En el lapso de una semana se han publicado dos encuestas que tratan de mostrar las tendencias en el electorado respecto del referéndum del 21 de febrero. La primera señala un virtual empate entre el NO y el SÍ, con una leve ventaja los que se inclinan por hacer cambios en la Constitución que favorezcan la cuarta candidatura consecutiva del presidente Morales al cargo que ocupa desde enero de 2006.
El primer estudio se hizo por encargo de medios independientes, mientras que el segundo ha sido elaborado a solicitud de una red televisiva vinculada al oficialismo, definido por un estudio de la comunicación como un medio “paraestatal”. En este caso, el “NO” estaría encabezando las preferencias con ocho puntos por encima del “SÍ”, una tendencia que coincide con casi todos los sondeos que se han divulgado en los últimos meses. Sobre todo, va acorde con la actitud de los operadores políticos del Gobierno, que delatan nerviosismo y cierta desesperación.
De ninguna forma, sin embargo, se puede poner las manos al fuego por ninguna encuesta. Todos conocemos el margen de error que pueden tener, el nivel de manipulación que puede existir en un contexto de credibilidad erosionada y especialmente, la conducta del electorado boliviano, que siempre ha sido cambiante, errática e imprevisible.
En todo caso, este ambiente de confusión reinante, los discursos apocalípticos que se están lanzando y algunas señales preocupantes que brinda el presidente Morales, quien abiertamente afirma que no está dispuesto a cumplir las normas electorales, deben servir para alertar a las fuerzas democráticas del país, a la sociedad civil y a las instituciones defensoras del estado de derecho de poner en marcha un plan destinado a promover el cuidado del voto el próximo 21 de febrero.
El oficialismo no solo está poniendo en juego la continuidad de Evo Morales en el poder, sino también su futuro como fuerza política hegemónica, pues ha quedado evidente que el MAS carece de las figuras que puedan tomar la posta del caudillo. No cabe duda que harán todo lo que sea posible para obtener un triunfo y la prueba es que están desplegando el aparato estatal en pleno para hacer campaña en unas condiciones que contradicen la racionalidad y las normas electorales vigentes.
El Tribunal Electoral ha confirmado la inscripción de 37 organizaciones políticas y sociales para realizar campañas ya sea por SÍ o por el NO en los medios estatales. También estarán facultadas para recibir las actas de sufragio y en determinadas circunstancias hacer un trabajo de fiscalización del proceso eleccionario.
En el caso la opción del SÍ, no hay duda que habrá un trabajo perfectamente coordinado y con abundantes recursos. En la oposición se requiere la voluntad de todos los involucrados en la conformación de una sola estrategia dirigida a exigir que se respete la decisión de la gente que se expresará en la consulta. No puede haber margen de descuido ante el funcionamiento de una gigantesco esquema que no ahorra tácticas envolventes y que es absolutamente carente de escrúpulos.
Este ambiente de confusión reinante, los discursos apocalípticos que se están lanzando y algunas señales preocupantes que brinda el presidente Morales, quien abiertamente afirma que no está dispuesto a cumplir las normas electorales, deben servir para alertar a las fuerzas democráticas del país, a la sociedad civil y a las instituciones defensoras del estado de derecho de poner en marcha un plan destinado a promover el cuidado del voto el próximo 21 de febrero.
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