mario rueda peña con su agudez innata mira al padrón electoral

Si revisamos las ediciones de la prensa boliviana nos encontramos con una serie de registros informativos sobre irregularidades en la extensión de cédulas de identidad personal. Abundan casos de ciudadanos extranjeros detenidos en aeropuertos o centros urbanos de hospedaje, con documentos falsos de nacionalidad boliviana, obtenidos en el país para poder ingresar sin problemas a Estados Unidos o a ciertos países europeos. No son pocos también los casos de bolivianos que al tramitar en las respectivas oficinas la renovación del citado documento, se encontraron con la ingrata sorpresa de que su identidad personal había sido usurpada por otra persona. Muchos, sin duda alguna, estuvieron al borde del síncope cardíaco, cuando del otro lado de la ventanilla se les notificaba que eran personas inexistentes, porque sus nombres ya no aparecían en el sistema. En consecuencia, cojea de las dos patas la repartición policial encargada de brindar seguridad al sistema. Errores mecánicos en la recepción y registro de datos, pero también actos de corrupción, constituyen la causa de tan penosa falencia. Contribuye con lo suyo un obsoleto sistema manual de registro. Provoca pena ver al personal encargado de esta labor tecleando todavía viejas máquinas de escribir, en locales repletos de gente, donde siempre hay personas dispuestas inclusive a afrentar a la ética ("coimas") con tal de sacar sus papeles en tiempo record. Lo grave es que tales y otros tipos de irregularidades pasan a formar parte de la carga bactericida que emponzoña la confiabilidad, seguridad y transparencia que debe acreditar el Padrón Nacional Electoral, cuya nómina de votantes proviene de fuente tan entenebrecida. El análisis de hemeroteca nos muestra otros componentes de la cuestionada gabela. En los diarios encontramos recurrentes titulares sobre acciones ilegales en el proceso de carnetización gratuita. En las zonas rurales del país se distribuyeron cédulas de identidad personal sin la previa presentación de certificados de nacimiento, como manda la ley. Sin duda alguna que en esta omisión radica la clave del exagerado crecimiento cuantitativo del Padrón Nacional Electoral. Así las cosas, la más elemental racionalidad y prudencia nos aconseja no ir a ninguna consulta popular mientras no se disponga de un Padrón Nacional Electoral absolutamente confiable y transparente. De cara a este objetivo surge ahora la propuesta de blindar totalmente al registro ciudadano contra toda posibilidad de fraude electoral. Esto se conseguiría pasando del actual Padrón a uno con fotografía y huella digital. Recordemos cómo esta modalidad acabó con el cobro fraudulento de rentas en el viejo sistema de reparto. Nadie se atreve ya a ir a una ventanilla bancaria a recibir pensión ajena falsificando la identidad personal del beneficiario o haciéndose pasar por un jubilado fallecido, porque corre el riesgo de que al descubrírsele inmediatamente su impostura, termine en la cárcel. La propuesta aludida sugiere inversión millonaria y tiempo, exigencias que obligarían a deshacer el "paquetazo" gubernamental de referendos. Juzgamos necesaria esta suspensión, puesto que lo único que harían las futuras consultas populares sería echarle más gasolina al fuego de la actual crisis política. El verdadero referendo de insigne rango decisional lo tendremos en 2010, cuando los bolivianos vayamos a las urnas para definir en las urnas quienes rigen en Bolivia y en qué dirección. Las consultas que quiere el gobierno son tan innecesarias como riesgosas.