LA PAZ, Bolivia. El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales fue elegido presidente de la República de Bolivia; en ese momento era titular de la Federación de Cocaleros del Chapare. El 22 de enero de 2006 asume el cargo, pero sorpresivamente es presentado al mundo como el primer indígena en ocupar la presidencia del país.
Evo Morales Ayma no es indígena, es mestizo. Nació en el departamento de Oruro y luego vivió en la región del Chapare, Cochabamba. Aquí alcanzó notoriedad liderando la federación de cocaleros; su lucha tenía como objetivo evitar la destrucción de las plantaciones de la hoja.
Se presentó a la opinión pública internacional una farsa: un indígena como presidente de la nación más pobre de Sudamérica. Se llegó al colmo de entronizarlo como máximo sacerdote de la nación aimara.
Evo Morales, en un acto trasmitido a nivel mundial por las cadenas televisivas, recibió los distintivos que corresponden al sumo sacerdote aimara. Resumió en su persona la totalidad del poder en Bolivia.
Sin embargo, el acto resultó una parodia: Amauta Mejillones, que lo cubrió con el manto sagrado de los aimara, resultó ser un estafador y al cabo de unos meses fue detenido por la Policía Nacional por narcotráfico. Tenía en su poder 800 kilos de cocaína líquida.
Construcción de una imagen
“La imagen de Evo Morales se construyó en función a intereses políticos. En el escenario internacional es impresentable como cocalero. Entonces inventan la historia de sumo sacerdote aimara y su condición de indígena”, fue el comentario de Jimena Costa, prestigiosa analista política.
La construcción de una imagen se convirtió en una constante: es el “mejor padre” de Bolivia. Por eso la Renta Dignidad, que es una contribución monetaria del Estado para las familias de escasos recursos.
La realidad de Evo Morales es otra: es padre de varios hijos y hasta ahora solo una mujer logró sacarle la prestación de alimentos, mediante orden judicial. El proceso tuvo lugar antes de que ocupe el Poder Ejecutivo.
María Alejandra Prado, diputada nacional, sostiene que “asesores de España y Francia tienen una fuerte presencia en el Poder Ejecutivo. Esto explica todo el diseño de marketing en torno a Evo Morales. El problema es la contradicción entre el Evo que gobierna Bolivia y el Evo que participa de campañas de medioambiente, con la historia de la Pachamama”.
El Evo que gobierna
¿Cuál es la imagen que corresponde al Evo Morales que gobierna Bolivia? ¿Un demócrata preocupado por refundar Bolivia sobre la base de la justicia? ¿Un hombre autoritario que conduce a su país hacia una nueva dictadura?
“Conozco muy bien a Evo Morales: no va a permitir la existencia de un liderazgo político que pueda poner en peligro su poder. Basta con decir que hasta hoy día sigue siendo presidente de la Federación de Cocaleros del Chapare”, dijo René Joaquino, alcalde de Potosí, suspendido en el cargo por proceso judicial.
René Joaquino es hijo de madre quechua; fue compañero de Evo Morales en la coordinación nacional indígena-campesina. Evo era representante del sector campesino del Chapare.
Dictadura en Bolivia
En la cárcel de San Pedro (irónico el nombre, por cierto) están detenidos 22 ciudadanos que se declaran presos políticos del Estado boliviano. El más notorio es Leopoldo Fernández, acusado de genocidio, quién lleva 2 años 8 meses sin ser juzgado.
Cada una de las historias escuchadas en la cárcel coinciden con las entrevistas que realizamos a políticos bajo proceso judicial, que están en espera de ser enviados a la cárcel.
La justicia se convirtió en la herramienta para imponer una dictadura. Yamil Pilco, dirigente universitario de Sucre, sostiene: “Bolivia vive bajo un terrorismo jurídico. La oposición no tiene forma de defenderse. Nos ahogan con procesos hasta anularnos”.
El Abog. Carlos Cordero, de La Paz, asegura que en Bolivia “no existe el Estado de derecho. Las leyes se utilizan para desarticular a la oposición y los fiscales son los encargados de perseguir a todo ciudadano que tenga un pensamiento diferente”.
Evo Morales no utiliza botas militares para aplastar la disidencia: basta con utilizar la “justicia” para descabezar a la oposición. La ley se convirtió en la herramienta para imponer una dictadura en Bolivia.
Chantaje fiscal para acusar a dirigentes de la oposición
Luego de dos intentos logramos ingresar al penal de San Pedro, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de los Estudiantes, sector residencial de La Paz.
La cárcel ocupa una manzana y no difiere de otros recintos penitenciarios de nuestra región: hacinamiento, bajo porcentaje de condenados y corrupción.
Pudimos burlar la vigilancia de los agentes de la Policía Nacional e introducir una pequeña cámara fotográfica. Dentro de San Pedro se encuentran 22 ciudadanos que se declaran presos políticos del régimen de Evo Morales.
Aunque el Código de Procedimientos Penales de Bolivia establece que los jueces naturales deben pertenecer a la región donde supuestamente se cometieron los delitos, la realidad es otra.
En San Pedro se encuentran 11 procesados de Santa Cruz, 7 de Pando, 2 de El Beni y 2 de Tarija, todos ellos bajo diversas imputaciones abiertas por el Ministerio Público relacionadas al cumplimiento del deber del funcionario público.
El incumplimiento de deberes es la acusación más común contra los disidentes y basta la imputación para ser separado del cargo o bien remitido a la penitenciaría.
Y van pasandolos años...
Felipe Moza era presidente del Comité Cívico de Villa Montes cuando fue detenido en el año 2008 bajo la acusación de terrorismo, junto con otros cinco compueblanos. Cinco ya salieron en libertad, pero él lleva 2 años 8 meses en San Pedro, con una sola audiencia judicial hasta el momento. Es opositor.
El caso de Leopoldo Fernández es emblemático: siendo gobernador del departamento de Pando, frontera con Brasil, fue detenido bajo la acusación de genocidio. Nunca fue presentado ante un juez.
En Asunción, la ministra anticorrupción Nardy Suxo aseguró en una reunión de prensa, realizada en la Embajada de Bolivia, que “Leopoldo Fernández está preso por las chicanerías judiciales que está realizando. El gobierno de Evo Morales quiere llevar el caso a proceso para que se conozca la verdad”.
Si es cierto lo que dijo la ministra Suxo, el caso de Leopoldo Fernández es realmente inédito: las chicanas se plantean para no ir a la cárcel, no estando dentro.
“Yo exijo un juicio. Primero, para demostrar mi inocencia, y segundo, para demostrar la responsabilidad del Gobierno en la matanza de campesinos, para forzar la imposición del estado de sitio”, aseguró don Leopoldo.
En busca de soplones
Una técnica muy simple pero sumamente eficaz es plantear una acusación contra inocentes y luego forzar arreglos a cambio de declaraciones. Felipe Moza, de Villa Montes, sigue en prisión porque se negó a convertirse en testigo de la fiscalía en una investigación contra Mario Cossío, actualmente refugiado en el Paraguay.
Lo mismo se puede decir del dirigente universitario Yamil Pilco, incluido en una investigación fiscal que también afecta al economista Jaime Barrón, ex rector de la Universidad “San Francisco Javier”, de Sucre.
Pilco vive con la posibilidad de ser remitido a San Pedro: “No pueden matarnos, entonces buscan callarnos. Nos ahogan con procesos y los fiscales nos chantajean para prestar testimonio falso. Yo no me voy a prestar, tengo dignidad”.
PROXIMA NOTA: Vivir en Bolivia
Evo Morales Ayma no es indígena, es mestizo. Nació en el departamento de Oruro y luego vivió en la región del Chapare, Cochabamba. Aquí alcanzó notoriedad liderando la federación de cocaleros; su lucha tenía como objetivo evitar la destrucción de las plantaciones de la hoja.
Se presentó a la opinión pública internacional una farsa: un indígena como presidente de la nación más pobre de Sudamérica. Se llegó al colmo de entronizarlo como máximo sacerdote de la nación aimara.
Evo Morales, en un acto trasmitido a nivel mundial por las cadenas televisivas, recibió los distintivos que corresponden al sumo sacerdote aimara. Resumió en su persona la totalidad del poder en Bolivia.
Sin embargo, el acto resultó una parodia: Amauta Mejillones, que lo cubrió con el manto sagrado de los aimara, resultó ser un estafador y al cabo de unos meses fue detenido por la Policía Nacional por narcotráfico. Tenía en su poder 800 kilos de cocaína líquida.
Construcción de una imagen
“La imagen de Evo Morales se construyó en función a intereses políticos. En el escenario internacional es impresentable como cocalero. Entonces inventan la historia de sumo sacerdote aimara y su condición de indígena”, fue el comentario de Jimena Costa, prestigiosa analista política.
La construcción de una imagen se convirtió en una constante: es el “mejor padre” de Bolivia. Por eso la Renta Dignidad, que es una contribución monetaria del Estado para las familias de escasos recursos.
La realidad de Evo Morales es otra: es padre de varios hijos y hasta ahora solo una mujer logró sacarle la prestación de alimentos, mediante orden judicial. El proceso tuvo lugar antes de que ocupe el Poder Ejecutivo.
María Alejandra Prado, diputada nacional, sostiene que “asesores de España y Francia tienen una fuerte presencia en el Poder Ejecutivo. Esto explica todo el diseño de marketing en torno a Evo Morales. El problema es la contradicción entre el Evo que gobierna Bolivia y el Evo que participa de campañas de medioambiente, con la historia de la Pachamama”.
El Evo que gobierna
¿Cuál es la imagen que corresponde al Evo Morales que gobierna Bolivia? ¿Un demócrata preocupado por refundar Bolivia sobre la base de la justicia? ¿Un hombre autoritario que conduce a su país hacia una nueva dictadura?
“Conozco muy bien a Evo Morales: no va a permitir la existencia de un liderazgo político que pueda poner en peligro su poder. Basta con decir que hasta hoy día sigue siendo presidente de la Federación de Cocaleros del Chapare”, dijo René Joaquino, alcalde de Potosí, suspendido en el cargo por proceso judicial.
René Joaquino es hijo de madre quechua; fue compañero de Evo Morales en la coordinación nacional indígena-campesina. Evo era representante del sector campesino del Chapare.
Dictadura en Bolivia
En la cárcel de San Pedro (irónico el nombre, por cierto) están detenidos 22 ciudadanos que se declaran presos políticos del Estado boliviano. El más notorio es Leopoldo Fernández, acusado de genocidio, quién lleva 2 años 8 meses sin ser juzgado.
Cada una de las historias escuchadas en la cárcel coinciden con las entrevistas que realizamos a políticos bajo proceso judicial, que están en espera de ser enviados a la cárcel.
La justicia se convirtió en la herramienta para imponer una dictadura. Yamil Pilco, dirigente universitario de Sucre, sostiene: “Bolivia vive bajo un terrorismo jurídico. La oposición no tiene forma de defenderse. Nos ahogan con procesos hasta anularnos”.
El Abog. Carlos Cordero, de La Paz, asegura que en Bolivia “no existe el Estado de derecho. Las leyes se utilizan para desarticular a la oposición y los fiscales son los encargados de perseguir a todo ciudadano que tenga un pensamiento diferente”.
Evo Morales no utiliza botas militares para aplastar la disidencia: basta con utilizar la “justicia” para descabezar a la oposición. La ley se convirtió en la herramienta para imponer una dictadura en Bolivia.
Chantaje fiscal para acusar a dirigentes de la oposición
Luego de dos intentos logramos ingresar al penal de San Pedro, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de los Estudiantes, sector residencial de La Paz.
La cárcel ocupa una manzana y no difiere de otros recintos penitenciarios de nuestra región: hacinamiento, bajo porcentaje de condenados y corrupción.
Pudimos burlar la vigilancia de los agentes de la Policía Nacional e introducir una pequeña cámara fotográfica. Dentro de San Pedro se encuentran 22 ciudadanos que se declaran presos políticos del régimen de Evo Morales.
Aunque el Código de Procedimientos Penales de Bolivia establece que los jueces naturales deben pertenecer a la región donde supuestamente se cometieron los delitos, la realidad es otra.
En San Pedro se encuentran 11 procesados de Santa Cruz, 7 de Pando, 2 de El Beni y 2 de Tarija, todos ellos bajo diversas imputaciones abiertas por el Ministerio Público relacionadas al cumplimiento del deber del funcionario público.
El incumplimiento de deberes es la acusación más común contra los disidentes y basta la imputación para ser separado del cargo o bien remitido a la penitenciaría.
Y van pasandolos años...
Felipe Moza era presidente del Comité Cívico de Villa Montes cuando fue detenido en el año 2008 bajo la acusación de terrorismo, junto con otros cinco compueblanos. Cinco ya salieron en libertad, pero él lleva 2 años 8 meses en San Pedro, con una sola audiencia judicial hasta el momento. Es opositor.
El caso de Leopoldo Fernández es emblemático: siendo gobernador del departamento de Pando, frontera con Brasil, fue detenido bajo la acusación de genocidio. Nunca fue presentado ante un juez.
En Asunción, la ministra anticorrupción Nardy Suxo aseguró en una reunión de prensa, realizada en la Embajada de Bolivia, que “Leopoldo Fernández está preso por las chicanerías judiciales que está realizando. El gobierno de Evo Morales quiere llevar el caso a proceso para que se conozca la verdad”.
Si es cierto lo que dijo la ministra Suxo, el caso de Leopoldo Fernández es realmente inédito: las chicanas se plantean para no ir a la cárcel, no estando dentro.
“Yo exijo un juicio. Primero, para demostrar mi inocencia, y segundo, para demostrar la responsabilidad del Gobierno en la matanza de campesinos, para forzar la imposición del estado de sitio”, aseguró don Leopoldo.
En busca de soplones
Una técnica muy simple pero sumamente eficaz es plantear una acusación contra inocentes y luego forzar arreglos a cambio de declaraciones. Felipe Moza, de Villa Montes, sigue en prisión porque se negó a convertirse en testigo de la fiscalía en una investigación contra Mario Cossío, actualmente refugiado en el Paraguay.
Lo mismo se puede decir del dirigente universitario Yamil Pilco, incluido en una investigación fiscal que también afecta al economista Jaime Barrón, ex rector de la Universidad “San Francisco Javier”, de Sucre.
Pilco vive con la posibilidad de ser remitido a San Pedro: “No pueden matarnos, entonces buscan callarnos. Nos ahogan con procesos y los fiscales nos chantajean para prestar testimonio falso. Yo no me voy a prestar, tengo dignidad”.
PROXIMA NOTA: Vivir en Bolivia
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