (no se hace distinción entre sistemas presidenciales y parlamentarios) o en el que se desconocen las diferencias de cultura política (entre el presidencialismo estadounidense y los latinoamericanos, por ejemplo), las cuales desempeñan un papel crucial en este tema.

Los críticos sostienen que la reelección expone al sistema político al riesgo de una "dictadura democrática" y refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo. Apuntan, además, que los segundos mandatos son por lo general de mala calidad. Al menos seis experiencias desde 1978 hasta la fecha parecen confirmar los argumentos acerca de sus peligros y defectos, entre las que cabe destacar la de Alfredo Stroessner en Paraguay; la de Joaquín Balaguer, en la República Dominicana; la de Alberto Fujimori, en Perú; la de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, así como los mediocres segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera en Venezuela.

Los defensores de la reelección, por el contrario, argumentan que ésta permite aplicar un enfoque más "democrático", en la medida en que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su presidente y responsabilizarlo por su desempeño, ya sea premiándolo o castigándolo según sea el caso. Como ejemplos de experiencias positivas de ambas modalidades de reelección (consecutiva y alterna) citan las de Fernando Henrique Cardoso en Brasil y Alvaro Uribe en Colombia (consecutivas), y las de Julio María Sanguinetti en Uruguay y de Leonel Fernández en la República Dominicana (alternas).

Pero más allá de este debate, una mirada del mapa político latinoamericano nos advierte de que la ola reeleccionista va en aumento. Actualmente, cuatro presidentes de América del Sur han sido reelegidos de manera consecutiva (Lula, Uribe, Chávez y Correa), un quinto de manera alterna (García) y un sexto, Evo Morales, buscará su reelección consecutiva en Bolivia a fines de este año. Otros tres presidentes de América Central y el Caribe han sido reelegidos: Fernández en la República Dominicana (primero de manera alterna y luego consecutiva) y Oscar Arias y Daniel Ortega en Costa Rica y Nicaragua, respectivamente (de manera alterna). Por su parte, en Uruguay, el ex presidente Luis Lacalle buscará su reelección (alterna) en las elecciones presidenciales de octubre de este año, y el ex presidente Eduardo Frei hará lo propio en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre de 2009. Asimismo, es casi seguro que Chávez busque su reelección indefinida a partir de 2012, y ya sabemos que Ortega tiene intenciones de reformar la Constitución para buscar su reelección consecutiva. Finalmente, en Colombia, no está claro aún si Uribe buscará su segunda reelección (y tercer mandato consecutivo) en 2010.

Como podemos observar, estamos ante una fiebre reeleccionista que, en mi opinión, es una mala noticia para una región como la nuestra, caracterizada por la debilidad institucional, la personalización creciente de la política y el hiperpresidencialismo. El fortalecimiento y la consolidación de nuestras frágiles democracias no pasan por líderes carismáticos y providenciales, sino por la calidad de las instituciones, la madurez de los ciudadanos y una sólida cultura cívica.

El autor es director para América latina de Internacional IDEA.

martes, 11 de agosto de 2009

Roberto Gonzáles describe cómo está siendo violada "la constitución maliciosa y fracasada" que dictara el MAS en lo que constituye una burla colectiva

La constitución impuesta detrás de puertas cerradas por el MÁS, ha resultado contraria a sus objetivos, perjudicial y dañina para Bolivia, que al pretender castigar a los opositores, se ha tornado contra de ellos mismos. Esta vez se debe considerar lo establecido como “traición a la patria” y hacer notar la incapacidad de los levanta manos de la ex Asamblea Constituyente, que aprobaron la condena de 30 años de prisión del actual gobierno.

El pescado por su boca muere y hay que esperar las reacciones de los bocones oficiales como Gustavo Torrico, para explicar lo inexplicable. No hay crimen perfecto y en la mayoría de los casos, son los mismos criminales que por dejar pruebas contundentes, establecen sus condenas. Evo Morales debería aceptar que sus ministros no sirven, sus colaboradores originarios no pueden legislar y los campesinos valen solamente por sus bloqueos de caminos, para marchar en masa y hacer bulto, como mencionó el ya citado Torrico, al referirse a Juan sin Miedo.

En el programa denominado “el Pentágono”, los analistas develaron las contradicciones de la mencionada constitución en varios de sus artículos. Contrariamente a las declaraciones del Canciller David Choquehuanca, en el sentido que el preacuerdo con Chile deberá ser aprobado por las instancias legislativas, este convenio fue mantenido en los archivos de la cancillería y no fue divulgado, ni aprobado por las cámaras. Como siempre el MAS pone al país frente a hechos consumados.

En su texto el preacuerdo establece que Bolivia es dueña de solamente 50% de las aguas del Silala y Chile impuso que su parte podrá ser explotada por empresas estatales o privadas. Por esta razón el pago se hará del 50%, mientras se realicen estudios científicos a nivel binacional, los que podrán durar varios años. El gobierno está violando el artículo 374 de su constitución, porque no realizo ningún proyecto para la utilización de estas aguas por los bolivianos y desconoció el pago retroactivo por parte de Chile.

Desde 1908 Chile se beneficia con las aguas del Silala y Bolivia no recibe compensación alguna. Sin embargo, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, convinieron que Bolivia será compensada en el futuro con su 50% por las entidades que aprovecharan el recurso. El ex diputado potosino Gonzalo Barrientos denunció que este preacuerdo es un nefasto antecedente jurídico, que podrá ser utilizado como jurisprudencia en un juicio intencional, por que Bolivia admitió que tiene la mitad de estas aguas y cede la otra mitad a Chile.

Otra prueba de enajenamiento de los recursos nacionales es el Decreto Supremo No. 0224 de 24 de julio de este año, que esta sujetando a YPFB a la legislación extranjera o los arbitrajes internacionales, después que Evo Morales los condenó y retiró Bolivia del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones CIADI.

En esta oportunidad, Evo Morales está demostrando sus compensaciones políticas a Chávez también, al entregar a Pdvsa el norte de La Paz para la explotación petrolera. Por ahora no se conocen que más puede entregar a sus amigos, pareciendo Bolivia como su finca personal o su cocal privado.

Aun que su constitución prohíba estas irregularidades, el mencionado decreto establece que YPFB está autorizado para realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas de bienes en territorios extranjeros. En esta forma se abren las puertas a otros corruptos como Santos Ramírez y contradice los discursos del presidente que “no reconocerá en ningún caso a un tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

En Oruro, Evo Morales afirmó que” “no se permitirá el asentamiento de tropas extranjeras en el país” y hay que preguntarle por la presencia de los militares venezolanos que pululan por las calles de varias ciudades. Considerando los otros capítulos contradictorios de esta constitución, el gobierno no tiene otra alternativa que desconocer su mismo texto y desvergonzadamente lo modifica con decretos ilegales que pretende imponerlos al país.

Por lo tanto, este condenable procedimiento del MAS es irresponsable y nuevamente de acuerdo a su misma constitución, se merecen un juicio por traición a la patria. El pueblo se debe preguntar si entre los valientes opositores al MAS existen algunos que se atrevan a iniciarle este juicio.

jueves, 6 de agosto de 2009

un mensaje de felicitación a Bolivia de cuatro líneas emitió el Departamento de Estado de USA con motivo del Día Nacional


Press Releases: Bolivian Independence Day
Thu, 06 Aug 2009 12:24:13 -0500

Bolivian Independence Day

Washington, DC

August 6, 2009

On behalf of the Government of the United States and the American people, I extend my congratulations to the Bolivian people as they celebrate 184 years of independence. The United States and Bolivia have 161 years of bilateral relations, a long friendship based on mutual respect and shared principles. On this occasion, we reiterate the United States’ commitment to be a good partner in Bolivia’s journey to a more just, democratic, and prosperous future.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Su Majestad Evo Primero Rey Originario de la Whipala. (Lizandro Coca publica en L.T.)

El sábado 1 de agosto, en esta misma sección, mi amigo Henry Pinto publicó una columna titulada “Los tiempos de la transición institucional”, en la que afirmaba, respecto de los cuestionamientos contra la idea de que Evo Morales designe a los miembros faltantes del Poder Judicial que “si bien es cierto que puede ser muy cuestionable el hecho de que estas acefalías sean cubiertas por una decisión del Ejecutivo, empero, la gente debe comprender que estamos viviendo un periodo excepcional de transición política, donde las instituciones, la gente y los instrumentos legales deben ajustarse a esta realidad y comprender que por encima del legalismo ciego y miope, está el bienestar de la patria”


Debo disentir de manera categórica con estas afirmaciones, que parecen tratar de justificar la aplicación del dedazo presidencial en el nombramiento de las autoridades judiciales. Y voy a disentir, como debe hacerse en cualquier debate serio, con argumentos lógicos, legales y filosóficos que, a la vez, dejan bien claro cuál es el camino que se debería seguir para evitar un colapso judicial en Bolivia.


El primer argumento lógico es el presentado por Jimena Costa, que consiste en la siguiente pregunta: Si el Congreso puede reunirse para modificar la Ley Electoral ¿por qué no puede tener competencia para hacer las designaciones temporales hasta que entre en plena vigencia la nueva Constitución referido a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público? Respuesta: O el Congreso tiene competencia para modificar la Ley Electoral y también para elegir a las autoridades del Poder Judicial, o no tiene competencia alguna. No puede tener medias competencias o competencias selectivas.


Segundo argumento lógico: Si a causa del cambio de Constitución, y por haber sido elegido bajo la vigencia de la Constitución anterior, el Congreso no tiene atribuciones para hacer estas designaciones ¿por qué el presidente Evo Morales, que también fue elegido bajo la Constitución anterior, sí tiene competencia para ser gobernante del país? Respuesta: Si el Presidente Morales, a pesar de haber sido bajo la Constitución anterior, tiene competencia para ser cabeza del Poder Ejecutivo, entonces el Congreso Nacional también tiene competencia para designar a las autoridades faltantes del Poder Judicial. O si el Congreso de la República, por haber sido elegido bajo la vigencia de la Constitución anterior, no tiene competencia para designar a las autoridades judiciales, entonces el Presidente de la República, Evo Morales, tampoco tiene competencia para ser gobernante de Bolivia, y todos sus actos son nulos de pleno derecho.


El argumento legal va de la mano de la figura de la interpretación ultra activa de la Constitución abrogada, es decir, de la Constitución anterior, que consiste en que mientras la totalidad de la institucionalidad nueva (esto incluye a las nuevas leyes faltantes, a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, al nuevo Presidente, a la nueva Corte Electoral Plurinacional, etc.) no exista o no haya sido consolidada, la institucionalidad anterior debe permanecer vigente, precisamente para viabilizar el nacimiento de la nueva.


En otras palabras, todo aquello de la Constitución anterior que permita llevar adelante el proceso de transición hacia la nueva legislación, y que ayude a mantener la institucionalidad y el Estado de derecho en pie mientras esto se consigue, continúa en vigencia. Por lo tanto, el Congreso sigue teniendo todas las atribuciones y competencias que se le otorga, además, en ambas constituciones, y puede elegir a los miembros faltantes del Poder Judicial.


De otra forma, ninguna institución de gobierno y administración pública tendría atribución alguna, y deberíamos vivir en la anarquía hasta que se designen a las nuevas autoridades.


Finalmente, el argumento filosófico, que consiste en que el nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, a través de un decreto (dedazo) presidencial, violentaría de manera flagrante el principio fundamental de división e independencia de los poderes públicos. Si esta es la “maravillosa idea” para evitar un colapso judicial, ¿por qué mejor el presidente Morales no se atribuye competencias para administrar personalmente la justicia en Bolivia, a través de decretos? Y de una vez que también decida modificar la Ley Electoral por decreto. De esa forma, nos deshacemos de tanta hipocresía y poses supuestamente democráticas e institucionalistas, y oficializamos el reinado del monarca Evo I. No tiene sentido mantener fachadas de división de poderes y democracia, cuando en los hechos estamos construyendo otras cosas.

El autor es miembro del Instituto Libertad, Democracia y Empresa
lizandrocolmos@gmail.com

destacan en el mundo un despacho de Carlos Valdez de AP "Bolivia compra armas de Rusia" y no faltan las conjeturas.


Bolivia cerró un acuerdo con Rusia para la compra de un avión presidencial y equipamiento militar y de logística con un crédito inicial de $100 millones, informó el martes el ministro de Defensa Walker San Miguel.

El avión presidencial, un aparato Antonov, estará equipado con teléfono satelital, internet y una sala de reuniones y tendrá un costo de $30 millones, explicó San Miguel en una rueda de prensa conjunta con el embajador ruso Leonid Goluveb.

La aeronave, que se espera llegue en el 2011, será similar a la que usan el presidente ruso Dimitri Medvédev y el jefe de gobierno Vladimir Putin.

El acuerdo fue cerrado entre San Miguel y Goluveb, aunque el monto final del crédito y sus condiciones serán recién negociados. Las fuerzas armadas bolivianas harán el pedido específico sobre el equipamiento militar que necesitan, aclaró San Miguel.

A principios de año el presidente Evo Morales viajó a Rusia donde firmó con Medvédev un amplio acuerdo de cooperación que incluye el área de seguridad mediante varios créditos.

San Miguel dijo que la compañía Antonov estudia la posibilidad de instalar en Bolivia un centro de mantenimiento para sus aviones comerciales que operan en la región.

``Estamos en condiciones de satisfacer cualquier requerimiento de las fuerzas armadas bolivianas en material bélico'', afirmó Goluveb, pero San Miguel explicó que su país no busca mejorar su potencial bélico sino reponer el armamento que ha quedado obsoleto en los últimos 15 años.

``No es política de Bolivia ingresar en una carrera armamentista, por muchos años las fuerzas armadas no han podido reponer su equipamiento'', dijo San Miguel.

Tanto el ministro boliviano como el embajador ruso dejaron en claro que se trata de un primer acuerdo técnico militar que marca el inicio de una nueva ``alianza'' entre los dos países.

El actual avión presidencial data de los años 70 y es un jet Sabre pequeño de fabricación estadounidense. El mes pasado Morales se vio obligado a retornar al país debido a una falla técnica cuando se dirigía de Caracas a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

sábado, 1 de agosto de 2009

iar.noticias le dedica atención especial al conflicto en Honduras. ofrecemos a los lectores el segundo fragmento de su última presentación. Congreso


En la guerra desatada entre Obama y el Departamento de Estado, por un lado, y los halcones republicanos y el Pentágono, por otro, ambos "frentes" no ahorran munición en sus operaciones mediáticas de acción psicológica.

El fin de semana pasado, desde las usinas del Departamento de Estado salió un "comunicado" que anunciaba que el ejército hondureño respaldaba las "negociaciones de unidad" con el retorno de Zelaya al gobierno, las que inmediatamente fueron desmentidas por el jefe del estado mayor golpista, general Romeo Vásquez.

Las usinas conservadoras, entre ellas The Wall Street Journal,señalaron que desde el Departamento de Estado salían versiones orientadas a "fracturar" a las fuerzas armadas y al gobierno de facto de Micheletti.

Según una fuente citada por el diario Clarín, los representantes del Partido Republicano que viajaron a Tegucigalpa liderados por el diputado Connie Mack de la Florida para apoyar a Micheletti, se reunieron el domingo pasado en la embajada de EEUU en Tegucigalpa con miembros prominentes del establishment conservador hondureño.

"Mack informó luego que los presentes están convencidos que Micheletti aceptaría abandonar la presidencia, pero no que Zelaya regrese para instalarse en ella. Entonces una posibilidad es que Micheletti se retira, Zelaya regresa. Gobierna por una semana o dos. Y nombra un presidente interino hasta las elecciones que podrían tener lugar en octubre", dijo la fuente citada por Clarín.

El jueves, The New York Times, que apoya editorialmente a Obama, destacó que Micheletti tomó una posición diferenciada del resto de su gobierno y que aceptaría a Zelaya reinstalado en el gobierno para cumplir el período faltante.

El jueves, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, confirmó que se reunió con el presidente depuesto Manuel Zelaya durante tres horas en las afueras de Managua.

"Hemos tenido oportunidad de hablar del panorama político y la forma en que está trabajando la comunidad internacional para restaurar la democracia en Honduras", dijo Llorens tras el encuentro pero no dio ningún detalle sobre el mismo.

De acuerdo con la versión del Times Roberto Micheletti "ha expresado su apoyo al compromiso propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias que permitiría al presidente derrocado retornar al poder".

Según la enviada especial del New York Times a Tegucigalpa, Ginger Thompson, Micheletti llamó a Arias el miércoles para transmitirle su apoyo al plan de negociación advirtiéndole, sin embargo, que su posición no es compartida por otros actores del golpe.

En la misma versión, el presidente de facto le solicitó, por su parte, a Arias que envíe a Tegucigalpa un representante internacional (se barajó el nombre de Enrique Iglesias, el ex presidente del BID) o una comisión de notables para ayudarlo a lograr la conciliación nacional.

Un diplomático latinoamericano de la OEA -citado por la corresponsal en Washington del diario Clarín- dijo que la posición de Micheletti comenzó a cambiar cuando la propuesta de Arias, que tenía inicialmente 7 puntos, pasó a tener 12 e incluyó un punto que dice expresamente que si Zelaya regresa al poder no podrá volver a intentar una reforma de la constitución.

En una nueva movida del Departamento de Estado contra los halcones de Washington, el jueves el embajador de EEUU en Tegucigalpa, Hugo Llorens, confirmó que se reunió con el presidente depuesto Manuel Zelaya durante tres horas en las afueras de Managua.

"Hemos tenido oportunidad de hablar del panorama político y la forma en que está trabajando la comunidad internacional para restaurar la democracia en Honduras", dijo Llorens tras el encuentro.

En la realidad -y como producto de las presiones de uno y otro lado- las negociaciones de Zelaya con los golpistas siguen paralizadas.

En lo que parece ser -según la BBC- un intento de ganar tiempo, el gobierno de facto de Honduras expresó que desea iniciar un diálogo dentro del país para resolver la crisis que fue generada tras el golpe de Estado que expulsó a Manuel Zelaya de la presidencia y del país.

Según la BBC, aparentemente cediendo a la presión de Estados Unidos, Micheletti afirmó este jueves que muchos hondureños podrían jugar un papel clave en la búsqueda de una solución a la crisis que vive el país.

Aún así -según la cadena-, el gobierno interino,, mantiene firme su oposición al regreso de Zelaya al poder, elemento que es parte de la propuesta de acuerdo que presentó el presidente Arias.

En términos de la realidad el conflicto parece no tener solución a la vista.

Los demócratas, con Obama y el Departamento de Estado, apuestan a una "salida negociada" con Zelaya presidiendo un "gobierno de unidad" hasta las elecciones, y los republicanos, con los halcones conservadores del Pentágono, quieren que Micheletti sea quien convoque a elecciones sin la presencia de Zelaya en el gobierno.

En consecuencia las operaciones de acción psicológica (vendidas como "información objetiva") continúan alimentando la chismografía de los medios de comunicación que toman posición por uno u otro lado de la guerra interna de republicanos y demócratas por el control del proceso hondureño.

Una guerra que ya asomó a la luz pública con la carta de los halcones parlamentarios al Departamento de Estado.