Ni siquiera el más liberal de los gobiernos norteamericanos -tal vez el de Harry S. Truman, quien decía que el Estado debía ser casi inexistente-, pensaría que está bien la forma cómo actuó el Gobierno boliviano en el caso de los mineros, a quienes mandó a arreglar sus asuntos a su modo y éstos no encontraron otra manera que agarrarse a dinamitazos.
Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios.
Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.
En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.
Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios.
Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.
En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.
Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario