Hace un par de días las ministras del presidente Morales hicieron un estrecho círculo para “defender” a la senadora Gabriela Montaño. Lo que en realidad hicieron fue acusar al periodista Eduardo Pérez de “discriminación de género” por haber hecho notar que el interinato presidencial de Montaño no se ajusta a la Constitución. Los argumentos de las ministras se basaban en una supuesta discriminación contra una mujer, por serlo. Paralelamente, la Comisión de Ética de la Asamblea decidió la suspensión temporal de la diputada Adriana Gil por considerar racistas y discriminadoras algunas expresiones suyas contra el Primer Mandatario.
En un extraordinario libro de Stefan Zweig titulado “Castelio contra Calvino”, el autor reflexiona a propósito de la violencia ejercida desde el fundamentalismo, a partir de verdades religiosas reveladas e incuestionables. En suma, pone en evidencia la imposición de una verdad inamovible e incontrastable sobre la que no se puede debatir, objetar o poner en tela de juicio.
El origen étnico o de género, se han convertido en virtudes en sí mismas, una especie de halo de poder intocable que permite hacer y decir cualquier cosa sin límite ni censura alguna. Si se es indígena o mujer —si se está en el poder— hay libertad irrestricta para lo que sea.
Sobre este sinsentido es que el Gobierno ha decidido arremeter contra la libertad y quiere callar a quienes piensan y expresan sus ideas libremente, acosándolos para provocarles miedo y forzar su silencio.
Nadie, absolutamente nadie, es intocable, menos si ejerce funciones públicas. La lectura e interpretación que hizo Pérez Iribarne sobre un tema constitucional —que comparto— es parte del derecho que ejerce como persona y como comunicador. Abrirle un juicio por ello es una aberración. Las autoridades de gobierno lo saben, pero les da igual, su objetivo no es defender a una mujer de un hecho “discriminador”, es atacar sin tregua a periodistas y medios que consideran o son de oposición. Este exabrupto jurídico es parte de una estrategia que se inició con el juicio contra tres medios de comunicación a propósito de otra cuestión menor, la interpretación de un discurso presidencial.
Lo que aquí está en cuestión son valores democráticos esenciales y estos ejemplos son la expresión de una actitud que no se puede aceptar.
Cuestiones más dramáticas están alrededor de este cerco absurdo contra la libertad. Hace algunas semanas murió en prisión, víctima de un ataque cardiaco, Guillermo Fortún. El hecho en sí no es lo grave. Puede darse y se da la circunstancia de que personas presas mueran de muerte natural mientras guardan detención. Lo grave que es el señor Fortún llevaba casi dos años en prisión preventiva, sin apertura de juicio y sin que se hubiese considerado su ya delicado estado de salud para darle las atenciones médicas que requería. Aquí no vale el criterio subjetivo; si era culpable o inocente, si estuvo prófugo y fue repatriado. Lo que pesa es que no se puede mantener a nadie indefinidamente en prisión sin completar un juicio y dictar sentencia. En el caso de Leopoldo Fernández, ¿para cuándo el desarrollo de un juicio y su sentencia en su caso? ¿Deben el senador Pinto y la República de Brasil asumir como un “estado de hibernación” la otorgación de un salvoconducto como le corresponde a cualquier persona a la que una nación le ha concedido el asilo político?
El peor escenario es aquel en el que todo se mezcla. Juicios por discriminación y racismo como el del 24 de mayo de 2008 en Sucre, o contra quienes realmente atentaron contra la democracia en ese año, en el mismo saco de un rosario de acusaciones sin base alguna o en flagrante contradicción dependiendo del “pecador”. El expresidente Quiroga ha sido acusado y sentenciado por varios “delitos” por declaraciones hechas contra un banco local. Un fiscal, por el contrario, desestimó acusaciones idénticas presentadas por una empresa de juegos contra la Ministra de Transparencia.
Los artículos de la Ley de Autonomías que contemplan la suspensión temporal de autoridades electas, han sido instrumentos para descabezar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Pero la reciente determinación del Tribunal Constitucional contraria a ese procedimiento, no ha motivado —como debiera— la derogación de dichos artículos por parte de la Asamblea.
La oposición por dura que sea, mientras se realice en el marco de las ideas, se haga con responsabilidad y con honestidad intelectual, es legítima e indispensable.
El uso de la justicia “a la carta” como un brazo largo y terrible que disfraza el autoritarismo, es una forma de ejercicio no democrático del poder que pone en evidencia un miedo intrínseco de los poderosos, el de no ser capaces de confrontar en el mismo terreno y con las mismas armas, a quienes piensan diferente.
Género y origen étnico se han convertido, entre otras, en la terrible coartada para amenazar y amedrentar a los ciudadanos, pero muy especialmente a políticos y periodistas.
El autor fue Presidente de la República
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