larga crónica de Emilio Martínez con materiales para confirmar que "la ministra Suxo está en la cuerda floja" dedicada a la cacería de opositores e inventar juicios y cargos contra los enemigos del régimen en lugar de transparentar los actos de Gobierno. incumplió sus funciones, intrigó, malquistó, desatendió lo principal. aquí 20 cargos en su contra y curiosamente dice Evo "me la están haciendo llorar" qué es esto?

El Ministerio de Transparencia fue creado expresamente para defender los intereses del Estado y luchar frontalmente contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, pero cumplió un papel menos que secundario en la investigación y posterior destape del mayor escándalo de corrupción que desprestigia al gobierno de Evo Morales. La ministra de Transparencia Nardi Suxo hizo poco o nada para desarticular a una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado; y al parecer no solo incumplió su mandato sino que incluso habría apadrinado a los “capos” de esa mafia incrustada en los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Una de las principales ofertas electorales del gobierno del MAS fue la lucha sin cuartel contra los corruptos, “sin mirar colores políticos y caiga quien caiga”. Con ese lema se creó el primer Ministerio de Transparencia al mando de la zarina anticorrupción Nardi Suxo, y poco después se aprobó la primera Ley anticorrupción del país.

“No hemos venido a enriquecernos, para dar pegas, dinero y casas a nuestros amigos o parientes; hemos venido a servir y quién no quiere cumplir con eso que se vaya o renuncie. Quién cree que el Estado es su gran oportunidad para comprarse su casa y dejar herencia a sus hijos que se vaya, al que meta la mano a la lata lo vamos a meter a la cárcel y no lo vamos a perdonar. Toca la dureza de la Ley para enseñar que la mejor transparencia es luchar contra la corrupción”, sentenció el Vicepresidente Álvaro García Linera luego de la promulgación de la draconiana Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Al principio, Suxo aplicó con severidad la inédita norma contra moros y cristianos, al punto de enviar a la cárcel a Santos Ramírez, ex hombre fuerte del MAS, amigo personal del Presidente Morales y ex presidente de YPFB, involucrado en una truculenta estafa con un muerto de por medio. Sin embargo, la cruzada moralista “imparcial” fue perdiendo fuerza y con el tiempo la Ley anticorrupción se convirtió en un instrumento para anular políticamente a los adversarios del gobierno.

Suxo procesó a varios alcaldes oficialistas y a funcionarios corruptos, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la cacería de dirigentes políticos de derecha y gobernadores opositores que malversaron recursos públicos para financiar referéndums autonómicos ilegales. Cada vez fue más evidente el doblez de la zarina, siempre implacable y drástica con los “enemigos del proceso”, y tolerante y hasta complaciente con los “soldados de la revolución democrática y cultural”.

El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no se explica por qué la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo continúa en el cargo, pese a que fue vinculada con una red de falsificadores de documentos públicos en Santa Cruz. Se denunció oficialmente que el cabecilla de esa mafia era un connotado asesor de Achacollo, que se dedicaba a estafar a los municipios rurales de Santa Cruz administrados por el MAS con las obras del proyecto Evo Cumple. Resulta que los fiscales del Ministerio Público asignados al caso paralizaron la investigación hace más de dos años, y el principal acusado quedó en libertad.

Al ex viceministro también le llama la atención la inacción de la justicia frente a las tropelías del ex prefecto de Cochabamba Jorge Ledezma, quien en las últimas horas de su gestión adjudicó varias obras públicas sin proyecto a diseño final, y luego fue designado embajador de Bolivia en Perú. El Ministerio Público tiene conocimiento formal y documentado de los hechos denunciados desde hace varios años, pero hasta ahora no muestra resultado alguno.

Otro escándalo reciente es la fallida instalación de la fábrica de papel “Papelbol”, una estafa en la que el Estado boliviano perdió casi 10 millones de dólares, que involucra nada menos que al Vicepresidente García Linera.

“¿Cómo es que el gobierno, que cotidianamente ratifica sus vehementes declaraciones de guerra a la corrupción ‘caiga quien caiga‘ y ‘sin tapar a nadie‘, no sólo que no se mosquea, sino que renueva su alta confianza en los implicados?”, cuestionó Almaraz.

Según los legisladores de la derechista Convergencia Nacional (CN), lo que pasa es que el gobierno y la justicia “servil” al MAS solo persiguen y extorsionan a los opositores que se animan a denunciar las miserias del oficialismo, como por ejemplo el senador Roger Pinto, asilado político del gobierno de Brasil.

Hace dos años Roger Pinto acusó a la ministra Suxo de interceder personalmente a favor de su cónyuge Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez, procesado por malversar medio millón de bolivianos cuando era funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO).

Según Pinto, en dicho proceso Suxo actuó como testigo de descargo de Miranda, pero extrañamente no designó a un representante del Ministerio de Transparencia para que vele por los intereses del Estado, como hizo en otros procesos judiciales interpuestos contra autoridades opositoras o no afines al gobierno de Morales.

Al final, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia liberaron de pena y culpa a la pareja de la ministra Suxo, pese a existir “todas las pruebas y todos los elementos necesarios para que concluyan en una condena penal contra esta persona que de manera irregular cobra un cheque de 500 mil bolivianos que debería ingresar a cuentas fiscales, y junto a otros ex funcionarios de INALCO dispone arbitraria e ilegalmente de ese dinero para utilizarlo en otros fines”, denunció el diputado de CN Adrián Oliva. (1)

Lo llamativo del caso es que la justicia exoneró al acusado y la ministra Suxo enjuició al acusador por el presunto delito de “desacato”. Al respecto, en una carta enviada al Presidente Morales el 23 de julio, el senador Pinto explicó que su delito fue advertir que “la corrupción no puede enfrentarse genuinamente cuando la familia más cercana a la ministra de Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo se beneficia ilegalmente de contratos, causando graves daños económicos al Estado, recibiendo su protección. Recordé a la Ministra que cuando uno lucha contra la corrupción primero se debe comenzar por casa…”.

En la misiva enviada a Evo, el senador Pinto, actualmente refugiado en la embajada brasilera en La Paz, denunció que “toda esa farsa de juicios que su gobierno ha inventado en mi contra tienen una sola causa: el haber denunciado permanentemente los innumerables casos de corrupción pública que avergüenzan a su gestión, y los oscuros y tenebrosos vínculos que unen a funcionarios de su gobierno con las mafias y carteles del narcotráfico… No pasa una semana en la que no se descubra con estupor nuevos hechos, en un bochornoso carnaval de millonarios actos de corrupción. Todas las empresas del Estado, beneficiadas por decretos de excepción, han cobrado millonarios sobreprecios. ¿No demuestra esta realidad que su gobierno ha fracasado en la lucha contra la corrupción?”.

La denuncia de Pinto quedó en el olvido y la ministra superó con aparente facilidad su primer traspié, pero muy pronto se vio envuelta en otro incidente bochornoso que bien podría tipificarse como tráfico de influencias. Resulta que Suxo había “acomodado” a su hija como funcionaria diplomática en la embajada de Bolivia en Alemania, pese a que la joven ni siquiera terminó sus estudios universitarios.

Nadie se hubiera enterado de que Naira Rivero Suxo fue privilegiada con un cargo diplomático por el solo hecho de ser hija de ministra si su niñera no la denunciaba por abuso laboral. Sucede que Suxo, como en los mejores tiempos del neoliberalismo, premió a su hija enviándola a Alemania con un buen cargo, pasaporte diplomático y con empleada doméstica incluida. (2)

Para evitar mayor escándalo, Rivero Mater pagó a su empleada los 8 mil euros que le debía y la ministra Suxo le compró un pasaje de avión para que retorne al país. Según la Asociación de Bolivianos en Alemania, siendo la hija de la Ministra de Transparencia, debería explicar de dónde ella o su madre “sacaron más de 12 mil dólares americanos para pagar el sueldo adeudado a Antonia Ramos”. (3)

Suxo vinculada a la red de extorsionadores

Desde hace mucho tiempo la ministra de Transparencia Nardi Suxo estaba en la mira de la opinión pública, pero comenzó a perder credibilidad de manera acelerada desde que se vio enredada en una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado, considerado el mayor caso de corrupción de los últimos siete años.

Se supone que Suxo es la comandante general de las fuerzas anticorrupción del Estado Plurinacional, pero fueron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro Jorge Pérez quienes investigaron y desarticularon a la red mafiosa que operaba desde Palacio de Gobierno, y finalmente quienes propiciaron el encarcelamiento de los cabecillas de la caterva, entre ellos los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Juan Manuel Antezana, el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas.

En los últimos días se conoció que la ministra Suxo estaba enterada de las actividades irregulares de la red mafiosa, pero hizo poco o nada para esclarecer el caso. Es más, legisladores y ex autoridades del propio partido de gobierno revelaron que la ministra no solo se habría hecho de la vista gorda sino que “apadrinó” a algunos jefes de la red.

Nardi Suxo fue responsabilizada de tramitar la designación de Isabelino Gómez, uno de los presuntos extorsionadores recluidos en Palmasola, como Fiscal de Distrito de Santa Cruz. El diputado suplente del MAS Félix Martínez aseguró que la Ministra de Transparencia protegía a Gómez: “En Sucre la ministra me dijo por qué yo fui a atropellar a los fiscales Isabelino Gómez y Edward Mollinedo. Tiene que renunciar porque me vino a reclamar por los dos y porque los ha sostenido”, declaró el legislador oficialista a ANF.

Por otro lado, en una declaración oficial ante la comisión de fiscales que investiga el caso, el ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez reveló que la ministra Suxo abogó personalmente por Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas, presuntos cabecillas de la red de extorsionadores detenidos en Palmasola.

“Recuerdo que a los días de haber ingresado (al Ministerio de Gobierno el 28 de septiembre de 2012), saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores (Denis) Rodas y (Fernando) Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella”, detalló Chávez en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia ANF.

Además, el ex ministro de Gobierno informó a la prensa paceña que ya tenía referencias de la red de extorsión, pero el Ministerio de Transparencia trabó todas las investigaciones que pretendió realizar.

La ministra Suxo fue convocada a declarar ante la comisión de fiscales que investiga a la red de extorsión en calidad de testigo, al igual que los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y los ex ministros de Gobierno Wilfredo Chávez, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, el último designado embajador de Bolivia en Naciones Unidas.

“No quiero creer que esta declaración se deba a que el doctor Chávez se hubiera sumado a la tarea de tratar de desprestigiar el trabajo que se ha hecho en este ministerio. Yo no puedo decir que se vayan o que se queden estos señores y, reitero, yo no los conozco sino a través de los medios de comunicación. Y si hay alguien que los ha ratificado, tiene que asumir su responsabilidad”, se defendió este miércoles la ministra Suxo al prestar declaración oficial.

Lo cierto es que Suxo si conocía a Villegas, tanto que lo contrató como funcionario del Ministerio de Transparencia Institucional, apenas éste salió del Ministerio de Gobierno. La ministra reconoció que Boris Villegas trabajó para ella, pero apenas 16 días, aunque el diario paceño Página Siete demostró que prestó servicios por 30 días, según registros del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGMA).

Los diputados del MAS Irineo Condori, Rodolfo Calle y Galo Bonifaz pidieron a la ministra Suxo que explique al Ministerio Público por qué contrató a Boris Villegas, presunto miembro de la red de extorsionadores, y por qué hizo declaraciones tan contradictorias.

Por su parte, el senador Martínez ratificó este miércoles el pedido de renuncia de Suxo por haber confiado en delincuentes y por no informar correctamente al Presidente Evo Morales sobre la red de extorsionadores.

“Yo ratifico el pedido de renuncia a la ministra y si ella dice que es el Presidente de la República quien debe tomar la decisión, yo sé que el Presidente va tomar una decisión sana, la más correcta, y ojala lo ilumine el niño Dios, porque no puede poner en peligro este proceso de cambio y no se puede dañar la imagen del propio Presidente; tiene que haber cambios”, manifestó Martínez.

De igual forma, el jefe de bancada de diputados de CN Luis Felipe Dorado recomendó al Presidente Morales que haga un “mea culpa”, investigue a todas las autoridades acusadas de corrupción y que “empiece a limpiar su gabinete”.

Notas:

1. El 13 de diciembre de 2012 la bancada de diputados de Convergencia Nacional presentó denuncia formal y solicitó el inicio de juicio de responsabilidades contra los magistrados que favorecieron al “cónyuge o conviviente” de la ministra Nardi Suxo. Se espera que la Cámara Baja cumpla el procedimiento de la ley 044 para establecer con precisión la actuación de estas autoridades y la sanción que corresponda por tomar decisiones judiciales que favorecen a personas ligadas al gobierno de Evo Morales, concretamente a la ministra Suxo.

2. Antonia Ramos Posco denuncio que Naira Rivero la trataba como a un animal y le pagaba la tercera parte del sueldo convenido: “No me dejaba salir, ni descansar, no me pagaba horas extras, ni seguro médico y además me insultaba seguido”. “No es concebible traer a una señora indígena desde Bolivia para hacer el pesado trabajo doméstico, reproduciendo desigualdades, violencia e injusticias fuera del territorio nacional. Nos preguntamos si esto es parte del proceso de cambio”, cuestionó la Asociación de Bolivianos en Alemania, y exigió que se sigan procesos por discriminación y racismo contra la diplomática Rivero Suxo y que sea cesada del cargo porque no lo merece.

3. “Tenemos conocimiento que la Ministra Suxo visita a su hija frecuentemente en Alemania, habrá que investigar si lo hace con sus recursos o con plata del Estado boliviano, es decir con la plata del pueblo. Además, hasta ahora no han podido justificar cómo una persona con escasos estudios y sin ningún mérito ocupe un alto cargo diplomático y quede impune después de comprobarse que sí explotaba laboralmente a una ciudadana boliviana humilde. Es realmente deplorable que prosiga este flagrante caso de tráfico de influencias, abuso de poder, uso indebido del cargo por parte de la ministra Nardi Suxo”, deploró la Asociación de Bolivianos en Alemania.

La Prensa publica esta caricatura sobre Fernando Rivera el cerebro de la banda de extorsionadores que sometieron a la justicia, a jueces , biscales, abogados y los sumieron en el mar de la corrupción que lo hundió todo. muy ilustrativa la imagen.

La Asamblea Legislativa decidió no conformar ninguna comisión que investigue la red de extorsión que operaba al interior del Ministerio de Gobierno. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), dijo que una comisión legislativa podría “politizar” el tema.

Las presuntas cabecillas de esta red de corrupción actualmente se encuentran tras las rejas del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, se tratan de Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, quienes operaban desde el Ministerio de Gobierno, y José Antezana, quien era funcionario del Ministerio de la Presidencia.

Una vez culminada la audiencia cautelar en contra del ex director de Régimen del Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, se determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz por presuntamente estar vinculado con la red de extorsionadores conformado por servidores gubernamentales. 

dos páginas web que están dando la vuelta al mundo pidiendo la liberación de Jacob preso en Palmasola, Santa Cruz, Bolivia

Oxígeno publica un documento invalorable, un extraño poder que concedió Sacha Llorenti en favor de los extorsionadores. un poder inexplicable, cediendo sus atribuciones ministeriales y más allá a funcionarios subalternos. extraña simbiosis que podía explicar una "alianza sacra para el delito"...

En cuestión de horas, dos poderosos abogados dejaron de ser los adalides de la ley y del gobierno de Evo Morales para convertirse en los cabecillas de una red de extorsión, cuyas víctimas habrían sido personas vinculadas con el narcotráfico. El caso apenas empieza a develarse con la historia del estadounidense Jacobs Ostreicher: Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, miembros de la Dirección Jurídica en su condición de asesores, fueron capturados por fuerzas policiales de élite y hoy se conoce que ambos contaban con poderes extraordinarios, concedidos por el entonces ministro Sacha Llorenti, para obrar en todas las estructuras del Estado.

Rivera Tardío llegó a ser Director Jurídico, y Rodas, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, del Ministerio de Gobierno en la gestión de Llorenti, pero también trabajaron en la del ex ministro Alfredo Rada y en la del actual titular, Carlos Romero. Rivera fue destituido ayer y detenido en Tarija, a donde fue comisionado para representar al Estado en el caso Rózsa, mientras que Rodas, ya había sido despedido hace unas tres semanas y fue aprehendido este martes en La Paz, según ha podido confirmar este medio.

El Ministerio de Gobierno se comunicó con Oxígeno para informar que la abogada Elba Terceros es la Directora Jurídica en la actual gestión de Carlos Romero. Rivera perdió espacios y se convirtió en asesor.

El periódico digital Oxígeno accedió al testimonio del Poder Especial 140/2011 que recibieron ambos abogados el 27 de enero del 2011, en reemplazo de otros anteriores con el que desempeñaban sus cargos. En el documento obtenido en la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, se puede evidenciar que Rivera y Rodas tenían incluso el poder para intervenir en todas las acciones que vieran por conveniente y plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, (pueden) pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”

Ambos abogados tenían el poder de impugnar u objetar requerimientos fiscales como también pedir toda clase de mandamientos de apremio, secuestros, embargos, arraigos y remates, intervenir en toda clase de audiencias con derecho a voz sobre todo en los sorteos de jueces ciudadanos.

“El presente poder amplio y suficiente no podrá ser tachado, observado , rechazado ni declarado insuficiente por motivo alguno o por carecer de cláusulas expresas no contempladas, pues es otorgado  en forma amplia para los fines expresados  en forma enunciativa y de ningún modo en forma limitativa”, indica el testimonio.

Entrevistado por la red ATB, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la noche de este martes declaró que ambos abogados conviertieron en una industria a la extorsión.

“Si esto han hecho con un norteamericano que está bajo la lupa diaria de su consulado vaya uno a saber que ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales, la extorción se ha convertido acá en una industria”, afirmó la autoridad de Estado

Casos

Ambos abogados tuvieron actuación protagónica en casos como el del alemán Dirk Smith, el ex teniente Julio Navia, del brasileño Maximiliano Dorado o, en este caso, del estadounidense Jacobs Ostreicher. También fueron los juristas que iniciaron un proceso contra los indígenas del TIPNIS.

En otros documentos a los que accedió este periódico digital se hace conocer que ambos, tanto Rivera como Rodas , llevaron adelante el proceso investigativo contra el alemán Dirk Schmidt, ex funcionario del Ministerio de Gobierno, que actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola imputado por supuesto delito de alzamiento armado.

Asimismo, se informa que ambos no actuaban solos pues tenían un intermediario, Gustavo Céspedes, a quien se acusa de haber solicitado la suma de 40 mil dólares a la esposa del ex subteniente Julio Rene Navia, denunciado por narcotráfico,  con el fin de trasladarlo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro a Palmasola, centro penitenciario donde el ex policía tenía fuerte influencia.

Según las investigaciones del Ministerio de Gobierno, Céspedes hacía negociados con algunos procesos investigativos con fiscales y jueces en Santa Cruz con el objetivo de extorsionar a los investigados.

Rivera como Rodas también se hicieron cargo del proceso a la colombiana Claudia Rodríguez, quien tenía vínculos con el narco Maximiliano Dorado  vinculado al cartel PCC del Brasil.

Fue el reciente caso del estadounidense Jacob Ostreicher, quien está detenido, acusado de ganancias ilícitas, supuestamente vinculado al narcotráfico y lavado de dinero en el comercio agroindustrial, lo logró destapar esta red de extorsión que no sólo era parte del ministerio de Gobierno, sino que se ampliaba al Ministerio de la Presidencia, cuando José Manuel Antezana Pinaya, ex director de Gestión Pública fue detenido la mañana de este lunes.

Manuel Antezana fue acusado este lunes de haber amenazado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y de haberle propuesto un indulto presidencial a cambio de silencio.

De acuerdo al Ministerio de Gobierno Ostreicher había entregado junto a su socio Abrahan Zollty la suma de 20 millones de dólares a la colombiana Claudia Rodríguez a cambio de propiedades y maquinaria pesada. Según una declaración informativa de Rodríguez, el ciudadano norteamericano tenía una relación de amistad con Maximiliano Dorado.

 Esto posibilitó que  Miguel Gutiérrez, quien decía ser responsable de bienes incautados de Montero, se presente ante ingenios arroceros de Santa Cruz para  decomisar la producción del ciudadano norteamericano. Acción que se hacía junto a Jorge Chávez y Jorge Vaca quienes argumentaban ser parte del Ministerio de Gobierno.

Ya el 4 de junio de 2011, Ostreicher fue aprehendido por la Fiscalía y posteriormente detenido preventivamente en el penal del Palmasola. Según documentos del Ministerio de Gobierno, el 23 de septiembre  se realizó una audiencia para dejar sin efecto la privación de libertad del ciudadano estadounidense pero los representantes del Ministerio de Gobierno no asistió a la misma impidiendo la cesación de la detención.

Jimmy Montaño, abogado del norteamericano, también denunció que el intermediario Gustavo Céspedes pidió la suma de 50 mil dólares para que Ostreicher logre la cesación de su detención preventiva que mantiene hasta la fecha.

El jurista también vinculó el lunes reciente, 26 de noviembre, que el ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, Manuel Antezana , había visitado al norteamericano  para amenazarlo y ofrecerle un indulto presidencial a cambio de silencio ante los movimientos bancarios por la venta de bienes incautados.

josé gramunt recurre a la Biblia y al repasar el capítulo sobre SODOMA compara con lo sucedido en YACUIBA y en otras partes de la Patria donde al parecer por la lluvia de azufre y fuego se está desoyendo al buen sentido y practicando la debacle que nos llevará por la pendiente irretornable

¿Quién no ha oído hablar de las desaparecidas ciudades del extremo oriente, Sodoma y Gomorra, donde se desplegaban todos los vicios y depravaciones imaginables? Pues algo parecido está ocurriendo en Yacuiba.

Basta echar una leída al capítulo 18 del Génesis, para imaginar cómo vivía la gente que habitaba aquellas ciudades perversas. Dios reveló a Abraham que, si los habitantes no se convertían, destruiría la ciudad haciendo llover fuego y azufre. Abraham intercedió para evitar el castigo. Yavé puso la condición de que, si podían mostrarse a 50 hombres justos se evitaría el castigo. No hallándose los 50 justos, Dios rebajó su condición a sólo 10. Tampoco los encontró. Entonces Dios envió a unos ángeles con el fin de convertir a los perversos sodomitas. Ni los ángeles lograron la conversión de la ciudad perversa. Entonces Dios mandó llover fuego y azufre. Así terminó la historia de Sodoma y Gomorra.

Ya sé que no es cosa baladí interpretar las Sagradas Escrituras y aplicarlas a circunstancias tan distintas como son las de actualidad. Pero considerando que ya sucedieron hechos semejantes en la población boliviana de Yacuiba, es oportuno analizar, aunque sea brevemente, las causas de la depravación reinante en aquella ciudad fronteriza. Todo el mundo lo sabe: el negocio de la droga, las complicidades con el contrabando y la prostitución. En pocas palabras, el general desenfreno de las costumbres. Y todos juntos, van ganando terreno, más allá de la observancia de las normas elementales de la moral pública y del cumplimiento de la ley. El Gobierno está obligado a disponer medidas rigurosas  que acaben con la perversión cada vez más extendida.

Vamos ahora a lo más concreto, el asalto a Radio Popular, de la mencionada ciudad fronteriza y a los graves daños causados a su director Fernando Vidal y a la operadora Karen Delgado que sufren quemaduras hasta de tercer grado causadas por unos encapuchados. Las dos víctimas merecen los mejores cuidados para su pronto y total restablecimiento.

Pero, además, esta barbarie suscita la pregunta de siempre: ¿A quién aprovecha? La respuesta es la de siempre. Es un aviso de unos facinerosos que se proponen silenciar la campaña de Radio Popular contra el vicio el crimen y la corrupción.

Las historias de ese tipo de crímenes vienen de atrás. Recordemos que en mayo del 2004, cuatro policías de DIPROVE fueron asesinados en Uyuni por unos contrabandistas de vehículos que hoy llamamos auteros. En febrero de este año los periodistas hermanos Víctor Hugo y Verónica  Peñasco fueros asesinados por unos cogoteros que, si no fuera por lo horrendo de su crimen, sus nombres de guerra -El matón quitacalzones y El botija- serían motivo de risa.

Entonces, vistos  los desmanes de la delincuencia que se va extendiendo -y no he citado los últimos descuartizamientos de personas- bien merecen que el Gobierno, una vez llevada a cabo una seria pesquisa, aplique todo el rigor de la ley, y por esta vía se dé seguridad a la gente honrada que vive de su trabajo y no se mezcla con las bandas de delincuentes.

CUBA. OBAMA Y GONI ocupan la atención de Manfredo Kemppf que explaya sus consideraciones en lo que representa Obama en la mente de SEEM, y su alegato en favor de CUBA, olvidando que BOLIVIA debería estar por encima. lo de GONI para echárselo a los leones de El Alto o Achacachi no prospera por la división de poderes en la Democracia de OBAMA.

En criterio de S.E. pareciera que las últimas elecciones norteamericanas que llevaron a la reelección constitucional del presidente Barack Obama para un nuevo período, no hubieran significado nada importante. Aunque el orbe entero haya estado pendiente de sus resultados. Seguramente que, si hubiera triunfado el republicano Romney, tampoco su reacción habría sido distinta; es decir que todo se hubiera quedado en algunas vaguedades – como la deuda de Obama con el voto de los latinos residentes en USA que nadie niega su importancia – y dos temas de fondo: el bloqueo a Cuba y la extradición de Sánchez de Lozada.

En la mayoría de las naciones latinoamericanas existe conciencia y convencimiento de que los gringos no deberían ajustarle más las clavijas al régimen castrista que ha dado, aunque sea, unas mínimas pruebas de apertura. Dicen algunos mandatarios que luego de medio siglo de aislamiento los norteamericanos podrían ceder y permitirles que comercien libremente con el mundo. Es probable que el propio Obama piense igual. Pero nuestra preocupación es otra: ¿por qué S.E. en su primera declaración, luego de conocido el triunfo de los demócratas, tiene que preocuparse de sus relaciones con Cuba en vez de interesarse por una mejor relación con Bolivia? Tal vez sus correligionarios masistas crean que S.E. ha hecho bien, que Cuba es lo más importante, pero lo que pasa es que Bolivia es más grande que el cerebro de los masistas, y, entonces, que el Jefe del Estado Plurinacional se preocupe del destino de Cuba antes que el de Bolivia, no cabe en la cabeza de dos tercios de los bolivianos, por lo menos.

Y la segunda preocupación de S.E. ya no tiene calificativo. Declara que ahora sí espera que Gonzalo Sánchez de Lozada sea extraditado a Bolivia para pagar por las víctimas de octubre del 2003. Eso sí que es ser terco. Va a transcurrir una década, en breve, que se empezaron a acopiar pruebas para extraditar a Sánchez de Lozada y a algunos de sus colaboradores. Y desde que el MAS asumió el poder, S.E. no deja de pedir a las autoridades políticas estadounidenses, que le entreguen al ex mandatario residente en Washington. Y desde hace siete años que los gringos le responden que en su país la justicia no se aplica desde el Poder Ejecutivo, sino desde el Judicial, que existe división de poderes como en toda democracia, y que el presidente norteamericano, sea Fulano o Perengano, no puede, graciosamente, entregar en bandeja, para un festín del populacho, la cabeza de Goni.

Nadie me puede decir – lo he repetido varias veces – que yo tenga simpatías por el MNR o que haya participado, ni de portero, en alguno de sus gobiernos. Menos que haya tenido intereses o que, como algunos que sabemos, le deba favores en metálico a Sánchez de Lozada. Todo lo contrario, fui un tenaz opositor a él desde la prensa por su actitud innoble con el general Banzer, y también su adversario, sin concesiones, desde el Ministerio de Informaciones. Eso para que no haya equívocos.

Lo incomprensible, porque aquí asoma alguna avería en el caletre de alguien, es pensar que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificada por el Congreso y no elegida por analfabetos callejeros, vaya a ceder ni a las exigencias de S.E. ni tampoco a los ruegos de Obama, si los hubiere, como la Corte no lo hizo con ninguno de sus antecesores ni lo hará con sus sucesores. Entonces, Excelencia, convénzase que pierde su tiempo pidiendo que le entreguen a Sánchez de Lozada para echarlo a la fosa de los leones en El Alto o en Achacachi. No sucederá, mientras la justicia norteamericana no esté convencida de que existirá el debido proceso y no un sainete vengativo.

S.E. debería interesarse en apoyar a su Canciller que teje todos los días su gran bordado para normalizar las relaciones con EEUU y cuando se anuncia el próximo canje de embajadores, el propio Jefe de Estado, obedeciendo no sabemos a quién, lo desbarata todo con declaraciones que ya corresponden a otras épocas. Si EEUU sigue comprando productos nacionales a niveles importantes, pese al fracaso con la ATPDEA; y si Bolivia transita por las calles de Wall Street con sus cotizados bonos, ¿no es mejor dejar de sembrar tanta coca y dedicarse a ganar dinero limpio para el país? ¿No puede S.E. poner freno al comercio de la coca chapareña que se convierte en cocaína e integrase en una relación comercial decente con el mundo? ¿No debería apartarse de sus malas amistades del ALBA que no le reportan nada bueno?

¡Caramba! ¡Pero si S.E. ya no es ningún novato! Ya lleva, por si no se acuerda, siete años gobernando. O para decirlo con mayor propiedad lleva siete años en el gobierno, que es bien distinto. Porque una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Si en siete años sigue pensando en que Cuba, Goni y sus socios del ALBA son lo más importante en nuestras relaciones con EEUU, entonces, ¿para qué diablos quiere perdurar en el mando de la nación? Si en siete años no aprendió, en el campo internacional, más de lo que sabía en octubre del 2003, ¿qué vamos a hacer con él?CUBA

el consejo sabio de Lula a Chávez lo hacemos extensivo también a Evo "toda alternancia en el poder, no sólo de personas sino de grupos enriquece la democracia" o aquel otro más directo "vaya preparando una sucesión orodenada" y diríamos en lugar de aferrarse al poder "uñas y todo" (B.el P.)

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva le ha dado un excelente consejo al mandatario venezolano, Hugo Chávez, que bien valdría para todos aquellos gobernantes que tienen planeado quedarse para siempre en el poder. El líder brasileño le ha dicho que vaya preparando su sucesión,  porque según afirma (vaya descubrimiento), “la democracia es un ejercicio de alternancia en el poder, no solamente de personas, sino de sectores de la sociedad”. Lula hizo esta afirmación después de haber confirmado no hace mucho que no va a postularse nuevamente a la Presidencia de su país, como lo había planeado cuando le cedió el mando a su pupila y exministra Dilma Rousseff. No es casual que Lula reflexione de esta manera, lo hace después de los resultados del “juicio del siglo” que ha llevado al banquillo de los acusados a sus principales colaboradores, entre ellos su mano derecha, José Dirceu, acusado de ser el jefe y el cerebro del mayor sistema de corrupción de la historia de Brasil. Este escándalo, conocido como “el Mensalao”, todavía no ha terminado y no solo podría carcomer toda la estructura política de Lula, sino que lo compromete a él mismo. Lula sabe mejor que nadie ahora, que todo lo que sube tiene que bajar y la caída puede ser estrepitosa, lo que convierte a su consejo en una sana advertencia para sus amigos.

los dos octubres. el de Siles que retornó la Democracia a Bolivia el de Evo que liquidó la Democracia porque lo de hoy es oclocracia, extender y proteger la coca y derivados, qye abjura de la ley, es solo una forma de gobierno de la muchedumbre, una degeneración. Dante Pino lo rubrica.

La paradoja de la historia: en octubre Hernán Siles Suazo recupero la democracia de las dictaduras militares y este mismo mes fue testigo de la ruptura del orden constitucional promovido por las oscuras sobras del narcotráfico.  Lo de Siles Suazo inauguraba el proceso democrático en Bolivia, lo de Evo Morales acababa con ese proceso e inauguraba los tiempos de cambio. 

Son dos caminos distintos. El primero tuvo la grandeza de renunciar a su mandato para conservar las libertades que la democracia defiende. Porque la democracia no es solo el voto en las urnas, es libertad, tolerancia, institucionalidad, Estado de Derecho, donde la ley es la base del orden social y estas libertades, así comprendió Siles Suazo, valen más que un año de gobierno. El segundo no quiere dejar el gobierno, y para ello, está dispuesto a violar la ley, vulnerar la Constitución Política que juró respetar y cumplir, le importa poco el cumplimiento de la ley (le mete nomás) y la intolerancia es su signo con el opositor al que busca destruir jurídica y físicamente.

No se puede decir que estamos viviendo la misma democracia o su continuidad. No estoy de acuerdo. Un sistema basado en el voto para perpetuar el gobierno de unos pocos, no es democracia, un sistema que abjura de la ley y que hace del capricho del Presidente la ley no es democracia, un proceso en el cual las instituciones son meros apéndices del Poder Ejecutivo, no es democracia, un Estado que decide tener ciudadanos de primera y de segunda no es democracia, es pura oclocracia, es solo una forma de gobierno de la muchedumbre y para la muchedumbre, es una degeneración de la democracia.

Por eso este 17 de octubre nos retrotrae a tiempos en los cuales la única obligación que teníamos era recuperarla.

Al igual que las dictaduras militares, el gobierno actual, busca culpables a su propia responsabilidad, al igual que ellos exilia, persigue, elimina a los que piensan distinto, usa del patrimonio nacional en favor de los amigos del Presidente, utiliza un lenguaje para la tribuna y otro en los escritorios del Palacio. 

Es tiempo de parar la ambición equivocada de unos pocos, que pretenden perpetuarse en el gobierno usando la ley cuando le conviene y renegando de ella cuando no es así.

Porque es tiempo de que el gobierno comience a explicar que ha hecho con los billones de dólares que ha recibido por las exportaciones de gas y minerales. Debe explicar la multiplicación del patrimonio personal de sus Ministros, el enriquecimiento de unos cuantos empresarios adscritos a este proceso de cambio. Mientras los campesinos siguen produciendo con la tecnología del medio evo, las ciudades se llenan de mendigos, los niños no tiene escuela y las familias no tienen un techo. 

No es poco lo que deben explicar y como no tienen argumentos para ello, la única manera de evitar dar esas explicaciones es prolongarse en el gobierno, tanta es la corrupción que se ha desatado en compras gubernamentales sin fiscalización y al amparo de decretos ilegales que solo de pensar en la abrir la caja de Pandora pierden la razón y atacan desesperados llevándose por delante la ley y a todo quien se ponga al frente.

El 17 de octubre del 2003 terminó la democracia y se inauguró la oclocracia, cuyo único objetivo para toda política práctica es extender y proteger a la coca y sus derivados.

se refiere Manfredo Kempff a "la democracia perforada" y es que todo iba dentro de la democracia hasta que la poblada que derrotó a Sánchez de Lozadafue montada una conspiración que todavía no se quiere reconocer. una siniestra conjura en que participaron la COB, ONGs, DDHH y hasta parte de la Iglesia, estuvieron los mismos que impulsan una democracia tipo stalinista bajo el partido único como en Cuba. (Previus)

Previus. Cada vez comparto la idea de Manfredo de la conjura diábolica, diríamos jacobina, de hacerse del poder a como dé lugar y lo que es más de retenerlo al estilo de Castro, de Chávez, de Franco, de Pinochet. Cuando Mesa se juntó con los vencedores de octubre negro, ni Evo, ni Mallku, ni Roberto Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni los campesinos, las futuras barsolinas podían aceptar quedar fuera del Palacio. su objetivo trazado de antes era la casona de Plaza Murillo. "los cerebros grises" que planearon el asalto, sabían lo que se venía a nivel mundial. la disparada de precios, las crisis de combustibles y alimentos, el aumento de la tensión bélica, sabían porque sus fuentes como hoy están en los "disidentes" que tienen poder en los EEUU, que acceden a la información secreta y la trasmiten a los "grupos extremos como el de Soros" que simplemente se apoderaron del mapa de Bolivia. aunque a esta altura, se descorre un atisbo del principio del fin, porque no todo lo diagnosticado por los "profetas de lo tenebroso" se está cumpliendo. algo les está fallando por lo que Evo Morales, afila los cuchillos para aferrarse aún más al poder, este año ascenderá sin miedo a 45 generales dentro de las FFAA, las quiere sometidas a su férula, para ello "vendería su alma al diablo" como la jubilación con el 100% del salario, y todos los beneficios del poder, cómo no van a estar a sus incondicionalels órdenes, porque son parte de esta conjura de negarle sus derechos al hombre boliviano, de cabalgar sobre sus espaldas, de asumir la plenitud del poder...hasta cuándo? es la pregunta final.

Manfredo: Carlos Mesa sucedió a Sánchez de Lozada en una fiesta con olor a multitudes en la plaza San Francisco. Se abrazó y hasta se revolcó por el suelo con los vencedores de Octubre. Pero, ni el cocalero Morales, ni el Mallku, ni De la Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni la confederación de campesinos, ni las futuras “bartolinas”, se iban a quedar en los umbrales del Palacio. Pensar en eso era una ingenuidad. La democracia formal se había terminado con la fuga de Sánchez de Lozada; ahora se encumbraba la democracia chola, a caballo sobre los hombros indígenas o en nombre de ellos.

Mesa estuvo menos de dos años en el poder pero por entonces la democracia era sólo un marbete para la exportación. Los movimientos populistas y de izquierda y un Parlamento indeciso hicieron que el ex - vicepresidente de Goni renunciara en junio del 2005, antes de que se cumpliera el plazo legal que era agosto del año siguiente. El mando de la nación no lo entregó Mesa al presidente de los Senadores, Hormando Vaca Díez, ni de los Diputados, Mario Cossío, como se debió hacer constitucionalmente, sino al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Si bien es indudable que los bolivianos deseaban democracia luego de los largos años de dictaduras militares y que ahora el pueblo, 30 años después, sigue persistiendo en vivir en un estado de derecho, celebrar tres décadas de democracia es una mentira. 30 años de concurrir a las urnas es una cosa, pero si se trata de vida rigurosamente institucional es otra.

El país lo sabe, y lo repetimos: don Hernán Siles Zuazo, el primer mandatario en estos 30 años que se festejan tuvo que marcharse del palacio antes de cumplir tres años de administración. Un golpe parlamentario propiciado por el MNR, ADN y el resto de la oposición, hizo que esa mala gestión, entrampada en conflictos laborales y una hiperinflación única, tuviera que concluir abruptamente. Aunque se convocara a elecciones presidenciales, quedó incompleta la primera gestión de esta nueva etapa constitucional que se conmemora con tanto alborozo.

Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, cumplieron sus períodos legales y parecía que la democracia se consolidaba en Bolivia. Oficialistas y opositores, pese a su encono, se pusieron de acuerdo en temas constitucionales que fueron vitales para la nación. El general Banzer, personalidad clave de esos días, vio truncado su gobierno -el quinto desde 1982- por una infeliz enfermedad que lo obligó a renunciar y que nada tuvo que ver con atropello alguno a la constitucionalidad. Asumió el mando su Vicepresidente, Jorge Quiroga, hasta completar la gestión.

Con problemas sociales graves, amotinamientos, insurgencias indígenas, crisis económica mundial, y el inicio de los infaustos bloqueos que lideraba Evo Morales, llegó Sánchez de Lozada a su segundo mandato en agosto del 2002. Habían transcurrido 20 años de una democracia que estaba acosada por todos lados, sin credibilidad, y sin ideas para responder a los desmanes que producían quienes, desde la calle, buscaban el poder a cualquier costo. Pero todavía se respetaba la alternabilidad en el Gobierno. Hasta ahí se podría decir que duró el último período democrático, porque desde el 2002 en adelante todo fue un caos.

A Sánchez de Lozada lo derrocó no una poblada furiosa solamente; no los 60 muertos que se produjeron en La Paz y alrededores; lo tumbaron quienes montaron una conspiración para relevarlo del mando. Es una verdad que no se quiere reconocer. Su vicepresidente, Carlos Mesa, fue testigo de excepción y como historiador sabe sin duda cómo se fue tejiendo una siniestra conjura donde participaron dirigentes de los movimientos sociales, la COB, organizaciones no gubernamentales, defensoría del pueblo, asociaciones de derechos humanos, que, para colmo, se arroparon bajo el manto de la Iglesia. Entre los golpistas estuvieron muchos de los actuales gobernantes, los más conspicuos, aquellos que blasfeman hoy contra el neoliberalismo y la “democracia pactada” y que, con descaro, impulsan una democracia popular, de corte estalinista, donde reina el partido único.

Carlos Mesa sucedió a Sánchez de Lozada en una fiesta con olor a multitudes en la plaza San Francisco. Se abrazó y hasta se revolcó por el suelo con los vencedores de Octubre. Pero, ni el cocalero Morales, ni el Mallku, ni De la Cruz, ni los Ponchos Rojos, ni la confederación de campesinos, ni las futuras “bartolinas”, se iban a quedar en los umbrales del Palacio. Pensar en eso era una ingenuidad. La democracia formal se había terminado con la fuga de Sánchez de Lozada; ahora se encumbraba la democracia chola, a caballo sobre los hombros indígenas o en nombre de ellos.

Mesa estuvo menos de dos años en el poder pero por entonces la democracia era sólo un marbete para la exportación. Los movimientos populistas y de izquierda y un Parlamento indeciso hicieron que el ex - vicepresidente de Goni renunciara en junio del 2005, antes de que se cumpliera el plazo legal que era agosto del año siguiente. El mando de la nación no lo entregó Mesa al presidente de los Senadores, Hormando Vaca Díez, ni de los Diputados, Mario Cossío, como se debió hacer constitucionalmente, sino al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

La mesa quedó servida para que Evo Morales triunfara con holgura en diciembre del 2005 y se impusiera un nuevo estilo de gobierno, con un inédito Estado Plurinacional, que es el que soportamos en estos días. Morales se adueñó de una nación acobardada y luego de siete años en el poder, vela sus armas, sin ningún empacho, para una re-reelección que nada tiene que ver los principios democráticos.

No cabía, entonces, festejar 30 años de democracia, el 10 de octubre pasado, porque no los hubo, aunque a algunos les conviene aplaudir la mentira. La democracia ya había sido violada y hecha flecos, como en la guerra. A los bolivianos nos gusta, empero, festejar aniversarios; si de eso se trata pues ni modo, celebremos. Cuatro ex mandatarios asistieron a un acto recordatorio de la fecha en el Consejo Municipal de La Paz y lo más destacado fue lo que dijo Jaime Paz Zamora, en sentido de que la reunión tuvo un tufillo a clandestinidad.         

la cosa es meter miedo a periodistas, empresarios, opositores a todo el que no comulga con el MAS, con su "líder cocalero" con sus medidas y "sus ocurrencias" Carlos Mesa mostrando los Miedos del Poder

Hace un par de días las ministras del presidente Morales hicieron un estrecho círculo para “defender” a la senadora Gabriela Montaño. Lo que en realidad hicieron fue acusar al periodista Eduardo Pérez de “discriminación de género” por haber hecho notar que el interinato presidencial de Montaño no se ajusta a la Constitución. Los argumentos de las ministras se basaban en una supuesta discriminación contra una mujer, por serlo. Paralelamente, la Comisión de Ética de la Asamblea decidió la suspensión temporal de la diputada Adriana Gil por considerar racistas y discriminadoras algunas expresiones suyas contra el Primer Mandatario.

En un extraordinario libro de Stefan Zweig titulado “Castelio contra Calvino”, el autor reflexiona a propósito de la violencia ejercida desde el fundamentalismo, a partir de verdades religiosas reveladas e incuestionables. En suma, pone en evidencia la imposición de una verdad inamovible e incontrastable sobre la que no se puede debatir, objetar o poner en tela de juicio.

El origen étnico o de género, se han convertido en virtudes en sí mismas, una especie de halo de poder intocable que permite hacer y decir cualquier cosa sin límite ni censura alguna. Si se es indígena o mujer —si se está en el poder— hay libertad irrestricta para lo que sea.

Sobre este sinsentido es que el Gobierno ha decidido arremeter contra la libertad y quiere callar a quienes piensan y expresan sus ideas libremente, acosándolos para provocarles miedo y forzar su silencio.

Nadie, absolutamente nadie, es intocable, menos si ejerce funciones públicas. La lectura e interpretación que hizo Pérez Iribarne sobre un tema constitucional —que comparto— es parte del derecho que ejerce como persona y como comunicador. Abrirle un juicio por ello es una aberración. Las autoridades de gobierno lo saben, pero les da igual, su objetivo no es defender a una mujer de un hecho “discriminador”, es atacar sin tregua a periodistas y medios que consideran o son de oposición. Este exabrupto jurídico es parte de una estrategia que se inició con el juicio contra tres medios de comunicación a propósito de otra cuestión menor, la interpretación de un discurso presidencial.

Lo que aquí está en cuestión son valores democráticos esenciales y estos ejemplos son la expresión de una actitud que no se puede aceptar.

Cuestiones más dramáticas están alrededor de este cerco absurdo contra la libertad. Hace algunas semanas murió en prisión, víctima de un ataque cardiaco, Guillermo Fortún. El hecho en sí no es lo grave. Puede darse y se da la circunstancia de que personas presas mueran de muerte natural mientras guardan detención. Lo grave que es el señor Fortún llevaba casi dos años en prisión preventiva, sin apertura de juicio y sin que se hubiese considerado su ya delicado estado de salud para darle las atenciones médicas que requería. Aquí no vale el criterio subjetivo; si era culpable o inocente, si estuvo prófugo y fue repatriado. Lo que pesa es que no se puede mantener a nadie indefinidamente en prisión sin completar un juicio y dictar sentencia. En el caso de Leopoldo Fernández, ¿para cuándo el desarrollo de un juicio y su sentencia en su caso? ¿Deben el senador Pinto y la República de Brasil asumir como un “estado de hibernación” la otorgación de un salvoconducto como le corresponde a cualquier persona a la que una nación le ha concedido el asilo político?

El peor escenario es aquel en el que todo se mezcla. Juicios por discriminación y racismo como el del 24 de mayo de 2008 en Sucre, o contra quienes realmente atentaron contra la democracia en ese año, en el mismo saco de un rosario de acusaciones sin base alguna o en flagrante contradicción dependiendo del “pecador”. El expresidente Quiroga ha sido acusado y sentenciado por varios “delitos” por declaraciones hechas contra un banco local. Un fiscal, por el contrario, desestimó acusaciones idénticas presentadas por una empresa de juegos contra la Ministra de Transparencia. 

Los artículos de la Ley de Autonomías que contemplan la suspensión temporal de autoridades electas, han sido instrumentos para descabezar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Pero la reciente determinación del Tribunal Constitucional contraria a ese procedimiento, no ha motivado —como debiera— la derogación de dichos artículos por parte de la Asamblea.

La oposición por dura que sea, mientras se realice en el marco de las ideas, se haga con responsabilidad y con honestidad intelectual, es legítima e indispensable. 

El uso de la justicia “a la carta” como un brazo largo y terrible que disfraza el autoritarismo, es una forma de ejercicio no democrático del poder que pone en evidencia un miedo intrínseco de los poderosos, el de no ser capaces de confrontar en el mismo terreno y con las mismas armas, a quienes piensan diferente.

Género y origen étnico se han convertido, entre otras, en la terrible coartada para amenazar y amedrentar a los ciudadanos, pero muy especialmente a políticos y periodistas.

El autor fue Presidente de la República 

http://carlosdmesa.com/  

la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

Justicia por ChaparinaJusticia por ChaparinaJusticia por Chaparina El Deber, SC

A un año de haber ocurrido, todavía está presente en la memoria colectiva la brutal represión en Chaparina contra cientos de hombres, mujeres y niños que marchaban en defensa de su territorio contra la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis. En aquel lugar donde acampaban los participantes de la VIII marcha indígena, un grupo de 500 policías antimotines arremetió contra los desprevenidos marchistas. No les fue difícil reducirlos a golpes para después maniatarlos y amordazarlos.  El objetivo de desarticular la protesta se cumplió a medias porque una espontánea reacción ciudadana solidaria impidió en San Borja y Rurrenabaque que los marchistas fueran trasladados con rumbo desconocido en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que esperaban por ellos.

 Un año después de esos deplorables sucesos, la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

De tal modo se explica que solamente fueran imputados por los fiscales asignados al caso, un ex subcomandante nacional de la Policía y un exviceministro de Régimen Interior.

En los niveles superiores del Gobierno se encogieron de hombros y de solemne modo se habló de una hasta ahora no precisada ‘ruptura en la cadena de mando’ como causa del operativo policial y de la paliza contra los marchistas. Otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio en Chaparina como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el exjefe de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado, además de ser excluidos del proceso, fueron ‘premiados’: Llorenti con el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU y Maldonado como comandante nacional de la Policía. Hubo, entre tantas brumas, un gesto digno que correspondió a la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que renunció a su cargo tras la brutalidad desatada contra los defensores del Tipnis.

Chaparina y el 25 de septiembre de 2011. No hay justicia para las víctimas del abuso impune del poder. Pero desde hace un año, aquel lugar y aquella fecha corresponden al registro de un oscuro capítulo de nuestra siempre azarosa historia nacional.

desgobierno. sí. mientras mineros incendian la urbe, el Jefe de Estado proclama a su miss como candidata. primero descuida criminalmente su primera tarea preservar la vida humana. segundo que no es tiempo de proclamaciones, ni de propaganda electoral. El Dia, SC

Ni siquiera el más liberal de los gobiernos norteamericanos -tal vez el de  Harry S. Truman, quien decía que el Estado debía ser casi inexistente-, pensaría que está bien la forma cómo actuó el Gobierno boliviano en el caso de los mineros, a quienes mandó a arreglar sus asuntos a su modo y éstos no encontraron otra manera que agarrarse a dinamitazos.

Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.

Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.

Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios. 

Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.

En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.

Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.