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miércoles, 16 de noviembre de 2011

Karem Aráuz invoca a Melgarejo para recordarle a Evo que contra la desconfianza queda una receta "camisas al paredón" ya no queda en quién confiar...se va quedando solo, solito (he de morir)

Cuando el presidente Melgarejo mandó a fusilar su camisa tenía sobradas razones. Según sus cálculos, veinticuatro intentos de derrocarlo ameritaba una ejemplarizadora lección y ante la falta de conspiradores físicamente visibles y para graficar su gran desconfianza, mandó disparar su prenda de vestir. Esta reacción nunca debe ser considerada paranoica. El poder es presa fácil de inseguridades y los enemigos, es verdad, están escondidos detrás de cada árbol.
Debe de ser terrible erigirse en la suma del poder. ¿En quién confiar? La gente debería ser más condescendiente con los hombres del poder que tienen que lidiar con tal cantidad de oponentes que ya ni siquiera los pueden identificar y menos las causas de tanta perfidia. Pero es obvio que las cosas que provocan tanta sospecha, tienen una explicación.
Es absolutamente lógico pensar que los recurrentes cortes de energía en el país, son obra de infiltrados que se dan a la tarea de andar apagando la luz de tal modo que se desmiente totalmente que las falencias de las empresas de energía se puedan deber a la falta de planificación como en principio declaró el mismísimo Presidente. Confesó que no habían pensado que se utilizarían ni más focos, ni tampoco que se instalarían empresitas, medianas y grandes empresas que consumen energía. Pero luego, apoyado seguramente por algún informe de inteligencia, blanqueó la verdad: existen  técnicos saboteadores y encima mentirosos. Qué difícil manejar así un país. Sobre las inversiones, no hay dudas. Como son inexistentes, no hay por qué desconfiar.
Ya la marcha del Tipnis le causó gran zozobra a SE. ¿Cómo confiar en los indígenas? Calificó de “sui géneris” a la marcha. Por supuesto que no se refería al dúo Charly García - Nito Mestre, sino al derivado del latín que significa de “su propio género o especie”. Como sea, la desconfianza está ahí. Y no es para menos. Los indígenas que tuvieron al país pendiente por más de dos meses y que venían con hijos pequeños tratando de evitar que se partiera en dos su territorio ancestral, no son dignos de confianza. Fueron creíbles hasta ahora que, gracias a la perspicacia presidencial, recién se descubre que no pescan, cultivan ni cazan pequeños animales para subsistir por generaciones, sino que están detrás de la creación de su propio partido forjando liderazgos políticos indígenas como si él no existiera.
Para mayor abundamiento, una casi lúcida viceministra tan apegada a la ley que es un ejemplo, decidió hacer valer lo “intangible” de la Ley Corta sin esperar ni un minuto más por la reglamentación. Ha descubierto casualmente, que las certificaciones ambientales tanto para la empresa de turismo como para la caza controlada de caimanes-que estaba autorizada- tenían errores. Así que ningún turista nunca más podrá ir al Tipnis a conocer lo que es una reserva de fauna y flora única en el mundo ni podrá fotografiar a los indígenas tejiendo cestas de palma. Y los caimanes se volverán peste endémica. O tal vez en Caimanbol, el próximo  exitoso emprendimiento  empresarial del gobierno con algún Quintana como máximo ejecutivo. Ambas licencias fueron emitidas por esta misma administración. Realmente es como para fusilar a una camisa,  además de a un pantalón.
Y sobre el mismo tema, es un alivio para todos que la gran suspicacia de SE en el gobierno y en los Estados Unidos en su conjunto, haya sido superada. Qué bueno que la confianza volvió de tal modo que las relaciones entre pares se estén normalizando. Después de tantos intentos para derrocar, desprestigiar y  financiar protestas en su contra, la cordura se impone en el norte y en demostración de que son dignos de confianza, ni siquiera a la DEA traerán. Bastante el sofocón cuando SE deseaba ir en su avión de jeque a Nueva York y no se animaba porque estaba segurísimo de que los gringos le tenían una trampa preparada y algo feo le plantarían para implicarlo. Al pobre general Sanabria le sucedió por no saber desconfiar.
Qué terrible vivir rodeado de recelo debiendo tener precaución hasta de la gente a la que más amparo se le ha brindado. Recuerdo que allá por el 2008, me apenó la declaración de SE de que no tenía confianza en algunos de los Comandantes de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido por suerte solucionado. Todos ellos son -hoy por hoy- el prototipo de la convicción absoluta, además de conmovedores devotos a la causa.
Es claro que Demófilo, Obispo de Constantinopla, no sufrió en carne propia lo de vivir soportando  el tormento de la desconfianza -pues de ser así- nunca habría escrito: “la sospecha es indicio de un alma baja; el que desconfía de todos es digno de que nadie se fíe de él; porque el hombre aprende en su corazón el engaño y mide por los suyos, los pensamientos ajenos”.

jueves, 10 de noviembre de 2011

todos los generales presos y condenados a largas penas piden a Evo INDULTO bajo diversos razonamientos. qué dicen los constitucionalistas?

Foto ilustrativa del Jefe de Estado y el Alto Mando

Cuatro ex altos jefes militares condenados a distintas penas de cárcel por los hechos de septiembre y octubre de 2003 solicitaron este jueves, al Presidente Evo Morales Aima, la concesión del Indulto Presidencial, al considerar que fueron objeto de un proceso supuestamente impregnado de irregularidades desde el inicio de las investigaciones. 



La carta está firmada por los generales Roberto Claros Flores (Ex comandante en jefe), Juan Véliz Herrera (Ex Comandante del Ejército); Luis Aranda Granados (ex comandante de la Naval), y Gonzalo Rocabado Mercado, (ex comandante en jefe accidental). 



En esa misiva dirigida al Presidente y también Capitán General de las Fuerzas Armadas, los ex jefes militares del año 2003, cuando se produjo la denominada “Guerra del Gas”, afirman que la sentencia condenatoria de la que fueron objeto es una “injusticia que mella la dignidad de las Fuerzas Armadas, del soldado profesional y la nuestra”. 



Asimismo, sostienen que la condena estaba dirigida contra sus actos que protagonizaron como funcionarios públicos  “que cumplieron su misión constitucional, el mandato de la ley y una orden escrita del Capitán General de las Fuerzas Armadas”. 



Los ex comandantes afirman en su pedido que en caso de que en su condición de militares hubiesen discutido o resistido la orden de coadyuvar al mantenimiento del orden, durante las violentas protestas del año 2003, pudieron igual haber sido pasibles a sanciones de privación de libertad, tal como señala el Código Penal. 



Los condenados por el caso “octubre negro” reiteran sus críticas contra la actuación de la Fiscalía, instancia que –indican- no aportó los elementos esenciales para lograr una sentencia condenatoria. 


“El Ministerio Público en su acusación no estableció la relación circunstancial de los hechos ocurridos en la “Guerra del Gas” y en consecuencia, no individualizó a los autores directos ni las circunstancias en que se produjeron los hechos, sino que en actitud cómoda e irresponsable acusó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, incumpliendo el código penal”, sostienen los militares ahora en retiro. 



Asimismo, califican como “acto infame” de la Fiscalía el haber incluido en la acusación a los miembros de las Fuerzas Armadas, al recordar que el proceso de investigación se encontraba en vías de extinción ante la ausencia del principal protagonista, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el decreto de indulto a favor de líderes sociales, a quienes considera como “protagonistas de un proceso sedicioso”. 



También, los ex comandantes se reafirman en sus críticas a la tarea del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, al cual sindican de haber ignorado una serie de preceptos legales y de haber favorecido, de forma sostenida, el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público y de haber actuado sin competencia al haber dispuesto, entre otras cosas, la continuidad del juicio durante la vacación judicial. 



“El Tribunal ignoró su deber de exigir los más altos estándares de prueba para resolver con convicción plena. Tampoco consideró que la mayoría de los testigos se declararon víctimas y que tenían interés directo en el resultado del proceso y por ello su testimonio debía ser corroborado por testigos”, aseguran. 



“Las Fuerzas Armadas, en los hechos de 2003, demostraron la obediencia que no es sólo mandato legal, sino doctrina institucional, cuando acatando la orden del Capitán General cooperaron a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, por su posición en la cadena de mando, no tenían facultad legal para disponer el despliegue de tropas”, afirma el documento. 

La Corte Suprema condenó a los ex altos jefes a penas de entre diez y quince años de prisión, condena que los militares cumplen en la cárcel de San Roque de Sucre. De la petición al Presidente del Estado no forma parte el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea.

domingo, 6 de noviembre de 2011

lleno de un positivismo notable Edwin Tapia explaya soluciones al tema de los carburantes cuyo ajuste parece inminente. no podemos compartir su optimismo de ser la cordura y sapiencia del régimen que remonte la crisis. persiste nuestra idea que se sigue el camino al autoritarismo masista

I.- En países sin estructuras económicas independientes respecto de las deformaciones ocasionadas por el poder político, los discursos, declaraciones y comentarios de los gobernantes, influyen en la conducta de la gente más que los acontecimientos reales. Ese fenómeno, actualmente aquí en Bolivia, adquiere dimensiones imprevisibles con velocidad casi mágica. Los precios, por ejemplo, se rigen no tanto por las leyes del mercado como por los errores o exageraciones de niveles administrativos que intentan sus fantasías de espaldas a la realidad. En un medio que se mueve en la lógica de un capitalismo primario, importador, desalmado, donde autoridades de alto nivel pretenden que estamos muy próximos al socialismo bolchevique, puede suceder cualquier cosa. En la proyección absurda de esa contradicción entre lo real y lo fantasmagórico, la comedia alcanza extremos trágicos alarmantes.

II.- Es evidente que la subvención de aproximadamente setecientos millones de dólares a la importación de gasolina y diésel, significa un duro impacto para las finanzas públicas. El Gobierno, con recursos del Tesoro General de la Nación, tiene que pagar, anualmente, esa cantidad de dinero y como no hay milagros en la economía, esos pagos disminuyen los recursos del Estado impidiendo la realización de otras obras, quizá de mayor significado social. El sector público, cuando le falta dinero, sólo tiene dos vías para resolver tal déficit, en primer lugar, mejorar la producción y productividad de las empresas a su cargo como YPFB, ENTEL, BOA y otras o incrementar los impuestos agravando la pobreza de la población. Entonces, ante el imperativo de suprimir la subvención, no hay salvación posible. Claro, eso desde la perspectiva de las posibilidades económicas de un sector público como el que tenemos actualmente.

En otros países y con gobiernos cuidadosamente elegidos, habrían otras soluciones, por ejemplo, sustituir las importaciones de diésel y gasolina aumentando la producción de hidrocarburos, factible en un país con reservas probables de petróleo. En esta materia, uno de los errores graves, de naturaleza estructural, es haber debilitado en forma, ciertamente suicida, la prospección y explotación de nuevos pozos petrolíferos. La llamada nacionalización que tuvo pequeños éxitos, circunstanciales, liquidó la capacidad del Estado para manejar el tema hidrocarburífero en plazos de diez o veinte años. Al haberse ahuyentado la inversión extranjera, se privó al país de incrementar sus reservas y su producción. Los extremos, en esta materia, son igualmente antinacionales, lo correcto es acomodar la participación externa en el marco de planes y programas soberanamente definidos. Es una paradoja incomprensible que Bolivia importe gasolina subvencionada. Estamos a punto de importar otros derivados que podríamos haberlos producido no sólo en relación con nuestras necesidades, sino con requerimientos de los mercados vecinos. Aquí lo que falta no son recursos naturales, ni siquiera capital y tecnología, sino voluntad creadora y respeto por el pueblo. La gente sigue jugando a las concentraciones masivas en la lógica de aplausos y vítores que muy pronto se convierten en demandas insatisfechas y amargas frustraciones.

III.- Es también inexplicable, casi un atentado perverso, el haber incrementado la importación ilegal de vehículos, decimos incrementado, porque no fue sólo la legalización de los automotores que ilegalmente ya estaban dentro del país, sino el aumento alarmante de ese tipo de comercio. Durante todo el tiempo, ciertamente largo, en que se legalizó lo ilegal, las fronteras fueron invadidas por miles de vehículos de dudosa procedencia, incluso ocasionando el apresamiento lamentable y vergonzoso de militares bolivianos movilizados para tal efecto. Si asumimos que esa medida aumentó la cantidad de automotores en 200 mil unidades y calculamos que cada una de ellas consume mínimo 10 litros por día, estamos hablando de 2.000 litros de gasolina diarios que son beneficiados con la subvención de que se queja y lamenta tanto el Gobierno.

IV.- En lo que respecta a la subvención, el debate debe ser más sereno, todos los estados del mundo subvencionan con algo a su respectiva población o dicho de otro modo tienen la obligación de mejorar las condiciones de existencia de sus pueblos, el dinero que reciben por impuestos, de la cooperación internacional, de los ingresos que producen sus empresas y de otras fuentes, obviamente, es para dar a la gente oportunidades de trabajo mediante inversiones eficientes, así como servicios de salud, de educación y en general de evolución cultural. No es única, ni un favor especial esta subvención que preocupa tanto a los gobernantes. A base de esa comprensión será útil definir a quién se beneficiará con tal concesión y si vale la pena mantenerla. Como ya hemos dicho no hay otra solución verdadera que la de sustituir las importaciones, produciendo más petróleo. Otra decisión no productiva incidirá gravemente en la economía del pueblo, agravará la pobreza y con mayor rigor respecto de los sectores más desposeídos y débiles. Así, el discurso revolucionario a favor de los explotados, acabará en una trágica conversión precisamente contra esos niveles que ahora compran un pan con lo que antes compraban cuatro.

V.- El intento del año pasado y sus efectos, tanto económicos como sociales, debe ser tomado en cuenta con la debida serenidad y sabiduría. La gasolina y el diésel son productos estratégicos, influyen en la totalidad del resto de la economía, obviamente, con efectos multiplicadores. El precio del transporte subirá en porcentaje mayor a la subida de la gasolina y el diésel, lo mismo sucederá con los alimentos, la ropa, los farmacéuticos, es decir, se incrementarán en por lo menos dos o tres veces más que el incremento de los hidrocarburos, esto presionará en forma inevitable en el aumento de sueldos y salarios, lo que en un país como el nuestro, donde la oferta es débil o inexistente, elevará nuevamente los precios dando lugar a una espiral inflacionaria regresiva. Ésta es la paradoja trágica generada por el discurso político, allá donde la economía es débil, desorganizada e incierta.

VI.- Las acciones meramente críticas, aun en ámbito estrictamente periodístico, si no ofrecen alternativas o un margen de comprensión equitativa, se convierten en política sectaria obstruccionista, nosotros estamos lejos de esa posición, jamás nos hemos opuesto por el mero propósito de hacer daño al Gobierno, aplaudimos lo bueno, respaldamos aquello que para su éxito requiere el concurso de todos, criticamos lo malo, con argumentos demostrables y alternativas factibles. Este problema no es de fácil solución, las opciones, a simple vista, son igualmente duras para el país, mantener la subvención es debilitar la economía estatal con la agravante de los contrabandistas que están trasladando el ahorro interno a los países vecinos y suprimir tal subvención, significaría elevar el costo de vida con poca posibilidad de compensarla con un aumento de la oferta o de los sueldos y salarios. Éste es el drama de los países pobres y atrasados en los que, lamentablemente, los gobernantes juegan con hipótesis subjetivas de difícil aplicación o simplemente con fórmulas que corresponden a un nivel de imaginación insuficiente.

VII.- Hay cuatro alternativas, la primera, dejar las cosas tal como están con riesgo de acelerar la quiebra de la economía estatal. La segunda, suprimir gradualmente la subvención, lo que de ningún modo evitaría el aumento del costo de las mercancías, el riesgo de la gradualidad es que en cada aumento relativo, los otros bienes subirían como si fuera un aumento total. La tercera, sería un aumento de precios discriminado, por ejemplo, diferenciando vehículos de servicio público de vehículos de uso particular. El parque automotor es redundante, dispendioso, desorganizado y violento. Se puede reducir mucho con un buen servicio público. En ámbito particular, aproximadamente el 40 por ciento , es redundante, ocioso. Y la gran solución es fortalecer, seriamente, el Gobierno con planes y programas claramente definidos, con gente capaz y disciplinada y logrando una participación consciente de la población. El régimen, como ninguno, tiene a esta altura de su gestión, todavía muchas potencialidades, si no las aprovecha será sólo por su propia conducta. Este artículo se produce frente al desafío de declaraciones, que dadas las condiciones sicológicas creadas por el intento de suprimir la subvención, el año pasado, ya tiene efectos altamente nocivos contra la economía de la gente. Dos son los fenómenos que están comenzando a convertirse en acontecimientos descontrolados de base ficticia. Uno de ellos, es el estocamiento, es decir, una forma de ocultar los bienes, los comerciantes, no porque sean malos, sino porque ése es el comportamiento lógico de quienes se dedican a tal actividad, en cualquier parte del mundo, están acumulando mercancías con la intención de hacer subir sus precios. El momento en que se desate tal dinámica, los intermediarios buscarán precios de reposición, en otras palabras, los comerciantes como resultado de su larga práctica y de su instinto de conservación, saben que en circunstancias como éstas, el precio en que vendan sus productos no servirá para reponerlos, venderán en diez y tendrán que comprar en doce, catorce o quince. Y en lo que respecta a los hidrocarburos, lo menos que harán los transportistas, es mantener siempre llenos sus tanques, esto en el caso de personas que no tienen depósitos para acumular gasolina o diésel. Así, lo que alguien dijo, sólo por ingenuidad o por intento fríamente calculado de probar la reacción de la gente, se está produciendo un proceso de auto destrucción. Administrar un país es infinitamente mucho más que administrar movimientos sociales o sindicatos.

VIII.- Todos saben que reunir a la gente para discutir un asunto es con la intención de modificar ese asunto, nadie convoca a debates para dejar las cosas tal como están, esto quiere decir, que el anuncio del encuentro social es para convencer a quienes asistan a ese encuentro acerca de la necesidad de suprimir la subvención de la gasolina y el diésel. Repetimos, la gradualidad, tiene el riesgo de que cada incremento parcial ocasione subidas de precio mayores a su causa original, con lo que al final el costo de vida aumentará dos o tres veces más que el incremento de los hidrocarburos. Y la otra alternativa de carácter total sería muy dura para la gente, con efectos políticos quizá incontrolables.

La disyuntiva es la misma que atormenta a todos los países pobres del mundo: salvar la economía sacrificando al pueblo o salvar al pueblo sacrificando la economía, es decir, un drama sin salida dentro de los sistemas políticos conocidos. Esto exige imaginación creadora, organización sólida, ágil, eficiente, disciplina y honestidad. Entonces lo fatal se relativiza. El Gobierno si cambia algunos aspectos ideológicos y operativos, puede mejorar las condiciones de vida del país y salvarse en forma plausible, pero eso no hay en ningún libro y menos en fórmulas periodísticas. Son los gobernantes que deben realizar los esfuerzos necesarios para demostrar que son capaces de cumplir airosamente su compromiso histórico.