la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

Justicia por ChaparinaJusticia por ChaparinaJusticia por Chaparina El Deber, SC

A un año de haber ocurrido, todavía está presente en la memoria colectiva la brutal represión en Chaparina contra cientos de hombres, mujeres y niños que marchaban en defensa de su territorio contra la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis. En aquel lugar donde acampaban los participantes de la VIII marcha indígena, un grupo de 500 policías antimotines arremetió contra los desprevenidos marchistas. No les fue difícil reducirlos a golpes para después maniatarlos y amordazarlos.  El objetivo de desarticular la protesta se cumplió a medias porque una espontánea reacción ciudadana solidaria impidió en San Borja y Rurrenabaque que los marchistas fueran trasladados con rumbo desconocido en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que esperaban por ellos.

 Un año después de esos deplorables sucesos, la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

De tal modo se explica que solamente fueran imputados por los fiscales asignados al caso, un ex subcomandante nacional de la Policía y un exviceministro de Régimen Interior.

En los niveles superiores del Gobierno se encogieron de hombros y de solemne modo se habló de una hasta ahora no precisada ‘ruptura en la cadena de mando’ como causa del operativo policial y de la paliza contra los marchistas. Otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio en Chaparina como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el exjefe de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado, además de ser excluidos del proceso, fueron ‘premiados’: Llorenti con el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU y Maldonado como comandante nacional de la Policía. Hubo, entre tantas brumas, un gesto digno que correspondió a la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que renunció a su cargo tras la brutalidad desatada contra los defensores del Tipnis.

Chaparina y el 25 de septiembre de 2011. No hay justicia para las víctimas del abuso impune del poder. Pero desde hace un año, aquel lugar y aquella fecha corresponden al registro de un oscuro capítulo de nuestra siempre azarosa historia nacional.