la visita de Lula se inscribe en el camino hacia la dictadura porque a cambio de los piropos a Evo, Bolivia perdona millones cambiando "oro x espejito

La llegada al país de Lula, el presidente brasileño, estuvo rodeada de un enorme despliegue publicitarioy fue presentada como un gran acontecimiento por los estrategas de comunicación del gobierno. Sin embargo, si nos atrevemos a ver más allá de la fanfarria, se advierte de que Lula, quien fue mostrado como un benefactor, en realidad vino a Bolivia para preservar los intereses de Petrobras y, en suma, los de su país, que en este caso, están contrapuestos a los de Bolivia.

Lula, en realidad está haciendo lo que debe hacer y hace todo gobernante que se respete; esto es defender y proyectar los intereses de su país. Itamaraty, la cancillería brasileña, ha demostrado ser muy hábil en este aspecto. En dictadura y en democracia mantienen las mismas líneas básicas de defensa de sus intereses.

Paradójicamente el gobierno boliviano supuestamente indígena y antiimperialista sigue cambiando oro por baratijas y, en este caso, el Brasil ha tomado el puesto de los colonizadores españoles.

Sucede que Lula dista mucho de ser el gran benefactor que está dando plata para construir una importante carretera y, en el colmo de su generosidad, nos comprará textiles reemplazando los mercados de EEUU, cuya pérdida ocasionó el gobierno del MAS con su ceguera.

El primer objetivo de Lula (luciendo en el cogote un collar de coca) era lograr el perdón de la deuda de Petrobras que se calcula llega a dos mil millones de dólares. Esta deuda proviene del leonino y antinacional contrato de compra y venta de gas con Brasil, el GSA (Gas Supply Agreement), firmado en 1999.

La venta de gas al Brasil se la realiza sin establecer una diferencia entre gas seco y gas rico. El gas rico contiene combustibles líquidos (gasolina, fuel oil), GLP además de otros componentes necesarios para la industria petroquímica y la separación de estos del gas natural posibilitó a Petrobras la ganancia de esa cantidad nada despreciable.

Sin embargo, Petrobras, que dicho sea de paso no se trata de una entidad estatal ya que la participación del Estado en ella es menor a la de las transnacionales petroleras, solo reconoce una deuda de 300 millones de dólares.

Hay más. Lula pretende reducir los volúmenes de exportación de 30 a 24 millones de metros cúbicos diarios debido a que los nuevos descubrimientos están posibilitando que el Brasil dependa cada vez menos del gas boliviano. Esto evitaría que el Brasil pague el take or pay (toma o paga) por cuyo concepto, según los especialistas, ya existe una deuda acumulada de 131 millones de dólares.

Por tanto, si hacemos unas cuantas operaciones aritméticas elementales podremos darnos cuenta de que Bolivia está haciendo un mal negocio al influjo de la sonrisa bonachona de Lula y su mar de halagos que deleitan a Evo y hunden a nuestro país.

Brasil concedió un crédito de 332 millones de dólares para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo costo total será de 416 millones de dólares para una extensión de 306 kilómetros. Anteriormente ya se dieron algunas observaciones en cuanto al elevado costo y las características de la obra, pero eso es ya otra historia.

Ojo que el crédito establece que la construcción necesariamente deberá ser ejecutada por una empresa brasileña, en este caso la OAS, de la cual se sabe que habría hecho aportes para la campaña presidencial de Evo en el 2005.

Por tanto si sumamos el crédito, no regalo, para la construcción de la carretera y la compra de textiles por 21 millones de dólares veremos que el gobierno de Evo Morales está cometiendo un atentado contra los intereses del país que significará una pérdida de recursos mucho mayor a la que pudo haberse producido durante los gobiernos neoliberales.

¿La conclusión? Los jerarcas del Estado Plurinacional han superado a los del “Estado oligárquico” en cuanto a su incapacidad para defender los intereses nacionales y asegurar sus intereses personales y políticos, porque eso sí, mas que de ingenuo nuestro aymara presidente peca de simple ambición de poder y a esta altura debe quedar claro que el respaldo de Lula a Evo no es ni será gratis.(de la pág. de EJ.org)

subeditorial de La Razón presume "tufillo de dictadura" en ciertas "democracias" del continente

Dicen que vivimos en una plena y representativa democracia. En América Latina cada día se viven hechos que ponen en duda tal afirmación. Dos ejemplos son Honduras y Venezuela, que han dado demasiadas señales de ir contra este sistema.

No importa que venga de la derecha o de la izquierda. ¿De qué sirve la democracia si los derechos no se respetan?

Honduras es el país donde a nombre de la democracia se han vulnerado derechos fundamentales tras el golpe de Estado del 28 de junio. Ese día un grupo de militares sacó al presidente Manuel Zelaya de su casa, lo sentó en un avión y lo echó del país. Ésa fue una violación a la Constitución, pues no se puede derrocar al presidente, ni siquiera con apoyo del Parlamento, sino por voluntad de sus mandantes y mediante nuevas elecciones.

El régimen de facto hondureño también decidió establecer toque de queda, cortar la luz y, por ende, las transmisiones de televisión y radio en momentos críticos del conflicto. En medio de la crisis se informó de hasta 1.200 detenidos por pedir el regreso de Zelaya en manifestaciones callejeras. De éstos, tres murieron por impactos de bala. Todas éstas son características de un gobierno dictatorial.

Lo anterior no pasa en Venezuela, donde el sistema es democrático; sin embargo, también hay atropellos del poder a nombre de la democracia.

El gobierno de Hugo Chávez propuso una ley que castiga los “delitos mediáticos”. La funcionaria que presentó la propuesta lo justificó así: “En el marco del derecho de los venezolanos todo tiene un límite, reclamo que se le ponga un límite al derecho”.

Días después la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Educación, que, según la oposición venezolana, busca adoctrinar a los estudiantes a favor del Gobierno. Al respecto, Chávez aseguró: “Dicen por ahí que queremos ideologizar…Y yo respondo: Yes”.

Pero además de estos hechos nacidos en el poder democráticamente elegido, también se violan derechos en las calles. Un ejemplo es la golpiza que dieron chavistas a 12 periodistas que repartían volantes contra la Ley de Educación.

Si bien en democracia el Estado es la expresión de la opinión mayoritaria, avalado por el voto, el presidente Chávez a nombre de la mayoría aplasta los derechos de las minorías, y eso tampoco es democrático.

"Bolivia un país quebrado" le llama Espinosa García quién la encuentra dividida entre campo y ciudad, masistas y no masistas...

Por Óscar Espinosa García

Jesús en el evangelio sentencia: “Todo reino dividido contra sí mismo, acaba devastado y cae casa sobre casa” (Lc. 11, 17). Esta metáfora podemos aplicarla a Bolivia, que actualmente es un país dividido y además se encuentra politizado, con el Estado de derecho quebrantado y con el principio de autoridad perdido. No es posible prever que se vaya a destruir como país, pero se están perdiendo muchos atributos esenciales que hacen al país que la mayoría de los bolivianos deseamos tener, como la democracia, el desarrollo económico, la posibilidad de que todos tengan lo necesario para tener una vida digna y la sociedad donde todos podamos ser felices y vivir en paz. La devastación consistiría en que Bolivia se convierta en un país proscrito, pobre, atrasado y con un desarrollo discordante con el que tienen los países que lo rodean.

Bolivia se encuentra profundamente dividida entre oriente y occidente, campo y ciudad, masistas y no masistas. Ha habido enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas, indígenas y campesinos, citadinos y rurales, comunarios y mineros. En esta situación, no se puede llevar a cabo ningún esfuerzo de desarrollo, porque éste necesariamente necesita de un acuerdo y de la acción combinada de todos.

En eso consistió la “agenda de octubre”, en quebrar al país. Es cierto que el gobierno del presidente Evo Morales se ha encargado de dividir a los bolivianos, de destruir a las instituciones, de debilitar el Estado de derecho y de hacer perder el principio de autoridad. Pero también hay que recordar, que este es el camino que ha elegido un poco más de la mitad de los bolivianos para la conducción del país y que todavía tiene apoyo. Al elegir al gobierno del MAS se ha optado por la lotería política, que consiste en poner la esperanza en un caudillo y en el cambio político. Se ha preferido lo ficticio en vez de lo real, lo irracional en vez de lo racional, lo incoherente en vez de lo coherente. Tenemos que convencernos que el desarrollo social y económico no vendrá de la política, sino del trabajo y del esfuerzo, del respeto a las autoridades, las leyes y los derechos de los demás y de trabajar unidos, pensando más en el interés común que en nuestros intereses particulares.

Una misión del Primer Mandatario y del Gobierno de una nación es la de unir y trabajar con todos sus componentes. Esto es lo que no ha hecho el presidente Evo Morales y su gobierno. Por el contrario, el Gobierno ha promovido el enfrentamiento y ha tratado por todos los medios de descalificar a los opositores a su gobierno, en especial a los prefectos no oficialistas. Para la vigencia de la democracia y el desarrollo del país es esencial que el Gobierno acepte la crítica y la disidencia y trabaje con todos los niveles de gobierno, sean de su línea o de la oposición.

La Constitución de un país es esencial para la vida y el progreso de un país y la nueva Constitución no es un instrumento que garantice la vigencia de los derechos de los bolivianos y promueva el desarrollo social y económico. Al ser discriminatoria, contra- dictoria, incoherente, antiinversiones y anti Estado de derecho, ocasionará mayor quebranto para Bolivia. Existe poca esperanza de que en las próximas elecciones, el país encuentre una luz para salir de este estado. Por todo ello, Bolivia es “el país quebrado”.

epidemia de reelecciones se propaga causándole gran daño a la democracia. Daniel Zovalto publica en LN de BA "La ola reelecionista en Am.Lat."

En medio de la grave crisis política hondureña (asociada en parte a las denuncias en contra del presidente Manuel Zelaya respecto de su intención de querer modificar la Constitución para buscar su reelección), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció, el 19 de julio pasado, su intención de convocar a un referéndum para aprobar la reelección presidencial consecutiva, lo cual generó el rechazo inmediato y frontal de toda la oposición.

Hay que recordar que hace sólo seis meses, el 15 de febrero, Hugo Chávez ganaba un referéndum en virtud del cual quedó aprobada la reelección indefinida en Venezuela; que las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia han introducido la reelección consecutiva, y que en Colombia está en marcha una reforma dirigida a permitirle al presidente Alvaro Uribe un nuevo mandato (el tercero), fortaleciendo de esta manera la ola reeleccionista que recorre América latina.

La legislación latinoamericana vigente se inclina notoriamente a la reelección: más de dos terceras partes de los países de la región (14 de 18) la permiten. Sin embargo, la normativa presenta variaciones importantes. Venezuela es el único país (excluyendo a Cuba) que permite la reelección indefinida. En seis países (la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Colombia) la reelección consecutiva está permitida pero no de manera indefinida. En otros siete casos sólo es posible después de transcurrido al menos un mandato presidencial (Costa Rica, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay). Por su parte, sólo cuatro naciones -Guatemala, Honduras, México y Paraguay- prohíben totalmente la reelección.

La tendencia regional de las reformas durante los últimos años también es claramente favorable a la reelección. Hay que acentuar que todas las reformas recientes en favor de la reelección, en especial en su modalidad consecutiva, tuvieron nombre y apellido: Menem en la Argentina, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Mejía en la República Dominicana, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia. En todos estos casos las reformas se llevaron a cabo durante la presidencia de mandatarios que buscaron su reelección inmediata, y que de hecho la obtuvieron en todos los países salvo en el caso de Mejía, en la República Dominicana, que fue derrotado por otro ex presidente que regresó al poder (vía reelección alterna), Leonel Fernández, y que luego fue reelegido de manera consecutiva en 2008.

La reelección es un tema muy controversial, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La experiencia comparada latinoamericana de los últimos treinta años ofrece interpretaciones para todos los gustos. En once de los catorce países que permiten la reelección inmediata o alterna (la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), la medida se ha ejercido. Sólo en tres países (El Salvador, Panamá y Chile) de los 14 que la permiten ningún ex presidente ha logrado ser reelegido a la fecha.

Por su parte, desde el punto de vista de la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de nunca acabar, en el que suele incurrirse en confusiones importantes (no se hace distinción entre sistemas presidenciales y parlamentarios) o en el que se desconocen las diferencias de cultura política (entre el presidencialismo estadounidense y los latinoamericanos, por ejemplo), las cuales desempeñan un papel crucial en este tema.

Los críticos sostienen que la reelección expone al sistema político al riesgo de una "dictadura democrática" y refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo. Apuntan, además, que los segundos mandatos son por lo general de mala calidad. Al menos seis experiencias desde 1978 hasta la fecha parecen confirmar los argumentos acerca de sus peligros y defectos, entre las que cabe destacar la de Alfredo Stroessner en Paraguay; la de Joaquín Balaguer, en la República Dominicana; la de Alberto Fujimori, en Perú; la de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, así como los mediocres segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera en Venezuela.

Los defensores de la reelección, por el contrario, argumentan que ésta permite aplicar un enfoque más "democrático", en la medida en que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su presidente y responsabilizarlo por su desempeño, ya sea premiándolo o castigándolo según sea el caso. Como ejemplos de experiencias positivas de ambas modalidades de reelección (consecutiva y alterna) citan las de Fernando Henrique Cardoso en Brasil y Alvaro Uribe en Colombia (consecutivas), y las de Julio María Sanguinetti en Uruguay y de Leonel Fernández en la República Dominicana (alternas).

Pero más allá de este debate, una mirada del mapa político latinoamericano nos advierte de que la ola reeleccionista va en aumento. Actualmente, cuatro presidentes de América del Sur han sido reelegidos de manera consecutiva (Lula, Uribe, Chávez y Correa), un quinto de manera alterna (García) y un sexto, Evo Morales, buscará su reelección consecutiva en Bolivia a fines de este año. Otros tres presidentes de América Central y el Caribe han sido reelegidos: Fernández en la República Dominicana (primero de manera alterna y luego consecutiva) y Oscar Arias y Daniel Ortega en Costa Rica y Nicaragua, respectivamente (de manera alterna). Por su parte, en Uruguay, el ex presidente Luis Lacalle buscará su reelección (alterna) en las elecciones presidenciales de octubre de este año, y el ex presidente Eduardo Frei hará lo propio en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre de 2009. Asimismo, es casi seguro que Chávez busque su reelección indefinida a partir de 2012, y ya sabemos que Ortega tiene intenciones de reformar la Constitución para buscar su reelección consecutiva. Finalmente, en Colombia, no está claro aún si Uribe buscará su segunda reelección (y tercer mandato consecutivo) en 2010.

Como podemos observar, estamos ante una fiebre reeleccionista que, en mi opinión, es una mala noticia para una región como la nuestra, caracterizada por la debilidad institucional, la personalización creciente de la política y el hiperpresidencialismo. El fortalecimiento y la consolidación de nuestras frágiles democracias no pasan por líderes carismáticos y providenciales, sino por la calidad de las instituciones, la madurez de los ciudadanos y una sólida cultura cívica.

El autor es director para América latina de Internacional IDEA.

Roberto Gonzáles describe cómo está siendo violada "la constitución maliciosa y fracasada" que dictara el MAS en lo que constituye una burla colectiva

La constitución impuesta detrás de puertas cerradas por el MÁS, ha resultado contraria a sus objetivos, perjudicial y dañina para Bolivia, que al pretender castigar a los opositores, se ha tornado contra de ellos mismos. Esta vez se debe considerar lo establecido como “traición a la patria” y hacer notar la incapacidad de los levanta manos de la ex Asamblea Constituyente, que aprobaron la condena de 30 años de prisión del actual gobierno.

El pescado por su boca muere y hay que esperar las reacciones de los bocones oficiales como Gustavo Torrico, para explicar lo inexplicable. No hay crimen perfecto y en la mayoría de los casos, son los mismos criminales que por dejar pruebas contundentes, establecen sus condenas. Evo Morales debería aceptar que sus ministros no sirven, sus colaboradores originarios no pueden legislar y los campesinos valen solamente por sus bloqueos de caminos, para marchar en masa y hacer bulto, como mencionó el ya citado Torrico, al referirse a Juan sin Miedo.

En el programa denominado “el Pentágono”, los analistas develaron las contradicciones de la mencionada constitución en varios de sus artículos. Contrariamente a las declaraciones del Canciller David Choquehuanca, en el sentido que el preacuerdo con Chile deberá ser aprobado por las instancias legislativas, este convenio fue mantenido en los archivos de la cancillería y no fue divulgado, ni aprobado por las cámaras. Como siempre el MAS pone al país frente a hechos consumados.

En su texto el preacuerdo establece que Bolivia es dueña de solamente 50% de las aguas del Silala y Chile impuso que su parte podrá ser explotada por empresas estatales o privadas. Por esta razón el pago se hará del 50%, mientras se realicen estudios científicos a nivel binacional, los que podrán durar varios años. El gobierno está violando el artículo 374 de su constitución, porque no realizo ningún proyecto para la utilización de estas aguas por los bolivianos y desconoció el pago retroactivo por parte de Chile.

Desde 1908 Chile se beneficia con las aguas del Silala y Bolivia no recibe compensación alguna. Sin embargo, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, convinieron que Bolivia será compensada en el futuro con su 50% por las entidades que aprovecharan el recurso. El ex diputado potosino Gonzalo Barrientos denunció que este preacuerdo es un nefasto antecedente jurídico, que podrá ser utilizado como jurisprudencia en un juicio intencional, por que Bolivia admitió que tiene la mitad de estas aguas y cede la otra mitad a Chile.

Otra prueba de enajenamiento de los recursos nacionales es el Decreto Supremo No. 0224 de 24 de julio de este año, que esta sujetando a YPFB a la legislación extranjera o los arbitrajes internacionales, después que Evo Morales los condenó y retiró Bolivia del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones CIADI.

En esta oportunidad, Evo Morales está demostrando sus compensaciones políticas a Chávez también, al entregar a Pdvsa el norte de La Paz para la explotación petrolera. Por ahora no se conocen que más puede entregar a sus amigos, pareciendo Bolivia como su finca personal o su cocal privado.

Aun que su constitución prohíba estas irregularidades, el mencionado decreto establece que YPFB está autorizado para realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas de bienes en territorios extranjeros. En esta forma se abren las puertas a otros corruptos como Santos Ramírez y contradice los discursos del presidente que “no reconocerá en ningún caso a un tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

En Oruro, Evo Morales afirmó que” “no se permitirá el asentamiento de tropas extranjeras en el país” y hay que preguntarle por la presencia de los militares venezolanos que pululan por las calles de varias ciudades. Considerando los otros capítulos contradictorios de esta constitución, el gobierno no tiene otra alternativa que desconocer su mismo texto y desvergonzadamente lo modifica con decretos ilegales que pretende imponerlos al país.

Por lo tanto, este condenable procedimiento del MAS es irresponsable y nuevamente de acuerdo a su misma constitución, se merecen un juicio por traición a la patria. El pueblo se debe preguntar si entre los valientes opositores al MAS existen algunos que se atrevan a iniciarle este juicio.

un mensaje de felicitación a Bolivia de cuatro líneas emitió el Departamento de Estado de USA con motivo del Día Nacional

Press Releases: Bolivian Independence Day
Thu, 06 Aug 2009 12:24:13 -0500

Bolivian Independence Day

Washington, DC

August 6, 2009

On behalf of the Government of the United States and the American people, I extend my congratulations to the Bolivian people as they celebrate 184 years of independence. The United States and Bolivia have 161 years of bilateral relations, a long friendship based on mutual respect and shared principles. On this occasion, we reiterate the United States’ commitment to be a good partner in Bolivia’s journey to a more just, democratic, and prosperous future.

Su Majestad Evo Primero Rey Originario de la Whipala. (Lizandro Coca publica en L.T.)

El sábado 1 de agosto, en esta misma sección, mi amigo Henry Pinto publicó una columna titulada “Los tiempos de la transición institucional”, en la que afirmaba, respecto de los cuestionamientos contra la idea de que Evo Morales designe a los miembros faltantes del Poder Judicial que “si bien es cierto que puede ser muy cuestionable el hecho de que estas acefalías sean cubiertas por una decisión del Ejecutivo, empero, la gente debe comprender que estamos viviendo un periodo excepcional de transición política, donde las instituciones, la gente y los instrumentos legales deben ajustarse a esta realidad y comprender que por encima del legalismo ciego y miope, está el bienestar de la patria”

Debo disentir de manera categórica con estas afirmaciones, que parecen tratar de justificar la aplicación del dedazo presidencial en el nombramiento de las autoridades judiciales. Y voy a disentir, como debe hacerse en cualquier debate serio, con argumentos lógicos, legales y filosóficos que, a la vez, dejan bien claro cuál es el camino que se debería seguir para evitar un colapso judicial en Bolivia.

El primer argumento lógico es el presentado por Jimena Costa, que consiste en la siguiente pregunta: Si el Congreso puede reunirse para modificar la Ley Electoral ¿por qué no puede tener competencia para hacer las designaciones temporales hasta que entre en plena vigencia la nueva Constitución referido a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público? Respuesta: O el Congreso tiene competencia para modificar la Ley Electoral y también para elegir a las autoridades del Poder Judicial, o no tiene competencia alguna. No puede tener medias competencias o competencias selectivas.

Segundo argumento lógico: Si a causa del cambio de Constitución, y por haber sido elegido bajo la vigencia de la Constitución anterior, el Congreso no tiene atribuciones para hacer estas designaciones ¿por qué el presidente Evo Morales, que también fue elegido bajo la Constitución anterior, sí tiene competencia para ser gobernante del país? Respuesta: Si el Presidente Morales, a pesar de haber sido bajo la Constitución anterior, tiene competencia para ser cabeza del Poder Ejecutivo, entonces el Congreso Nacional también tiene competencia para designar a las autoridades faltantes del Poder Judicial. O si el Congreso de la República, por haber sido elegido bajo la vigencia de la Constitución anterior, no tiene competencia para designar a las autoridades judiciales, entonces el Presidente de la República, Evo Morales, tampoco tiene competencia para ser gobernante de Bolivia, y todos sus actos son nulos de pleno derecho.

El argumento legal va de la mano de la figura de la interpretación ultra activa de la Constitución abrogada, es decir, de la Constitución anterior, que consiste en que mientras la totalidad de la institucionalidad nueva (esto incluye a las nuevas leyes faltantes, a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, al nuevo Presidente, a la nueva Corte Electoral Plurinacional, etc.) no exista o no haya sido consolidada, la institucionalidad anterior debe permanecer vigente, precisamente para viabilizar el nacimiento de la nueva.

En otras palabras, todo aquello de la Constitución anterior que permita llevar adelante el proceso de transición hacia la nueva legislación, y que ayude a mantener la institucionalidad y el Estado de derecho en pie mientras esto se consigue, continúa en vigencia. Por lo tanto, el Congreso sigue teniendo todas las atribuciones y competencias que se le otorga, además, en ambas constituciones, y puede elegir a los miembros faltantes del Poder Judicial.

De otra forma, ninguna institución de gobierno y administración pública tendría atribución alguna, y deberíamos vivir en la anarquía hasta que se designen a las nuevas autoridades.

Finalmente, el argumento filosófico, que consiste en que el nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, a través de un decreto (dedazo) presidencial, violentaría de manera flagrante el principio fundamental de división e independencia de los poderes públicos. Si esta es la “maravillosa idea” para evitar un colapso judicial, ¿por qué mejor el presidente Morales no se atribuye competencias para administrar personalmente la justicia en Bolivia, a través de decretos? Y de una vez que también decida modificar la Ley Electoral por decreto. De esa forma, nos deshacemos de tanta hipocresía y poses supuestamente democráticas e institucionalistas, y oficializamos el reinado del monarca Evo I. No tiene sentido mantener fachadas de división de poderes y democracia, cuando en los hechos estamos construyendo otras cosas.

El autor es miembro del Instituto Libertad, Democracia y Empresa
lizandrocolmos@gmail.com