La paradoja de la historia: en octubre Hernán Siles Suazo recupero la democracia de las dictaduras militares y este mismo mes fue testigo de la ruptura del orden constitucional promovido por las oscuras sobras del narcotráfico. Lo de Siles Suazo inauguraba el proceso democrático en Bolivia, lo de Evo Morales acababa con ese proceso e inauguraba los tiempos de cambio.
Son dos caminos distintos. El primero tuvo la grandeza de renunciar a su mandato para conservar las libertades que la democracia defiende. Porque la democracia no es solo el voto en las urnas, es libertad, tolerancia, institucionalidad, Estado de Derecho, donde la ley es la base del orden social y estas libertades, así comprendió Siles Suazo, valen más que un año de gobierno. El segundo no quiere dejar el gobierno, y para ello, está dispuesto a violar la ley, vulnerar la Constitución Política que juró respetar y cumplir, le importa poco el cumplimiento de la ley (le mete nomás) y la intolerancia es su signo con el opositor al que busca destruir jurídica y físicamente.
No se puede decir que estamos viviendo la misma democracia o su continuidad. No estoy de acuerdo. Un sistema basado en el voto para perpetuar el gobierno de unos pocos, no es democracia, un sistema que abjura de la ley y que hace del capricho del Presidente la ley no es democracia, un proceso en el cual las instituciones son meros apéndices del Poder Ejecutivo, no es democracia, un Estado que decide tener ciudadanos de primera y de segunda no es democracia, es pura oclocracia, es solo una forma de gobierno de la muchedumbre y para la muchedumbre, es una degeneración de la democracia.
Por eso este 17 de octubre nos retrotrae a tiempos en los cuales la única obligación que teníamos era recuperarla.
Al igual que las dictaduras militares, el gobierno actual, busca culpables a su propia responsabilidad, al igual que ellos exilia, persigue, elimina a los que piensan distinto, usa del patrimonio nacional en favor de los amigos del Presidente, utiliza un lenguaje para la tribuna y otro en los escritorios del Palacio.
Es tiempo de parar la ambición equivocada de unos pocos, que pretenden perpetuarse en el gobierno usando la ley cuando le conviene y renegando de ella cuando no es así.
Porque es tiempo de que el gobierno comience a explicar que ha hecho con los billones de dólares que ha recibido por las exportaciones de gas y minerales. Debe explicar la multiplicación del patrimonio personal de sus Ministros, el enriquecimiento de unos cuantos empresarios adscritos a este proceso de cambio. Mientras los campesinos siguen produciendo con la tecnología del medio evo, las ciudades se llenan de mendigos, los niños no tiene escuela y las familias no tienen un techo.
No es poco lo que deben explicar y como no tienen argumentos para ello, la única manera de evitar dar esas explicaciones es prolongarse en el gobierno, tanta es la corrupción que se ha desatado en compras gubernamentales sin fiscalización y al amparo de decretos ilegales que solo de pensar en la abrir la caja de Pandora pierden la razón y atacan desesperados llevándose por delante la ley y a todo quien se ponga al frente.
El 17 de octubre del 2003 terminó la democracia y se inauguró la oclocracia, cuyo único objetivo para toda política práctica es extender y proteger a la coca y sus derivados.
bolivia es una nación libre, independiente que jamás ha tolerado la dictadura. los intentos de establecerse de tiranos como melgarejo, bánzer, garcía meza terminaron en la derrota total de tal modo que el nuevo intento de colocar una dictadura revestida de populismo y "democracia" está también condenado a la derrota.
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jueves, 18 de octubre de 2012
lunes, 15 de octubre de 2012
se refiere Manfredo Kempff a "la democracia perforada" y es que todo iba dentro de la democracia hasta que la poblada que derrotó a Sánchez de Lozadafue montada una conspiración que todavía no se quiere reconocer. una siniestra conjura en que participaron la COB, ONGs, DDHH y hasta parte de la Iglesia, estuvieron los mismos que impulsan una democracia tipo stalinista bajo el partido único como en Cuba. (Previus)
Previus. Cada vez comparto la idea de Manfredo de la conjura diábolica, diríamos jacobina, de hacerse del poder a como dé lugar y lo que es más de retenerlo al estilo de Castro, de Chávez, de Franco, de Pinochet. Cuando Mesa se juntó con los vencedores de octubre negro, ni Evo, ni Mallku, ni Roberto Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni los campesinos, las futuras barsolinas podían aceptar quedar fuera del Palacio. su objetivo trazado de antes era la casona de Plaza Murillo. "los cerebros grises" que planearon el asalto, sabían lo que se venía a nivel mundial. la disparada de precios, las crisis de combustibles y alimentos, el aumento de la tensión bélica, sabían porque sus fuentes como hoy están en los "disidentes" que tienen poder en los EEUU, que acceden a la información secreta y la trasmiten a los "grupos extremos como el de Soros" que simplemente se apoderaron del mapa de Bolivia. aunque a esta altura, se descorre un atisbo del principio del fin, porque no todo lo diagnosticado por los "profetas de lo tenebroso" se está cumpliendo. algo les está fallando por lo que Evo Morales, afila los cuchillos para aferrarse aún más al poder, este año ascenderá sin miedo a 45 generales dentro de las FFAA, las quiere sometidas a su férula, para ello "vendería su alma al diablo" como la jubilación con el 100% del salario, y todos los beneficios del poder, cómo no van a estar a sus incondicionalels órdenes, porque son parte de esta conjura de negarle sus derechos al hombre boliviano, de cabalgar sobre sus espaldas, de asumir la plenitud del poder...hasta cuándo? es la pregunta final.
Manfredo: Carlos Mesa sucedió a Sánchez de Lozada en una fiesta con olor a multitudes en la plaza San Francisco. Se abrazó y hasta se revolcó por el suelo con los vencedores de Octubre. Pero, ni el cocalero Morales, ni el Mallku, ni De la Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni la confederación de campesinos, ni las futuras “bartolinas”, se iban a quedar en los umbrales del Palacio. Pensar en eso era una ingenuidad. La democracia formal se había terminado con la fuga de Sánchez de Lozada; ahora se encumbraba la democracia chola, a caballo sobre los hombros indígenas o en nombre de ellos.
Mesa estuvo menos de dos años en el poder pero por entonces la democracia era sólo un marbete para la exportación. Los movimientos populistas y de izquierda y un Parlamento indeciso hicieron que el ex - vicepresidente de Goni renunciara en junio del 2005, antes de que se cumpliera el plazo legal que era agosto del año siguiente. El mando de la nación no lo entregó Mesa al presidente de los Senadores, Hormando Vaca Díez, ni de los Diputados, Mario Cossío, como se debió hacer constitucionalmente, sino al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Si bien es indudable que los bolivianos deseaban democracia luego de los largos años de dictaduras militares y que ahora el pueblo, 30 años después, sigue persistiendo en vivir en un estado de derecho, celebrar tres décadas de democracia es una mentira. 30 años de concurrir a las urnas es una cosa, pero si se trata de vida rigurosamente institucional es otra.
El país lo sabe, y lo repetimos: don Hernán Siles Zuazo, el primer mandatario en estos 30 años que se festejan tuvo que marcharse del palacio antes de cumplir tres años de administración. Un golpe parlamentario propiciado por el MNR, ADN y el resto de la oposición, hizo que esa mala gestión, entrampada en conflictos laborales y una hiperinflación única, tuviera que concluir abruptamente. Aunque se convocara a elecciones presidenciales, quedó incompleta la primera gestión de esta nueva etapa constitucional que se conmemora con tanto alborozo.
Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, cumplieron sus períodos legales y parecía que la democracia se consolidaba en Bolivia. Oficialistas y opositores, pese a su encono, se pusieron de acuerdo en temas constitucionales que fueron vitales para la nación. El general Banzer, personalidad clave de esos días, vio truncado su gobierno -el quinto desde 1982- por una infeliz enfermedad que lo obligó a renunciar y que nada tuvo que ver con atropello alguno a la constitucionalidad. Asumió el mando su Vicepresidente, Jorge Quiroga, hasta completar la gestión.
Con problemas sociales graves, amotinamientos, insurgencias indígenas, crisis económica mundial, y el inicio de los infaustos bloqueos que lideraba Evo Morales, llegó Sánchez de Lozada a su segundo mandato en agosto del 2002. Habían transcurrido 20 años de una democracia que estaba acosada por todos lados, sin credibilidad, y sin ideas para responder a los desmanes que producían quienes, desde la calle, buscaban el poder a cualquier costo. Pero todavía se respetaba la alternabilidad en el Gobierno. Hasta ahí se podría decir que duró el último período democrático, porque desde el 2002 en adelante todo fue un caos.
A Sánchez de Lozada lo derrocó no una poblada furiosa solamente; no los 60 muertos que se produjeron en La Paz y alrededores; lo tumbaron quienes montaron una conspiración para relevarlo del mando. Es una verdad que no se quiere reconocer. Su vicepresidente, Carlos Mesa, fue testigo de excepción y como historiador sabe sin duda cómo se fue tejiendo una siniestra conjura donde participaron dirigentes de los movimientos sociales, la COB, organizaciones no gubernamentales, defensoría del pueblo, asociaciones de derechos humanos, que, para colmo, se arroparon bajo el manto de la Iglesia. Entre los golpistas estuvieron muchos de los actuales gobernantes, los más conspicuos, aquellos que blasfeman hoy contra el neoliberalismo y la “democracia pactada” y que, con descaro, impulsan una democracia popular, de corte estalinista, donde reina el partido único.
Carlos Mesa sucedió a Sánchez de Lozada en una fiesta con olor a multitudes en la plaza San Francisco. Se abrazó y hasta se revolcó por el suelo con los vencedores de Octubre. Pero, ni el cocalero Morales, ni el Mallku, ni De la Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni la confederación de campesinos, ni las futuras “bartolinas”, se iban a quedar en los umbrales del Palacio. Pensar en eso era una ingenuidad. La democracia formal se había terminado con la fuga de Sánchez de Lozada; ahora se encumbraba la democracia chola, a caballo sobre los hombros indígenas o en nombre de ellos.
Mesa estuvo menos de dos años en el poder pero por entonces la democracia era sólo un marbete para la exportación. Los movimientos populistas y de izquierda y un Parlamento indeciso hicieron que el ex - vicepresidente de Goni renunciara en junio del 2005, antes de que se cumpliera el plazo legal que era agosto del año siguiente. El mando de la nación no lo entregó Mesa al presidente de los Senadores, Hormando Vaca Díez, ni de los Diputados, Mario Cossío, como se debió hacer constitucionalmente, sino al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
La mesa quedó servida para que Evo Morales triunfara con holgura en diciembre del 2005 y se impusiera un nuevo estilo de gobierno, con un inédito Estado Plurinacional, que es el que soportamos en estos días. Morales se adueñó de una nación acobardada y luego de siete años en el poder, vela sus armas, sin ningún empacho, para una re-reelección que nada tiene que ver los principios democráticos.
No cabía, entonces, festejar 30 años de democracia, el 10 de octubre pasado, porque no los hubo, aunque a algunos les conviene aplaudir la mentira. La democracia ya había sido violada y hecha flecos, como en la guerra. A los bolivianos nos gusta, empero, festejar aniversarios; si de eso se trata pues ni modo, celebremos. Cuatro ex mandatarios asistieron a un acto recordatorio de la fecha en el Consejo Municipal de La Paz y lo más destacado fue lo que dijo Jaime Paz Zamora, en sentido de que la reunión tuvo un tufillo a clandestinidad.
domingo, 30 de septiembre de 2012
la cosa es meter miedo a periodistas, empresarios, opositores a todo el que no comulga con el MAS, con su "líder cocalero" con sus medidas y "sus ocurrencias" Carlos Mesa mostrando los Miedos del Poder
Hace un par de días las ministras del presidente Morales hicieron un estrecho círculo para “defender” a la senadora Gabriela Montaño. Lo que en realidad hicieron fue acusar al periodista Eduardo Pérez de “discriminación de género” por haber hecho notar que el interinato presidencial de Montaño no se ajusta a la Constitución. Los argumentos de las ministras se basaban en una supuesta discriminación contra una mujer, por serlo. Paralelamente, la Comisión de Ética de la Asamblea decidió la suspensión temporal de la diputada Adriana Gil por considerar racistas y discriminadoras algunas expresiones suyas contra el Primer Mandatario.
En un extraordinario libro de Stefan Zweig titulado “Castelio contra Calvino”, el autor reflexiona a propósito de la violencia ejercida desde el fundamentalismo, a partir de verdades religiosas reveladas e incuestionables. En suma, pone en evidencia la imposición de una verdad inamovible e incontrastable sobre la que no se puede debatir, objetar o poner en tela de juicio.
El origen étnico o de género, se han convertido en virtudes en sí mismas, una especie de halo de poder intocable que permite hacer y decir cualquier cosa sin límite ni censura alguna. Si se es indígena o mujer —si se está en el poder— hay libertad irrestricta para lo que sea.
Sobre este sinsentido es que el Gobierno ha decidido arremeter contra la libertad y quiere callar a quienes piensan y expresan sus ideas libremente, acosándolos para provocarles miedo y forzar su silencio.
Nadie, absolutamente nadie, es intocable, menos si ejerce funciones públicas. La lectura e interpretación que hizo Pérez Iribarne sobre un tema constitucional —que comparto— es parte del derecho que ejerce como persona y como comunicador. Abrirle un juicio por ello es una aberración. Las autoridades de gobierno lo saben, pero les da igual, su objetivo no es defender a una mujer de un hecho “discriminador”, es atacar sin tregua a periodistas y medios que consideran o son de oposición. Este exabrupto jurídico es parte de una estrategia que se inició con el juicio contra tres medios de comunicación a propósito de otra cuestión menor, la interpretación de un discurso presidencial.
Lo que aquí está en cuestión son valores democráticos esenciales y estos ejemplos son la expresión de una actitud que no se puede aceptar.
Cuestiones más dramáticas están alrededor de este cerco absurdo contra la libertad. Hace algunas semanas murió en prisión, víctima de un ataque cardiaco, Guillermo Fortún. El hecho en sí no es lo grave. Puede darse y se da la circunstancia de que personas presas mueran de muerte natural mientras guardan detención. Lo grave que es el señor Fortún llevaba casi dos años en prisión preventiva, sin apertura de juicio y sin que se hubiese considerado su ya delicado estado de salud para darle las atenciones médicas que requería. Aquí no vale el criterio subjetivo; si era culpable o inocente, si estuvo prófugo y fue repatriado. Lo que pesa es que no se puede mantener a nadie indefinidamente en prisión sin completar un juicio y dictar sentencia. En el caso de Leopoldo Fernández, ¿para cuándo el desarrollo de un juicio y su sentencia en su caso? ¿Deben el senador Pinto y la República de Brasil asumir como un “estado de hibernación” la otorgación de un salvoconducto como le corresponde a cualquier persona a la que una nación le ha concedido el asilo político?
El peor escenario es aquel en el que todo se mezcla. Juicios por discriminación y racismo como el del 24 de mayo de 2008 en Sucre, o contra quienes realmente atentaron contra la democracia en ese año, en el mismo saco de un rosario de acusaciones sin base alguna o en flagrante contradicción dependiendo del “pecador”. El expresidente Quiroga ha sido acusado y sentenciado por varios “delitos” por declaraciones hechas contra un banco local. Un fiscal, por el contrario, desestimó acusaciones idénticas presentadas por una empresa de juegos contra la Ministra de Transparencia.
Los artículos de la Ley de Autonomías que contemplan la suspensión temporal de autoridades electas, han sido instrumentos para descabezar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Pero la reciente determinación del Tribunal Constitucional contraria a ese procedimiento, no ha motivado —como debiera— la derogación de dichos artículos por parte de la Asamblea.
La oposición por dura que sea, mientras se realice en el marco de las ideas, se haga con responsabilidad y con honestidad intelectual, es legítima e indispensable.
El uso de la justicia “a la carta” como un brazo largo y terrible que disfraza el autoritarismo, es una forma de ejercicio no democrático del poder que pone en evidencia un miedo intrínseco de los poderosos, el de no ser capaces de confrontar en el mismo terreno y con las mismas armas, a quienes piensan diferente.
Género y origen étnico se han convertido, entre otras, en la terrible coartada para amenazar y amedrentar a los ciudadanos, pero muy especialmente a políticos y periodistas.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
martes, 25 de septiembre de 2012
la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.
Justicia por ChaparinaJusticia por ChaparinaJusticia por Chaparina El Deber, SC
A un año de haber ocurrido, todavía está presente en la memoria colectiva la brutal represión en Chaparina contra cientos de hombres, mujeres y niños que marchaban en defensa de su territorio contra la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis. En aquel lugar donde acampaban los participantes de la VIII marcha indígena, un grupo de 500 policías antimotines arremetió contra los desprevenidos marchistas. No les fue difícil reducirlos a golpes para después maniatarlos y amordazarlos. El objetivo de desarticular la protesta se cumplió a medias porque una espontánea reacción ciudadana solidaria impidió en San Borja y Rurrenabaque que los marchistas fueran trasladados con rumbo desconocido en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que esperaban por ellos.
Un año después de esos deplorables sucesos, la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.
De tal modo se explica que solamente fueran imputados por los fiscales asignados al caso, un ex subcomandante nacional de la Policía y un exviceministro de Régimen Interior.
En los niveles superiores del Gobierno se encogieron de hombros y de solemne modo se habló de una hasta ahora no precisada ‘ruptura en la cadena de mando’ como causa del operativo policial y de la paliza contra los marchistas. Otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio en Chaparina como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el exjefe de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado, además de ser excluidos del proceso, fueron ‘premiados’: Llorenti con el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU y Maldonado como comandante nacional de la Policía. Hubo, entre tantas brumas, un gesto digno que correspondió a la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que renunció a su cargo tras la brutalidad desatada contra los defensores del Tipnis.
Chaparina y el 25 de septiembre de 2011. No hay justicia para las víctimas del abuso impune del poder. Pero desde hace un año, aquel lugar y aquella fecha corresponden al registro de un oscuro capítulo de nuestra siempre azarosa historia nacional.
viernes, 21 de septiembre de 2012
desgobierno. sí. mientras mineros incendian la urbe, el Jefe de Estado proclama a su miss como candidata. primero descuida criminalmente su primera tarea preservar la vida humana. segundo que no es tiempo de proclamaciones, ni de propaganda electoral. El Dia, SC
Ni siquiera el más liberal de los gobiernos norteamericanos -tal vez el de Harry S. Truman, quien decía que el Estado debía ser casi inexistente-, pensaría que está bien la forma cómo actuó el Gobierno boliviano en el caso de los mineros, a quienes mandó a arreglar sus asuntos a su modo y éstos no encontraron otra manera que agarrarse a dinamitazos.
Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios.
Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.
En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.
Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios.
Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.
En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
miércoles, 12 de septiembre de 2012
las FFAA están obligadas a emitir una declaración para calmar al Paraguay y a Chile y a los enemigos de Bolivia sobre sus reales intenciones. es la sexta nota de ACB Color sobre "la máscara pacifista de Evo"
El diario paraguayo ABC Color le dedicó un nuevo editorial a la tensión con el gobierno de Evo Morales, señalando que el mandatario boliviano “se ha sacado la careta de pacifista”.
Prensa libre y opinión pública en Paraguay
Tras el cese del fuego en la guerra entre el Paraguay y Bolivia, en el mismo campo de batalla se produjeron conmovedoras escenas de hermandad entre los beligerantes de minutos antes. Desde entonces, y hasta el advenimiento del presidente etnomarxista Evo Morales, nunca hubo notas de potencial discordia entre los dos países. En cuanto a la comprensible inquietud de nuestro país por el armamentismo y el masivo vuelco de las fuerzas armadas bolivianas sobre el área de influencia de nuestra frontera del Chaco, el presidente de ese país viene ensayando las más ridículas justificaciones. Y tras la destitución de su ex compañero de ruta marxista Fernando Lugo, mediante un juicio político constitucional, el presidente Morales se ha sacado la careta de “pacifista” y buen vecino con que venía engatusándonos.
Desde la finalización de la guerra del Chaco y hasta su devolución a Bolivia hace dos décadas, se exhibía en la Plaza de Armas, frente al Cabildo y la antigua Escuela Militar, un tanque de guerra capturado al ejército boliviano en Campo Vía, donde en diciembre de 1933 capitularon las divisiones bolivianas Cuarta y Novena, con 8.000 prisioneros. En su frente estaba colocada una placa donde podía leerse la siguiente inscripción:
“Homenaje al heroísmo de dos pueblos hermanos que se agredieron por la incomprensión de los hombres”.
Realmente es una cruel ironía que dos pueblos vecinos y hermanos de sangre y cultura, como el paraguayo y el boliviano, tuvieran que conocerse en el fragor de una guerra desencadenada contra la voluntad de ambos, por la insensata ambición de una serie de gobernantes bolivianos que tras perder su litoral del Pacífico, resolvieron resarcirse de esa pérdida con la anexión del Chaco paraguayo, un territorio sobre el que jamás habían ejercido soberanía. Las crónicas y reminiscencias de la guerra, escritas y relatadas por protagonistas de ambos bandos, abundan en ejemplos y testimonios enternecedores, tanto de heroísmo como de magnanimidad, por parte de vencedores como de vencidos. Lo mismo puede decirse hasta de los recuerdos que se llevaron quienes tuvieron la desgracia de caer prisioneros e internados en los países beligerantes, muy lejos de sus seres queridos y sin posibilidad alguna de contacto.
Ese cúmulo de sentimientos de nobleza humana y patriotismo, sin residuos de ese odio irracional propio de los conflictos étnicos o religiosos que bien conocemos, tuvo su más dramática manifestación inmediatamente después del cese de fuego dispuesto por ambos comandantes en jefe del teatro de operaciones al mediodía del 14 de junio de 1935, cuando pese a la terminante prohibición del comando boliviano de que sus tropas parlamentaran con las nuestras, paraguayos y bolivianos se abalanzaron desde sus respectivas posiciones para darse un fraterno abrazo. Esta simbólica cadena de unión y hermandad con el enemigo a muerte de un minuto antes, y que se generalizó espontáneamente por cientos de kilómetros en todo el frente, fue sellada con el abrazo que se dieron los generales en jefe de ambos ejércitos, José Félix Estigarribia y Enrique Peñaranda, en el campo de nadie el 18 de julio de 1935.
Hasta el advenimiento del presidente etnomarxista Evo Morales, nunca hubo notas de potencial discordia entre Paraguay y Bolivia en los 74 años de vigencia del Tratado de Paz y Límites. Más bien ha habido –con el permanente aliento de ABC Color– una innegable lógica en la búsqueda de una mayor integración comercial, mediante vinculación vial terrestre a través del Chaco y fluvial por el río Paraguay. Sin embargo, la primera señal ominosa para nuestro país se dio con el llamativo “Memorándum de Entendimiento en materia de Seguridad y Defensa” entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela –dos países distantes casi 4.000 kilómetros uno de otro– firmado en Caracas el 22 de mayo de 2008, habida cuenta del clima de paz, cooperación e integración regional prevaleciente en ese momento en nuestro continente.
Un país tiene el soberano derecho de armarse militarmente cuando percibe una amenaza concreta contra su seguridad. Y esa amenaza solo puede concebirse como proviniendo de otro Estado, pues si fuese doméstica, le bastaría con potenciar sus fuerzas de orden y seguridad interior. Ciertamente –y con su poca seriedad habitual– el presidente Morales ha tratado de justificar su política armamentista con la hueca fanfarronería de que es “para que el Imperio nos respete”, en alusión a la única superpotencia militar del mundo, los Estados Unidos de América.
En cuanto a la comprensible inquietud de nuestro país por el masivo vuelco de sus fuerzas armadas sobre el área de influencia de nuestra frontera del Chaco, el presidente boliviano viene ensayando las más ridículas justificaciones, como la de impedir el contrabando de petróleo a través de nuestra frontera, cuando tal ilícito históricamente nunca ha pasado de unos miles de litros por mes a través de sendas poco menos que intransitables para su transporte.
Contradictoriamente, el presidente Morales –cocalero– se cuida muy bien de aludir a los cientos de toneladas de cocaína producidas en su país que cruzan anualmente por el Chaco a través de la frontera, más aun ahora que Bolivia se ha convertido en el segundo productor mundial de esta droga, tras la expulsión de la DEA norteamericana y la creación de un “Regimiento Ecológico” militarizado para supuestamente combatir el narcotráfico.
Tras la destitución de su ex compañero de ruta marxista, Fernando Lugo, mediante un juicio político constitucional llevado a cabo por el Congreso paraguayo, el presidente Morales se ha sacado la careta de “pacifista” y buen vecino con que venía engatusándonos. Últimamente, su afán de meterse en nuestros asuntos internos lo ha llevado a la paranoia de acusar a la prensa libre del Paraguay –en particular al diario ABC Color– de estar al servicio del gobierno del presidente Federico Franco, cuando lo que en realidad hace nuestro diario es hacerse eco y reflejar de vuelta con total imparcialidad la inquietud que se ha hecho conciencia pública en el Paraguay en el sentido de que el armamentismo que impulsa el gobierno boliviano es una amenaza potencial para la seguridad de nuestro país.
Al menos eso es lo que se puede colegir de las recientes declaraciones del vicecanciller de esa República, Juan Carlos Alurralde, quien acusó al presidente Federico Franco –quien no tiene nada que ver en este asunto– de haberse autodenominado, y de estar exacerbando los sentimientos nacionalistas para justificar la destitución del expresidente Fernando Lugo, mediante la prensa amiga que le responde. “No tenemos ningún tema pendiente con Paraguay. Se han firmado todos los acuerdos que cierran el tema de límites. Es increíble que Paraguay quiera acusar a Bolivia de que esté generando un conflicto armado”, manifestó el vicecanciller a la cadena de medios estatales.
Obviamente, el presidente de Bolivia Evo Morales no está generando un conflicto armado con nuestro país, ahora, pero como antaño, está creando las condiciones para que en un futuro imprevisible tenga las condiciones de “pisar fuerte en el Chaco”, como pregonaba en su tiempo otro belicoso presidente boliviano, Daniel Salamanca.
martes, 4 de septiembre de 2012
Evo Nobel para la Paz titula Pedro Shimose y a continuación "enumera sus méritos" para aspirar a tal honor. fino el humor de Pedrito
En seis años y pico de Gobierno, el presidente Evo Morales se ha caracterizado por su sabiduría política, su espíritu conciliador, sus ideas integradoras, su dominio de idiomas y su amor al oriente boliviano. Jamás incitó al racismo, no ha fomentado la discriminación entre bolivianos y no ha puesto “en peligro la unidad del Estado Plurinacional”. He aquí cuatro pruebas que avalan su candidatura:
1./ Invitó a los ‘colonizadores’ y cocaleros (de orígenes aimara y quechua) a seducir y preñar a las indígenas del Tipnis para zanjar la polémica sobre la carretera que parte en dos el Parque Nacional Isiboro Sécure, en la creencia de que este mestizaje decidiría el apoyo del Tipnis al proyecto desarrollista del actual Gobierno;
2./ El Gobierno que él preside reprimió a los marchistas indígenas del Tipnis en la localidad de Chaparina (Beni) y acaba de intervenir militarmente el Parque Nacional con el pretexto de crear un Ejército Ecologista;
3./ Declaró a una radio holandesa que construir la carretera a través del Tipnis “es liberar al Beni, que es patio trasero de Santa Cruz, de los gamonales de Santa Cruz que, a espaldas del Beni, se enriquecen”;
Y 4./ Dijo en Tiwanaku (15.08.12): “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente; si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento. Es una verdad eso, pero en el oriente no, solo por flojera podemos hambrear”. (Dijo esto a sabiendas de que Santa Cruz genera más del 30% del ingreso nacional y recibe constantemente oleadas de migrantes altiplánicos paupérrimos).
Este hombre merece el Premio Nobel de la Paz.
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En un artículo titulado Donde en vez de un sol, amanece un dólar [Página Siete, 27.07.12], Gonzalo Mendieta Romero comenta las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. El columnista habla del ‘arielismo’, doctrina proclamada por el pensador uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) en su libro Ariel (1900). Rodó oponía el reino de Ariel –espíritu idealista de Hispanoamérica– al reino de Calibán (personaje del drama La Tempestad, de Shakespeare) como símbolo del materialismo utilitarista yanqui. Para apoyar este argumento, Mendieta Romero cita unos versos de Rubén Darío extraídos del poema A Roosevelt: “Eres los Estados Unidos, / eres el futuro invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español” (Cantos de vida y esperanza, 1905).
En un artículo titulado Donde en vez de un sol, amanece un dólar [Página Siete, 27.07.12], Gonzalo Mendieta Romero comenta las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. El columnista habla del ‘arielismo’, doctrina proclamada por el pensador uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) en su libro Ariel (1900). Rodó oponía el reino de Ariel –espíritu idealista de Hispanoamérica– al reino de Calibán (personaje del drama La Tempestad, de Shakespeare) como símbolo del materialismo utilitarista yanqui. Para apoyar este argumento, Mendieta Romero cita unos versos de Rubén Darío extraídos del poema A Roosevelt: “Eres los Estados Unidos, / eres el futuro invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español” (Cantos de vida y esperanza, 1905).
Sin entrar en polémica, permítanme dos glosas: 1a/ Es cierto que los versos de Rubén Darío citados por el articulista son premonitorios, pero no es menos cierto que el poeta nicaragüense se equivoca cuando le reprocha a Estados Unidos la falta de Dios, porque la mayoría del pueblo norteamericano es creyente. En todo caso, Rubén sugiere que el Dios que les falta a los estadounidenses es el Jesucristo católico. Todo un anacronismo. El presidente Kennedy era católico, el actual vicepresidente Joe Biden lo es, y el actual candidato republicano a la Vicepresidencia, Paul Ryan, también.
Y 2a/ Mendieta Romero afirma que “falta un manual de las percepciones que latinoamericanos y norteamericanos tenemos unos de otros”. Es posible que los haya. Uno de ellos sería Latinoamericanos y norteamericanos. Cinco siglos de dos culturas (La Paz, 1987), escrito por Mariano Baptista Gumucio. // Madrid, 04.09.2012.
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