El Gobierno avisó ayer que ya tiene pruebas para la detención del cívico cruceño Branko Marinkovic, mientras el prefecto de esa región, Rubén Costas, anuncia la resistenia civil a esa medida. La Corte de Justicia de La Paz ordenó la detención preventiva del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard y del dirigente regional Gonzalo Salazar por el atentado explosivo a un gasoducto en Yacuiba y la toma de una planta energética en Villa Montes.
El jueves, el cívico de la provincia O´Connor de Tarija Domingo Moreno denunció que el principal responsable de la voladura del gasoducto es Marinkovic. Por ello, la comisión de fiscales asignados a la investigación, amplió el viernes la querella contra el líder cruceño.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró ayer que Marinkovic será detenido y trasladado a La Paz para asumir su proceso judicial. "Ni prefectos, ni presidentes de comités cívicos gozarán de impunidad. Se han ido acumulando elementos que permiten afirmar una vinculación entre el señor Branko Marinkovic y los actos que se dieron en distintos lugares del país, lo que estamos investigando es Villa Montes". Alegó que toda esta historia comenzó con la cumbre de cívicos y prefectos en Villamontes, el pasado 21 de agosto, donde se habría planificado un "golpe cívico-prefectural" contra el Poder Ejecutivo, lo cual llevó a que se suscitaran los hechos violentos en Santa Cruz, Tarija y Pando.
De acuerdo con la información que consiguió el Gobierno, la dinamita para volar la válvula fue trasladada desde Santa Cruz en una avioneta hasta Tarija, y agregó que dos personas cruceñas (no dio nombres) dieron las indicaciones para su uso en el atentado. La autoridad ministerial no dio fecha del arresto de Marinkovic, pero ratificó que ello sucederá, luego de que sea determinado por el Ministerio Público.
El viernes, Rada acusó al cívico de alistar su huida a Estados Unidos, pero éste le respondió que no teme un arresto y que todo es parte de un amedrentamiento para frenar su campaña por el No al nuevo texto constitucional. Ayer, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en contacto con medios de comunicación, advirtió que la región no permitirá la detención del dirigente cívico, al mismo tiempo lo respaldó y le dijo que tenga tranquilidad porque desde el momento en que el Gobierno intente procesarlo, los cruceños estarán a su lado.
"Nosotros estaremos ahí y lo acompañaremos (a Marinkovic) y detrás de mí seguramente habrá miles de personas", declaró la autoridad departamental al cuestionar la acusación por terrorismo que hace Rada contra el empresario aceitero. A la cárcel El jueves, la Policía y la Fiscalía aprehendieron en Santa Cruz a Reynaldo Bayard, Gonzalo Salazar y sus hermanos Guillermo y Marcelo, y a Mauricio Fuentes, sindicados de atentado contra la seguridad de Estado, sedición, terrorismo, asociación delictuosa y organización criminal por la voladura del gasoducto Yacuiba-Río Grande el 10 de septiembre en El Palmar, y por la toma de la planta de GLP de Villamontes. Ellos fueron trasladados a La Paz el viernes, con fuerte resguardo policial, y ayer en la mañana la Fiscalía los remitió a la juez Cuarto de Instrucción Cautelar, Margot Pérez, quien a tiempo de ser recusada por la defensa, determinó la libertad pura y simple de Marcelo Salazar y de Mauricio Fuentes, porque no había ninguna imputación contra ellos.
En dicho actuación judicial, los involucrados se acogieron al derecho al silencio. Los restantes tres cívicos pasaron a manos del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien dictó detención preventiva para Bayard y Gonzalo Salazar en el penal de San Pedro por considerar peligro de fuga y riesgo de obstaculización en las investigaciones; además, el primero se había declarado en la clandestinidad. Guillermo Salazar recibió libertad pura y simple, porque no se le encontró indicios de responsabilidad. Bayard fue involucrado en el atentado por José Germán Vaca Ortiz (dirigente del Comité de Movilización de Villamontes), quien guarda detención en la cárcel de San Pedro desde septiembre por el mismo hecho.
La investigación del Ministerio Público indica que día antes al atentado, Felipe Moza y Bayard se reunieron en la casa de los hermanos Salazar para planificar la explosión. A primera hora del 10 de septiembre, el presidente del Comité Cívico de Tarija, José Vaca, Carlos Zeballos y Carlos Flores se habrían dirigido al gasoducto en una vagoneta ploma 4x4 de Gonzalo Salazar en la que llevaron la masa de dinamita.
Bayard se habría quedado en el auto, en la reja del campo petrolero, desde donde dio orden para la explosión. Estaba acompañado de Gonzalo Salazar; mientras que Vaca cortó el alambrado de seguridad con alicate, por donde ingresaron Flores y Zeballos; el primero puso la dinamita y el segundo encendió la mecha del artefacto. Como protesta a lo sucedidos con los cívicos, el Comité Cívico de Tarija alista un paro para este miércoles 3 de diciembre, que será organizada mañana.
Unionistas La audiencia de medidas cautelares para tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) sindicados de participar el 15 de agosto en la agresión física del entonces comandante departamental de la Policía Wilge Obleas, fue suspendida para hoy, porque la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, se ausentó de su oficina. Uno de los líderes de la agrupación juvenil Jorge David Vargas Vaca, además de Daniel Yuli y Julio César Zenteno, fueron detendidos en un operativo policial la noche del viernes en Santa Cruz, y ayer en la mañana fueron trasladados a la Fiscalía de La Paz donde prestaron declaraciones. Mientras que el otro jefe unionista, Ángelo Céspedes, denunció que él y otros cuatro jóvenes son perseguidos y temen su arresto en Santa Cruz, y criticó la desaparición del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, para no enfrentar las acusaciones del Poder Ejecutivo.
Aliaga implica a Fernández en peculado El ex jefe financiero del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la prefectura de Pando, Gerardo Aliaga Paredes y el ex cajero de ese ente, Juan Marcelo Mejido Flores, imputados de peculado, fueron remitidos ayer al penal de San Pedro de La Paz; antes el primero implicó al ex prefecto Leopoldo Fernández con ese delito. El 22 de noviembre, por denuncia del Ministerio de la Presidencia, la Comisión Especial de Fiscales abrió el caso por la desaparición de seis millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) contra las dos personas, quienes fueron confinadas al cuartel Bolívar de Viacha durante el estado de sitio en Pando (del 16 de septiembre hasta el 23 de noviembre). Después de la recusación a cuatro jueces para la audiencia de medidas cautelares de Aliaga y Mejido, ayer la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, determinó la detención preventiva de éstos en la cárcel de San Pedro, luego de considerar su posible autoría en peculado; además para evitar su fuga porque no presentaron documentación alguna que certifique un domicilio o fuente laboral fijos.
Mejido admitió que no rindió cuentas de los seis millones de bolivianos, rechazó defensa, se acogió a un juicio abreviado e indicó que colaborará con la investigación a fin de ser sentenciado con pocos años. El abogado del Ministerio de la Presidencia, Marco Iván Puña, buscó ayer a la familia de Mejido para reunirse y acordar de qué manera cooperaría en el esclarecer del hecho, lo que determinaría si se da curso o no al proceso abreviado.
Mientras que Aliaga reveló en la audiencia que giró los cheques de millones de bolivianos a nombre de Mejido, “obligado” por el Director Ejecutivo del Sedcam, Julio Villalobos. En medio del llanto, dijo que fue por temor a perder su fuente de trabajo, pese a que él le advirtió que eso debió realizarse previo trámite. Agregó que de este movimiento de dinero “conocía” el ex prefecto Fernández.
El sindicado aseguró también que está dispuesto a colaborar con la investigación y para "brindar datos". Su abogado, Carlos Frías, presentó a la juez Pérez un memorial de declinatoria de competencia para que el caso se remita a la Corte Distrital de Pando, porque el presunto delito de peculado se habría producido en esa región; sin embargo, la respuesta quedó en suspenso hasta el lunes, y de resulatr procedente, el proceso y las detenciones serían trasladados a esa región.
El asesor indicó que no presentará apelación a la detención preventiva porque en ningún momento se reconoció la competencia de la autoridad judicial paceña.
El Vice resta efectividad al paro El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que ningún paro o medida de presión torcerá la mano de la ley y ratificó que las personas procesadas por la masacre de Pando, el atentado terrorista a un gasoducto y la violenta toma de instituciones del Estado, entre agosto y septiembre, deberán asumir su defensa ante un tribunal de justicia.
"El Estado no va a permitir impunidad en torno a algo que afectó los intereses de los bolivianos, por tanto quienes tienen que preocuparse son los involucrados, que es el 0,0001 por ciento de los bolivianos, es decir un pequeño grupo que no debe pasar de 20 personas". García Linera indicó que las personas detenidas por esos hechos violentos, entre quienes se encuentran el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y el ex presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard; deberán someterse a la justicia para responder por las acusaciones. Insistió en que un eventual paro en Tarija y Santa Cruz la próxima semana como medida de presión para "frenar" una presunta "persecución política", es un desesperado intento por torcer el brazo de la ley.
Repercusiones Roger Pinto Podemos “Considero que podemos demostrar nuestra solidaridad. Branko Marinkovic o cualquiera puede responder ante la justicia, pero lo que pedimos es que haya el debido proceso y las garantías como para que cualquier ciudadano pueda defenderse. Ese procedimiento es el que tenemos que compartir y aceptar y además que ningún cuidadano pueda escaparse a la justicia. Pero si el Gobierno continua con la dinamica de detener, acusar y trasladar, esto no lo podemos aceptar más”.
Rubén Costas Prefecto de Santa Cruz “Sigamos unidos luchando por la libertad. Están amenazándonos y amedrentándonos porque temen perder el referéndum. Buscan encarcelar a nuestros líderes porque quieren enfrentamiento. Estos monstruos se alimentan de odio, de pelea, de sangre, pero seguiremos por la vía democrática. Iremos a un referéndum como lo han impuesto, pero saldremos victoriosos y fortalecidos”.
Patricia Galarza Cívica tarijeña “Una asamblea de instituciones definirá este lunes todos los detalles para que el paro de 24 horas que hemos anunciado se cumpla el miércoles 3 de diciembre, y sea acatado de manera contundente en todas las provincias y municipios del departamento tarijeño, en apoyo a los dos dirigentes cívicos detenidos. Con esta medida rechazamos la persecución gubernamental contra los dirigentes cívicos de todo el país”. César Navarro MAS “Lo que se hace es tomar una decisión judicial en base a una investigación seria, porque las demandas cívicas no pueden ser confundidas con acciones delincuenciales contra las instalaciones del Estado, que son de todos.
El pueblo de Tarija debe entender que este tipo de acciones (ilegales de los cívicos) no tiene nada que ver con sus justas y legítimas reivindicaciones, y por ello se deben resolver en la justicia ordinaria”. Oscar Montes Alcalde de Tarija “"No se puede judicializar las acciones políticas y las reivindicaciones regionales, por tanto hay un abuso del poder que lo está reflejando el Gobierno. Esta claro que (ahora) la reacción no puede ser otra que la solidaridad plena con el Presidente del Comité Cívico y los dirigentes detenidos, reactivando las medidas de presión, aunque con el riesgo de una mayor confrontación que nadie desea”. Mario Cossío Prefecto de Tarija “"Ninguno de ellos debería ser tratado como delincuente, porque aquí no hay ningún delincuente. La captura y detención de los cívicos tarijeños es ilegal porque no se respetó la norma para que presten sus declaraciones informativas en el lugar donde se cometió el supuesto delito, todo esto constituye una afrenta a la ley y a las garantías constitucionales. Les ofrecemos todo el apoyo legal”. (Valiosa crónica de La Prensa de La Paz, sobre el suceso político de últimas horas)
domingo, 30 de noviembre de 2008
viernes, 28 de noviembre de 2008
proteger, expandir, controlar la producción de coca es manejar el producto en moldes ortodoxos del neoliberalismo. qué capitalismo condena su discurso
Y la corneta desafinada de Evo Morales sigue tocando la misma nota. Repitiendo la consigna de eliminar al capitalismo por ser la causa de todos los males de la humanidad. Y lo dice sin ruborizarse. Claro está frente a sus socios: Chávez, el padrino, Correa el monaguillo, Ortega el gatillo fácil, al frente suyo el vicepresidente del consejo de ministros de Cuba Cabrisas le asiste con movimientos afirmativos de su cabeza ante las afirmaciones de que puede haber propiedad privada sin capitalismo.
Le había preguntado dijo Morales a su Ministro de Hacienda, sentado al lado suyo, y este le confirmó que la propiedad privada puede coexistir en el socialismo. Así que para evitar “rumores” de que Evo quiere terminar con la propiedad privada aclaró, por si acaso, que esto no es verdad.
La aclaración era oportuna, pues la propaganda oficial dice que la nueva constitución masista respeta la propiedad privada. ¿Qué tipo de propiedad privada estará considerando el señor Morales? Seguramente esa supeditada al goce y disfrute siempre que cumpla una función social. ¿Y qué entenderá por función social? Seguramente el reparto de las tierras trabajadas y en producción, que es más fácil, la prohibición expresa de tener más de una vivienda inscrita en Derechos Reales para ser distribuida entre los sin techo y por último si un patrimonio supera la cota considerada millonaria por su gobierno, la confiscación del excedente.
¿Es posible que como en Cuba tener celular sea una concesión del Estado? ¡Eso es propiedad privada y si te compras unas tasas para tomar café también es de tu propiedad! Vaya locura pensar que en Cuba no existe la propiedad privada.
En Venezuela, por ejemplo, la propiedad privada está mucho más extendida que en Cuba, sino pregúntenle a la familia Chávez. En Nicaragua ni que decir, el clan Ortega ya aseguró su futuro hace mucho tiempo. O sea que el sentido de la propiedad privada depende del socialismo que tengas.
En Bolivia puede ser más restringido el concepto de propiedad privada. Esto porque tanto el señor Morales como el señor García Linera en su vida han tenido patrimonio con el resultado de su trabajo y nunca han invertido un boliviano ni para ser “dulceros”. Así que para ellos la propiedad privada siempre es el resultado de la corrupción y el que tiene dinero es un maleante. Por eso ellos toman distancia del dinero y del capital.
Cómo no tienen sentido de la inversión, cómo no saben lo que es arriesgar el capital, entonces no pueden comprender que el capitalismo exige del capitalista muchas cualidades, que nuestros socialistas no tienen, por ejemplo: saber trabajar más y hablar menos. Buscar mercados para vender y saber vender, antes que estar jugando futbol o leyendo 20.000 libros. Cuidar de su inversión ante la competencia y multiplicar sus resultados con eficiencia. Racionalizar sus costes pues de esto depende que su grado de eficiencia y competitividad le aseguren mercados. Adecuar su proceso tecnológico para lo cual se requiere siempre de aporte de capital. Todo eso para Evo Morales y García Linera es cosa de iniciados en ciencias ocultas.
Lo curioso es que la historia tiene sus realidades: el socialismo real se derrumbo sin que nadie lo empuje, se fue por el caño de la ineficiencia y corrupción más grande que se haya conocido, en cambio los países capitalistas están vivitos y coleando, con crisis como la actual, y las que ya pasaron, pero siguen siendo una realidad social y política.
El capitalismo para poder desarrollarse necesita de dos pilares fundamentales: la libertad de empresa y el respeto a la iniciativa privada. La libertad de empresa va de la mano con la libertad de decisión y de buscar en el bien individual el bien social.
Evo Morales el indio socialista que protege, expande y controla la producción de coca, maneja este producto en los moldes más ortodoxos del neoliberalismo. Es en este sentido un capitán capitalista sin vuelta de hoja.
El precio de la coca se define por el mercado y sus derivados son el resultado de la demanda, los salarios que se pagan los fija el mercado del narcotráfico, los insumos se importan por las dos vías: la legal y el contrabando definen el precio final de la cocaína más una prima de riesgo, que en los últimos cinco años ha bajado gracias al control que ejercen los dirigentes de los cocaleros desde el gobierno.
Este capitalismo sería el que habría que combatir y no proteger, el otro el que vela por el bien común ese capitalismo seguirá su rumbo. (De Dante Pino en Hoy, Bolivia)
Le había preguntado dijo Morales a su Ministro de Hacienda, sentado al lado suyo, y este le confirmó que la propiedad privada puede coexistir en el socialismo. Así que para evitar “rumores” de que Evo quiere terminar con la propiedad privada aclaró, por si acaso, que esto no es verdad.
La aclaración era oportuna, pues la propaganda oficial dice que la nueva constitución masista respeta la propiedad privada. ¿Qué tipo de propiedad privada estará considerando el señor Morales? Seguramente esa supeditada al goce y disfrute siempre que cumpla una función social. ¿Y qué entenderá por función social? Seguramente el reparto de las tierras trabajadas y en producción, que es más fácil, la prohibición expresa de tener más de una vivienda inscrita en Derechos Reales para ser distribuida entre los sin techo y por último si un patrimonio supera la cota considerada millonaria por su gobierno, la confiscación del excedente.
¿Es posible que como en Cuba tener celular sea una concesión del Estado? ¡Eso es propiedad privada y si te compras unas tasas para tomar café también es de tu propiedad! Vaya locura pensar que en Cuba no existe la propiedad privada.
En Venezuela, por ejemplo, la propiedad privada está mucho más extendida que en Cuba, sino pregúntenle a la familia Chávez. En Nicaragua ni que decir, el clan Ortega ya aseguró su futuro hace mucho tiempo. O sea que el sentido de la propiedad privada depende del socialismo que tengas.
En Bolivia puede ser más restringido el concepto de propiedad privada. Esto porque tanto el señor Morales como el señor García Linera en su vida han tenido patrimonio con el resultado de su trabajo y nunca han invertido un boliviano ni para ser “dulceros”. Así que para ellos la propiedad privada siempre es el resultado de la corrupción y el que tiene dinero es un maleante. Por eso ellos toman distancia del dinero y del capital.
Cómo no tienen sentido de la inversión, cómo no saben lo que es arriesgar el capital, entonces no pueden comprender que el capitalismo exige del capitalista muchas cualidades, que nuestros socialistas no tienen, por ejemplo: saber trabajar más y hablar menos. Buscar mercados para vender y saber vender, antes que estar jugando futbol o leyendo 20.000 libros. Cuidar de su inversión ante la competencia y multiplicar sus resultados con eficiencia. Racionalizar sus costes pues de esto depende que su grado de eficiencia y competitividad le aseguren mercados. Adecuar su proceso tecnológico para lo cual se requiere siempre de aporte de capital. Todo eso para Evo Morales y García Linera es cosa de iniciados en ciencias ocultas.
Lo curioso es que la historia tiene sus realidades: el socialismo real se derrumbo sin que nadie lo empuje, se fue por el caño de la ineficiencia y corrupción más grande que se haya conocido, en cambio los países capitalistas están vivitos y coleando, con crisis como la actual, y las que ya pasaron, pero siguen siendo una realidad social y política.
El capitalismo para poder desarrollarse necesita de dos pilares fundamentales: la libertad de empresa y el respeto a la iniciativa privada. La libertad de empresa va de la mano con la libertad de decisión y de buscar en el bien individual el bien social.
Evo Morales el indio socialista que protege, expande y controla la producción de coca, maneja este producto en los moldes más ortodoxos del neoliberalismo. Es en este sentido un capitán capitalista sin vuelta de hoja.
El precio de la coca se define por el mercado y sus derivados son el resultado de la demanda, los salarios que se pagan los fija el mercado del narcotráfico, los insumos se importan por las dos vías: la legal y el contrabando definen el precio final de la cocaína más una prima de riesgo, que en los últimos cinco años ha bajado gracias al control que ejercen los dirigentes de los cocaleros desde el gobierno.
Este capitalismo sería el que habría que combatir y no proteger, el otro el que vela por el bien común ese capitalismo seguirá su rumbo. (De Dante Pino en Hoy, Bolivia)
jueves, 27 de noviembre de 2008
se trata de ejecutar un meditado plan de limpieza étnica y de conquista territorial. aymaras se expanden al oriente que nunca fue suyo!
Ahora que Unasur está presentando, en el mayor misterio y suspenso posible su informe; buen nombre porque es in-forme, no sigue las líneas de principios de justicia que debe adoptar una comisión de investigación para restituir derechos a los ciudadanos amenazados.
Ahora que la comisión del organismo armado por Hugo Chávez para favorecer sólo y nada más que a sus aliados se apresta a largar toda su artillería contra el prefecto Leopoldo Fernández y los cívicos de Pando, es el momento en el que la sociedad sana, si es que todavía existe, debe levantar su voz y su protesta para no permitir que se consagre la injusticia que se está armando como un tsunami criminalizador contra los disidentes u opositores al régimen de Morales y por ende de Hugo Chávez.
No es difícil adivinar que el Gobierno se está jugando el todo por el todo para meterle toda su artillería al caso de Leopoldo Fernández. Esto tiene razones de fondo que debemos analizar.
Los prefectos electos son un obstáculo para los planes del gobierno, razón por la que no ha hecho otra cosa que tratar de derrocarlos, apuntando a que de cara a las reelección presidencial del 2009 no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la elección del año 2005, en la que salió electo Evo Morales, pero cada departamento eligió prefectos que identificó como ligados a sus pueblos.
Dentro del sistema centralista unitario, los pueblos andinos que tienen mayor población decidieron la elección nacional, pero los prefectos elegidos les dieron a los departamentos la opción de comenzar el verdadero proceso de autonomías departamentales puesto que se logró formar una liga de prefectos que lograron una fortaleza inédita en toda la historia del centralismo secante de Bolivia, manejada desde el inicio de la República dentro de una estructura presidencialista caudillar.
Los prefectos electos habían ya de facto descentralizado el poder, en la real politik que es la que cuenta el poder central estaba seriamente herido de muerte pues estas personas tuvieron la gran oportunidad de ser lideres y no el brazo represivo del gobierno de turno.
Lastimosamente esta situación no fue aquilatada en su real dimensión por los poderes regionales que a la hora de la hora dejaron que se les escape la soga y el cabrito, porque aceptaron someterse al referéndum revocatorio que rompió el CONALDE y que tuvo el mismo efecto que cortarle los cabellos a Sansón. Los prefectos cada uno por sí sólo no tienen el poder que tiene el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que definió un esbozo de confederación de gobiernos departamentales democráticos, de autoridades electas y que representan legalmente a sus departamentos.
Una vez que estos incurrieron en el error, el Gobierno entabló la batalla definitiva para destruir la posibilidad de que se pruebe que el Gobierno de Evo Morales sólo tiene cabida en los andes y que los llanos y los valles de Bolivia son de vocación democrática y estaban dándole la mayor batalla por la democracia a un gobierno enfermo de parasitismo, verticalismo, abusos, imposiciones y que ha entregado al país a la lepra de la corrupción a cambio de que los corruptos se coman al país pero permanezcan de su lado para darle el tiro de gracia a la república de Bolivia, convirtiéndola en un Estado racista y dictatorial.
No perdamos de vista que con la toma de Pando y el apresamiento de Leopoldo, que como no tiene argumentos válidos ha recurrido a sus socios chavistas de UNASUR para forzar su encarcelamiento, el gobierno pretende destruir la posibilidad de que el oriente y valles se unan nuevamente y restituyan el hilo político de unidad, cultura, visión país.
La toma de Pando que intenta mostrarse como “genocidio, masacre”, es un genocidio al revés porque en realidad una etnia, una clase política y una cultura intentan generar una “limpieza étnica” y una “toma territorial” del Oriente y Valles de Boliva con el objetivo de repoblar, aculturizar y sacar a los habitantes de estas regiones del país.
La “limpieza étnica y toma territorial” ha comenzado a manos de Quintana en Pando y Beni y Almaraz en el Chaco, dos lugartenientes que se han lanzado a la conquista del Oriente boliviano. El vicepresidente Alvaro García dijo al respecto, después del vergonzoso pacto político por la constitución, “los prefectos han sido derrocados y han perdido su territorio”, porque en realidad el proceso de avasallamiento que estamos viviendo es un proceso de colonización interna, en el que tiene que haber amedrentamiento, se debe tomar el territorio con militares y con otras etnias para destituir a los pobladores originarios.
Las víctimas de genocidio, masacre, robo de territorio son los pandinos, benianos, cruceños, chaqueños y también le tocará el turno a Tarija, Chuquisaca y lo que queda de Cochabamba, porque la etnia que será usada para tomar territorio es la aymara, hasta que el gobierno concrete sus planes de domino y sometimiento en el país.
Tan bien concebido es el plan que cuenta con el apoyo internacional de UNASUR que es un apéndice del Foro de Sao Paulo que apunta a entronizar dictaduras afines que dominen el continente.
Defender a Leopoldo y a Pando no es subversivo es defensa propia, es inteligencia, es capacidad de lecturar a cabalidad lo que está sucediendo, el plan que le tienen destinada a nuestra cultura, a nuestra tierra a nuestra raza cruceña que es esencialmente mestiza y con focos indígenas que no pueden ser expulsados mañosamente de esta tierra que Dios y nuestros antepasados nos legaron.
Tal es la embestida que Organismos de DDHH afines al Gobierno han anunciado que se querellaran contra el ex prefecto Pandino. Algo inédito porque resulta que ahora estas organizaciones afines al Foro de Sao Paulo también se convertirían en parte querellante no sólo de Leopoldo sino de todos los habitantes del Oriente que con este régimen estamos destinados a ser expulsados de nuestra propia tierra.
El Gobierno en forma ilegal ha forzado que el prefecto Fernández sean juzgado por la justicia ordinaria a pesar de gozar de caso de corte pues no quiere soltar Pando que ya lo tiene tomado y ha infiltrado a Riberalta mientras ataca el Chaco en una ofensiva territorial de guerra interna.
Las llamadas organizaciones de DDHH que han informado que se querellarán contra del ex prefecto Leopoldo Fernández y UNASUR son cómplices de la Purga étnica y el proceso de colonización interna con toma de territorio que se está perpetrando en Bolivia, donde un gobierno embanderado en una ideología racista ha armado una guerra civil de baja intensidad que ya la está aplicando y que cuenta con cómplices nacionales e internacionales. (la reflexión pertenece a Centa Reck y figura en Hoy Bolivia)
Ahora que la comisión del organismo armado por Hugo Chávez para favorecer sólo y nada más que a sus aliados se apresta a largar toda su artillería contra el prefecto Leopoldo Fernández y los cívicos de Pando, es el momento en el que la sociedad sana, si es que todavía existe, debe levantar su voz y su protesta para no permitir que se consagre la injusticia que se está armando como un tsunami criminalizador contra los disidentes u opositores al régimen de Morales y por ende de Hugo Chávez.
No es difícil adivinar que el Gobierno se está jugando el todo por el todo para meterle toda su artillería al caso de Leopoldo Fernández. Esto tiene razones de fondo que debemos analizar.
Los prefectos electos son un obstáculo para los planes del gobierno, razón por la que no ha hecho otra cosa que tratar de derrocarlos, apuntando a que de cara a las reelección presidencial del 2009 no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la elección del año 2005, en la que salió electo Evo Morales, pero cada departamento eligió prefectos que identificó como ligados a sus pueblos.
Dentro del sistema centralista unitario, los pueblos andinos que tienen mayor población decidieron la elección nacional, pero los prefectos elegidos les dieron a los departamentos la opción de comenzar el verdadero proceso de autonomías departamentales puesto que se logró formar una liga de prefectos que lograron una fortaleza inédita en toda la historia del centralismo secante de Bolivia, manejada desde el inicio de la República dentro de una estructura presidencialista caudillar.
Los prefectos electos habían ya de facto descentralizado el poder, en la real politik que es la que cuenta el poder central estaba seriamente herido de muerte pues estas personas tuvieron la gran oportunidad de ser lideres y no el brazo represivo del gobierno de turno.
Lastimosamente esta situación no fue aquilatada en su real dimensión por los poderes regionales que a la hora de la hora dejaron que se les escape la soga y el cabrito, porque aceptaron someterse al referéndum revocatorio que rompió el CONALDE y que tuvo el mismo efecto que cortarle los cabellos a Sansón. Los prefectos cada uno por sí sólo no tienen el poder que tiene el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que definió un esbozo de confederación de gobiernos departamentales democráticos, de autoridades electas y que representan legalmente a sus departamentos.
Una vez que estos incurrieron en el error, el Gobierno entabló la batalla definitiva para destruir la posibilidad de que se pruebe que el Gobierno de Evo Morales sólo tiene cabida en los andes y que los llanos y los valles de Bolivia son de vocación democrática y estaban dándole la mayor batalla por la democracia a un gobierno enfermo de parasitismo, verticalismo, abusos, imposiciones y que ha entregado al país a la lepra de la corrupción a cambio de que los corruptos se coman al país pero permanezcan de su lado para darle el tiro de gracia a la república de Bolivia, convirtiéndola en un Estado racista y dictatorial.
No perdamos de vista que con la toma de Pando y el apresamiento de Leopoldo, que como no tiene argumentos válidos ha recurrido a sus socios chavistas de UNASUR para forzar su encarcelamiento, el gobierno pretende destruir la posibilidad de que el oriente y valles se unan nuevamente y restituyan el hilo político de unidad, cultura, visión país.
La toma de Pando que intenta mostrarse como “genocidio, masacre”, es un genocidio al revés porque en realidad una etnia, una clase política y una cultura intentan generar una “limpieza étnica” y una “toma territorial” del Oriente y Valles de Boliva con el objetivo de repoblar, aculturizar y sacar a los habitantes de estas regiones del país.
La “limpieza étnica y toma territorial” ha comenzado a manos de Quintana en Pando y Beni y Almaraz en el Chaco, dos lugartenientes que se han lanzado a la conquista del Oriente boliviano. El vicepresidente Alvaro García dijo al respecto, después del vergonzoso pacto político por la constitución, “los prefectos han sido derrocados y han perdido su territorio”, porque en realidad el proceso de avasallamiento que estamos viviendo es un proceso de colonización interna, en el que tiene que haber amedrentamiento, se debe tomar el territorio con militares y con otras etnias para destituir a los pobladores originarios.
Las víctimas de genocidio, masacre, robo de territorio son los pandinos, benianos, cruceños, chaqueños y también le tocará el turno a Tarija, Chuquisaca y lo que queda de Cochabamba, porque la etnia que será usada para tomar territorio es la aymara, hasta que el gobierno concrete sus planes de domino y sometimiento en el país.
Tan bien concebido es el plan que cuenta con el apoyo internacional de UNASUR que es un apéndice del Foro de Sao Paulo que apunta a entronizar dictaduras afines que dominen el continente.
Defender a Leopoldo y a Pando no es subversivo es defensa propia, es inteligencia, es capacidad de lecturar a cabalidad lo que está sucediendo, el plan que le tienen destinada a nuestra cultura, a nuestra tierra a nuestra raza cruceña que es esencialmente mestiza y con focos indígenas que no pueden ser expulsados mañosamente de esta tierra que Dios y nuestros antepasados nos legaron.
Tal es la embestida que Organismos de DDHH afines al Gobierno han anunciado que se querellaran contra el ex prefecto Pandino. Algo inédito porque resulta que ahora estas organizaciones afines al Foro de Sao Paulo también se convertirían en parte querellante no sólo de Leopoldo sino de todos los habitantes del Oriente que con este régimen estamos destinados a ser expulsados de nuestra propia tierra.
El Gobierno en forma ilegal ha forzado que el prefecto Fernández sean juzgado por la justicia ordinaria a pesar de gozar de caso de corte pues no quiere soltar Pando que ya lo tiene tomado y ha infiltrado a Riberalta mientras ataca el Chaco en una ofensiva territorial de guerra interna.
Las llamadas organizaciones de DDHH que han informado que se querellarán contra del ex prefecto Leopoldo Fernández y UNASUR son cómplices de la Purga étnica y el proceso de colonización interna con toma de territorio que se está perpetrando en Bolivia, donde un gobierno embanderado en una ideología racista ha armado una guerra civil de baja intensidad que ya la está aplicando y que cuenta con cómplices nacionales e internacionales. (la reflexión pertenece a Centa Reck y figura en Hoy Bolivia)
miércoles, 26 de noviembre de 2008
si ayer reclamamos por una palabra de UNASUR con relación a la masacre de achacachi hoy protestamos por su intromisión y juego que le hace al evismo!
Cuando la mentira quiere pasar por cierta no disimula su apremio para que la tomen por tal e incluso toma como nombre propio el de "verdad"; este y no otro es el motivo para que la comisión de DDHH de Unasur que dice haber investigado el enfrentamiento ocurrido en Pando haya adoptado el nombre de "Comisión de la Verdad".
Dentro de este tenor el informe de UNASUR, pretende seducir con su canto de sirena, en un esfuerzo por hacer que los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional se confundan y presten oídos a un trabajo encomendado por el artífice y comandante de Unasur, el coronel Hugo Chávez, a Rodolfo Mattarollo y su equipo, respaldados por una entidad anodina, sin valor ni representatividad, que no sea la de servir a los presidentes que han salido del Foro de Sao Paulo y que intentan transformarse en dictadores de sus respectivos países y que en el futuro plantean formar una confederación de regímenes dictatoriales que disfrazados de democracias se reservan la tarea de someter al continente, proyecto que ya está encaminado tal como lo anuncia la constitución venezolana (art 153) y el proyecto de constitución Masista (art 265), las que también apuntan a que sus países cedan soberanía para permitir la injerencia de unos gobiernos sobre otros, lo que en el fondo garantiza el dominio y hegemonía de Hugo Chávez sobre la región.
El intento de injerencia del citado organismo --UNASUR-- es tal que se ha atrevido a pretender que su comisión unilateral, absoluta e impúdicamente parcializada se convierta en la palabra consagrada para dar un veredicto sobre los infortunados sucesos de Pando, donde una veintena de personas perdieron la vida en circunstancias todavía no esclarecidas en justicia y en la que hubo una clara participación del gobierno, que a través del ministro de la presidencia provocó el enfrentamiento con claras intenciones que responden a un plan de toma y militarización de este departamento.
Hay que ser muy interesado y para nada apegado a la noble tarea de encontrar un discernimiento en los hechos para decir que lo que ocurrió en Pando fue unilateralmente cometido por los cívicos y habitantes de la región, quienes respondieron a un hostigamiento.
Pero las cosas no terminan en este punto porque en una franca intromisión a fin de favorecer al gobierno de Evo Morales, Unasur a la cabeza de su presidenta pro tempore la pediatra Michelle Bachelet han adelantado que el informe obtenido "consolida el Estado Derecho en Bolivia y en toda la región".
Lo que esta cofradía no dice es que ellos confunden Estado de Derecho con Derechos que se otorga el Estado en acciones de militarización y medidas de excepción, persecuciones, apresamiento ilegales, secuestros y todo tipo de violencia y atropellos perpetrados contra sus opositores.
La chilena Bachelet planteó además que "el informe constituye una importante contribución de la Unasur al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región". Y aquí tenemos que prestar especial oído al termino "impunidad" porque Unasur pretende convertirse en el canto de sirena que levante una cortina de humo sobre los atropellos que algunos de sus gobiernos ya están cometiendo para criminalizar a los opositores y encarcelarlos a fin de gozar de impunidad ellos mismos respaldados por las distorsionadas conclusiones de sus informes.
Debemos señalar también que el informe será abierto al mismo tiempo que ha aparecido un video que extrañamente el gobierno boliviano se tomó su tiempo para publicitarlo y que pretende convertirlo en una supuesta prueba que apoye el encarcelamiento de opositores que se han defendido de un ataque y que no han tenido el trato justo de una comisión imparcial y equilibrada.
La complicidad de Bachelet llega a tanto que se ha animado a avalar "recomendaciones" al presidente Morales. Imaginen que el informe traerá incluso "recomendaciones para la lucha contra la impunidad", según explicó Mattarollo, que en el colmo de su inclinación expresó que su informe "contiene recomendaciones sobre la reforma de la administración de Justicia", confirmando que "efectivamente trae toda una vertiente que se refiere al refuerzo institucional".
Con esto Mattarollo y la Bachelet pretenden hacerse los del otro viernes acerca de la desintitucionalizacion y el atropello a la justicia que está realizando en Bolivia el gobierno de Evo Morales.
Chile debería tomar en serio la intencionalidad que tiene su presidenta, en la medida que fungiendo como presidenta pro tempore de Unasur contribuye a la distorción del trabajo que concierne hacer a una comisión de DDHH.(autoría de centa reck que no se puede ignorar)
Dentro de este tenor el informe de UNASUR, pretende seducir con su canto de sirena, en un esfuerzo por hacer que los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional se confundan y presten oídos a un trabajo encomendado por el artífice y comandante de Unasur, el coronel Hugo Chávez, a Rodolfo Mattarollo y su equipo, respaldados por una entidad anodina, sin valor ni representatividad, que no sea la de servir a los presidentes que han salido del Foro de Sao Paulo y que intentan transformarse en dictadores de sus respectivos países y que en el futuro plantean formar una confederación de regímenes dictatoriales que disfrazados de democracias se reservan la tarea de someter al continente, proyecto que ya está encaminado tal como lo anuncia la constitución venezolana (art 153) y el proyecto de constitución Masista (art 265), las que también apuntan a que sus países cedan soberanía para permitir la injerencia de unos gobiernos sobre otros, lo que en el fondo garantiza el dominio y hegemonía de Hugo Chávez sobre la región.
El intento de injerencia del citado organismo --UNASUR-- es tal que se ha atrevido a pretender que su comisión unilateral, absoluta e impúdicamente parcializada se convierta en la palabra consagrada para dar un veredicto sobre los infortunados sucesos de Pando, donde una veintena de personas perdieron la vida en circunstancias todavía no esclarecidas en justicia y en la que hubo una clara participación del gobierno, que a través del ministro de la presidencia provocó el enfrentamiento con claras intenciones que responden a un plan de toma y militarización de este departamento.
Hay que ser muy interesado y para nada apegado a la noble tarea de encontrar un discernimiento en los hechos para decir que lo que ocurrió en Pando fue unilateralmente cometido por los cívicos y habitantes de la región, quienes respondieron a un hostigamiento.
Pero las cosas no terminan en este punto porque en una franca intromisión a fin de favorecer al gobierno de Evo Morales, Unasur a la cabeza de su presidenta pro tempore la pediatra Michelle Bachelet han adelantado que el informe obtenido "consolida el Estado Derecho en Bolivia y en toda la región".
Lo que esta cofradía no dice es que ellos confunden Estado de Derecho con Derechos que se otorga el Estado en acciones de militarización y medidas de excepción, persecuciones, apresamiento ilegales, secuestros y todo tipo de violencia y atropellos perpetrados contra sus opositores.
La chilena Bachelet planteó además que "el informe constituye una importante contribución de la Unasur al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región". Y aquí tenemos que prestar especial oído al termino "impunidad" porque Unasur pretende convertirse en el canto de sirena que levante una cortina de humo sobre los atropellos que algunos de sus gobiernos ya están cometiendo para criminalizar a los opositores y encarcelarlos a fin de gozar de impunidad ellos mismos respaldados por las distorsionadas conclusiones de sus informes.
Debemos señalar también que el informe será abierto al mismo tiempo que ha aparecido un video que extrañamente el gobierno boliviano se tomó su tiempo para publicitarlo y que pretende convertirlo en una supuesta prueba que apoye el encarcelamiento de opositores que se han defendido de un ataque y que no han tenido el trato justo de una comisión imparcial y equilibrada.
La complicidad de Bachelet llega a tanto que se ha animado a avalar "recomendaciones" al presidente Morales. Imaginen que el informe traerá incluso "recomendaciones para la lucha contra la impunidad", según explicó Mattarollo, que en el colmo de su inclinación expresó que su informe "contiene recomendaciones sobre la reforma de la administración de Justicia", confirmando que "efectivamente trae toda una vertiente que se refiere al refuerzo institucional".
Con esto Mattarollo y la Bachelet pretenden hacerse los del otro viernes acerca de la desintitucionalizacion y el atropello a la justicia que está realizando en Bolivia el gobierno de Evo Morales.
Chile debería tomar en serio la intencionalidad que tiene su presidenta, en la medida que fungiendo como presidenta pro tempore de Unasur contribuye a la distorción del trabajo que concierne hacer a una comisión de DDHH.(autoría de centa reck que no se puede ignorar)
lunes, 24 de noviembre de 2008
porqué no abre la boca UNASUR por la barbarie de achacachi? se pregunta harold olmos, desde su sitio en la webb
El episodio salvaje de Achacachi se veía venir, al igual que otros que pueden estar guardados en el armario del horror. Una primera observación es que los campesinos, sobre todo del altiplano, se sienten en el poder, lo que en sí no es malo. Lo malo es que se sientan investidos de una omnipotencia que los lleva a aplicar una justicia falsa y asesina bajo la creencia de que están por encima de la ley y son inmunes, inclusive cuando convierten a seres humanos en antorchas. Una segunda reflexión es que se sienten envalentonados con la convicción de que el proyecto de Constitución privilegia sus formas de ‘justicia’ (el del lunes pasado fue un asesinato. Punto).
El Gobierno debe ser terminante diciendo que esa forma de actuar es propia de salvajes, que lo avergüenza ante el mundo y que la repudia. De otra manera, será visto como complaciente con la barbarie. Lo ocurrido en Achacachi, pueblo en el que el vicepresidente García Linera declaró que fue allí donde aprendió a matar, es el peor revés sufrido por el proyecto de Constitución del Gobierno, ya considerado como ilegal por gran parte de la ciudadanía, que vio su grotesca aprobación en Sucre y Oruro en jornadas de violencia que todos quisieran olvidar.Si de algo no necesitaban ni el Gobierno ni su partido era que turbas enfurecidas de la ciudad más aimara del país tomasen un autobús que transportaba a una presunta banda de asaltantes, desalojasen a los ocupantes, quemasen el vehículo y luego los trasladasen hasta un estadio.
Allí, frente a muchos testigos, se los desnudó y se les regó gasolina y querosén antes de prenderles fuego y rodearlos para azotarlos, golpearlos y contemplar el macabro espectáculo. Es una pesadilla que el presidente Morales no olvidará fácilmente. En el fondo, la conciencia le gritará que de alguna manera él lo alentó cuando decía que la ley era hecha para ser incumplida, que sus asesores se encargarían de corregir errores para legalizar un instrumento ilegal, que éste es el Gobierno del retorno al mundo ilusoriamente plácido de hace 500 años, aunque sea una ironía que los victimados fuesen parte de quienes supuestamente deberían ser vengados por siglos de explotación.
Una tercera observación es la ausencia de seguridad y de justicia, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para todos los bolivianos. Los asesinatos y asaltos son rutina en casi todo el país. Muchos lugares parecen tomados por bandidos que delinquen amparados en la inoperancia policial. Ignoro cuál era la situación de la justicia antes del actual Gobierno, pero la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Se incuba también en la deshonestidad de las autoridades, en su complacencia con los delitos y las frustraciones de la población, que aún antes de Evo Morales ve desaparecer diariamente sus esperanzas de vivir mejor.
Quizá deba llamarse a Unasur, tan comedida para evaluar la masacre de Pando, pero que no abrió la boca por los cientos de refugiados en Brasil ni encogió el ceño cuando el Gobierno originario se negó a obedecer al Poder Judicial y amenazó con procesar a quienes se atrevieron a decirle que debe trasladar a Leopoldo Fernández a Sucre, porque así lo dictan las leyes que quiere suprimir con su proyecto de Constitución.
En otras partes, crímenes así han horrorizado a toda la sociedad. Cuando hace algunos años un periodista fue descuartizado en Río de Janeiro, la sociedad brasileña se movilizó escandalizada y no paró hasta que la Policía capturó al narcotraficante y sus secuaces que habían matado al reportero quemándolo hasta convertirlo en cenizas. ¿Qué más nos queda ver a los bolivianos? Hoy me asalta el temor de que nuevos episodios estén al acecho.
* Periodista, http://haroldolmos.wordpress.com
El Gobierno debe ser terminante diciendo que esa forma de actuar es propia de salvajes, que lo avergüenza ante el mundo y que la repudia. De otra manera, será visto como complaciente con la barbarie. Lo ocurrido en Achacachi, pueblo en el que el vicepresidente García Linera declaró que fue allí donde aprendió a matar, es el peor revés sufrido por el proyecto de Constitución del Gobierno, ya considerado como ilegal por gran parte de la ciudadanía, que vio su grotesca aprobación en Sucre y Oruro en jornadas de violencia que todos quisieran olvidar.Si de algo no necesitaban ni el Gobierno ni su partido era que turbas enfurecidas de la ciudad más aimara del país tomasen un autobús que transportaba a una presunta banda de asaltantes, desalojasen a los ocupantes, quemasen el vehículo y luego los trasladasen hasta un estadio.
Allí, frente a muchos testigos, se los desnudó y se les regó gasolina y querosén antes de prenderles fuego y rodearlos para azotarlos, golpearlos y contemplar el macabro espectáculo. Es una pesadilla que el presidente Morales no olvidará fácilmente. En el fondo, la conciencia le gritará que de alguna manera él lo alentó cuando decía que la ley era hecha para ser incumplida, que sus asesores se encargarían de corregir errores para legalizar un instrumento ilegal, que éste es el Gobierno del retorno al mundo ilusoriamente plácido de hace 500 años, aunque sea una ironía que los victimados fuesen parte de quienes supuestamente deberían ser vengados por siglos de explotación.
Una tercera observación es la ausencia de seguridad y de justicia, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para todos los bolivianos. Los asesinatos y asaltos son rutina en casi todo el país. Muchos lugares parecen tomados por bandidos que delinquen amparados en la inoperancia policial. Ignoro cuál era la situación de la justicia antes del actual Gobierno, pero la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Se incuba también en la deshonestidad de las autoridades, en su complacencia con los delitos y las frustraciones de la población, que aún antes de Evo Morales ve desaparecer diariamente sus esperanzas de vivir mejor.
Quizá deba llamarse a Unasur, tan comedida para evaluar la masacre de Pando, pero que no abrió la boca por los cientos de refugiados en Brasil ni encogió el ceño cuando el Gobierno originario se negó a obedecer al Poder Judicial y amenazó con procesar a quienes se atrevieron a decirle que debe trasladar a Leopoldo Fernández a Sucre, porque así lo dictan las leyes que quiere suprimir con su proyecto de Constitución.
En otras partes, crímenes así han horrorizado a toda la sociedad. Cuando hace algunos años un periodista fue descuartizado en Río de Janeiro, la sociedad brasileña se movilizó escandalizada y no paró hasta que la Policía capturó al narcotraficante y sus secuaces que habían matado al reportero quemándolo hasta convertirlo en cenizas. ¿Qué más nos queda ver a los bolivianos? Hoy me asalta el temor de que nuevos episodios estén al acecho.
* Periodista, http://haroldolmos.wordpress.com
jueves, 20 de noviembre de 2008
las víctimas son ahora los reos...protegidos en la justicia comunitaria los torturadores y asesinos gozan de la protección de "su ley" en achacachi!!!
Los pobladores de Achacachi se declaran en emergencia y aprueban un pacto del silencio La Paz, 19 Nov (Erbol).- Los pobladores del municipio de Achacachi, primera sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, resolvieron hoy declararse en estado de emergencia, un pacto del silencio y no permitir el ingreso de ningún juez ni fiscal al lugar para investigar el linchamiento de dos presuntos delincuentes.
La decisión fue tomada esta noche en una reunión ampliada, después de una multitudinaria marcha de protesta y desagravio, en la que participaron dirigentes de la junta de vecinos, representantes cantonales y población en general.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, Eduardo Quispe, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que se resolvió rechazar las aseveraciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se declaró estado de emergencia y se aprobó un estado (pacto) de silencio.
“En la reunión hemos decidido declararnos en estado de emergencia y estado de silencio, nadie tiene derecho hablar ni media palabra, es lo que significa un estado del silencio”, afirmó.
El dirigente vecinal advirtió que ningún jueces ni investigador, sea de la Fiscalía o de la Policía Nacional, pueden ingresar al municipio de Achacachi, tampoco los medios de comunicación, de hacerlo, dijo “que se atengan a las consecuencias”.
El proyecto de constitución aprobado por el M.A.S. y PODEMOS dice:Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Parte de la cultura precolonial de este municipio es actuar como lo hicieron. Son las manifestaciones más puras, más elogiadas y respetadas de esta cultura. Son famosos porque degüellan perros y dicen que hasta se comen a la gente. En su seno están los “ponchos rojos” fuerza de choque dirigida por el señor García Linera, elementos que son enviados como demostración del poder que tiene la violencia incluso a desfiles en Santa Cruz, una manera de amenazar a otras culturas que viven de su trabajo y esfuerzo para crecer.
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
Después de estos relumbrantes artículos por los cuales PODEMOS como coautores intelectuales de los parches efectuados, y de haber facilitado mediante “la voluntad política” su aplicación futura debieran luego de la demostración anticipada de lo que sucederá en el futuro tener la decencia de callarse.
Lo cierto es que la aprobación de esta constitución está abriendo las compuertas de un dique que contiene aguas muy profundas. (De Dante Pino en Hoy Bolivia)
La decisión fue tomada esta noche en una reunión ampliada, después de una multitudinaria marcha de protesta y desagravio, en la que participaron dirigentes de la junta de vecinos, representantes cantonales y población en general.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, Eduardo Quispe, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que se resolvió rechazar las aseveraciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se declaró estado de emergencia y se aprobó un estado (pacto) de silencio.
“En la reunión hemos decidido declararnos en estado de emergencia y estado de silencio, nadie tiene derecho hablar ni media palabra, es lo que significa un estado del silencio”, afirmó.
El dirigente vecinal advirtió que ningún jueces ni investigador, sea de la Fiscalía o de la Policía Nacional, pueden ingresar al municipio de Achacachi, tampoco los medios de comunicación, de hacerlo, dijo “que se atengan a las consecuencias”.
El proyecto de constitución aprobado por el M.A.S. y PODEMOS dice:Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Parte de la cultura precolonial de este municipio es actuar como lo hicieron. Son las manifestaciones más puras, más elogiadas y respetadas de esta cultura. Son famosos porque degüellan perros y dicen que hasta se comen a la gente. En su seno están los “ponchos rojos” fuerza de choque dirigida por el señor García Linera, elementos que son enviados como demostración del poder que tiene la violencia incluso a desfiles en Santa Cruz, una manera de amenazar a otras culturas que viven de su trabajo y esfuerzo para crecer.
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
Después de estos relumbrantes artículos por los cuales PODEMOS como coautores intelectuales de los parches efectuados, y de haber facilitado mediante “la voluntad política” su aplicación futura debieran luego de la demostración anticipada de lo que sucederá en el futuro tener la decencia de callarse.
Lo cierto es que la aprobación de esta constitución está abriendo las compuertas de un dique que contiene aguas muy profundas. (De Dante Pino en Hoy Bolivia)
martes, 18 de noviembre de 2008
la reggaeton de la gasolina por centa reck...o la imposición de un libreto rojo de reivindicaciones
Las colas que se estaban instituyendo, aspirando a ser aceptadas como parte de la economía planificada que se plantea como eje de la refundación del Estado, han sido ocasionalmente dispersadas por la "operación puño de hierro", que está controlando el flujo de los conbustibles que es ahora parte de las funciones de la nacionalizada YPFB.
Decimos que esto es provisorio, porque el proyecto de constitución del MAS, constitucionalizará sin duda no sólo los nuevos empoderamientos sino las prácticas de corruptela que gracias a los nuevos actores políticos se están instituyendo en consecuencia, y las que incluyen una propensión a los bienes escasos sin explicaciones claras, situación a la que subyace la ineficiencia de funcionarios públicos puestos a dedo dentro de un proyecto de gobierno que para realizar el empoderamiento de un grupo social sobre otro, reniega de la meritocracia, pasa por alto la formación profesional y pone en lugares estratégicos a personas que no tienen los conocimientos técnicos, teniendo como único mérito los favores que les son devueltos por servicios prestados al partido.
Los bienes escasos son el paso previo al mercado negro que siempre se instituye como si se tratara de una consecuencia lógica o de un apéndice de las economías planificadas y furiosamente centralizadas como va en camino a ser la boliviana.
También tiene la culpa de esta situación una oposición que ha tenido actuaciones raquíticas, salvo algunos congresistas jóvenes que siguen luchando, denunciando, sin que los apoyen o les ayuden en absoluto sus estructuras partidarias.
La corrupción institucionalizada, sigue siendo uno de los factores que más peso tiene en la crisis terminal del Estado boliviano, que pretende subsanar sus problemáticas sólo por medio de acciones políticas demagógicas y populistas, dejando de lado la eficiencia y el tratamiento adecuado y racional de los temas económicos y productivos.
Para muestra de lo que se nos viene tenemos lo que ocurre ya con los combustibles, el gas y el plan de viviendas sociales que nos muestra que lo que no termina en cola acaba en un culebrón de negociados al interior del gobierno y de corrupción y estafa, denuncias de la que no se ha librado ni la misma viceministra anticorrupción, mostrándonos a la presente gestión con mayores índices de corrupción que el pasado neoliberal. Agrava esta situación el hecho de que el mismo Presidente aunque no le ha quedado más que admitir que existe corrupción, no ha tomado acciones pertinentes y de esclarecimiento de los casos que ya son públicos e inocultables.
La nacionalizada YPFB, aunque ha tratado de ocultar la corrupción interna planteando que han cometido "el error" de no haber planificado adecuadamente ni haber hecho las inversiones necesarias, y el mismo presidente Morales ha tratado de amortiguar el golpe con la declaración de que "los corruptos son los de abajo y se va a hacer una limpieza pero por supuesto que defendiendo y excluyendo de todo cargo y sospecha a Santos Ramírez, Aruquipa y Saul Ávalos", máximos ejecutivos de la institución; situación muy controvertida porque no se puede admitir que el contrabando de combustibles pase desapercibido a la cúpula de jefes que administran y dirigen la organización estatal encargada de la produccion , transporte y comercialización de carburantes.
Desde que se instituyó la operación policial y militar "puño de hierro" la escasez de carburantes ha disminuido drásticamente, sin llegar a eliminar la racionalización como sería lo adecuado.
Esto se constituye en la prueba irrefutable de que el combustible escasea porque el contrabando trae grandes réditos a los del partido que están en pleno apogeo del trafico ilegal de combustible al exterior y que al interior del país cuentan con una red de revendedores donde según denuncias de los agropecuarios el diesel se puede comprar con holgura pero al doble de su precio.
Pero en este ritmo de reggaeton en el que parece haber entrado el Gobierno, sabemos que este apenas acaba de prender sus motores y que desgraciadamente el mismo presidente Morales privilegia tener secuaces a funcionarios de valía y que los cambios profundamente radicales que pretende hacer en el país, no le permiten hacer un alto en el camino por miedo a tener que renunciar a sus propias aspiraciones de acumulación de poder.
El nuevo paradigma es nacionalizar, estatizar, centralizar y la nueva consecuencia de este paradigmático paradigma es usar, abusar, derrochar los bienes del Estado, mientras los indicadores de desarrollo humano y social están retrocediendo a límites que pueden ser imprevisibles y galopantes para una ciudadanía postergada, anulada en sus demandas y a la que se le pretende imponer un libreto rojo rojito de supuestas reivindicaciones socio económicas y políticas.
"Que se preparen q lo q viene es pa q le den, (...)" dice Daddy Yankee en su reggaeton/ "Mamita yo se que tu no te me va´ a quitar (....!)"/ Lo que me gusta es q tu te dejas llevar (...!!) / La ineficiencia, la inoperancia, la corrupción, la violencia, los negocios turbios, "el puño de hierro" para algunos y los ojos cerrados para otros es parte de la letra y el ritmo de este nuevo reggaeton que se destapa con la gasolina.
Decimos que esto es provisorio, porque el proyecto de constitución del MAS, constitucionalizará sin duda no sólo los nuevos empoderamientos sino las prácticas de corruptela que gracias a los nuevos actores políticos se están instituyendo en consecuencia, y las que incluyen una propensión a los bienes escasos sin explicaciones claras, situación a la que subyace la ineficiencia de funcionarios públicos puestos a dedo dentro de un proyecto de gobierno que para realizar el empoderamiento de un grupo social sobre otro, reniega de la meritocracia, pasa por alto la formación profesional y pone en lugares estratégicos a personas que no tienen los conocimientos técnicos, teniendo como único mérito los favores que les son devueltos por servicios prestados al partido.
Los bienes escasos son el paso previo al mercado negro que siempre se instituye como si se tratara de una consecuencia lógica o de un apéndice de las economías planificadas y furiosamente centralizadas como va en camino a ser la boliviana.
También tiene la culpa de esta situación una oposición que ha tenido actuaciones raquíticas, salvo algunos congresistas jóvenes que siguen luchando, denunciando, sin que los apoyen o les ayuden en absoluto sus estructuras partidarias.
La corrupción institucionalizada, sigue siendo uno de los factores que más peso tiene en la crisis terminal del Estado boliviano, que pretende subsanar sus problemáticas sólo por medio de acciones políticas demagógicas y populistas, dejando de lado la eficiencia y el tratamiento adecuado y racional de los temas económicos y productivos.
Para muestra de lo que se nos viene tenemos lo que ocurre ya con los combustibles, el gas y el plan de viviendas sociales que nos muestra que lo que no termina en cola acaba en un culebrón de negociados al interior del gobierno y de corrupción y estafa, denuncias de la que no se ha librado ni la misma viceministra anticorrupción, mostrándonos a la presente gestión con mayores índices de corrupción que el pasado neoliberal. Agrava esta situación el hecho de que el mismo Presidente aunque no le ha quedado más que admitir que existe corrupción, no ha tomado acciones pertinentes y de esclarecimiento de los casos que ya son públicos e inocultables.
La nacionalizada YPFB, aunque ha tratado de ocultar la corrupción interna planteando que han cometido "el error" de no haber planificado adecuadamente ni haber hecho las inversiones necesarias, y el mismo presidente Morales ha tratado de amortiguar el golpe con la declaración de que "los corruptos son los de abajo y se va a hacer una limpieza pero por supuesto que defendiendo y excluyendo de todo cargo y sospecha a Santos Ramírez, Aruquipa y Saul Ávalos", máximos ejecutivos de la institución; situación muy controvertida porque no se puede admitir que el contrabando de combustibles pase desapercibido a la cúpula de jefes que administran y dirigen la organización estatal encargada de la produccion , transporte y comercialización de carburantes.
Desde que se instituyó la operación policial y militar "puño de hierro" la escasez de carburantes ha disminuido drásticamente, sin llegar a eliminar la racionalización como sería lo adecuado.
Esto se constituye en la prueba irrefutable de que el combustible escasea porque el contrabando trae grandes réditos a los del partido que están en pleno apogeo del trafico ilegal de combustible al exterior y que al interior del país cuentan con una red de revendedores donde según denuncias de los agropecuarios el diesel se puede comprar con holgura pero al doble de su precio.
Pero en este ritmo de reggaeton en el que parece haber entrado el Gobierno, sabemos que este apenas acaba de prender sus motores y que desgraciadamente el mismo presidente Morales privilegia tener secuaces a funcionarios de valía y que los cambios profundamente radicales que pretende hacer en el país, no le permiten hacer un alto en el camino por miedo a tener que renunciar a sus propias aspiraciones de acumulación de poder.
El nuevo paradigma es nacionalizar, estatizar, centralizar y la nueva consecuencia de este paradigmático paradigma es usar, abusar, derrochar los bienes del Estado, mientras los indicadores de desarrollo humano y social están retrocediendo a límites que pueden ser imprevisibles y galopantes para una ciudadanía postergada, anulada en sus demandas y a la que se le pretende imponer un libreto rojo rojito de supuestas reivindicaciones socio económicas y políticas.
"Que se preparen q lo q viene es pa q le den, (...)" dice Daddy Yankee en su reggaeton/ "Mamita yo se que tu no te me va´ a quitar (....!)"/ Lo que me gusta es q tu te dejas llevar (...!!) / La ineficiencia, la inoperancia, la corrupción, la violencia, los negocios turbios, "el puño de hierro" para algunos y los ojos cerrados para otros es parte de la letra y el ritmo de este nuevo reggaeton que se destapa con la gasolina.
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