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miércoles, 29 de septiembre de 2010

Manfredo Kemp Mercado en 16 acápites acaba de publicar un texto muy valioso con el análisis de las circunstancias políticas actuales de Bolivia.

7.- “LEYES MALDITAS”

La Constitución Política del Estado, aprobada por el referéndum de enero de 2009, fue concebida para establecer un nuevo esquema político y económico. Sus disposiciones, sin embargo, requerían de una serie de leyes reglamentarias para adecuar las nuevas instituciones y las ya existentes al esquema establecido en la Ley Fundamental. Si la Constitución ya contenía, como hemos comentado, reglas sectarias y discriminatorias orientadas a la consolidación de una dictadura, las leyes reglamentarias hasta ahora aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, confirman este designio, pues se van convirtiendo en instrumentos del Movimiento al Socialismo para copar esas instituciones, e intervenir, cada vez más, en la vida ciudadana.

Una de las leyes que ahora preocupa es la Ley Transitoria de Designación de Autoridades Judiciales, conocida como “Ley Corta”, por su peligrosa simpleza, que otorgó poder absoluto al presidente Evo Morales para nombrar interinamente a las autoridades judiciales. La constitución establece que esas autoridades judiciales deben ser elegidas en comicios ciudadanos, pero, hasta que se convoquen y realicen dichas elecciones, el Poder Judicial ya habrá sido copado a través de las designaciones directas del presidente. Esto fue posible, por cierto, debido al pleno dominio que el régimen tiene sobre el Poder Legislativo (Órgano Legislativo según la nueva Constitución), que lo usa en estos casos para aprobar arrolladoramente sus proyectos, sin considerar los criterios de la minoría, ni las advertencias reiteradas de que, con estas leyes, se ingresa en un terreno netamente dictatorial.

Por esta “ley corta” vigente hasta diciembre de 2010, cuando se proyecta convocar a comicios para elegir a las autoridades judiciales –la nueva Constitución ha incluido esta singular modalidad para integrar el ahora llamado Órgano Judicial –, el presidente Evo Morales ha adquirido la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces del Tribunal Agrario Nacional y a los miembros del Consejo de la Judicatura, cargos que anteriormente eran designados por el Congreso Nacional, luego de un procedimiento de selección, lo que supone que en adelante el régimen habrá de usar esta nueva ventaja política para enfrentar y reprimir, con el acoso judicial, a la oposición y a los que discrepen con el modelo que se pretende consolidar.

La oposición en el Senado en clara minoría, ante el atropello de la mayoría sólo atinó a anunciar una demanda de inconstitucionalidad, a sabiendas de que ésta, precisamente con la designación de las nuevas autoridades judiciales de la confianza del presidente, no prosperaría. Quedó, entonces, solamente como señal de protesta como ya suele suceder a menudo con muchas acciones opositoras.

Uno de los argumentos del MAS para apresurar una “ley corta” fue que ésta era necesaria para evitar el colapso del poder judicial por la falta de autoridades; aunque está claro que se llegó a esa situación de crisis, precisamente por sus presiones y acciones judiciales contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y de otras ramas del sistema judicial, los que tuvieron que alejarse de sus funciones. Para justificar la ilegalidad de esta ley, se usó un argumento basado en su propia culpa, es decir en los inconvenientes que se crearon intencionalmente para provocar ese colapso del Poder Judicial, para luego capturarlo, con una ley claramente opuesta a una norma de la Carta Magna que el oficialismo propició, como ya fue demostrado.

Naturalmente que los argumentos de los parlamentarios opositores no fueron tomados en cuenta, pese a que, en esencia se orientaron a mantener la legalidad y la necesaria coherencia jurídica. Queda claro que cualquier delegación de atribuciones es contraria a la Constitución que, en su artículo 140, establece que “Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución”. También se argumentó, sin ningún resultado, que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano que cuenta con mayor legitimidad para la designación de autoridades de esta naturaleza y no el Poder Ejecutivo. Con esta delegación de una facultad que se reservó al pueblo en elecciones, es bueno reiterar que el MAS ha violado su propia Ley de Leyes.

Sin embargo, las objeciones legales a esta ley que transfiere al Presidente una atribución que la nueva Constitución otorga a los ciudadanos, no son las únicas. Hay otras razones que llevan a la preocupación generalizada. En el empeño de prevalecer a toda costa, el régimen desde ya hace tiempo ha desatado una persecución judicial; es decir, contando ya con fiscales comprometidos y algunos jueces adictos, pretende, a través de juicios de la más diversa índole, encarcelar a los ciudadanos que considera opositores. Es fácil imaginar que el régimen, con jueces y fiscales a los que favoreció con las designaciones, seguirá sin freno con el acoso judicial a la ciudadanía, especialmente a los adversarios.

Esta “ley corta” de designación de autoridades judiciales por el Presidente, no es la única que preocupa. Ratificando, por esta vía la pretensión del oficialismo de alcanzar el poder total, la Asamblea Legislativa aprobó otra “ley corta”, oficialmente llamada Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas.

En esta ley se trata de las autonomías, que es un asunto muy sensible en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que aprobaron, en dos referendos, adoptar un régimen autonómico y, luego, los estatutos que regularían su funcionamiento. En esos referendos el Movimiento al Socialismo, hizo campaña opuesta a la autonomía y a los estatutos autonómicos. Posteriormente, cambió de estrategia e incluyó en el texto constitucional disposiciones sobre las autonomías regionales e indígenas, deformando el concepto original. En verdad, se dejó mucho para la ley que las regule, tomando en consideración la necesidad de compatibilizar los estatutos autonómicos departamentales con las disposiciones constitucionales. El gobierno presentó un proyecto y las regiones autónomas otros, que no se pudieron consensuar por diferencias conceptuales. Finalmente, el oficialismo se decidió por imponer, con su mayoría parlamentaria, la mencionada ley transitoria.

Es cierto que la antes mencionada Ley es transitoria, lo que abriría las puertas para seguir en un trabajo de concertación definitiva con los departamentos autonómicos. No obstante, nuevamente se presentan persistentes e importantes agravios al sistema jurídico. En la ley transitoria no solamente está clara la intención de dominación absoluta y arbitraria del gobierno en todos los ámbitos, sino que ya está siendo puesto en práctica un designio antidemocrático y represor.

En esta ley se establece que “La Gobernadora o Gobernador será suspendida o suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese sobre ella o él, acusación formal en materia penal” (art. octavo), lo que implica que, ante cualquier denuncia, por disparatada que sea, se intentará alejar del cargo al adversario político electo en comicios ciudadanos. Es más, en un nuevo procedimiento especial para estos casos, se establece que “La acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente, será comunicada por la o el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquella y designe sin mayor trámite a la máxima autoridad ejecutiva interina, de entre las o los Asambleístas departamentales” (art. noveno). Se observará la redacción absolutamente respetuosa de la Constitución en cuanto a sexo se refiere.

Ya se han separado de sus cargos a Alcaldes electos y en funciones, sobre la base de acusaciones no probadas, presentadas con claros fines de predominio en las instituciones cuyas autoridades electas no pertenecen al partido gobernante. Ahora están a la espera de juicios con peligrosos indicios de ser destituidos por lo menos tres gobernadores. Son los de Santa Cruz, Tarija y Beni. A estos se los acusa de malversación de fondos de la Gobernación al haber convocado a sendos referendos donde el pueblo de esas tres regiones votó masivamente por las autonomías, cuando el partido de gobierno era enemigo declarado de las mismas. En esas condiciones la democracia está siendo destruida sin el menor miramiento, con un abuso que a estas alturas resulta inconcebible y que muy poco se conoce fuera de las fronteras de Bolivia. Quiere decir que los adversarios del MAS que han ganado en comicios, hoy están a merced de una simple acusación de un fiscal, para ser reemplazados casi sumariamente. Esto es algo de real peligro para el sistema de derecho, al arrebatar al adversario las modestas posiciones que ha obtenido por el voto popular. En consecuencia, lo que el MAS pierde en las urnas lo recupera mediante chicanas jurídicas inconstitucionales.

De un plumazo, se ha abandonado el principio jurídico universal de la presunción de inocencia que fue una conquista de la Ilustración y que estuvo incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Contemporáneamente, esta presunción también está consagrada en el artículo once de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en vigor el 23 de marzo de 1976. Este Pacto hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia. Ninguno de esos derechos están ahora garantizados en la Bolivia gobernada por el Movimiento al Socialismo.

Como hubo premura en el MAS por aprobar las leyes que reglamentan la Constitución, también se promulgaron otras normas legales que apuntan al mismo propósito de dominio, ignorando derechos ciudadanos y forzando la lógica jurídica. Su análisis aún está en curso por políticos, analistas y juristas, pero aquello importa muy poco ante el atropello que el oficialismo provoca con su mayoría congresal. En Bolivia el vencedor lo tiene todo, el perdedor, nada.

Para colmo, la última norma constitucional aprobada por el oficialismo en sendas sesiones en la Asamblea Plrinacional, sin ninguna posibilidad de enmiendas por parte de una oposición silenciada, es la Ley Contra la Discriminación y el Racismo, donde se ha matado dos pájaros de un tiro: de un lado se sanciona con cárcel el calificativo que signifique ofensa en contra de cualquier persona por su “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, condición social o caracteres físicos”, para lo que es suficiente la denuncia del presunto agraviado. Es decir, en Bolivia no se puede hablar de nada públicamente. Y, además, se sanciona con la suspensión de licencia de funcionamiento a todo medio informativo que publique esos presuntos intentos discriminadores o racistas, con lo que se establece, de hecho, una verdadera “ley mordaza”.

Un acto difícil de comprobar, como una censurable expresión ofensiva contra la raza de una persona, su origen, su credo religioso o idelogía, se transforma, desde ahora, en la punta de lanza que necesitaba el Gobierno para coartar la libertad de expresión y dar fin con la aún vigente Ley de Imprenta. Evidentemente, es una ley anticuada, requiere de una actualización, pero que no de reformas dictadas desde el Poder Ejecutivo, sordo a los reclamos de los ciudadanos. Ahora, en el fondo, la ofensa de la palabra o del gesto contra un semejante no será lo que más importe, sino que los medios informativos no mencionen nada sobre el particular, bajo amenaza de ser multados o clausurados.

Esto no es democracia en modo alguno desde el momento en que aplasta a la oposición de manera muy grave al aprobar la ley sin mayor consenso, y mucho peor, como resultado, acalla a los opositores a expresar sus ideas, buenas o malas, y relega a los medios al silencio.

martes, 28 de septiembre de 2010

las entidades periodísticas con mesura y experiencia reaccionan contra el insulto y maltrato de Cristina al Congreso y la Justicia. Libertad de Prensa

Nada de nuevo ha dicho, en verdad, la declaración con la cual la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cerró su 48» asamblea anual. Lo ha dicho, sí, con la mesura y la experiencia propias de una entidad que, pronta a cumplir su medio siglo de existencia, ha seguido paso a paso los albures de la libertad de prensa en un largo período de la Argentina.

Ha dejado ADEPA, en lo esencial, constancia de que nunca, desde la reconstrucción democrática de 1983, ha sido más degradado ese derecho estratégico que como consecuencia del comportamiento de los actuales gobernantes. No podía haber sido de otra manera si la política del Poder Ejecutivo de la Nación ha sido de desconocimiento flagrante de facultades inherentes a los otros poderes, los de la Justicia y el Congreso.

La relación insultante que la Casa Rosada dispensa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a jueces y tribunales reacios a someterse a sus dictados se encuentra en el punto más delicado desde 2003. Otro tanto ha podido decir ADEPA en cuanto a las amenazas y presiones contra medios independientes de opinión que se ejercen de un tiempo a esta parte. En realidad, el carácter político vicioso de los últimos dos gobiernos contra la prensa y los periodistas que los han disgustado comenzó a percibirse desde mayo de 2003, aunque no todos hubieran estado dispuestos, o en condiciones, de anotar los síntomas ya indubitables de aquellos primeros tiempos respecto de lo que sobrevendría.

Ha habido, pues, una lógica de hierro entre quienes se han presentado ante la opinión pública como esforzados acumuladores de poder por cualquier medio y las instituciones entre cuyos fines orgánicos figura el de servir de contrapeso a los poderes naturales y, ni qué decir, a los excesos de poder, concentrados en la rama ejecutiva del gobierno. La utilización espuria de los derechos humanos como un insumo industrial más en la factoría en la que se producen los recursos utilizados con la remota posibilidad de doblegar las voces independientes, ha puesto de manifiesto que, en aquel sentido, el actual gobierno desconoce límites morales y políticos infranqueables en otras épocas.

Ha señalado con razón ADEPA que la ley por la que se pretende despojar de sus títulos a legítimos propietarios de Papel Prensa, con el pretexto de que es necesaria la nacionalización de esa materia prima básica para los diarios, invierte las funciones propias de la institucionalidad republicana. De esa manera, advirtió, quien debe ser controlado por el periodismo se convertiría en controlante.

Entre los temas de preocupación que había tratado en documentos anteriores, ADEPA ha vuelto a denunciar el aumento excesivo de las pautas publicitarias del Gobierno. No sólo ha seguido aumentando el gasto público a expensas de mayores exacciones a los contribuyentes -es decir, a todos los que pagan impuestos, poco o mucho-, sino que esos dineros se vuelcan de forma discrecional a favor de los medios adictos al Gobierno, no pocos de los cuales han sido creados a ese solo efecto. Basta observar, por lo demás, el alineamiento de los medios de propiedad del Estado en una propaganda abierta de apoyo a las principales figuras del oficialismo en un tipo de política que nunca se había producido en términos de más grosera propaganda en períodos democráticos de gobierno.

Como bien se ha expresado estos días, hay ataques que honran. El periodismo al que capillas de obsecuentes anidados en el presupuesto oficial y sus derivados atacan sin intermitencias más que contestar debería hacer acopio de los insultos diarios que recibe por manifestar sus opiniones e ideales a pesar de amenazas y actos intimidatorios de todo tipo. Debe eludir, también, la procacidad de lenguaje en la que cae con frecuencia el oficialismo. Llegará el momento en que aquel archivo se convierta en prueba inapelable de una de las horas de grandeza de la mayoría de la prensa argentina, pero no para revolver el pasado con intención de infligir humillaciones, sino como ejemplo de corrección y del camino por transitar todos, más unidos aún, en el futuro.

Como documento de una conducción que finalizó su cometido la semana anterior, las nuevas autoridades de ADEPA, remozadas con la incorporación a sus cuadros superiores de una nueva generación, quedan, entretanto, como custodia de una tradición de defensa de las libertades públicas, y de la libertad de expresión en particular, que se remonta a la fundación de la entidad, en 1962.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Evo camino de convertirse en Caudillo. estudio realizado por Calle el director de Bolpress otrora panigerista del autócrata

Morales había adoptado el lema zapatista „mandar obedeciendo“ en su discurso inaugural del 18 de enero de 2006. Más tarde, cuando se sentía acosado por los sectores derechistas que llegaron a poner en discusión su continuidad en el gobierno, Morales se refugió en la protección de los sectores sociales y hasta consutaba con ellos algunas de sus decisiones políticas.Pero de a poco el entusiasmo por mandar obedeciendo se fue disipando, a la par que figuras claves de la resistencia popular en el periodo neoliberal —como Enrique Mariaca o Andrés Soliz Rada— fueron relegados y luego marginados.
El MAS se fue convirtiendo en un partido refugio de ex politicos de derecha, quienes de racistas y neoliberales, de la noche a la mañana se convirtieron en militantes del cambio y muchos de ellos ahora deciden quien es de derecha y quien no.
Al mismo tiempo, los sectores sociales comenzaron a tomar distancia del gobierno de Morales, mientras otros —campesinos e indígenas— pedían ajustas en las políticas gubernamentales.“Anoche estaba reunido con la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, bueno los escuché con paciencia, por supuesto, pero me hacen perder el tiempo. Antes me hacían perder el tiempo intentos de golpe de Estado, referéndum revocatorio, pero ahora esto viene de algunos dirigentes por influencias ajenas a perjudicar. A veces no tenemos tiempo, pero hay que sacarle tiempo al tiempo”, dijo Morales durante un ampliado de la llamada Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), organización de la que uno de sus pilares son los campesinos.
Los dirigentes de la organización campesina —que en 2003 convocaron al bloqueo de carreteras, sin el cual el llamado proceso del cambio hoy no sería posible— piden el cambio de varios ministros, pero al considerar Morales que no hay razones para el cambio, los cuestionados funcionarios permanen en sus cargos.Después de los desplantes de Morales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) decidió revisar su permanencia en la Coordinadora Nacional por el Cambio, y su apoyo a Morales. “¿Por qué el Presidente nos ataca permanentemente a las organizaciones sociales?, eso puede tener consecuencias; vamos a analizarlo, porque quizá ya no es conveniente estar acompañándole de cerca (a Morales)”, dijo el secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB, Rodolfo Machaca.
El distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno es cada vez mayor, y según los todavía seguidores de Morales se origina en la falta de ejecución de proyectos sociales.Entre los dirigentes de organizaciones sociales se volvió a hablar de la persecusión y amedrentamiento. Organizaciones no gubernamentales como Fobomade y el CEJIS fueron acusadas de instigar con la derecha. Ambas organizaciones fueron, hasta hace poco, firmes defensoras del llamado proceso del cambio, pero tuvieron que pedir al Defensor del Pueblo garantías para continuar con su trabajo. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite denunció haber recibido, en más de una ocasión, mensajes de amedrentamiento en su teléfono celular. “Lo curioso de esos mensajes es que siempre llegan después de que hacemos declaraciones en contra del Gobierno”.La persecución no sólo se limita a dirigentes, sino que incluso llega a involucrar a familiares. “Quieren saber todo de nosotros, nos sentimos perseguidos por el Ministerio de Gobierno”, dijo Rodolfo Machaca, también dirigente de la CSUTCB. El ministerio de Gobierno es ocupado por Sacha Llorentti, ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, que enfrenta ahora duros cuestionamientos por la represión a una protesta popular en Caranavi que dejó el saldo de dos muertos.
Evo Morales parece estar al margen de esas preocupaciones de los dirigentes de base. En su entorno hay quienes están convencidos que el presidente es merecedor del premio Nobel de La Paz. Morales mismo quiere seguir de presidente, aún después de 2014 y con ese fin ya inició su propia campaña, a la que se sumaron los partidarios del MAS. Como en la historia política boliviana, Evo Morales está camino a convertirse en un típico caudillo.

lunes, 13 de septiembre de 2010

inteligente editorial de La Prensa mostrando El Estatismo su fracaso en Cuba y su aplicación en Bolivia por el MAS

El comandante Fidel Castro Ruz sorprendió al mundo entero al afirmar que el modelo económico estatista cubano, que él mismo implantó desde 1960 en ese país, no sirve ni siquiera para los cubanos y menos podría ser exportado.

Semejante expresión de autocrítica es digna de un marxista, como se reconoce el líder latinoamericano más conocido en el mundo entero en el siglo XX, junto con su compañero Che Guevara.

Pero es un reconocimiento desgarrador si se piensa en el pueblo cubano, que ha sido objeto de este experimento del que ahora, cincuenta años después, se reconoce que fue un fracaso.

La admisión del comandante se produce veinte años después del derrumbe del muro de Berlín y, con él, de todo el imperio soviético, también como consecuencia del fracaso del modelo económico estatista.

Las palabras de Castro se dan cuando su país está viviendo la peor cosecha de caña de azúcar de los últimos 106 años, lo que podría ser tomado como el caso extremo del fracaso del modelo estatista.

La productividad de las granjas estatales cubanas, que controlan 90 por ciento de las tierras cultivables de la isla, es tan baja que el país tiene que importar alimentos por 2.000 millones de dólares, sobre todo de Estados Unidos. Las granjas en manos de privados, con solamente 10 por ciento de las tierras cultivables, aportan con 70 por ciento de los alimentos producidos en la isla. Lo único que faltaba para definir el modelo cubano como un fracaso eran las palabras del comandante Castro, que ahora adquieren el sentido de un certificado de defunción para ese modelo.

Castro dijo que el modelo cubano no sirve ni siquiera para los cubanos cuando el periodista le había consultado sobre la posibilidad de exportarlo, de aplicarlo en otros países. Su respuesta fue tajante y sacudió a millones de personas en todo el mundo que consideran todavía la economía estatizada como opción.

Cuba no desea, dice el comandante, exportar su modelo, porque no sirve. Lo que quiere decir que no recomienda que se lo copie en el exterior.

Toda esta conmoción política internacional se ha dado cuando en Bolivia el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma estaba en medio de un nuevo arrebato nacionalizador y estatista.

A raíz de la reversión de las acciones de la fábrica de cemento de Sucre algunos medios de comunicación afines al Gobierno aludieron a la posibilidad de que las reversiones sigan adelante y comprendan a las empresas que alguna vez fueron del Estado boliviano.

Estas declaraciones del comandante Castro se dan cuando los proyectos de reformas urbanas siguen preocupando a los bolivianos, conforme circulan las versiones de anteproyectos cada vez más duros, que reducirían el derecho a la propiedad.

El clima de temor en el país crece también por la impunidad con que algunos bolivianos, en nombre de ayllus o comunidades indígenas, toman propiedades privadas sin que nadie, de parte del Estado, proteja a los propietarios legales.

Fidel Castro ha dicho a todos sus seguidores, autorizados o no, que el estatismo no sirve. Tendrían que escucharlo los entusiastas revolucionarios de escritorio que alientan el avance del estatismo en el país.

domingo, 12 de septiembre de 2010

el miedo se está apoderando de los bolivianos. denuncia temprana. afecta a justos y pecadores. no hay sino un proyecto de poder. apoyo a Tuto

Nos están encerrando en el miedo. Hay que combatir el miedo, hay que hablar y opinar libremente. Una vez más (y son muchas) insisto en que no hay transformación cualitativa en un proceso que deifica a una persona y que se apoya en el discurso único y en el aplastamiento de toda disidencia externa e interna.


El ex Presidente Jorge Quiroga ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel por difamación y calumnias contra un Banco del país. El motivo, la declaración que hizo siendo líder de la oposición y Jefe de Podemos a propósito del mayor hecho de corrupción que involucró al Gobierno del presidente Morales.

Primera precisión: En nuestra relación personal a lo largo de nuestra vida pública y política, Jorge Quiroga y yo hemos tenido discrepancias ideológicas y probablemente nuestra visión de futuro para el país tenga diferencias, algunas de fondo y otras de matiz.

Segunda precisión: Jorge Quiroga ha sido un presidente demócrata y tiene una visión democrática de la sociedad boliviana. Tercera precisión: Ninguno de los dos temas anteriores es relevante a efecto de expresarle mi apoyo. Más allá del cargo que ocupó, es un ciudadano y expresa de modo simbólico la situación que Bolivia está viviendo, por lo que representa para todos. La condena es una aberración y una negación de la libertad de expresión y de la democracia.

Si no queda claro que la democracia es un valor al que la libertad le es inherente, no queda claro nada. Éste es el momento en que un demócrata debe tener el valor de decir con fuerza y valentía, la misma que el ex Presidente ha tenido de venir a Bolivia y enfrentar la maquinaria trituradora del poder, que este Gobierno está destruyendo valores democráticos esenciales. Es en la discrepancia de ideas, es ante los abusos cometidos contra una persona, independientemente de su filiación política, que uno prueba su consistencia ética.

Estamos hartos de los encubridores del autoritarismo a nombre de grandes principios y de abstractas afirmaciones de cambio. No hay cambio posible si la libertad no es el valor supremo de ese cambio.

Pero también hay que entender algo muy importante ¿Por qué la defensa de las instituciones del estado de derecho, de la independencia de poderes y de la correcta administración de justicia no es tomada como bandera por los sectores populares más humildes? Porque esos sectores jamás gozaron (ni gozan) de esos derechos, porque ése es el gran déficit de nuestra historia. Es una obligación prioritaria de Morales, hacer exactamente lo contrario de lo que hace, demostrar que el cambio es posible en y con la democracia, para que los derechos que fueron de unos pocos lo sean de todos. Quiroga es parte de ese “todos” y no hay un sólo argumento para justificar la arbitrariedad y el disparate de un fallo indigno de algo que remotamente se parezca a justicia.

En lo esencial el ex Presidente en su declaración expresó algo cuya vigencia es hoy incuestionable. Se debió investigar al banco que hizo el desembolso y a la forma en que se hizo. Esa investigación no se llevó a cabo adecuadamente. No se puede presumir que era cómplice, pero sí había que investigar si lo era. La gravedad del hecho, con una muerte incluida, planteaba ese imperativo. Hoy sabemos, además, que gran parte del dinero en juego no ha sido recuperado por el Estado.

¿Fue la declaración del ex Presidente muy dura o injusta? Ese tema no puede dar lugar a confusiones. Fue una expresión política en un momento muy sensible, fue parte, en consecuencia, del uso de la libertad de expresión, nada menos que del jefe de la oposición. ¿Qué autoridad moral tiene este Gobierno para responder del modo en que lo ha hecho? Ninguna. El Presidente es el campeón de las injurias y las acusaciones sin fundamento contra todos sus adversarios reales o inventados. Y no nos engañemos. El Poder Judicial y el Ministerio Público no son independientes, dependen del poder secante del Ejecutivo. Y, ojo, a riesgo de que me juzguen por difamación y calumnia, recuerdo que la Asamblea, de modo inconstitucional e ilegal, le ha dado a Morales, vulnerando el propio texto de la Carta Magna, potestad de nombrar a las máximas autoridades del Poder Judicial y, del mismo modo, ha prorrogado ilegalmente a la cabeza del Ministerio Público. Consecuencia: ambas instancias están condicionadas por el Ejecutivo.

¿Cómo se debe leer esto? Como la judicialización de la política que además mezcla justos con pecadores, para que en medio de este barro viscoso todos sean tratados de igual modo, y los ciudadanos no puedan distinguir los verdaderos esfuerzos de lucha contra la corrupción de la vulgar destrucción de los enemigos políticos.

La forma más perversamente sofisticada de hacerlo es a través del miedo. Nos está encerrando en el miedo. Hay que combatir el miedo, hay que hablar y opinar libremente. Una vez más (y son muchas) insisto en que no hay transformación cualitativa en un proceso que deifica a una persona y que se apoya en el discurso único y en el aplastamiento de toda disidencia externa e interna, que no es sino un proyecto de poder. Decirlo no nos exime de reconocer que hay una cuenta histórica saldada y un desafío de mirar el país de modo distinto, pero no se nos pida ser cómplices de quienes creen que la democracia es una entelequia sólo útil para permanecer mandando.

Por eso en este caso mi solidaridad con Jorge Quiroga es total.

El autor es ex presidente de la República

jueves, 9 de septiembre de 2010

Fidel pidió al iraní no injuriar a Israel. Irán por su parte influye de forma negativa en las relaciones de Bolivia con el entorno. "fundamentalismo"

Suficiente tiene Bolivia con los ayllus potosinos para darle la idea al mundo de que el país se está “talibanizando”, como para que el régimen de Evo Morales decida meterse en Honduras con Irán, país que parece estar con planes de encarar una nueva colonización en esta parte del continente.
El Gobierno del MAS le ha abierto las puertas a Irán en el campo económico, con posibilidades de explorar petróleo, desarrollar proyectos con las reservas de litio, aunque es por demás conocido que el interés de aquella nación musulmana es controlar los yacimientos de uranio que supuestamente existen en abundancia en el territorio nacional.
La ayuda iraní no viene sola, como ninguna otra cooperación internacional, por supuesto, pero en este caso, las implicancias son delicadas al extremo. La prueba de ello es que, en el contexto de la ampliación de las relaciones entre ambos países, que se dio con la llegada a La Paz de un alto funcionario de Teherán y el posterior arribo del embajador, Evo Morales adoptó una posición durísima, con serias acusaciones dirigidas a Israel, el principal adversario de Irán.
El presidente brasileño Lula Da Silva, muy criticado por los fervorosos abrazos que le prodigó al autócrata iraní Mahmoud Ahmadineyad, fijó muy claramente que su relación con el país musulmán no va más allá de lo económico, aunque hubiera querido pasarse de listo, tratando de hacer de mediador en un conflicto que le resulta lejano, con el fin de alcanzar prematuramente la imagen de un actor de talla mundial. En otros campos, sobre todo en lo que respecta al ideológico y el religioso, Lula ha sido muy claro en establecer las distancias. El ejemplo más palpable ha sido la condena que hizo Brasilia a la sentencia aplicada a aquella mujer acusada de adúltera, cosa que no hizo el régimen boliviano, que, en cambio, se mostró tolerante cuando en un hospital donado por Irán en El Alto, se obligó al personal femenino a usar el velo islámico.
El ejemplo de Lula no es el único. El líder cubano, Fidel Castro, también ha sido tajante con Irán en lo que respecta al tema judío. Pese a que Castro tiene posiciones bien claras sobre el conflicto israelí con los países árabes, le ha pedido a Ahmadineyad que deje de propagar mensajes antisemitas y que pare con la difamación a los judíos. Antes que marxista, revolucionario o socialista, Fidel Castro pertenece a la civilización occidental y lo manifiesta, cosa que parece estar en duda dentro del Gobierno de Evo Morales.
La penetración de Irán en Bolivia se da justamente en el marco de un renacer de posiciones fundamentalistas. Mientras que en Irán insisten en aplicar leyes anacrónicas para un mundo globalizado que debe dirigirse hacia la profundización de la democracia y la tolerancia, nada menos que en Estados Unidos, a un pastor evangélico se le ocurre quemar ejemplares del Corán, idea que ha merecido el repudio de todo el mundo occidental. El Gobierno de Evo Morales se ha propuesto descolonizar el país y aquello debería ser entendido como un reto para eliminar viejas taras como la corrupción, la pobreza y la dependencia. Sería un error cambiar un colonialismo por otro y menos girar hacia un paradigma extraño y ajeno a nuestra historia.

La ayuda iraní no viene sola, como ninguna otra cooperación internacional, pero en este caso los alcances son delicados al extremo. (Editorial de El Dia.SC)

lunes, 6 de septiembre de 2010

primero se lavó las manos, luego mintió, pretextó, ahora admite que pudieron haber disparos letales. (Texto y foto Erbol)

El fiscal Luis Mamani, uno de los responsables de la investigación del caso Caranavi, admitió este lunes que el primer informe de balística revela que los policías usaron armas de fuego letales contra los colonizadores que bloqueaban en mayo pasado la ruta que vincula el norte de La Paz con la ciudad sede de gobierno.

El representante del Ministerio Público, en declaraciones a la prensa, confirmó que sí hubo disparos de arma de fuego contra los manifestantes y producto de esta situación se suscitó la muerte de los jóvenes Mario Fidel Hernani y David Callisaya Mamani, por impacto de bala.

“El informe de balística es absolutamente claro, los disparos han procedido del lado de la Policía a los civiles, a no ser que hubiera existido en el lado de la Policía un infiltrado, esa es la hipótesis de la Policía que la vamos a confirmar en el curso de las investigaciones. Ha habido disparos, ha habido dos víctimas fallecidas, que precisamente provenía del grupo de los policías al grupo de los civiles en ese enfrentamiento. (Fueron disparos) a una distancia de 32 metros que se estableció en la pericia de balística”, reveló.

Indicó que esta situación debe ser corroborada por dos jefes de la institución del orden, los generales Iturri y Ayala, quienes estuvieron presentes en la acción directa que realizó la Policía en Caranavi en mayo pasado y serán citados para prestar sus declaraciones por la vía informativa.

Además, dijo, se convocará al comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), coronel Julio Cruz, y se pedirá informe a los fiscales de materia que acompañaron el operativo donde fallecieron dos personas del lado de los civiles, además de 30 heridos de diversa gravedad.

asistimos a una toma del control de los poderes por un oficialismo que avasalla judicializando la política. se crea "un super poder" amenaza común

Resulta deseable y sensato que en vigencia de un Estado de derecho se ponga de manifiesto el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado. De esta manera no sólo se favorece la participación equitativa de la ciudadanía sino el ejercicio pleno del disenso que proclama el marco jurídico legal del país. Sin embargo, se está asistiendo a una toma de control de los poderes del Estado por parte de un oficialismo que avasalla y cohíbe a la oposición a través de una judicialización de la política, y de una práctica política y social gubernamental dirigida al control total del país por parte de los sectores afines al oficialismo, en desmedro de quienes tienen una visión distinta y más pluralista.
La intención del partido en función de gobierno de otorgar a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) los atributos de un “superpoder” político que, aunque no se lo diga, tendrá prelación sobre los otros poderes estatales, viene a constituirse en una amenaza al sistema democrático tal y como lo conocen la opinión pública y la propia ciudadanía. La declaratoria formal de impulsar un socialismo comunitario a través de esta estructura de control político y social para el adoctrinamiento y la preservación del proceso de cambio, echaría por tierra la posibilidad que el poder político en el país sea detentado otra vez por partidos políticos de diferente visión e ideología al oficialismo.
En los hechos, esto significa que el proyecto de marras vendrá a ser el espacio donde se presentarán las demandas sociales, se consensuarán las leyes, definirán medidas contra los dirigentes o militantes que generen división o conflicto, y se coordinarán acciones para defender al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Si se analiza con cuidado, da la impresión que el “superpoder” de Conalcam subordinará en la práctica al Poder Legislativo y Judicial, al mismo tiempo que condicionará al Ejecutivo, porque hace suyas varias e importantes atribuciones de los poderes estatales. Esto es lo que los analistas políticos consideran señales evidentes de un tránsito a un nuevo totalitarismo.
Lo anecdótico de este preocupante asunto es que la orientación ideológica de los llamados sectores sociales no está todavía bien dilucidada. El propio socialismo comunitario que se propugna es, a decir de sus ardientes defensores, una especie de novedosa experiencia que no se parece a ninguna de las conocidas, como la cubana, rusa o china. El oficialismo afirma que es singularmente boliviana, por lo que las particulares características que ofrecen los movimientos sociales involucrados en este proyecto le dan una faz diferente. A todas luces aparenta un temerario experimento político social.
¿Estará el país preparado para un experimento de esta naturaleza? El proceso de cambio que impulsan los oficialistas requiere esfuerzos de largo aliento, décadas, en el caso de resultar exitoso, para dar los frutos que se esperan. ¿Aguantará el país tan pesada carga, considerando las primeras impresiones negativas ofrecidas, como la corrupción en YPFB, conductas públicas reprobables por parte de connotados líderes del partido en función de gobierno? Lo cierto es que un “superpoder” político por encima del Estado de derecho, con tendencias totalitarias, es lo menos que necesita la Bolivia democrática. En todo caso, corresponde al Gobierno arrojar luces para despejar las sombras de la incertidumbre y de la confusión.

Da la impresión que el “superpoder” político de los movimientos sociales subordinará en la práctica, a los poderes del Estado.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

fisuras en el MAS, porque MAS es Evo y Gobierno es MAS y es Evo. "Signos de debilidad" de El Dia

Los acontecimientos últimos, subjetivismos aparte, denotan que al acorazado MAS lo han estado autobombardeando en su línea de flotación. El recurso del uso de fusibles a fin de evitar que sea el motor el que se queme, se había utilizado hasta hoy con bastante éxito. Hasta ahora, para sus seguidores, la figura del caudillo máximo había permanecido impoluta. Los unos y los otros han apuntado toda su artillería, pobre por supuesto –lo es la oposición formal en estos momentos– hacia personajes de segunda línea. Para nadie es un secreto que el MAS es Evo Morales y que el Gobierno lo es también. Aún no ha osado sacar cabeza ni en las filas del oficialismo, menos en la oposición alguien capaz de desafiar, por ahora, ese indiscutible liderazgo.
Pero en los acontecimientos de Potosí, se empezaron a perfilar las primeras demostraciones que denotan la sospecha que SE no está tan libre de toda culpa y que sus posturas a veces inequívocamente totalitarias, no son sólo producto del mal asesoramiento. Si alguien hubiese pensado hace un año que en esa fortaleza que significó Potosí en las sucesivas consultas eleccionarias, se iría a llegar a la quema de muñecos representando al hasta ese momento intocable líder, nadie hubiese apostado nada. Las demostraciones de rechazo con gruesos insultos de por medio, estuvieron hasta hace poco dirigidas casi exclusivamente a los segundones y a los cortesanos de palacio.
Desde el momento en que SE se declara el único y supremo responsable de las decisiones que devinieron en los gravísimos incidentes de Caranavi, se demuestra que es el motor el que está actuando, aunque es innegable el entusiasmo con el que lo hace. Los fusibles o encargados de correr con los gastos de los propios errores –por decirlo suavemente– están resultando peligrosamente ineficientes.
Como si no bastase con él mismo, los voceros de las decisiones e intenciones del gobierno son variopintos. Al prematuro pero explicablemente envejecido vocero presidencial, le han brotado por todo lado múltiples oficiosos colaboradores que se adelantan a la posición oficial creando confusiones por momentos hilarantes, por otros patéticas pero las más, autoincriminatorias. Los llamados a sacar las castañas del fuego, se entretienen como verdaderos fogoneros haciéndole un flaco favor al gobierno.
A fin de aparentar equilibrio y mantener la estabilidad de la estantería, periódicamente -aunque cada vez con menores lapsos entre ellas- se ofrenda una cabeza propia. La más notoria y reciente, la del aguerrido jefe de los “Satucos”, otrora brazo operativo de la propaganda negra del oficialismo. Su germano compañero de desventura, asesor e informante, ha sido convertido en viajero frecuente de la ruta inquisitorial Santa Cruz-La Paz.
Los demás, los que sólo nos limitamos a observar a prudente distancia quedamos atónitos viendo cómo los acontecimientos se suceden tan vertiginosamente, que ya llegan a ser varios los juntos y revueltos arraigados, domiciliados, acusados, imputados o encarcelados, sin que podamos desentrañar las causas verdaderas de estas supersónicas acciones de los infatigables fiscales. A ellos mismos, en ágiles enroques cual alfiles, en cuestión de horas, los transforman de indispensables en desechables.
El gastado recurso a modo de muletilla, de que todos los tropezones gubernamentales son provocados por los derechistas neoliberales, los opositores o los americanos, al no ser creíble en lo más mínimo, refleja debilidad en el camino que desean recorrer.
Las frecuentes explosiones de intolerancia y malhumor de SE, no pasan desapercibidas para los que notamos objetivamente, cierta debilidad en la estructura. En esa práctica habitual del oficialismo, con esa soberbia y esa lógica de confrontación permanente; de la destrucción del adversario hoy enemigo, prolifera un virus que infecta todas sus acciones: el desgaste. Éste se torna inocultable cuando al que manda ya no le alcanza el poder que lo sustenta para seducir, sino más que para acelerar atropellos, que como toda acción apresurada e irreflexiva, puede resultar autodestructiva.
Si existe algo de autocrítica al interior del gobierno, sería sano que alguien explique que llega un punto, en que la debilidad invisible de la estructura es tal, que basta un leve golpecito para que se precipite la demolición.