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| Foto ilustrativa del Jefe de Estado y el Alto Mando |
Cuatro ex altos jefes militares condenados a distintas penas de cárcel por los hechos de septiembre y octubre de 2003 solicitaron este jueves, al Presidente Evo Morales Aima, la concesión del Indulto Presidencial, al considerar que fueron objeto de un proceso supuestamente impregnado de irregularidades desde el inicio de las investigaciones.
La carta está firmada por los generales Roberto Claros Flores (Ex comandante en jefe), Juan Véliz Herrera (Ex Comandante del Ejército); Luis Aranda Granados (ex comandante de la Naval), y Gonzalo Rocabado Mercado, (ex comandante en jefe accidental).
En esa misiva dirigida al Presidente y también Capitán General de las Fuerzas Armadas, los ex jefes militares del año 2003, cuando se produjo la denominada “Guerra del Gas”, afirman que la sentencia condenatoria de la que fueron objeto es una “injusticia que mella la dignidad de las Fuerzas Armadas, del soldado profesional y la nuestra”.
Asimismo, sostienen que la condena estaba dirigida contra sus actos que protagonizaron como funcionarios públicos “que cumplieron su misión constitucional, el mandato de la ley y una orden escrita del Capitán General de las Fuerzas Armadas”.
Los ex comandantes afirman en su pedido que en caso de que en su condición de militares hubiesen discutido o resistido la orden de coadyuvar al mantenimiento del orden, durante las violentas protestas del año 2003, pudieron igual haber sido pasibles a sanciones de privación de libertad, tal como señala el Código Penal.
Los condenados por el caso “octubre negro” reiteran sus críticas contra la actuación de la Fiscalía, instancia que –indican- no aportó los elementos esenciales para lograr una sentencia condenatoria.
“El Ministerio Público en su acusación no estableció la relación circunstancial de los hechos ocurridos en la “Guerra del Gas” y en consecuencia, no individualizó a los autores directos ni las circunstancias en que se produjeron los hechos, sino que en actitud cómoda e irresponsable acusó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, incumpliendo el código penal”, sostienen los militares ahora en retiro.
Asimismo, califican como “acto infame” de la Fiscalía el haber incluido en la acusación a los miembros de las Fuerzas Armadas, al recordar que el proceso de investigación se encontraba en vías de extinción ante la ausencia del principal protagonista, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el decreto de indulto a favor de líderes sociales, a quienes considera como “protagonistas de un proceso sedicioso”.
También, los ex comandantes se reafirman en sus críticas a la tarea del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, al cual sindican de haber ignorado una serie de preceptos legales y de haber favorecido, de forma sostenida, el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público y de haber actuado sin competencia al haber dispuesto, entre otras cosas, la continuidad del juicio durante la vacación judicial.
“El Tribunal ignoró su deber de exigir los más altos estándares de prueba para resolver con convicción plena. Tampoco consideró que la mayoría de los testigos se declararon víctimas y que tenían interés directo en el resultado del proceso y por ello su testimonio debía ser corroborado por testigos”, aseguran.
“Las Fuerzas Armadas, en los hechos de 2003, demostraron la obediencia que no es sólo mandato legal, sino doctrina institucional, cuando acatando la orden del Capitán General cooperaron a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, por su posición en la cadena de mando, no tenían facultad legal para disponer el despliegue de tropas”, afirma el documento.
La Corte Suprema condenó a los ex altos jefes a penas de entre diez y quince años de prisión, condena que los militares cumplen en la cárcel de San Roque de Sucre. De la petición al Presidente del Estado no forma parte el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea.
La carta está firmada por los generales Roberto Claros Flores (Ex comandante en jefe), Juan Véliz Herrera (Ex Comandante del Ejército); Luis Aranda Granados (ex comandante de la Naval), y Gonzalo Rocabado Mercado, (ex comandante en jefe accidental).
En esa misiva dirigida al Presidente y también Capitán General de las Fuerzas Armadas, los ex jefes militares del año 2003, cuando se produjo la denominada “Guerra del Gas”, afirman que la sentencia condenatoria de la que fueron objeto es una “injusticia que mella la dignidad de las Fuerzas Armadas, del soldado profesional y la nuestra”.
Asimismo, sostienen que la condena estaba dirigida contra sus actos que protagonizaron como funcionarios públicos “que cumplieron su misión constitucional, el mandato de la ley y una orden escrita del Capitán General de las Fuerzas Armadas”.
Los ex comandantes afirman en su pedido que en caso de que en su condición de militares hubiesen discutido o resistido la orden de coadyuvar al mantenimiento del orden, durante las violentas protestas del año 2003, pudieron igual haber sido pasibles a sanciones de privación de libertad, tal como señala el Código Penal.
Los condenados por el caso “octubre negro” reiteran sus críticas contra la actuación de la Fiscalía, instancia que –indican- no aportó los elementos esenciales para lograr una sentencia condenatoria.
“El Ministerio Público en su acusación no estableció la relación circunstancial de los hechos ocurridos en la “Guerra del Gas” y en consecuencia, no individualizó a los autores directos ni las circunstancias en que se produjeron los hechos, sino que en actitud cómoda e irresponsable acusó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, incumpliendo el código penal”, sostienen los militares ahora en retiro.
Asimismo, califican como “acto infame” de la Fiscalía el haber incluido en la acusación a los miembros de las Fuerzas Armadas, al recordar que el proceso de investigación se encontraba en vías de extinción ante la ausencia del principal protagonista, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el decreto de indulto a favor de líderes sociales, a quienes considera como “protagonistas de un proceso sedicioso”.
También, los ex comandantes se reafirman en sus críticas a la tarea del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, al cual sindican de haber ignorado una serie de preceptos legales y de haber favorecido, de forma sostenida, el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público y de haber actuado sin competencia al haber dispuesto, entre otras cosas, la continuidad del juicio durante la vacación judicial.
“El Tribunal ignoró su deber de exigir los más altos estándares de prueba para resolver con convicción plena. Tampoco consideró que la mayoría de los testigos se declararon víctimas y que tenían interés directo en el resultado del proceso y por ello su testimonio debía ser corroborado por testigos”, aseguran.
“Las Fuerzas Armadas, en los hechos de 2003, demostraron la obediencia que no es sólo mandato legal, sino doctrina institucional, cuando acatando la orden del Capitán General cooperaron a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, por su posición en la cadena de mando, no tenían facultad legal para disponer el despliegue de tropas”, afirma el documento.
La Corte Suprema condenó a los ex altos jefes a penas de entre diez y quince años de prisión, condena que los militares cumplen en la cárcel de San Roque de Sucre. De la petición al Presidente del Estado no forma parte el general Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea.
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