Nadie a quien le asista la más elemental sensatez se puede oponer a que el denominado “video–soborno”, que remueve desde sus cimientos el bullado caso Rózsa sobre supuestos aprontes “terroristas” en el país, sea objeto de una severa e imparcial investigación. Inicialmente, las pesquisas deben confirmar lo que a juzgar por todos los indicios ya se sabe: las imágenes y el audio de la grabación, como sugieren inquietas algunas autoridades del Gobierno. Cabe hacer notar que, hasta el momento, algunas circunstancias corren a favor de lo primero. Sin duda alguna que la más importante sea la actitud asumida por quien, aparentemente, comandaba el operativo de silenciar con cohecho al denominado “testigo clave” del caso Rózsa e inducirlo a abandonar el país. Renunció al cargo que desempeñaba en la Defensoría del Pueblo, casi inmediatamente después de estallar el escándalo que promoviera la difusión del video. Este alejamiento voluntario equivale a una confesión explícita. De no ser cierto el diálogo con “el Viejo” dentro del vehículo en el que se lo trasladó hasta el límite fronterizo con Argentina, con toda seguridad que, en vez de dimitir, estaría aferrado al cargo, alegando su inocencia total y de ser utilizado como blanco principal de un fraude que apunta a objetivos políticos bien específicos. Sobre tal persona caen igualmente indicios más o menos firmes de que realmente estuvo vinculado a operaciones gubernamentales contra la oposición regional cruceña y uno de cuyos principales puntales, según muchos analistas, fue la presunta banda terrorista. Se conocen ya sus indirectos vínculos familiares con el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien lo incorporó a las planillas de esa Secretaría de Estado. Es así que el ahora desaparecido Carlos Núñez del Prado se convierte en el testigo clave del caso. Tras acreditarse la autenticidad del video, asunto que de modo alguno debe confiarse a la Policía, que no ofrece garantías de imparcialidad alguna, sino a expertos de un organismo internacional que resuelvan la cuestión, aquél debiera ser el primero en aparecer en un interrogatorio. Se ignora dónde se halla “el Viejo” Villa. No es hazaña imposible, sin embargo, dar con su paradero. Para esto existe una Interpol capaz de resolver en poco tiempo el misterio. Una vez ubicado, por cualquier vía, sin duda que Villa no se resistirá a confesar el porqué y para qué recibió los más de 30.000 dólares. Y no sólo esto, sino también aclarar su papel real dentro del tramado que siguió al tiroteo en el hotel Las Américas. Pero el controvertido fiscal Marcelo Soza asignado al caso, al parecer, está más interesado en que quienes difundieron el video, y no Núñez del Prado o Villa, sean los primeros en ser interrogados. Ignora que sigue vigente una Ley de Imprenta que establece el principio de reserva de la fuente de una información. Consecuentemente, a esos periodistas no se les puede “encañonar” con interrogatorios o procesos para obligarles a revelar quién les proporcionó el “video-soborno”. Si hace esto, el fiscal incurre en una figura delictiva. Investigar el caso y no amedrentar a la prensa, como sucede. Es lo que el Gobierno nacional debiera hacer, si realmente le interesa llegar a desentrañar la verdad en el caso Rózsa.
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