horror. infierno. muerte y crueldad en las cárceles de Venezuela. hace pocas horas se reporta de 50 reos asesinados a sangre fría y un calendario del drama allí vivido. (aparece en www.eju.tv.)

Un repaso por las fechas de los motines y disturbios ocurridos dentro de las cárceles de Venezuela a partir de 2011. El problema en las condiciones de las penitenciarías no es nuevo en el país gobernado por Hugo Chávez desde 1999.

Estas son las fechas de algunos de los hechos más duros ocurridos en las penitenciarías:

2011:

-28 de abril: los reclusos de Rodeo II secuestraron a 22 personas, entre ellas al director del penal y varios policías. Los presos reclamaban atención médica por una epidemia de tuberculosis.

-14 de junio: 19 personas murieron en la cárcel El Rodeo, en el estado de Miranda, como resultado de un enfrentamiento entre los internos.

-20 de julio: siete presos fueron asesinados en el penal de San Felipe, en el estado de Yaracuy.

-3 de agosto: se produjeron motines en el penal del estado de Barinas. Los familiares de algunos reclusos denunciaron que había 16 de ellos secuestrados por sus compañeros.

-8 de agosto: presos recibieron amotinados a nueva ministra de cárceles. Mientras asumía la nueva titular, los reclusos de penal de Carabobo se enfrentaron a los guardias.

-10 de octubre: un motín en la prisión de Tocuyito mantuvo a 60 rehenes. Exigían la presencia de la ministra del Servicio Penitenciario de Hugo Chávez. En la riña murieron tres presos.

-25 de octubre: los presos de la prisión de Tocuyito tomaron a 12 rehenes en un motín. Exigían el traslado de un grupo de internos.

2012:

-8 de marzo: ocho penales amotinados durante los primeros días del mes. Desde el 1º, los presos no permitían que nadie entre o salga de las cárceles.

-2 de mayo: los presos de tres penales venezolanos realizaron una huelga de hambre en solidaridad con los reclusos de La Planta, quienes se habían amotinado días atrás cuando los militares frustraron una fuga masiva.

-20 de mayo: un grupo de presos maneja los penales de Venezuela. Un motín, que finalizó por esos días en una cárcel de Caracas, refleja un sistema penitenciario que perdió el control sobre los presos. Organizados alrededor de un pran (líder), los reclusos manejan negocios millonarios.

-21 de mayo: otro motín en una cárcel arrojó 15 funcionarios retenidos. Los reos de la prisión de La Planta, en Caracas, denunciaron abusos y exigían la destitución de tres agentes. La toma había comenzado luego de un enfrentamiento.

-17 de julio: un sanguinario motín en Mérida terminó con 15 muertos en 16 días. Una penitenciaría estuvo tomada durante varios días por los reos, cuyo jefe decidía quién vive y quién debía morir.

-20 de agosto: 20 personas murieron en el penal de Yare I.

-23 de octubre: el Gobierno cerró un penal y halló un potente arsenal. Las armas estaban escondidas en huecos subterráneos de la prisión del Coro, en Falcón. Días atrás, Hugo Chávez había decretado la emergencia carcelaria.  

-22 de noviembre: jueza antichavista reveló que fue violada en prisión. Se trataba de María Lourdes Afiuni, condenada por orden de Hugo Chávez, quien contó cómo fue vivir en las cárceles venezolanas.

-6 de diciembre: trascendió un video que mostraba cómo torturaban a los presos con un bate de béisbol. En la cinta, grabada por los reclusos del penal de Coro, se veía cómo los azotaban en los glúteos.

2013:

-25 de enero: 54 muertos y 90 heridos por un motín en la cárcel de Uribana. El levantamiento se produjo en un penal ubicado al noroeste del país. El Poder Ejecutivo responsabilizó a los medios de comunicación por el desbande de los delincuentes.

Gabriela Montaño que mostró seriedad como senadora, ha caído en flagrante acto de nepotismo lo que no es extraño a masistas que asumen cargos y abusan de su poder. figuraron dos hermanas como funcionarias, luego suplantaron nombres y edades. bochornoso. Y es la Tercera en poder público.

Dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara Alta, hicieron llegar a Erbol documentación referida a un presunto caso de nepotismo y uso de documentación falsificada al interior de esa instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), denuncia que vincula a la jefa de gabinete de Senadores.

Entre los papeles remitidos se identifica la contratación, en 2010, de Adriana Delia Ávila Román y Sandra Rosario Ávila Román –ambas hermanas– como colaboradoras de la entonces titular de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Gabriela Montaño, quien ahora preside la Cámara Alta.

Gabriela Montaño de buen desempeño acusada por masistas de nepotismo

Dichas funcionarias, según la acusación, continuarían trabajando en el Senado, pero ahora con cargos jerárquicos, siendo Adriana Ávila la actual jefa de gabinete de presidencia; mientras que Sandra Ávila fungiría como asesora, hecho que constituiría un caso flagrante de nepotismo.

Sin embargo, para evitar estos cargos, indica la fuente consultada, la funcionaria se vale de documentación de Ana María Camargo Oropeza, quien figura en planillas como la jefa gabinete, pese a que no trabaja en la Asamblea Legislativa, hecho que sería conocido por varios colaboradores de la Cámara de Senadores.

Consultada sobre esta denuncia, Montaño dijo que “no existe absolutamente documentación que pruebe de manera legal, en términos administrativos, que hay contratación en ese sentido. Sí hay el apoyo de una compañera que trabaja conmigo”, afirmó tajantemente la autoridad.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el nombre de su jefa de gabinete, Gabriela Montaño se limitó a señalar que “ustedes tienen  toda la documentación, se las han entregado, y en esa documentación se señala de manera clara que no hay ninguna duda sobre nepotismo en el Senado”, dijo.

Nuevamente consultada sobre la colaboración de estas dos hermanas en el senado, la presidenta afirmó: “acabo de explicar el tema”, y dio por absueltas las preguntas de la prensa y no dio más comentarios al respecto.

Sobre el trascendido, el jefe nacional de la bancada del MAS en Senadores, Eugenio Rojas, dijo de manera escueta “grave, grave, si es así sería muy grave”, aunque después adoptó el discurso de atribuir la denuncia a un intento de dividir a los asambleístas oficialistas que integran esa instancia Legislativa.

A su turno, la también masista, Rina Aguirre, propuso investigar la denuncia por “honestidad” y “ética” hasta demostrar los grados de culpabilidad o responsabilidad que tuviera la presidenta de la Cámara de Senadores.

Los datos indican que quien es vista en la Cámara Alta como jefa de gabinete es Adriana Ávila, nacida el 23 de agosto de 1978, teniendo actualmente 34 años; mientras que otros funcionarios negaron conocer a Ana María Camargo, nacida en 12 de octubre de 1965, con 47 años cumplidos.

Algo que llama la atención, según los senadores denunciantes, es que la jefa de gabinete del Senado no participó de la rendición pública de cuentas realizada durante esta jornada en el palacio de Telecomunicaciones, esto luego de hacerse pública la denuncia por nepotismo.

variaciones sobre "dictadura y democracia" así juzgan al Régimen diversas personalidades según lo presenta Emilio Martínez en www.eju.tv

Distintos análisis en los últimos tiempos han intentado definir las características centrales del régimen instaurado por Evo Morales. La mayoría de estas opiniones ponen seriamente en entredicho la vocación democrática del evismo:

“Régimen híbrido”

La publicación británica The Economist publica un índice anual donde ubica a los países en cuatro categorías: “democracias plenas”, “democracias imperfectas”, “regímenes híbridos” y “dictaduras”. Bolivia fue clasificada entre los híbridos, donde se combinan formas democráticas y autoritarias.

“Estado fallido”

Para el periodista Humberto Vacaflor, Bolivia bajo Evo Morales se encamina a ser un “Estado fallido”, donde el gobierno no podría controlar la totalidad del territorio nacional, como fruto de una decisión estratégica encaminada a favorecer a ciertos sectores de la economía ilícita, como el narcotráfico.

“Narco-Estado”

Coincidentemente, el analista norteamericano Douglas Farah dice que Bolivia sería uno de los “Estados criminalizados” de América Latina o “Narco-Estado”, donde las organizaciones del narcotráfico habrían penetrado altas esferas de gobierno.

“Democracia aparente”

Por su parte, el extinto sociólogo José Mirtenbaum definía al régimen actual como una “democracia aparente”, es decir, un gobierno autoritario que mantendría una fachada democrática.

“Decisionismo presidencial”

Para el politólogo Fernando Mayorga, el sistema de gobierno del Estado Plurinacional está centrado en “una concentración de poder que termina en una cúspide, el decisionismo presidencial, al que se someten (voluntariamente o no) los demás espacios de la política institucional”.

“Régimen iraní”

La senadora opositora Carmen Eva González ha utilizado la expresión “régimen iraní” para referirse a la administración evista, señalando la creciente influencia de Teherán en el país.

“País parcialmente libre”

La organización internacional Freedom House calificó a Bolivia como un país “parcialmente libre”, donde se combinan la hostilidad hacia la prensa, las detenciones indebidas y la crisis en el sistema judicial.

“Régimen totalitario”

Una de las definiciones más duras es la del diario paraguayo ABC Color, que adjudica al evismo el carácter de“régimen totalitario” que estaría convirtiendo a Bolivia en un “país cárcel”, en alusión a los prisioneros políticos.

“Democracia comunitaria”

Por último, tenemos la autocalificación que hace de sí el régimen por boca de su ideólogo, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien habla de una “democracia comunitaria” contrapuesta a la democracia liberal.

Incluso en la edulcorada autodefinición oficialista, queda en evidencia que la Bolivia evista se ha aventurado en una zona borrosa más allá de los límites del Estado de Derecho y de las libertades republicanas, aproximándose peligrosamente al hegemonismo dictatorial…

notishots@gmail.com

larga crónica de Emilio Martínez con materiales para confirmar que "la ministra Suxo está en la cuerda floja" dedicada a la cacería de opositores e inventar juicios y cargos contra los enemigos del régimen en lugar de transparentar los actos de Gobierno. incumplió sus funciones, intrigó, malquistó, desatendió lo principal. aquí 20 cargos en su contra y curiosamente dice Evo "me la están haciendo llorar" qué es esto?

El Ministerio de Transparencia fue creado expresamente para defender los intereses del Estado y luchar frontalmente contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, pero cumplió un papel menos que secundario en la investigación y posterior destape del mayor escándalo de corrupción que desprestigia al gobierno de Evo Morales. La ministra de Transparencia Nardi Suxo hizo poco o nada para desarticular a una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado; y al parecer no solo incumplió su mandato sino que incluso habría apadrinado a los “capos” de esa mafia incrustada en los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Una de las principales ofertas electorales del gobierno del MAS fue la lucha sin cuartel contra los corruptos, “sin mirar colores políticos y caiga quien caiga”. Con ese lema se creó el primer Ministerio de Transparencia al mando de la zarina anticorrupción Nardi Suxo, y poco después se aprobó la primera Ley anticorrupción del país.

“No hemos venido a enriquecernos, para dar pegas, dinero y casas a nuestros amigos o parientes; hemos venido a servir y quién no quiere cumplir con eso que se vaya o renuncie. Quién cree que el Estado es su gran oportunidad para comprarse su casa y dejar herencia a sus hijos que se vaya, al que meta la mano a la lata lo vamos a meter a la cárcel y no lo vamos a perdonar. Toca la dureza de la Ley para enseñar que la mejor transparencia es luchar contra la corrupción”, sentenció el Vicepresidente Álvaro García Linera luego de la promulgación de la draconiana Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Al principio, Suxo aplicó con severidad la inédita norma contra moros y cristianos, al punto de enviar a la cárcel a Santos Ramírez, ex hombre fuerte del MAS, amigo personal del Presidente Morales y ex presidente de YPFB, involucrado en una truculenta estafa con un muerto de por medio. Sin embargo, la cruzada moralista “imparcial” fue perdiendo fuerza y con el tiempo la Ley anticorrupción se convirtió en un instrumento para anular políticamente a los adversarios del gobierno.

Suxo procesó a varios alcaldes oficialistas y a funcionarios corruptos, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la cacería de dirigentes políticos de derecha y gobernadores opositores que malversaron recursos públicos para financiar referéndums autonómicos ilegales. Cada vez fue más evidente el doblez de la zarina, siempre implacable y drástica con los “enemigos del proceso”, y tolerante y hasta complaciente con los “soldados de la revolución democrática y cultural”.

El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no se explica por qué la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo continúa en el cargo, pese a que fue vinculada con una red de falsificadores de documentos públicos en Santa Cruz. Se denunció oficialmente que el cabecilla de esa mafia era un connotado asesor de Achacollo, que se dedicaba a estafar a los municipios rurales de Santa Cruz administrados por el MAS con las obras del proyecto Evo Cumple. Resulta que los fiscales del Ministerio Público asignados al caso paralizaron la investigación hace más de dos años, y el principal acusado quedó en libertad.

Al ex viceministro también le llama la atención la inacción de la justicia frente a las tropelías del ex prefecto de Cochabamba Jorge Ledezma, quien en las últimas horas de su gestión adjudicó varias obras públicas sin proyecto a diseño final, y luego fue designado embajador de Bolivia en Perú. El Ministerio Público tiene conocimiento formal y documentado de los hechos denunciados desde hace varios años, pero hasta ahora no muestra resultado alguno.

Otro escándalo reciente es la fallida instalación de la fábrica de papel “Papelbol”, una estafa en la que el Estado boliviano perdió casi 10 millones de dólares, que involucra nada menos que al Vicepresidente García Linera.

“¿Cómo es que el gobierno, que cotidianamente ratifica sus vehementes declaraciones de guerra a la corrupción ‘caiga quien caiga‘ y ‘sin tapar a nadie‘, no sólo que no se mosquea, sino que renueva su alta confianza en los implicados?”, cuestionó Almaraz.

Según los legisladores de la derechista Convergencia Nacional (CN), lo que pasa es que el gobierno y la justicia “servil” al MAS solo persiguen y extorsionan a los opositores que se animan a denunciar las miserias del oficialismo, como por ejemplo el senador Roger Pinto, asilado político del gobierno de Brasil.

Hace dos años Roger Pinto acusó a la ministra Suxo de interceder personalmente a favor de su cónyuge Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez, procesado por malversar medio millón de bolivianos cuando era funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO).

Según Pinto, en dicho proceso Suxo actuó como testigo de descargo de Miranda, pero extrañamente no designó a un representante del Ministerio de Transparencia para que vele por los intereses del Estado, como hizo en otros procesos judiciales interpuestos contra autoridades opositoras o no afines al gobierno de Morales.

Al final, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia liberaron de pena y culpa a la pareja de la ministra Suxo, pese a existir “todas las pruebas y todos los elementos necesarios para que concluyan en una condena penal contra esta persona que de manera irregular cobra un cheque de 500 mil bolivianos que debería ingresar a cuentas fiscales, y junto a otros ex funcionarios de INALCO dispone arbitraria e ilegalmente de ese dinero para utilizarlo en otros fines”, denunció el diputado de CN Adrián Oliva. (1)

Lo llamativo del caso es que la justicia exoneró al acusado y la ministra Suxo enjuició al acusador por el presunto delito de “desacato”. Al respecto, en una carta enviada al Presidente Morales el 23 de julio, el senador Pinto explicó que su delito fue advertir que “la corrupción no puede enfrentarse genuinamente cuando la familia más cercana a la ministra de Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo se beneficia ilegalmente de contratos, causando graves daños económicos al Estado, recibiendo su protección. Recordé a la Ministra que cuando uno lucha contra la corrupción primero se debe comenzar por casa…”.

En la misiva enviada a Evo, el senador Pinto, actualmente refugiado en la embajada brasilera en La Paz, denunció que “toda esa farsa de juicios que su gobierno ha inventado en mi contra tienen una sola causa: el haber denunciado permanentemente los innumerables casos de corrupción pública que avergüenzan a su gestión, y los oscuros y tenebrosos vínculos que unen a funcionarios de su gobierno con las mafias y carteles del narcotráfico… No pasa una semana en la que no se descubra con estupor nuevos hechos, en un bochornoso carnaval de millonarios actos de corrupción. Todas las empresas del Estado, beneficiadas por decretos de excepción, han cobrado millonarios sobreprecios. ¿No demuestra esta realidad que su gobierno ha fracasado en la lucha contra la corrupción?”.

La denuncia de Pinto quedó en el olvido y la ministra superó con aparente facilidad su primer traspié, pero muy pronto se vio envuelta en otro incidente bochornoso que bien podría tipificarse como tráfico de influencias. Resulta que Suxo había “acomodado” a su hija como funcionaria diplomática en la embajada de Bolivia en Alemania, pese a que la joven ni siquiera terminó sus estudios universitarios.

Nadie se hubiera enterado de que Naira Rivero Suxo fue privilegiada con un cargo diplomático por el solo hecho de ser hija de ministra si su niñera no la denunciaba por abuso laboral. Sucede que Suxo, como en los mejores tiempos del neoliberalismo, premió a su hija enviándola a Alemania con un buen cargo, pasaporte diplomático y con empleada doméstica incluida. (2)

Para evitar mayor escándalo, Rivero Mater pagó a su empleada los 8 mil euros que le debía y la ministra Suxo le compró un pasaje de avión para que retorne al país. Según la Asociación de Bolivianos en Alemania, siendo la hija de la Ministra de Transparencia, debería explicar de dónde ella o su madre “sacaron más de 12 mil dólares americanos para pagar el sueldo adeudado a Antonia Ramos”. (3)

Suxo vinculada a la red de extorsionadores

Desde hace mucho tiempo la ministra de Transparencia Nardi Suxo estaba en la mira de la opinión pública, pero comenzó a perder credibilidad de manera acelerada desde que se vio enredada en una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado, considerado el mayor caso de corrupción de los últimos siete años.

Se supone que Suxo es la comandante general de las fuerzas anticorrupción del Estado Plurinacional, pero fueron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro Jorge Pérez quienes investigaron y desarticularon a la red mafiosa que operaba desde Palacio de Gobierno, y finalmente quienes propiciaron el encarcelamiento de los cabecillas de la caterva, entre ellos los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Juan Manuel Antezana, el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas.

En los últimos días se conoció que la ministra Suxo estaba enterada de las actividades irregulares de la red mafiosa, pero hizo poco o nada para esclarecer el caso. Es más, legisladores y ex autoridades del propio partido de gobierno revelaron que la ministra no solo se habría hecho de la vista gorda sino que “apadrinó” a algunos jefes de la red.

Nardi Suxo fue responsabilizada de tramitar la designación de Isabelino Gómez, uno de los presuntos extorsionadores recluidos en Palmasola, como Fiscal de Distrito de Santa Cruz. El diputado suplente del MAS Félix Martínez aseguró que la Ministra de Transparencia protegía a Gómez: “En Sucre la ministra me dijo por qué yo fui a atropellar a los fiscales Isabelino Gómez y Edward Mollinedo. Tiene que renunciar porque me vino a reclamar por los dos y porque los ha sostenido”, declaró el legislador oficialista a ANF.

Por otro lado, en una declaración oficial ante la comisión de fiscales que investiga el caso, el ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez reveló que la ministra Suxo abogó personalmente por Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas, presuntos cabecillas de la red de extorsionadores detenidos en Palmasola.

“Recuerdo que a los días de haber ingresado (al Ministerio de Gobierno el 28 de septiembre de 2012), saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores (Denis) Rodas y (Fernando) Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella”, detalló Chávez en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia ANF.

Además, el ex ministro de Gobierno informó a la prensa paceña que ya tenía referencias de la red de extorsión, pero el Ministerio de Transparencia trabó todas las investigaciones que pretendió realizar.

La ministra Suxo fue convocada a declarar ante la comisión de fiscales que investiga a la red de extorsión en calidad de testigo, al igual que los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y los ex ministros de Gobierno Wilfredo Chávez, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, el último designado embajador de Bolivia en Naciones Unidas.

“No quiero creer que esta declaración se deba a que el doctor Chávez se hubiera sumado a la tarea de tratar de desprestigiar el trabajo que se ha hecho en este ministerio. Yo no puedo decir que se vayan o que se queden estos señores y, reitero, yo no los conozco sino a través de los medios de comunicación. Y si hay alguien que los ha ratificado, tiene que asumir su responsabilidad”, se defendió este miércoles la ministra Suxo al prestar declaración oficial.

Lo cierto es que Suxo si conocía a Villegas, tanto que lo contrató como funcionario del Ministerio de Transparencia Institucional, apenas éste salió del Ministerio de Gobierno. La ministra reconoció que Boris Villegas trabajó para ella, pero apenas 16 días, aunque el diario paceño Página Siete demostró que prestó servicios por 30 días, según registros del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGMA).

Los diputados del MAS Irineo Condori, Rodolfo Calle y Galo Bonifaz pidieron a la ministra Suxo que explique al Ministerio Público por qué contrató a Boris Villegas, presunto miembro de la red de extorsionadores, y por qué hizo declaraciones tan contradictorias.

Por su parte, el senador Martínez ratificó este miércoles el pedido de renuncia de Suxo por haber confiado en delincuentes y por no informar correctamente al Presidente Evo Morales sobre la red de extorsionadores.

“Yo ratifico el pedido de renuncia a la ministra y si ella dice que es el Presidente de la República quien debe tomar la decisión, yo sé que el Presidente va tomar una decisión sana, la más correcta, y ojala lo ilumine el niño Dios, porque no puede poner en peligro este proceso de cambio y no se puede dañar la imagen del propio Presidente; tiene que haber cambios”, manifestó Martínez.

De igual forma, el jefe de bancada de diputados de CN Luis Felipe Dorado recomendó al Presidente Morales que haga un “mea culpa”, investigue a todas las autoridades acusadas de corrupción y que “empiece a limpiar su gabinete”.

Notas:

1. El 13 de diciembre de 2012 la bancada de diputados de Convergencia Nacional presentó denuncia formal y solicitó el inicio de juicio de responsabilidades contra los magistrados que favorecieron al “cónyuge o conviviente” de la ministra Nardi Suxo. Se espera que la Cámara Baja cumpla el procedimiento de la ley 044 para establecer con precisión la actuación de estas autoridades y la sanción que corresponda por tomar decisiones judiciales que favorecen a personas ligadas al gobierno de Evo Morales, concretamente a la ministra Suxo.

2. Antonia Ramos Posco denuncio que Naira Rivero la trataba como a un animal y le pagaba la tercera parte del sueldo convenido: “No me dejaba salir, ni descansar, no me pagaba horas extras, ni seguro médico y además me insultaba seguido”. “No es concebible traer a una señora indígena desde Bolivia para hacer el pesado trabajo doméstico, reproduciendo desigualdades, violencia e injusticias fuera del territorio nacional. Nos preguntamos si esto es parte del proceso de cambio”, cuestionó la Asociación de Bolivianos en Alemania, y exigió que se sigan procesos por discriminación y racismo contra la diplomática Rivero Suxo y que sea cesada del cargo porque no lo merece.

3. “Tenemos conocimiento que la Ministra Suxo visita a su hija frecuentemente en Alemania, habrá que investigar si lo hace con sus recursos o con plata del Estado boliviano, es decir con la plata del pueblo. Además, hasta ahora no han podido justificar cómo una persona con escasos estudios y sin ningún mérito ocupe un alto cargo diplomático y quede impune después de comprobarse que sí explotaba laboralmente a una ciudadana boliviana humilde. Es realmente deplorable que prosiga este flagrante caso de tráfico de influencias, abuso de poder, uso indebido del cargo por parte de la ministra Nardi Suxo”, deploró la Asociación de Bolivianos en Alemania.

La Prensa publica esta caricatura sobre Fernando Rivera el cerebro de la banda de extorsionadores que sometieron a la justicia, a jueces , biscales, abogados y los sumieron en el mar de la corrupción que lo hundió todo. muy ilustrativa la imagen.

La Asamblea Legislativa decidió no conformar ninguna comisión que investigue la red de extorsión que operaba al interior del Ministerio de Gobierno. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), dijo que una comisión legislativa podría “politizar” el tema.

Las presuntas cabecillas de esta red de corrupción actualmente se encuentran tras las rejas del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, se tratan de Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, quienes operaban desde el Ministerio de Gobierno, y José Antezana, quien era funcionario del Ministerio de la Presidencia.

Una vez culminada la audiencia cautelar en contra del ex director de Régimen del Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, se determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz por presuntamente estar vinculado con la red de extorsionadores conformado por servidores gubernamentales. 

dos páginas web que están dando la vuelta al mundo pidiendo la liberación de Jacob preso en Palmasola, Santa Cruz, Bolivia

Oxígeno publica un documento invalorable, un extraño poder que concedió Sacha Llorenti en favor de los extorsionadores. un poder inexplicable, cediendo sus atribuciones ministeriales y más allá a funcionarios subalternos. extraña simbiosis que podía explicar una "alianza sacra para el delito"...

En cuestión de horas, dos poderosos abogados dejaron de ser los adalides de la ley y del gobierno de Evo Morales para convertirse en los cabecillas de una red de extorsión, cuyas víctimas habrían sido personas vinculadas con el narcotráfico. El caso apenas empieza a develarse con la historia del estadounidense Jacobs Ostreicher: Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, miembros de la Dirección Jurídica en su condición de asesores, fueron capturados por fuerzas policiales de élite y hoy se conoce que ambos contaban con poderes extraordinarios, concedidos por el entonces ministro Sacha Llorenti, para obrar en todas las estructuras del Estado.

Rivera Tardío llegó a ser Director Jurídico, y Rodas, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, del Ministerio de Gobierno en la gestión de Llorenti, pero también trabajaron en la del ex ministro Alfredo Rada y en la del actual titular, Carlos Romero. Rivera fue destituido ayer y detenido en Tarija, a donde fue comisionado para representar al Estado en el caso Rózsa, mientras que Rodas, ya había sido despedido hace unas tres semanas y fue aprehendido este martes en La Paz, según ha podido confirmar este medio.

El Ministerio de Gobierno se comunicó con Oxígeno para informar que la abogada Elba Terceros es la Directora Jurídica en la actual gestión de Carlos Romero. Rivera perdió espacios y se convirtió en asesor.

El periódico digital Oxígeno accedió al testimonio del Poder Especial 140/2011 que recibieron ambos abogados el 27 de enero del 2011, en reemplazo de otros anteriores con el que desempeñaban sus cargos. En el documento obtenido en la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, se puede evidenciar que Rivera y Rodas tenían incluso el poder para intervenir en todas las acciones que vieran por conveniente y plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, (pueden) pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”

Ambos abogados tenían el poder de impugnar u objetar requerimientos fiscales como también pedir toda clase de mandamientos de apremio, secuestros, embargos, arraigos y remates, intervenir en toda clase de audiencias con derecho a voz sobre todo en los sorteos de jueces ciudadanos.

“El presente poder amplio y suficiente no podrá ser tachado, observado , rechazado ni declarado insuficiente por motivo alguno o por carecer de cláusulas expresas no contempladas, pues es otorgado  en forma amplia para los fines expresados  en forma enunciativa y de ningún modo en forma limitativa”, indica el testimonio.

Entrevistado por la red ATB, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la noche de este martes declaró que ambos abogados conviertieron en una industria a la extorsión.

“Si esto han hecho con un norteamericano que está bajo la lupa diaria de su consulado vaya uno a saber que ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales, la extorción se ha convertido acá en una industria”, afirmó la autoridad de Estado

Casos

Ambos abogados tuvieron actuación protagónica en casos como el del alemán Dirk Smith, el ex teniente Julio Navia, del brasileño Maximiliano Dorado o, en este caso, del estadounidense Jacobs Ostreicher. También fueron los juristas que iniciaron un proceso contra los indígenas del TIPNIS.

En otros documentos a los que accedió este periódico digital se hace conocer que ambos, tanto Rivera como Rodas , llevaron adelante el proceso investigativo contra el alemán Dirk Schmidt, ex funcionario del Ministerio de Gobierno, que actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola imputado por supuesto delito de alzamiento armado.

Asimismo, se informa que ambos no actuaban solos pues tenían un intermediario, Gustavo Céspedes, a quien se acusa de haber solicitado la suma de 40 mil dólares a la esposa del ex subteniente Julio Rene Navia, denunciado por narcotráfico,  con el fin de trasladarlo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro a Palmasola, centro penitenciario donde el ex policía tenía fuerte influencia.

Según las investigaciones del Ministerio de Gobierno, Céspedes hacía negociados con algunos procesos investigativos con fiscales y jueces en Santa Cruz con el objetivo de extorsionar a los investigados.

Rivera como Rodas también se hicieron cargo del proceso a la colombiana Claudia Rodríguez, quien tenía vínculos con el narco Maximiliano Dorado  vinculado al cartel PCC del Brasil.

Fue el reciente caso del estadounidense Jacob Ostreicher, quien está detenido, acusado de ganancias ilícitas, supuestamente vinculado al narcotráfico y lavado de dinero en el comercio agroindustrial, lo logró destapar esta red de extorsión que no sólo era parte del ministerio de Gobierno, sino que se ampliaba al Ministerio de la Presidencia, cuando José Manuel Antezana Pinaya, ex director de Gestión Pública fue detenido la mañana de este lunes.

Manuel Antezana fue acusado este lunes de haber amenazado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y de haberle propuesto un indulto presidencial a cambio de silencio.

De acuerdo al Ministerio de Gobierno Ostreicher había entregado junto a su socio Abrahan Zollty la suma de 20 millones de dólares a la colombiana Claudia Rodríguez a cambio de propiedades y maquinaria pesada. Según una declaración informativa de Rodríguez, el ciudadano norteamericano tenía una relación de amistad con Maximiliano Dorado.

 Esto posibilitó que  Miguel Gutiérrez, quien decía ser responsable de bienes incautados de Montero, se presente ante ingenios arroceros de Santa Cruz para  decomisar la producción del ciudadano norteamericano. Acción que se hacía junto a Jorge Chávez y Jorge Vaca quienes argumentaban ser parte del Ministerio de Gobierno.

Ya el 4 de junio de 2011, Ostreicher fue aprehendido por la Fiscalía y posteriormente detenido preventivamente en el penal del Palmasola. Según documentos del Ministerio de Gobierno, el 23 de septiembre  se realizó una audiencia para dejar sin efecto la privación de libertad del ciudadano estadounidense pero los representantes del Ministerio de Gobierno no asistió a la misma impidiendo la cesación de la detención.

Jimmy Montaño, abogado del norteamericano, también denunció que el intermediario Gustavo Céspedes pidió la suma de 50 mil dólares para que Ostreicher logre la cesación de su detención preventiva que mantiene hasta la fecha.

El jurista también vinculó el lunes reciente, 26 de noviembre, que el ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, Manuel Antezana , había visitado al norteamericano  para amenazarlo y ofrecerle un indulto presidencial a cambio de silencio ante los movimientos bancarios por la venta de bienes incautados.