El presidente de Bolivia, Evo Morales, y los opositores autonomistas comenzaron una sesión plenaria para tratar de cerrar este mismo jueves un acuerdo para superar la crisis que vive el país.
Tras su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, Morales volvió a encabezar en la ciudad de Cochabamba (centro del país) el "diálogo nacional" abierto hace una semana entre el Gobierno y la oposición, con varios organismos internacionales como testigos.
A pesar de las siete jornadas de negociación política y trabajo técnico no se han alcanzado acuerdos en los dos temas centrales del proceso de diálogo: la compatibilización de las autonomías con el proyecto constitucional de Morales y el reparto territorial de los ingresos petroleros.
En el caso de la nueva Constitución, el Gobierno de Bolivia advirtió que no corregirá del nuevo texto más que la parte relativa a las autonomías, sin tocar otros temas como ha planteado la oposición tanto regional como partidista.
Por su parte el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, calificó de "chacota" que los prefectos pretendan revisar otros temas del texto aprobado por la Asamblea Constituyente cuando estas autoridades carecen de la prerrogativa política para hacerlo.
Según García Linera, la intención de los prefectos de "abrir" la nueva Constitución "escapa a la competencia de estos representantes regionales", que, recordó, "no son constituyentes".
"No es posible que fuerzas políticas regionales ahora quieran aparecer como una fuerza como para poder movilizar la Constitución. No corresponde a realidad política", dijo el vicepresidente.
Por eso, defendió que la mesa de diálogo de Cochabamba se limite a los temas prefijados: "autonomía departamental constitucional" e ingresos petroleros.
"Lo que el Gobierno está dispuesto a hacer -dijo García Linera- son correcciones puntuales que enriquezcan el texto" para "constitucionalizar" las autonomías impulsadas por las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
"No se puede ganar en una mesa de diálogo lo que se perdió delante del pueblo mediante el voto", dijo el vicepresidente en alusión a la mínima cuota de representantes que obtuvieron los opositores regionales en la Asamblea Constituyente.
Sobre el otro asunto central del debate, el reparto de las rentas petroleras, las posturas continúan alejadas a pesar de los avances técnicos que se anunciaron la semana pasada.
Los dirigentes autonomistas reclaman al Gobierno la restitución de las rentas petroleras procedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recortadas en enero pasado para pagar una ayuda directa a los ancianos.
Los opositores autonomistas plantearon hoy una nueva propuesta al considerar "ínfimas" las cifras que les ofrece el Gobierno para distribuir estos ingresos garantizando el pago del bono a la vejez y plantearon que se incluyan en el reparto los dividendos de las empresas nacionalizadas por el Ejecutivo.
Pero el ministro de Hacienda, Luis Arce, rechazó esta oferta al considerarla una "propuesta privatizadora" y "neoliberal" que pretende dejar sin recursos y debilitar a las sociedades nacionalizadas, entre ellas, varias petroleras y la empresa de telecomunicaciones ENTEL.
A pesar de todo, tanto el Gobierno de Morales como la oposición confían en poder cerrar hoy un acuerdo para "dar tranquilidad y certidumbre" a Bolivia tras los conflictos violentos vividos en el país en las últimas semanas.
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