impresiona y repugna el desprecio por la vida que exhibe Evo Morales. El Día destaca los 57 muertos del régimen masista sin ningún respeto por los bolivianos

Sus muertos, señor Morales

Si están bien hechas las cuentas, ya suman 57 los muertos a raíz de la violencia política durante los seis años del Gobierno de Evo Morales. Y por más que fuera solo uno, es demasiado para un presidente que prometió gobernar “sin muertos”.

Casi la mitad, 22 fallecidos, han caído por la represión de las fuerzas del orden y otro tanto, como las 16 víctimas de Huanuni, el joven asesinado en Cochabamba, los que fueron acribillados en Pando y otro adolescente que fue masacrado en Tiquipaya (Santa Cruz), han sido el resultado funesto de la política de confrontación fratricida que este régimen ha llevado del discurso a los hechos en numerosas ocasiones.

La gran mayoría han sido civiles, muchos de ellos jóvenes, que han sido arrastrados por la vorágine de violencia que ha inducido el MAS para acaparar poder, para tomar nuevas posiciones en el territorio nacional, para destruir la estructura institucional del país e imponer un sistema cuyo único norte es el abuso y el atropello a los valores democráticos y la convivencia pacífica.

El peor legado de este régimen, sin embargo, es su maligno desprecio por la vida. Ese aspecto no solo se puede percibir en la indiferencia del presidente Morales y su gente hacia las imágenes de bolivianos masacrados, perforados por balas, con los cuerpos destrozados, como simples piltrafas encaramadas en camiones. Toda esta danza de muertos que los medios difunden y que sin duda alguna, ayudan a consolidar una visión banal y desaprensiva de la vida, no causan el menor atisbo de sensibilidad en los gobernantes, decididos a lograr sus objetivos con un fuerte presupuesto maquiavélico que no parece detenerse.

Este no es solo un desprecio por la vida humana. Todos los bolivianos somos vistos por este régimen como potencial carne de cañón, útil a sus propósitos. Es un desprecio por el país, por la unidad y la integridad. Que nos diga el presidente Morales ¿qué vale más que la vida de estas personas que han sido asesinadas durante su régimen? ¿Cuántas vidas más tendremos que sacrificar por este “proceso de cambio” fraudulento?

La Policía. Es lamentable que no hayan escarmentado con lo del 25 de septiembre. Ese abuso y la misma prepotencia se han vuelto a enseñorear en Yapacaní, donde los efectivos usaron a mansalva sus armas de reglamento para herir y quitarle la vida a los manifestantes. Olvidan que, cuando tengan que rendir cuentas por sus actos, ellos deberán sentarse en primera fila en el sector de los acusados. Lo mismo que aquel jefe militar que trata con fanfarronería un asunto muy serio como lo fue la represión a los indígenas del Tipnis, un asunto que tendrá que encontrar justicia algún día, aunque un fiscal “tirasaco” infantilmente trate de impedirlo.

Ninguna lista de muertos, como los 57 del régimen de Evo Morales cae en saco roto. Jamás ha sucedido algo así en la historia y hasta quienes se sintieron con el poder y la inmunidad para arrasar y construir imperios, tuvieron que enfrentar tarde o temprano el rigor de la justicia. Si no ocurriera así, el pueblo mismo suele ser el encargado de ajustar cuentas. Eso es algo que ha sucedido en incontables ocasiones en Bolivia.

El peor legado de este régimen, sin embargo, es su maligno desprecio por la vida. Ese aspecto no solo se puede percibir en la indiferencia del presidente Morales y su gente hacia las imágenes de bolivianos masacrados, perforados por balas, con los cuerpos destrozados, como simples piltrafas encaramadas en camiones.

Walter Zuleta eleva su voz de protesta ante "atropello infame" cometido por SEEM en contra del Gobernador Suarez..

UN ATROPELLO INFAME

Walter H. Zuleta R.

El vergonzoso proceso promovido en el Departamento del Beni por el totalitarismo gubernamental de Evo Morales Ayma, que determinó la destitución del Gobernador Ernesto Suárez, uno de los últimos paladines de oposición al Gobierno Nacional y la designación de su reemplazante Haisen Ribera,  supuesto miembro del M.N.R. con ayuda de representantes del M.A.S., ha provocado en todos los sectores de la población activo rechazo y justa protesta, a los que me sumo, porque junto a la gente de bien repruebo el empleo de métodos escabrosos en los actos de gobierno, lo mismo que la inclusión del Poder Judicial y Ministerio Público como sicarios del régimen imperante, pues considero que es vandalismo alterar todo orden institucional y cobardía avasallar al opositor con recursos del poder político.

Pienso por tanto que la protesta, hasta ahora improvisada, no debería concluir de modo desaprensivo y superficial, con el recurso simple de endilgar –como se viene haciendo- calificativos denigrantes sólo a los actores del pacto antidemocrático, miembros del M.A.S. y movimientistas de último momento de afiliación dudosa, sino reforzarse con la participación razonada y planificada de todos los sectores.

Los sucesos en el Beni, lo mismo que los similares en otros Departamentos de Bolivia deben ser objeto de serio análisis respecto a sus motivaciones, protagonistas, antecedentes y consecuencias,  porque no constituyen fenómenos recientes y aislados ya que sus orígenes tienen vinculación con un período pasado caracterizado por la aparición de numerosas agrupaciones humanas impropiamente denominadas PARTIDOS POLITICOS, que se crearon para practicar politiqueo y satisfacer aspiraciones o intereses económicos de algunas personas o grupos y que se dio con fuerza en las tres últimas tres décadas del pasado siglo, llegando a constituir entre otras causas, la determinante para el descrédito en que se sumieron los Partidos Políticos ante la opinión pública, desprestigio que el gobierno de Evo Morales Ayma supo capitalizar para implantar su peregrino sistema unipartidario basado en la anulación caprichosa y abusiva de cualquier intento de oposición, y en la elevación de un grupo de presión al gobierno supremo, encubiertamente previsto en los Arts. 209 y 210 de la C.P.E. masista del 2009

La inexistencia de una oposición institucionalizada posiblemente proviene de la ineptitud del país para adoptar seriamente uno de los cuatro “ sistemas de Partidos “ que se aplica en el mundo,  o  tal vez de la insuficiencia de la Ley de Partidos Políticos aprobada tardíamente en la década de los 90. O acaso en la consolidación de una  autodenominada “clase política”  ajena a la teoría y praxis  que en tal condición debió aplicar de  consuno con la aspiración nacional en vez de apoyar  requerimientos personales de índole económica o pretensiones individuales concernientes al poder .  Es probable también que la condición de mayor –sino único- generador de empleo que tiene el Estado sea otra causa que deba tomarse en cuenta.

El oprobioso acto cometido contra el Gobernador del Beni en el que se implica a movimientistas que no lo son en esencia, seguramente no se habría llegado a producir de haber estado en escena hombres y mujeres que hicieron del M.N.R. escuela de civismo y que en el pasado quemaron pestañas y ofrendaron sus vidas para crear una teoría política nacional y hacer de Bolivia una nación mejor con una democracia verdadera apoyada en el Voto Universal. Ellos, aun aislados y sin instrucciones de su dirección nacional,  habrían evitado cualquier pacto circunstancial, por tener la suficiente formación política y la intuición orientada a discernir entre quienes sirven o perjudican a Bolivia.

Por hoy resta transformar el reclamo justo en acción colectiva, racional y ordenada que castigue el atropello totalitario,  como prueba de solidaridad con el Gobernador Beniano ultrajado por la arbitrariedad iletrada.

clara señal de una flagrante dictadura. El Día enfila su artillería cuando se refiere a la aniquilación de las libertades. un aparato judicial absolutamente incondicional hacia un narcoestado, contrabandista, asaltante de vehículos. No cabe duda!

A Evo Morales se le han caído todos los disfraces. Ya no puede asumir más la pose indigenista que le vendió al mundo y obviamente, con esta careta también se fue la de defensor de la madre tierra y la naturaleza. Muy pocos  conflictos en Bolivia han alcanzado la repercusión mundial que tuvo la disputa por el Tipnis y naturalmente,  la derrota del Gobierno hizo estragos en aquella engañifa.

Evo Morales ya no es más “el pobre dirigente cocalero que defendía los derechos de un sector de la población a subsistir con el cultivo de una ‘hoja sagrada’, ante la inexistencia de otras oportunidades de supervivencia”. Para todo el mundo ha quedado claro que el presidente boliviano ha promovido una irracional expansión de los cocales en Bolivia, cuyo resultado ha sido un monstruoso crecimiento de la producción y exportación de cocaína, con la concurrencia de peligrosos cárteles  colombianos y mexicanos que se han afincado en el territorio nacional. Ya todos saben que la expulsión de la DEA fue solo un mecanismo destinado a favorecer esta expansión y el hecho de que por primera vez en el mundo, un zar antidrogas haya caído preso por tráfico de drogas, habla con toda claridad del grado de implicación del régimen del MAS con el narcotráfico.

El otro disfraz que se cayó fue el de “demócrata”. El último intento que hizo el Gobierno por hacer un ademán democrático fue con la dichosa “cumbre social”, pero no hay duda que el MAS no sabe nada de esto, no sabe dialogar, no sospecha lo que significa construir consensos y hace mucho que ha mandado al diablo al pluralismo.

Afortunadamente no será nada fácil para el presidente Morales arremeter contra la democracia, porque está presente –aunque sea difuso-, en el espíritu de la ciudadanía y en la vocación de la mayoría de los actores sociales. Prueba de ello es la reciente demostración producida en Sucre y en Quillacollo.

Sin embargo, después de que ha perdido toda su credibilidad y de que su imagen pública ha caído por los suelos, no le queda otro camino más que recurrir a herramientas indispensables para tratar de destruir por completo el sistema democrático y el Estado de derecho.  El Gobierno del MAS no tiene plan. No tiene la gente capaz de conducir una gestión medianamente aceptable, la corrupción es un problema que día a día está carcomiendo las estructuras del “proceso de cambio” y por último, el despilfarro sumado a problemas económicos, anticipan un año aún más duro que el 2011.

La purga que ha iniciado el MAS con el derrocamiento del gobernador del Beni y el acorralamiento de Rubén Costas, quien parece tener los días contados, solo anticipa la puesta en marcha de la estrategia final conducente hacia la imposición de una dictadura, una coraza que, según lo asume el Gobierno, podría servirle para reemplazar los disfraces y seguir adelante con su proyecto político en el que resulta vital continuar en la ruta hacia un narcoestado y otras variantes de la economía ilegal, además claro, del soporte del extractivismo, sector al que jamás le ha incomodado desempeñarse en ambientes político-sociales caóticos.

Uno de los últimos eslabones que le faltan al Gobierno para terminar de consolidar la autocracia en Bolivia es la aniquilación de las libertades ciudadanas, entre ellas, la libertad de expresión, de vital importancia para la vigencia del Estado de Derecho. Hay leyes que se están cocinando en la olla plurinacional, el nuevo poder judicial está listo para actuar. El próximo año será, según estos indicios, el de la consolidación de la quinta fase de la que tanto ha hablado el vicepresidente.

La purga que ha iniciado el MAS con el derrocamiento del gobernador del Beni y el acorralamiento de Rubén Costas, quien parece tener los días contados, solo anticipa la puesta en marcha de la estrategia final conducente hacia la imposición de una dictadura.

Daniel Pasquier acertadísimo cuando asocia "el debate masista" con el fatídico "martes 13 supersticiosamente diábolico" Evo se queda con los narcococaleros, porque los yungueños le dan la espalda.

Página 12 y el martes 13

"Un debate democrático y plural” se titula la nota de Página 12, pero está el fatídico martes 13. Trata del “Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio”, en Cochabamba; el título más adecuado podría ser “Otro encuentro plurinacional para confundir sobre el proceso de cambio”, “La multitudinaria concurrencia” se resume a militantes del MAS y cocaleros bajo distintas nominaciones, colonizadores, interculturales, campesinos, Bartolina Sisa, etc.

“Acuden a un cónclave” con todo pagado, viáticos incluidos, con fondos públicos, es decir, malversando recursos del Estado. La dicha “Cumbre Social” suma algunos invitados funcionales o domesticados, los empresarios privados, comprensible después de tanto palo durante seis años.

Destaca a “Diez comisiones de trabajo”, sin decir, bajo la dirección del Vicepresidente y ministros. ¿Discutirán algo que no convenga al gobierno, cuya agenda parece ser, salir del atolladero? Del año con más conflictos desde que se tienen registros confiables; acorralado con el proyecto de la carretera a favor de los cocaleros rompiendo el TIPNIS, protegido por la CPE y la Ley Corta, pero se busca cómo burlarlas; con su proyecto económico que bloquea la inversión, la creación de empleo, el respeto a la madre tierra y la industrialización de los recursos naturales; sorprendido con el alejamiento de los principales aliados del proceso de cambio, los indígenas, de tierras altas y bajas (CONAMAQ y CIDOB), con todo lo que significa perder lo simbólico de los indígenas en el poder. Evo se queda solo con los cocaleros ligados al narcotráfico (controlado desde el Chapare), pues hasta los cocaleros de los Yungas le dan la espalda, a los cultivadores originarios de la coca.

Allí “Se fijarán las principales directivas de la agenda de transformaciones para los años venideros”; esto puede tener varias lecturas: 1. Evo intenta dar por concluido su compromiso con la Agenda de Octubre (2003), la que posibilitó su llegada al gobierno y al poder, aunque los principales actores reclaman su cumplimiento, ¿faltó convicción o capacidad? 2. ¿Temor al futuro, sin programa hasta el 2014? Porque de boca para afuera se puede quitar importancia a las encuestas, pero sería de tontos no medir seriamente sobre lo que significa que todas coincidan en apuntar a una caída estrepitosa del apoyo al presidente (53.4% el 2005, 64% el 2009 y de ahí, para abajo, todo el 2011 alrededor del 30%). Ya no se habla de los 500 años, ni siquiera de 20. ¿Las principales directivas significan “marcha atrás”? Racionalidad en el manejo de la economía, tiene que reflejar coherencia, comparando el 2000-2005 con 2006-2010, los ingresos aumentan el 500% (mejores precios externos de materias primas), mientras que la única inversión pública significativa es la del gasto público improductivo, 160-300 %, como si la comparsa “botaratas” decidiera el destino de los recursos públicos.

Lo mismo viven otros países (48 países menos adelantados), dependientes de exportaciones con precios regulados por la demanda externa y, por tanto, no controlables. Los previsores están volcando esos inesperados excedentes a mejorar infraestructura, a promoción de nuevos productos no tradicionales, industrializando, apoyando la capacitación e incorporación de nueva tecnología que los haga más competitivos, dando apoyo estatal a la búsqueda y consolidación de mercados para su producción, más recursos a educación y salud. Eso está haciendo y hará la diferencia. Según UNCTAD (Conferencia de las NNUU sobre Comercio y Desarrollo, 2011) sólo 10 de esos 48 países podrán cumplir las metas de reducción efectiva, sostenible, de la pobreza, entre 2011-2020. Los bonos ayudan, pero no son la solución, ni son sostenibles.

El MAS tiene sus agujeros negros. Las remesas, ¿seguirán declinando? ¿Cuál el secreto sobre la deuda pública interna? ¿Continuará la marginación de los mercados mundiales y el alineamiento improductivo con otros, por razones políticas? ¿Qué se hará para cambiar la situación de dependencia (80-85%) de la exportación del gas y los minerales? ¿Habrá voluntad política para revertir la tendencia a la mayor importación de combustibles (700-800 MD) y alimentos (300-500 MD) en lugar de incentivar, con garantía jurídica, la producción nacional y liberar la exportación? Vale la pena analizar cómo China redujo la pobreza el 50% en 20 años, mientras otros la aumentaron.

Los sofistas comparan la mínima reducción de la pobreza en el Estado Plurinacional y en EEUU, sin mencionar que el 80% de los pobres en ese país tienen vivienda propia, coche, todos los electrodomésticos en casa, trabajo eventual y nunca les ha faltado para alimentar a la familia ni llevar los niños a la escuela.

Dice “Evo recalcó la importancia de una discusión democrática y plural para consolidar el proceso de cambios”, lo cual choca frontalmente con la realidad. La negativa de importantes sectores invitados a participar en el cónclave del MAS, que además no tiene representación de partidos políticos fuera del oficialismo. Nada nuevo. Seis años mostrando la faceta menos tolerante en la política boliviana; el gobierno ha hecho gala, y así lo ha declarado, de buscar la hegemonía, el poder total. Sin añadir nada sobre los medios a utilizar.

¿Democracia con presos, exiliados, perseguidos, heridos y muertos por razones políticas? A qué discusión se hace referencia, ¿a la que se resuelve con balas? El espíritu democrático y constructivo, es decir, a favor del cambio, de Evo y su gobierno está en el 25 de septiembre y ahora, dejando a hombres, mujeres y niños/as “discapacitados” llegar al límite de “arrastrarse semidesnudos” hasta la plaza principal de Santa Cruz, después de recorrer cientos de kilómetros, sólo para llamar la atención a la solicitud de cumplimiento con un bono ofrecido hace seis años de 3.000 Bs., 430 USD. Sin duda, Página 12 ha tenido su martes 13 con la nota de referencia.

Karem Aráuz invoca a Melgarejo para recordarle a Evo que contra la desconfianza queda una receta "camisas al paredón" ya no queda en quién confiar...se va quedando solo, solito (he de morir)

Cuando el presidente Melgarejo mandó a fusilar su camisa tenía sobradas razones. Según sus cálculos, veinticuatro intentos de derrocarlo ameritaba una ejemplarizadora lección y ante la falta de conspiradores físicamente visibles y para graficar su gran desconfianza, mandó disparar su prenda de vestir. Esta reacción nunca debe ser considerada paranoica. El poder es presa fácil de inseguridades y los enemigos, es verdad, están escondidos detrás de cada árbol.

Debe de ser terrible erigirse en la suma del poder. ¿En quién confiar? La gente debería ser más condescendiente con los hombres del poder que tienen que lidiar con tal cantidad de oponentes que ya ni siquiera los pueden identificar y menos las causas de tanta perfidia. Pero es obvio que las cosas que provocan tanta sospecha, tienen una explicación.

Es absolutamente lógico pensar que los recurrentes cortes de energía en el país, son obra de infiltrados que se dan a la tarea de andar apagando la luz de tal modo que se desmiente totalmente que las falencias de las empresas de energía se puedan deber a la falta de planificación como en principio declaró el mismísimo Presidente. Confesó que no habían pensado que se utilizarían ni más focos, ni tampoco que se instalarían empresitas, medianas y grandes empresas que consumen energía. Pero luego, apoyado seguramente por algún informe de inteligencia, blanqueó la verdad: existen  técnicos saboteadores y encima mentirosos. Qué difícil manejar así un país. Sobre las inversiones, no hay dudas. Como son inexistentes, no hay por qué desconfiar.

Ya la marcha del Tipnis le causó gran zozobra a SE. ¿Cómo confiar en los indígenas? Calificó de “sui géneris” a la marcha. Por supuesto que no se refería al dúo Charly García - Nito Mestre, sino al derivado del latín que significa de “su propio género o especie”. Como sea, la desconfianza está ahí. Y no es para menos. Los indígenas que tuvieron al país pendiente por más de dos meses y que venían con hijos pequeños tratando de evitar que se partiera en dos su territorio ancestral, no son dignos de confianza. Fueron creíbles hasta ahora que, gracias a la perspicacia presidencial, recién se descubre que no pescan, cultivan ni cazan pequeños animales para subsistir por generaciones, sino que están detrás de la creación de su propio partido forjando liderazgos políticos indígenas como si él no existiera.

Para mayor abundamiento, una casi lúcida viceministra tan apegada a la ley que es un ejemplo, decidió hacer valer lo “intangible” de la Ley Corta sin esperar ni un minuto más por la reglamentación. Ha descubierto casualmente, que las certificaciones ambientales tanto para la empresa de turismo como para la caza controlada de caimanes-que estaba autorizada- tenían errores. Así que ningún turista nunca más podrá ir al Tipnis a conocer lo que es una reserva de fauna y flora única en el mundo ni podrá fotografiar a los indígenas tejiendo cestas de palma. Y los caimanes se volverán peste endémica. O tal vez en Caimanbol, el próximo  exitoso emprendimiento  empresarial del gobierno con algún Quintana como máximo ejecutivo. Ambas licencias fueron emitidas por esta misma administración. Realmente es como para fusilar a una camisa,  además de a un pantalón.

Y sobre el mismo tema, es un alivio para todos que la gran suspicacia de SE en el gobierno y en los Estados Unidos en su conjunto, haya sido superada. Qué bueno que la confianza volvió de tal modo que las relaciones entre pares se estén normalizando. Después de tantos intentos para derrocar, desprestigiar y  financiar protestas en su contra, la cordura se impone en el norte y en demostración de que son dignos de confianza, ni siquiera a la DEA traerán. Bastante el sofocón cuando SE deseaba ir en su avión de jeque a Nueva York y no se animaba porque estaba segurísimo de que los gringos le tenían una trampa preparada y algo feo le plantarían para implicarlo. Al pobre general Sanabria le sucedió por no saber desconfiar.

Qué terrible vivir rodeado de recelo debiendo tener precaución hasta de la gente a la que más amparo se le ha brindado. Recuerdo que allá por el 2008, me apenó la declaración de SE de que no tenía confianza en algunos de los Comandantes de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido por suerte solucionado. Todos ellos son -hoy por hoy- el prototipo de la convicción absoluta, además de conmovedores devotos a la causa.

Es claro que Demófilo, Obispo de Constantinopla, no sufrió en carne propia lo de vivir soportando  el tormento de la desconfianza -pues de ser así- nunca habría escrito: “la sospecha es indicio de un alma baja; el que desconfía de todos es digno de que nadie se fíe de él; porque el hombre aprende en su corazón el engaño y mide por los suyos, los pensamientos ajenos”.

todos los generales presos y condenados a largas penas piden a Evo INDULTO bajo diversos razonamientos. qué dicen los constitucionalistas?

Foto ilustrativa del Jefe de Estado y el Alto Mando

Cuatro ex altos jefes militares condenados a distintas penas de cárcel por los hechos de septiembre y octubre de 2003 solicitaron este jueves, al Presidente Evo Morales Aima, la concesión del Indulto Presidencial, al considerar que fueron objeto de un proceso supuestamente impregnado de irregularidades desde el inicio de las investigaciones. 



La carta está firmada por los generales Roberto Claros Flores (Ex comandante en jefe), Juan Véliz Herrera (Ex Comandante del Ejército); Luis Aranda Granados (ex comandante de la Naval), y Gonzalo Rocabado Mercado, (ex comandante en jefe accidental). 



En esa misiva dirigida al Presidente y también Capitán General de las Fuerzas Armadas, los ex jefes militares del año 2003, cuando se produjo la denominada “Guerra del Gas”, afirman que la sentencia condenatoria de la que fueron objeto es una “injusticia que mella la dignidad de las Fuerzas Armadas, del soldado profesional y la nuestra”. 



Asimismo, sostienen que la condena estaba dirigida contra sus actos que protagonizaron como funcionarios públicos  “que cumplieron su misión constitucional, el mandato de la ley y una orden escrita del Capitán General de las Fuerzas Armadas”. 



Los ex comandantes afirman en su pedido que en caso de que en su condición de militares hubiesen discutido o resistido la orden de coadyuvar al mantenimiento del orden, durante las violentas protestas del año 2003, pudieron igual haber sido pasibles a sanciones de privación de libertad, tal como señala el Código Penal. 



Los condenados por el caso “octubre negro” reiteran sus críticas contra la actuación de la Fiscalía, instancia que –indican- no aportó los elementos esenciales para lograr una sentencia condenatoria. 


“El Ministerio Público en su acusación no estableció la relación circunstancial de los hechos ocurridos en la “Guerra del Gas” y en consecuencia, no individualizó a los autores directos ni las circunstancias en que se produjeron los hechos, sino que en actitud cómoda e irresponsable acusó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, incumpliendo el código penal”, sostienen los militares ahora en retiro. 



Asimismo, califican como “acto infame” de la Fiscalía el haber incluido en la acusación a los miembros de las Fuerzas Armadas, al recordar que el proceso de investigación se encontraba en vías de extinción ante la ausencia del principal protagonista, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el decreto de indulto a favor de líderes sociales, a quienes considera como “protagonistas de un proceso sedicioso”. 



También, los ex comandantes se reafirman en sus críticas a la tarea del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, al cual sindican de haber ignorado una serie de preceptos legales y de haber favorecido, de forma sostenida, el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público y de haber actuado sin competencia al haber dispuesto, entre otras cosas, la continuidad del juicio durante la vacación judicial. 



“El Tribunal ignoró su deber de exigir los más altos estándares de prueba para resolver con convicción plena. Tampoco consideró que la mayoría de los testigos se declararon víctimas y que tenían interés directo en el resultado del proceso y por ello su testimonio debía ser corroborado por testigos”, aseguran. 



“Las Fuerzas Armadas, en los hechos de 2003, demostraron la obediencia que no es sólo mandato legal, sino doctrina institucional, cuando acatando la orden del Capitán General cooperaron a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, por su posición en la cadena de mando, no tenían facultad legal para disponer el despliegue de tropas”, afirma el documento. 

La Corte Suprema condenó a los ex altos jefes a penas de entre diez y quince años de prisión, condena que los militares cumplen en la cárcel de San Roque de Sucre. De la petición al Presidente del Estado no forma parte el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea.

lleno de un positivismo notable Edwin Tapia explaya soluciones al tema de los carburantes cuyo ajuste parece inminente. no podemos compartir su optimismo de ser la cordura y sapiencia del régimen que remonte la crisis. persiste nuestra idea que se sigue el camino al autoritarismo masista

I.- En países sin estructuras económicas independientes respecto de las deformaciones ocasionadas por el poder político, los discursos, declaraciones y comentarios de los gobernantes, influyen en la conducta de la gente más que los acontecimientos reales. Ese fenómeno, actualmente aquí en Bolivia, adquiere dimensiones imprevisibles con velocidad casi mágica. Los precios, por ejemplo, se rigen no tanto por las leyes del mercado como por los errores o exageraciones de niveles administrativos que intentan sus fantasías de espaldas a la realidad. En un medio que se mueve en la lógica de un capitalismo primario, importador, desalmado, donde autoridades de alto nivel pretenden que estamos muy próximos al socialismo bolchevique, puede suceder cualquier cosa. En la proyección absurda de esa contradicción entre lo real y lo fantasmagórico, la comedia alcanza extremos trágicos alarmantes.

II.- Es evidente que la subvención de aproximadamente setecientos millones de dólares a la importación de gasolina y diésel, significa un duro impacto para las finanzas públicas. El Gobierno, con recursos del Tesoro General de la Nación, tiene que pagar, anualmente, esa cantidad de dinero y como no hay milagros en la economía, esos pagos disminuyen los recursos del Estado impidiendo la realización de otras obras, quizá de mayor significado social. El sector público, cuando le falta dinero, sólo tiene dos vías para resolver tal déficit, en primer lugar, mejorar la producción y productividad de las empresas a su cargo como YPFB, ENTEL, BOA y otras o incrementar los impuestos agravando la pobreza de la población. Entonces, ante el imperativo de suprimir la subvención, no hay salvación posible. Claro, eso desde la perspectiva de las posibilidades económicas de un sector público como el que tenemos actualmente.

En otros países y con gobiernos cuidadosamente elegidos, habrían otras soluciones, por ejemplo, sustituir las importaciones de diésel y gasolina aumentando la producción de hidrocarburos, factible en un país con reservas probables de petróleo. En esta materia, uno de los errores graves, de naturaleza estructural, es haber debilitado en forma, ciertamente suicida, la prospección y explotación de nuevos pozos petrolíferos. La llamada nacionalización que tuvo pequeños éxitos, circunstanciales, liquidó la capacidad del Estado para manejar el tema hidrocarburífero en plazos de diez o veinte años. Al haberse ahuyentado la inversión extranjera, se privó al país de incrementar sus reservas y su producción. Los extremos, en esta materia, son igualmente antinacionales, lo correcto es acomodar la participación externa en el marco de planes y programas soberanamente definidos. Es una paradoja incomprensible que Bolivia importe gasolina subvencionada. Estamos a punto de importar otros derivados que podríamos haberlos producido no sólo en relación con nuestras necesidades, sino con requerimientos de los mercados vecinos. Aquí lo que falta no son recursos naturales, ni siquiera capital y tecnología, sino voluntad creadora y respeto por el pueblo. La gente sigue jugando a las concentraciones masivas en la lógica de aplausos y vítores que muy pronto se convierten en demandas insatisfechas y amargas frustraciones.

III.- Es también inexplicable, casi un atentado perverso, el haber incrementado la importación ilegal de vehículos, decimos incrementado, porque no fue sólo la legalización de los automotores que ilegalmente ya estaban dentro del país, sino el aumento alarmante de ese tipo de comercio. Durante todo el tiempo, ciertamente largo, en que se legalizó lo ilegal, las fronteras fueron invadidas por miles de vehículos de dudosa procedencia, incluso ocasionando el apresamiento lamentable y vergonzoso de militares bolivianos movilizados para tal efecto. Si asumimos que esa medida aumentó la cantidad de automotores en 200 mil unidades y calculamos que cada una de ellas consume mínimo 10 litros por día, estamos hablando de 2.000 litros de gasolina diarios que son beneficiados con la subvención de que se queja y lamenta tanto el Gobierno.

IV.- En lo que respecta a la subvención, el debate debe ser más sereno, todos los estados del mundo subvencionan con algo a su respectiva población o dicho de otro modo tienen la obligación de mejorar las condiciones de existencia de sus pueblos, el dinero que reciben por impuestos, de la cooperación internacional, de los ingresos que producen sus empresas y de otras fuentes, obviamente, es para dar a la gente oportunidades de trabajo mediante inversiones eficientes, así como servicios de salud, de educación y en general de evolución cultural. No es única, ni un favor especial esta subvención que preocupa tanto a los gobernantes. A base de esa comprensión será útil definir a quién se beneficiará con tal concesión y si vale la pena mantenerla. Como ya hemos dicho no hay otra solución verdadera que la de sustituir las importaciones, produciendo más petróleo. Otra decisión no productiva incidirá gravemente en la economía del pueblo, agravará la pobreza y con mayor rigor respecto de los sectores más desposeídos y débiles. Así, el discurso revolucionario a favor de los explotados, acabará en una trágica conversión precisamente contra esos niveles que ahora compran un pan con lo que antes compraban cuatro.

V.- El intento del año pasado y sus efectos, tanto económicos como sociales, debe ser tomado en cuenta con la debida serenidad y sabiduría. La gasolina y el diésel son productos estratégicos, influyen en la totalidad del resto de la economía, obviamente, con efectos multiplicadores. El precio del transporte subirá en porcentaje mayor a la subida de la gasolina y el diésel, lo mismo sucederá con los alimentos, la ropa, los farmacéuticos, es decir, se incrementarán en por lo menos dos o tres veces más que el incremento de los hidrocarburos, esto presionará en forma inevitable en el aumento de sueldos y salarios, lo que en un país como el nuestro, donde la oferta es débil o inexistente, elevará nuevamente los precios dando lugar a una espiral inflacionaria regresiva. Ésta es la paradoja trágica generada por el discurso político, allá donde la economía es débil, desorganizada e incierta.

VI.- Las acciones meramente críticas, aun en ámbito estrictamente periodístico, si no ofrecen alternativas o un margen de comprensión equitativa, se convierten en política sectaria obstruccionista, nosotros estamos lejos de esa posición, jamás nos hemos opuesto por el mero propósito de hacer daño al Gobierno, aplaudimos lo bueno, respaldamos aquello que para su éxito requiere el concurso de todos, criticamos lo malo, con argumentos demostrables y alternativas factibles. Este problema no es de fácil solución, las opciones, a simple vista, son igualmente duras para el país, mantener la subvención es debilitar la economía estatal con la agravante de los contrabandistas que están trasladando el ahorro interno a los países vecinos y suprimir tal subvención, significaría elevar el costo de vida con poca posibilidad de compensarla con un aumento de la oferta o de los sueldos y salarios. Éste es el drama de los países pobres y atrasados en los que, lamentablemente, los gobernantes juegan con hipótesis subjetivas de difícil aplicación o simplemente con fórmulas que corresponden a un nivel de imaginación insuficiente.

VII.- Hay cuatro alternativas, la primera, dejar las cosas tal como están con riesgo de acelerar la quiebra de la economía estatal. La segunda, suprimir gradualmente la subvención, lo que de ningún modo evitaría el aumento del costo de las mercancías, el riesgo de la gradualidad es que en cada aumento relativo, los otros bienes subirían como si fuera un aumento total. La tercera, sería un aumento de precios discriminado, por ejemplo, diferenciando vehículos de servicio público de vehículos de uso particular. El parque automotor es redundante, dispendioso, desorganizado y violento. Se puede reducir mucho con un buen servicio público. En ámbito particular, aproximadamente el 40 por ciento , es redundante, ocioso. Y la gran solución es fortalecer, seriamente, el Gobierno con planes y programas claramente definidos, con gente capaz y disciplinada y logrando una participación consciente de la población. El régimen, como ninguno, tiene a esta altura de su gestión, todavía muchas potencialidades, si no las aprovecha será sólo por su propia conducta. Este artículo se produce frente al desafío de declaraciones, que dadas las condiciones sicológicas creadas por el intento de suprimir la subvención, el año pasado, ya tiene efectos altamente nocivos contra la economía de la gente. Dos son los fenómenos que están comenzando a convertirse en acontecimientos descontrolados de base ficticia. Uno de ellos, es el estocamiento, es decir, una forma de ocultar los bienes, los comerciantes, no porque sean malos, sino porque ése es el comportamiento lógico de quienes se dedican a tal actividad, en cualquier parte del mundo, están acumulando mercancías con la intención de hacer subir sus precios. El momento en que se desate tal dinámica, los intermediarios buscarán precios de reposición, en otras palabras, los comerciantes como resultado de su larga práctica y de su instinto de conservación, saben que en circunstancias como éstas, el precio en que vendan sus productos no servirá para reponerlos, venderán en diez y tendrán que comprar en doce, catorce o quince. Y en lo que respecta a los hidrocarburos, lo menos que harán los transportistas, es mantener siempre llenos sus tanques, esto en el caso de personas que no tienen depósitos para acumular gasolina o diésel. Así, lo que alguien dijo, sólo por ingenuidad o por intento fríamente calculado de probar la reacción de la gente, se está produciendo un proceso de auto destrucción. Administrar un país es infinitamente mucho más que administrar movimientos sociales o sindicatos.

VIII.- Todos saben que reunir a la gente para discutir un asunto es con la intención de modificar ese asunto, nadie convoca a debates para dejar las cosas tal como están, esto quiere decir, que el anuncio del encuentro social es para convencer a quienes asistan a ese encuentro acerca de la necesidad de suprimir la subvención de la gasolina y el diésel. Repetimos, la gradualidad, tiene el riesgo de que cada incremento parcial ocasione subidas de precio mayores a su causa original, con lo que al final el costo de vida aumentará dos o tres veces más que el incremento de los hidrocarburos. Y la otra alternativa de carácter total sería muy dura para la gente, con efectos políticos quizá incontrolables.

La disyuntiva es la misma que atormenta a todos los países pobres del mundo: salvar la economía sacrificando al pueblo o salvar al pueblo sacrificando la economía, es decir, un drama sin salida dentro de los sistemas políticos conocidos. Esto exige imaginación creadora, organización sólida, ágil, eficiente, disciplina y honestidad. Entonces lo fatal se relativiza. El Gobierno si cambia algunos aspectos ideológicos y operativos, puede mejorar las condiciones de vida del país y salvarse en forma plausible, pero eso no hay en ningún libro y menos en fórmulas periodísticas. Son los gobernantes que deben realizar los esfuerzos necesarios para demostrar que son capaces de cumplir airosamente su compromiso histórico.