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viernes, 18 de abril de 2014

Emilio Martinez reproduce del Diario Las Américas de Miami, un lapidario articulo de Carlos Sánchez Berzaín sobre el 16 de abril,"la masacre del hotel..." y el torbellino de cosas que sucedieron a continuación...es el "ejercicio de la dictadura del Siglo XXI, parte de un método implantado en el 2003 en el golpe contra la Democracia.

Con este 16 de abril son cinco años de la denominada “masacre del Hotel las Américas”, “caso Rozsa” o “el caso terrorismo” en Bolivia. Este hecho de violencia ordenado por Evo Morales (según su declaración en Caracas el mismo día) fue la cúspide de la trampa a los defensores de la democracia que se oponían a consolidación del proyecto dictatorial y de la intervención cubano-venezolana que hoy controlan Bolivia.
Cinco años han sido suficientes para demostrar que este caso fue un montaje más, del Gobierno de Morales para terminar con la resistencia democrática del Oriente boliviano, cuyos líderes fueron criminalizados. Desde que Morales mostró su proyecto totalitario y 6 de los 9 departamentos de Bolivia denunciaron la pérdida del Estado de Derecho y la constante violación de los derechos humanos, sus líderes quedaron convertidos en “enemigos” y separatistas.
La operación de hace 5 años consistió en un asalto armado de las fuerzas gubernamentales en el Hotel las Américas, el asesinato de Eduardo Rozsa-Flores (húngaro-boliviano), de Arpad Magyarosi (húngaro-rumano) y de Michael Martin Dwyer (Irlandés) y el apresamiento de Mario Tadic (boliviano) y Elod Tosao (Húngaro). Y luego un “proceso” con fiscales y jueces manipulados desde el gobierno.
Los dirigentes cívicos, políticos, defensores de derechos humanos y empresarios de Santa Cruz acusados falsamente de haber contratado y/o financiado a los supuestos “mercenarios” (los muertos por las fuerzas del Gobierno), e incluso abogados y jueces, fueron perseguidos, encarcelados, extorsionados y asesinada de su reputación. Esto produjo decenas de exiliados y encarcelados e indeterminado número de extorsionados que entregaron millones de dólares a funcionarios del gobierno.
El Parlamento Europeo ha pedido “juicio Justo”, exigido la liberación de los detenidos y la investigación internacional de los asesinatos. Ciudadanos extorsionados han denunciado públicamente los delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno. El fiscal Marcelo Sosa, jefe formal del proceso que ejecutó el sistema de “terror judicial” para “vacunar a la ciudadanía” y terminar con la oposición real, fue denunciado y cuando el Gobierno no pudo evitar investigarlo, Soza se fugó al Brasil. El Juez Gualberto Cusi acusa al Gobierno de haber ayudado a Soza para que escape.
Esta trama de corte castrista consolidó la dictadura en Bolivia. Los hechos verificables demuestran que lo acontecido es una cadena de actos criminales (concurso delictivo) concebidos, auspiciados, operados y encubiertos desde la cúpula del “Estado Plurinacional”, acompañados con la violación de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Es el ejercicio de la dictadura del siglo XXI en Bolivia, pero es solo parte de un método vigente que comenzó con el derrocamiento del gobierno democrático en octubre de 2003; siguió con el denominado juicio de responsabilidades que tiene presos políticos a los miembros del Alto Mando Militar; la masacre del Porvenir con la que han apresado y perseguido a las víctimas sobrevivientes y consolidado en el poder a los ejecutores; hechos de sangre y represivos en Cochabamba, las minas, zonas cocaleras legales, el Tipnis; la persecución judicial de los gobernadores del Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, su exilio y encarcelamiento; la extorsión y persecución de empresarios nacionales y extranjeros y más.
Ninguno de estos “procesos” resiste una superficial auditoría jurídica. En todos, los autores son acusadores, las víctimas han sido convertidas en delincuentes, no hay igualdad de las partes, ni debido proceso, ni presunción de inocencia, ni juez imparcial, no hay pruebas… Pura corrupción y sólo la sentencia previa dictada públicamente por el “jefazo” (autor, acusador, juez y verdugo), igual que Castro, que Chávez, que Maduro, que… todos los dictadores. Es la forma de gobierno de la dictadura del siglo XXI en Bolivia.
Diario Las Américas – Miami

martes, 15 de abril de 2014


Karen Arauz se refiere a la Constitución
su texto envolvente, vaporoso, no deja lugar a equívocos. se refiere a lo que está pasando hoy mismo desde el Mas, el Gobierno, y el conglomerado del pueblo. repasa los actos oficiales y llega a La Haya, decenas de funcionarios, hacer qué?no está claro, es que se quiere "emborrachar a la perdiz", nada se sabe de muchas cosas, porque el misterio y "el secreto evista" lo cubre con sombras.
Insistir machaconamente tiene un objetivo. Es necesario que una y otra vez, expresemos nuestra desazón por la liviandad con que se tratan los temas que tienen que ver con normas constitucionales. Es sabido por todos que la aprobación de la CPE del Estado Plurinacional, tuvo no pocos tropiezos, algunos por zancadilla y otros por auto gol.
Los cooperativistas mineros, como una gran concesión, han declarado que en aras de un acuerdo con el gobierno sobre el Art. 151 de la Ley Minera, van a respetar la Constitución. Vivimos un estado de anomia, pero no sólo en su acepción de ausencia de normas sociales, o las razones de ciertas conductas antisociales y mucho menos por carencia de leyes. La anomia más aguda que estamos sufriendo, es aquella referida al ámbito de la medicina debido a los trastornos de lenguaje que impiden a ciertos individuos llamar las cosas por su nombre.
Este trastorno, que se padece casi colectivamente, está imposibilitando que se definan las cosas exactamente por lo que son. O mejor dicho, por lo que es. Éste, mal que lo disimulen, es un año electoral. Y todo lo que se dice, se hace, se fragua y se declara, tiene como motivo ulterior, capitalizar lo que más se pueda, el caudal electoral.
Ya es ocioso referirse al uso discrecional de los bienes del Estado por parte del partido en el gobierno. Las raudas y flamantes movilidades de gran lujo que circulan a lo ancho y largo del país, crean, quiérase o no, una imagen de bonanza, que además de su utilidad, sirve como ilusión óptica en los pueblos y comunidades, que observan con admiración y en lo recóndito de su pensamiento, se animan a soñar que esa bonanza eventualmente, algún día también les tocará.
El viaje del Vicepresidente a tres ciudades europeas a dar anodinas charlas a grupos de estudiantes y algunos intelectuales curiosos de oír al segundo hombre de Bolivia precedido de fama de solvente intelectual y cerebro gris detrás de Evo Morales, con seguridad ha significado una erogación abultada, pero que como todos los demás desplazamientos internacionales de los dignatarios del estado, o simples acólitos en calidad de beneficiarios de una tómbola, es un secreto que será develado cuando se desclasifique la información. Por supuesto eso se dará cuando se recupere lo que otrora fue la figura del Contralor General.
Sería redundante mencionar las millonarias inversiones en infraestructura cuya capacidad triplica la de los habitantes del lugar, como por ejemplo el multifuncional de Ivirgarzama. Canchas de césped sintético en insólitos parajes de un puñado de pobladores, debe necesitar meses de convocatoria y consecuente desplazamiento para organizar algún encuentro deportivo. Si consideramos que una cancha de fútbol aproximadamente necesita tan sólo en rollos de césped de unos cien mil dólares americanos, es sencillo deducir, que ese es otro espejismo mediante el cual, gracias al Presidente, de eso se había tratado la inclusión.
Resulta hasta divertido ver los denodados esfuerzos que se hace para disimular cuánto disfrutan de los deliciosos excesos del capitalismo, dejando sólo para el discurso, los incendiarios y frívolos ataques de lo fingido e inconsistente.
La frondosa asistencia para la presentación de la memoria del país ante el tribunal de La Haya, ha provocado tanto aplausos como críticas. Las críticas lo tienen sin cuidado, aún estén referidas más que a su desplazamiento en sí, a la nutrida delegación que lo acompaña. No sabemos exactamente de quién o cómo ha adquirido la idea que mientras más rimbombante la presencia, mayores posibilidades de éxito. Que hacen Sacha Llorenti y varios parlamentarios en La Haya en esta instancia, es otro de los misterios insondables de la lógica de cómo se manejan los asuntos del Estado. Un Ministro de Defensa, es lo más alejado a la figura de un Estado que va con seriedad por los fueros de la justicia y la reivindicación histórica.
Y estamos de retorno en el punto de partida. Nada absolutamente, escapa al cálculo mediático – electoral. Las "arduas" negociaciones con la COB, quienes con toda astucia, se aseguraron un incremento salarial y otras ventajas al adelantarse a ofrendar alianza pre-electoral, es un aporte a la campaña, que engloba al país entero. Porque las exigencias de los sectores, caen no sólo en las espaldas del TGN que pareciera que se reproduce mágicamente sin límites y a perpetuidad, sino también que apuestan al esfuerzo y posibilidades de empleadores, chicos, medianos o del tamaño que les asignen. También en aras de la buena imagen electoral, ya fueron sacudidos -sin previsionar- con el doble aguinaldo. La amenaza implícita de "confiscación laboral" en caso de incumplimiento de los acuerdos que hará el gobierno – candidato y sus comprometidos votantes, convertirá a todos los bolivianos en aportantes por "obediencia debida".
Del tristemente célebre Censo de 2012 al igual que de la Convocatoria oficial a la elecciones de 2014, nada se sabe. Si es posible moldear la CPE como plastilina en manos de niños, es de imaginar lo que se puede hacer con el Censo y el TSE.

sábado, 5 de abril de 2014

espacios de anarquía y crimen que Manfredo Kemppf llama "republiquetas dominadas por mafias que compran conciencias y lealtades que no a Bolivia, ni a la Ley, poblaciones que olvidan su pertinencia y se alinean con lo ilegal y la criminalidad

Por la permisividad y la total falta de autoridad en Bolivia están surgiendo una serie de republiquetas que alarman a la población. No son las republiquetas de la Guerra de la Independencia, sino las de la anarquía y del crimen. Son espacios del territorio donde las autoridades incursionan con temor o sencillamente no asoman, porque están dominados por mafias que compran la conciencia y lealtad de la población o, con mayor frecuencia, las reclutan por medio del terror.
El Chapare siempre fue una republiqueta narco-productora, donde policías y militares que reprimían caían abatidos por disparos, por caza-bobos, o simplemente a palos. Hasta que el 2006 tomaron el poder y ahora los chapareños no le tienen temor a nadie. Ya no se habla tanto del Chapare productor de cocaína porque S.E. preside las seis federaciones de cocaleros de la zona y entonces decirlo sería injuriar al jefe de Estado. Además, porque la capital del narcotráfico ha cambiado de sede.
Republiquetas tenemos en las minas, con los cooperativistas, así como en el contrabando fronterizo donde los contrabandistas matan a tiros o linchan a quienes osan controlarlos. Si la Policía quiere intervenir para poner orden en las minas, que son usurpadas a los privados periódicamente, ya saben que serán recibidos a dinamitazos y pedradas. El narcotráfico, el robo de mineral y el contrabando, reinan en Bolivia.
Habíamos dicho que la capital del narcotráfico ha cambiado de sede. Desde el Chapare (Cochabamba) se ha trasladado a Yapacaní (Santa Cruz) según últimas estadísticas. Al extremo que ni siquiera se permite la construcción de un cuartel antidrogas en la zona. Quiere decir que Santa Cruz gana un galardón más en estos tiempos nefastos de asaltos crímenes y violaciones donde llevamos la delantera, y es la de ser cabeza del negocio más ruin que se conoce. Hemos oído testimonios en un importante programa cruceño de televisión, de que en San Germán, a 27 kilómetros de Yapacaní, el 90% de sus habitantes se relacionan de un modo u otro con el narco.
En esta reciente republiqueta la Policía entra con muchas precauciones, cuando va. Los delatores son tantos, existen tantos infiltrados en los organismos de seguridad, que las mafias saben el día y la hora en que los agentes actuarán. De resultas, cuando los uniformados caen sobre una fábrica de droga, no encuentran nada que no sean trastos inservibles.
Santa Cruz, generadora de riqueza limpia, ahora cobija a una republiqueta sucia.

jueves, 3 de abril de 2014

José Luis Santisteban Justiniano constitucionalista y estudioso de la ruptura institucional encuentra explicación lógica en el intento de construir estructura jurídica que posibilitaría cambios, las keyes Quiroga Santa Cruz, de Autonomías, del Organo Judicial y de Empresas Públicas. el retorno a la legalidad sería reinstitucionalizar, mediante todo un proceso de "saneamiento de la sociedad civil". muy interesante

La ruptura de la institucionalidad que atraviesa el Estado Plurinacional tiene una explicación lógica:
Un hecho fundamental en la vida del País, que marcó un antes y un después 2008-2009, fue el referéndum revocatorio, constituido en el impulso que necesitaba el Gobierno actual para ejecutar un proceso que hoy solo tiene una salida: Reestructurar las instituciones medulares del Estado Plurinacional.
La nueva Constitución Política del Estado otorgó la posibilidad de construir un Estado institucionalizado con independencia de poderes para materializar una gestión transparente y eficiente. Todo lo contrario ha ocurrido.
La construcción de una estructura jurídica que posibilita el abuso de poder y la corrupción:
1º. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004, que colocó al Ministerio de Transparencia por encima de instituciones contraloras de la institucionalidad, como ser la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y el sistema judicial (ver su Art. 6).
2º. La Ley Marco de Autonomías 031 no solo destruyó la institucionalidad de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, esta destrucción llegó hasta la fiscalía y el Órgano Judicial, que se constituyó en el brazo operador de una serie de extorsiones sobre los que han sido destituidos, y aquellos que transaron lograron salvarse de la guillotina corrupta de los fiscales y jueces (ver su art. 144-145).
3º. La Ley del Órgano Judicial 025 y el Reglamento de Elecciones de Autoridades Judiciales por parte del Órgano Electoral, designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, anuló la posibilidad de presentar candidatos idóneos y se sentó las bases para la politización extrema del Órgano Judicial (ver reglamento electoral del 15 de julio de 2011). Con ello, hoy los movimientos sociales y el Órgano Ejecutivo exigen sentencias a pedido, y los magistrados deliberan sobre la política.
4º. La Ley de Empresas Públicas, ratifica los Decretos Supremos dictados por el Presidente del Estado, mediante estas normas se excluyen a las empresas estatales la fiscalización de la Contraloría y la Fiscalía, se rigen por el Código de Comercio y las normas que rigen su constitución. Se crea el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública COSEEP a la cabeza del Ministro de la Presidencia (ver art. 7-12). En la disposición final sexta lo incluye en este sistema, al Banco de la Unión y al Banco de Desarrollo Productivo BDP en cuanto a la definición de políticas y bajo la Ley de Entidades Financieras en cuanto a sus transacciones.
Todo este proceso de aplicación de estas normas generó la condicionante para manejar discrecionalmente cuatro áreas medulares del Estado, que destruyeron la institucionalidad y promovieron la corrupción, el abuso de poder, la persecución judicial y la extorsión, que actualmente constituye parte del “vivir bien”.
El actual problema de la ruptura de la institucionalidad del Estado Plurinacional es la creación e implementación de una estructura jurídica que violenta la Constitución Política del Estado en forma permanente y posibilita los males nombrados.
Esto también ha sido posible gracias a operadores políticos vigentes, como el Contralor actual ex diputado del MAS, el Procurador Ex diputado del MAS y el Fiscal General ex asambleísta el MAS. Son acciones sin escrúpulos del extremo abuso de poder. Para rematar el responsable del manejo de las empresas estatales es el Ministro de la Presidencia, mediante el COSEEP.
Si el actual es un problema de estructura jurídica y de conducta infame frente a los bolivianos, el único camino para revertir esto es el siguiente:
1º. Modificar la estructura jurídica e iniciar un proceso de institucionalización de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Solo el poder de los dos tercios que posee el MAS puede hacer posible esto.

2º. El proceso de institucionalización del Estado Plurinacional solo puede ser posible con la convocatoria de gente notable y honesta en la administración pública que controla la conducta del poder y los recursos públicos.
3º. La institucionalización y reestructuración del Poder Judicial con una convocatoria de abogados probos que los hay en todo el País.
4º. La institucionalidad de las empresas públicas que sean administradas y controladas por los mismos órganos públicos que controlan las instituciones del Estado, puesto que se trata de recursos de los bolivianos, tal como lo señala el artículo 217-I de la Constitución Política del Estado.
Para cerrar el colmo de males de ruptura de la institucionalidad, hace más de dos años que no hay elección del directorio y presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, órgano de la sociedad civil (ley 341) llamado a ejercer el control social en las instituciones del área jurídica e institucional.
*Abogado constitucionalista