En cuestión de horas, dos poderosos abogados dejaron de ser los adalides de la ley y del gobierno de Evo Morales para convertirse en los cabecillas de una red de extorsión, cuyas víctimas habrían sido personas vinculadas con el narcotráfico. El caso apenas empieza a develarse con la historia del estadounidense Jacobs Ostreicher: Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, miembros de la Dirección Jurídica en su condición de asesores, fueron capturados por fuerzas policiales de élite y hoy se conoce que ambos contaban con poderes extraordinarios, concedidos por el entonces ministro Sacha Llorenti, para obrar en todas las estructuras del Estado.
Rivera Tardío llegó a ser Director Jurídico, y Rodas, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, del Ministerio de Gobierno en la gestión de Llorenti, pero también trabajaron en la del ex ministro Alfredo Rada y en la del actual titular, Carlos Romero. Rivera fue destituido ayer y detenido en Tarija, a donde fue comisionado para representar al Estado en el caso Rózsa, mientras que Rodas, ya había sido despedido hace unas tres semanas y fue aprehendido este martes en La Paz, según ha podido confirmar este medio.
El Ministerio de Gobierno se comunicó con Oxígeno para informar que la abogada Elba Terceros es la Directora Jurídica en la actual gestión de Carlos Romero. Rivera perdió espacios y se convirtió en asesor.
El periódico digital Oxígeno accedió al testimonio del Poder Especial 140/2011 que recibieron ambos abogados el 27 de enero del 2011, en reemplazo de otros anteriores con el que desempeñaban sus cargos. En el documento obtenido en la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, se puede evidenciar que Rivera y Rodas tenían incluso el poder para intervenir en todas las acciones que vieran por conveniente y plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, (pueden) pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”
Ambos abogados tenían el poder de impugnar u objetar requerimientos fiscales como también pedir toda clase de mandamientos de apremio, secuestros, embargos, arraigos y remates, intervenir en toda clase de audiencias con derecho a voz sobre todo en los sorteos de jueces ciudadanos.
“El presente poder amplio y suficiente no podrá ser tachado, observado , rechazado ni declarado insuficiente por motivo alguno o por carecer de cláusulas expresas no contempladas, pues es otorgado en forma amplia para los fines expresados en forma enunciativa y de ningún modo en forma limitativa”, indica el testimonio.
Entrevistado por la red ATB, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la noche de este martes declaró que ambos abogados conviertieron en una industria a la extorsión.
“Si esto han hecho con un norteamericano que está bajo la lupa diaria de su consulado vaya uno a saber que ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales, la extorción se ha convertido acá en una industria”, afirmó la autoridad de Estado
Casos
Ambos abogados tuvieron actuación protagónica en casos como el del alemán Dirk Smith, el ex teniente Julio Navia, del brasileño Maximiliano Dorado o, en este caso, del estadounidense Jacobs Ostreicher. También fueron los juristas que iniciaron un proceso contra los indígenas del TIPNIS.
En otros documentos a los que accedió este periódico digital se hace conocer que ambos, tanto Rivera como Rodas , llevaron adelante el proceso investigativo contra el alemán Dirk Schmidt, ex funcionario del Ministerio de Gobierno, que actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola imputado por supuesto delito de alzamiento armado.
Asimismo, se informa que ambos no actuaban solos pues tenían un intermediario, Gustavo Céspedes, a quien se acusa de haber solicitado la suma de 40 mil dólares a la esposa del ex subteniente Julio Rene Navia, denunciado por narcotráfico, con el fin de trasladarlo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro a Palmasola, centro penitenciario donde el ex policía tenía fuerte influencia.
Según las investigaciones del Ministerio de Gobierno, Céspedes hacía negociados con algunos procesos investigativos con fiscales y jueces en Santa Cruz con el objetivo de extorsionar a los investigados.
Rivera como Rodas también se hicieron cargo del proceso a la colombiana Claudia Rodríguez, quien tenía vínculos con el narco Maximiliano Dorado vinculado al cartel PCC del Brasil.
Fue el reciente caso del estadounidense Jacob Ostreicher, quien está detenido, acusado de ganancias ilícitas, supuestamente vinculado al narcotráfico y lavado de dinero en el comercio agroindustrial, lo logró destapar esta red de extorsión que no sólo era parte del ministerio de Gobierno, sino que se ampliaba al Ministerio de la Presidencia, cuando José Manuel Antezana Pinaya, ex director de Gestión Pública fue detenido la mañana de este lunes.
Manuel Antezana fue acusado este lunes de haber amenazado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y de haberle propuesto un indulto presidencial a cambio de silencio.
De acuerdo al Ministerio de Gobierno Ostreicher había entregado junto a su socio Abrahan Zollty la suma de 20 millones de dólares a la colombiana Claudia Rodríguez a cambio de propiedades y maquinaria pesada. Según una declaración informativa de Rodríguez, el ciudadano norteamericano tenía una relación de amistad con Maximiliano Dorado.
Esto posibilitó que Miguel Gutiérrez, quien decía ser responsable de bienes incautados de Montero, se presente ante ingenios arroceros de Santa Cruz para decomisar la producción del ciudadano norteamericano. Acción que se hacía junto a Jorge Chávez y Jorge Vaca quienes argumentaban ser parte del Ministerio de Gobierno.
Ya el 4 de junio de 2011, Ostreicher fue aprehendido por la Fiscalía y posteriormente detenido preventivamente en el penal del Palmasola. Según documentos del Ministerio de Gobierno, el 23 de septiembre se realizó una audiencia para dejar sin efecto la privación de libertad del ciudadano estadounidense pero los representantes del Ministerio de Gobierno no asistió a la misma impidiendo la cesación de la detención.
Jimmy Montaño, abogado del norteamericano, también denunció que el intermediario Gustavo Céspedes pidió la suma de 50 mil dólares para que Ostreicher logre la cesación de su detención preventiva que mantiene hasta la fecha.
El jurista también vinculó el lunes reciente, 26 de noviembre, que el ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, Manuel Antezana , había visitado al norteamericano para amenazarlo y ofrecerle un indulto presidencial a cambio de silencio ante los movimientos bancarios por la venta de bienes incautados.
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