El Gobierno efectuó días atrás, en el estadio de Ferro Carril Oeste, una demostración de su capacidad de convocatoria pública, en un acto organizado por agrupaciones de piqueteros que manifestaron su intención de "ganar la calle". La concentración, igual que el propósito que se confiesa a través de ella, entraña una concepción autoritaria de la política, una estrategia retrógrada de desarrollo social y una manipulación de los recursos del Estado para satisfacer objetivos de facción.
Aunque no ha sido exclusiva del kirchnerismo a lo largo de nuestra historia, la movilización de personas para expresar su adhesión a una administración es un rasgo inconfundible de todos los autoritarismos. El ritual supone un vínculo plebiscitario entre el jefe de un grupo político y sus seguidores, es decir, una comunicación que prescinde de mediaciones institucionales o partidarias. Esa escenografía está destinada a exaltar la voluntad del que manda, sin otro límite ni procedimiento que la interpretación intuitiva de la voluntad popular. En sus mejores tiempos, esta configuración se expresaba en una terminología precisa y reveladora: el líder era "el conductor"; el pueblo, "la masa".
Esa liturgia impugnó con frecuencia la organización republicana, que se caracteriza por la limitación y la despersonalización del poder. La Presidenta y su esposo han decidido reclamar manifestaciones colectivas de afecto en un momento en el que las encuestas consignan sus altísimos niveles de imagen negativa. El propio Néstor Kirchner se encarga de exhibir esta paradoja: a quienes acuden a su llamado les termina insinuando que él y su esposa deberán dejar la posta electoral en manos de otro integrante del grupo, dado el escaso atractivo de la pareja.
Tampoco consigue el Gobierno convertir sus concentraciones en una celebración de la participación popular. La aglomeración se logra aplicando caudalosos recursos del Estado, sobre todo los que se vuelcan en las denominadas "organizaciones sociales". No en vano la que se encargó del encuentro de Ferro Carril Oeste, el Movimiento Evita, es la red de militantes kirchneristas a la que más programas de asistencia social se le han asignado, en una perniciosa privatización de la atención a los más desamparados.
Este tipo de manifestaciones constituye, entonces, un simulacro. Para que esa característica quede al descubierto alcanza con compararlas con encuentros multitudinarios y espontáneos, como el organizado por la Red Solidaria para auxiliar a las víctimas de terremotos en Chile.
Prácticas como las del estadio de Ferro exhiben un costado moral sombrío. Los fondos que se desvían y se destinan a la baja politiquería deberían estar aplicados, con la mayor transparencia, a atender las necesidades insatisfechas de un porcentaje cada vez más amplio de la población. Esta exhibición obscena de clientelismo es todo lo contrario de una gestión social regida por el principio de la igualdad. El aprovechamiento de las necesidades materiales de la ciudadanía para sacar una tajada de poder, es una defección ética de primera magnitud.
La realización de actos como los que han comenzado a programarse desde el Gobierno debería obligar a un examen muy severo de la administración del Ministerio de Acción Social. La asignación de subsidios y pensiones reclama una fiscalización urgente, del mismo modo que es imprescindible una evaluación periódica de los resultados de esas prestaciones.
Es todavía más grave que la administración que incurre en esta desviación sea la misma que, por su negligencia frente a la escalada inflacionaria, se ha convertido en una máquina de crear pobres. La Argentina va camino de superar para este año el 25 por ciento de inflación y cuenta ya con alrededor del 35 por ciento de pobres.
El kirchnerismo se ha aprovechado de la existencia de los piqueteros para crear una red de activistas que presionen a los partidos políticos y la estructura del Estado. Es sabido que esas "organizaciones sociales" son utilizadas como un factor de disciplina para gobernadores e intendentes del propio peronismo. Esta estrategia se corresponde con una interpretación que ve el espacio político como un entramado de corporaciones.
La consigna de "ganar la calle" es también el reflejo inquietante de un gobierno que está en retirada. La exhibición de fuerza de las organizaciones paraestatales de reparto de subsidios no apunta a facilitarle al oficialismo la victoria electoral de 2011, sino a amedrentar, con el copamiento del espacio público, a cualquier administración que ocupe el poder a partir de esa fecha. Durante la Fiesta de la Vendimia se fletaron transportes cargados de piqueteros, movilizados como fuerza de choque desde la Capital Federal hasta Mendoza, para hostigar al vicepresidente de la Nación.
La manipulación de las necesidades de los más débiles terminaría facilitando un crudo movimiento extorsivo y violento. En tal caso, la democracia en la Argentina estará protagonizando una nueva y dolorosa involución.
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