Las posibilidades de que se repitan las jornadas violentas del denominado "11 de enero negro" están latentes en la sociedad cochabambina, debido a que transcurridos cuatro años de los horrendos enfrentamientos entre campesinos y citadinos con saldo de tres muertes y decenas de heridos, los autores siguen impunes y gozando de protección.
Las víctimas del 11 de enero de 2007, dos campesinos y un joven estudiante de la ciudad cochabambina, fueron recordadas con misas y ofrendas de flores, y con el pedido expreso que termine los cuatro años de impunidad e injusticia.
Según investigaciones en archivos hemerográficos e instancias judiciales, los procesos legales para esclarecer las muertes de los campesinos Juan Ticacolque y Luciano Choque, además del joven Christian Urresti están prácticamente archivados.
En el caso de Juan Ticacolque, se identificó y procesó al supuesto responsable de su muerte, Alex Rosales, quien pese a ser sentenciado a cárcel, se encontraría en libertad debido a que interpuso una serie de recursos judiciales. Respecto del asesinato de Christian Urresti, el Ministerio Público dispuso en tres oportunidades el archivo de obrados, por no existir indicios o elementos de convicción para el esclarecimiento de este horrendo crimen que conmocionó a la población boliviana.
Al respecto, el ex candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa, dijo, desde Estados Unidos, que este caso demuestra cómo el MAS movilizó a miles de campesinos y cocaleros para derrocarlo, sin importar las consecuencias.
Lo cual le permitió luego desencadenar una casería de políticos, cívicos, además del descabezamiento de alcaldes opositores, prefectos y ahora gobernadores, como el caso de Mario Cossío. Por lo que considera que el gobierno comienza a cosechar el odio que ha sembrado y advirtió futuras convulsiones sociales a causa de la improvisada política económica y el autoritarismo del presidente Evo Morales.
El caso del campesino Luciano Choque, que murió tras meses de padecimiento por los violentos golpes de palos y bates recibidos, también se mantiene en la mayor impunidad pues sus victimarios no fueron identificados, menos procesados.
REPERCUSIONES
Daniel Humerez, abogado de la familia de Christian Urresti, informó que presentó dentro los plazos procesales una solicitud exigiendo la continuidad de las investigaciones, ante la decisión fiscal de archivar el proceso por no existir responsables.
Precisó que la familia en estos cuatro años jamás desistió de esclarecer la muerte de Christian Urresti, ya que una investigación particular llegó hasta la elaboración de los identikit de los supuestos asesinos. El Ministerio Público y la Policía no avanzaron nada en las investigaciones, y todo hace ver que archivaron el caso por motivos políticos.
Por su parte el fiscal de Distrito, Camilo Medina informó que el caso Urresti es muy delicado, ya que no se pudo identificar a los autores de su muerte, pese a que se vieron más de 20 vídeos y fotografías donde se muestra a una turba de campesinos y cocaleros implicados con este asesinato.
Sostuvo que muy probablemente los autores salieron del país y los otros culpables continúan actuando políticamente culpando a dirigentes y autoridades en función de gobierno.
HERIDAS ABIERTAS
En un debate entre el ex candidato a gobernador de Cochabamba, José María Leyes y el asambleísta oficialista, Marco Carrillo, ambos coincidieron que las heridas abiertas el 11 de enero en la sociedad no están cerradas.
Leyes advirtió que la posibilidad que se repita un 11 de enero está latente peligrosamente por las medidas implementadas por el Gobierno como el gasolinazo y la sañuda persecución a los adversarios políticos.
En contrapartida, Carrillo dijo que para cerrar las heridas se debe trabajar para encontrar justicia y acabar con la impunidad, a lo que Leyes respondió indicando que una ciudad que tiene rabia y bronca contenida no va para adelante.
"Ojalá que el gobernador Edmundo Novillo y los asambleístas del Movimiento al Socialismo se den cuenta que la ciudad necesita curarse de las heridas para construir un departamento unido, tolerante y sin discriminación de ninguna parte", afirmó Leyes, al señalar que el departamento desde el 11 de enero comenzó a decrecer en su economía y la producción de petróleo bajó a niveles alarmantes.
Por su parte, Carrillo abrigó la esperanza que los hechos nunca más se vuelvan a repetir, y que era urgente construir una Cochabamba unida, así como el esclarecimiento de los tres muertos.
IMPUNIDAD
Según investigaciones en instancias judiciales y fiscales, el 5 de octubre de 2007, el fiscal General de la República, Mario Uribe, emitía un pliego acusatario y un requerimiento a la Corte Suprema de Justicia para el procesamiento de varias autoridades y dirigentes bajo cargos de sedición, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, instigación a delinquir, incendio y deterioro de bienes del Estado, malversación y uso indebido de influencias.
Siete son las ex autoridades nacionales procesadas, entre ellas los ex ministros Juan Ramón Quintana, Alicia Muñoz, Célima Torrico, los ex senadores Omar Fernández y Leonilda Zurita (MAS), el ex diputado Arturo Murillo (UN), el ex ejecutivo de la COD, Víctor Mitma, el dirigente cocalero y actual senador Julio Salazar y el ex prefecto Manfred Reyes Villa, acusado de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
A cuatro años de los luctuosos sucesos del 11 de enero, varias personas implicadas en los procesos fungen como funcionarios departamentales, autoridades nacionales y dirigentes sindicales.
Los familiares de Christian Urresti claman justicia por los medios de comunicación y misas, pues no encuentran consuelo por la muerte.
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