El Ministerio de Transparencia fue creado expresamente para defender los intereses del Estado y luchar frontalmente contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, pero cumplió un papel menos que secundario en la investigación y posterior destape del mayor escándalo de corrupción que desprestigia al gobierno de Evo Morales. La ministra de Transparencia Nardi Suxo hizo poco o nada para desarticular a una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado; y al parecer no solo incumplió su mandato sino que incluso habría apadrinado a los “capos” de esa mafia incrustada en los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Una de las principales ofertas electorales del gobierno del MAS fue la lucha sin cuartel contra los corruptos, “sin mirar colores políticos y caiga quien caiga”. Con ese lema se creó el primer Ministerio de Transparencia al mando de la zarina anticorrupción Nardi Suxo, y poco después se aprobó la primera Ley anticorrupción del país.
“No hemos venido a enriquecernos, para dar pegas, dinero y casas a nuestros amigos o parientes; hemos venido a servir y quién no quiere cumplir con eso que se vaya o renuncie. Quién cree que el Estado es su gran oportunidad para comprarse su casa y dejar herencia a sus hijos que se vaya, al que meta la mano a la lata lo vamos a meter a la cárcel y no lo vamos a perdonar. Toca la dureza de la Ley para enseñar que la mejor transparencia es luchar contra la corrupción”, sentenció el Vicepresidente Álvaro García Linera luego de la promulgación de la draconiana Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
Al principio, Suxo aplicó con severidad la inédita norma contra moros y cristianos, al punto de enviar a la cárcel a Santos Ramírez, ex hombre fuerte del MAS, amigo personal del Presidente Morales y ex presidente de YPFB, involucrado en una truculenta estafa con un muerto de por medio. Sin embargo, la cruzada moralista “imparcial” fue perdiendo fuerza y con el tiempo la Ley anticorrupción se convirtió en un instrumento para anular políticamente a los adversarios del gobierno.
Suxo procesó a varios alcaldes oficialistas y a funcionarios corruptos, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la cacería de dirigentes políticos de derecha y gobernadores opositores que malversaron recursos públicos para financiar referéndums autonómicos ilegales. Cada vez fue más evidente el doblez de la zarina, siempre implacable y drástica con los “enemigos del proceso”, y tolerante y hasta complaciente con los “soldados de la revolución democrática y cultural”.
El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no se explica por qué la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo continúa en el cargo, pese a que fue vinculada con una red de falsificadores de documentos públicos en Santa Cruz. Se denunció oficialmente que el cabecilla de esa mafia era un connotado asesor de Achacollo, que se dedicaba a estafar a los municipios rurales de Santa Cruz administrados por el MAS con las obras del proyecto Evo Cumple. Resulta que los fiscales del Ministerio Público asignados al caso paralizaron la investigación hace más de dos años, y el principal acusado quedó en libertad.
Al ex viceministro también le llama la atención la inacción de la justicia frente a las tropelías del ex prefecto de Cochabamba Jorge Ledezma, quien en las últimas horas de su gestión adjudicó varias obras públicas sin proyecto a diseño final, y luego fue designado embajador de Bolivia en Perú. El Ministerio Público tiene conocimiento formal y documentado de los hechos denunciados desde hace varios años, pero hasta ahora no muestra resultado alguno.
Otro escándalo reciente es la fallida instalación de la fábrica de papel “Papelbol”, una estafa en la que el Estado boliviano perdió casi 10 millones de dólares, que involucra nada menos que al Vicepresidente García Linera.
“¿Cómo es que el gobierno, que cotidianamente ratifica sus vehementes declaraciones de guerra a la corrupción ‘caiga quien caiga‘ y ‘sin tapar a nadie‘, no sólo que no se mosquea, sino que renueva su alta confianza en los implicados?”, cuestionó Almaraz.
Según los legisladores de la derechista Convergencia Nacional (CN), lo que pasa es que el gobierno y la justicia “servil” al MAS solo persiguen y extorsionan a los opositores que se animan a denunciar las miserias del oficialismo, como por ejemplo el senador Roger Pinto, asilado político del gobierno de Brasil.
Hace dos años Roger Pinto acusó a la ministra Suxo de interceder personalmente a favor de su cónyuge Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez, procesado por malversar medio millón de bolivianos cuando era funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO).
Según Pinto, en dicho proceso Suxo actuó como testigo de descargo de Miranda, pero extrañamente no designó a un representante del Ministerio de Transparencia para que vele por los intereses del Estado, como hizo en otros procesos judiciales interpuestos contra autoridades opositoras o no afines al gobierno de Morales.
Al final, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia liberaron de pena y culpa a la pareja de la ministra Suxo, pese a existir “todas las pruebas y todos los elementos necesarios para que concluyan en una condena penal contra esta persona que de manera irregular cobra un cheque de 500 mil bolivianos que debería ingresar a cuentas fiscales, y junto a otros ex funcionarios de INALCO dispone arbitraria e ilegalmente de ese dinero para utilizarlo en otros fines”, denunció el diputado de CN Adrián Oliva. (1)
Lo llamativo del caso es que la justicia exoneró al acusado y la ministra Suxo enjuició al acusador por el presunto delito de “desacato”. Al respecto, en una carta enviada al Presidente Morales el 23 de julio, el senador Pinto explicó que su delito fue advertir que “la corrupción no puede enfrentarse genuinamente cuando la familia más cercana a la ministra de Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo se beneficia ilegalmente de contratos, causando graves daños económicos al Estado, recibiendo su protección. Recordé a la Ministra que cuando uno lucha contra la corrupción primero se debe comenzar por casa…”.
En la misiva enviada a Evo, el senador Pinto, actualmente refugiado en la embajada brasilera en La Paz, denunció que “toda esa farsa de juicios que su gobierno ha inventado en mi contra tienen una sola causa: el haber denunciado permanentemente los innumerables casos de corrupción pública que avergüenzan a su gestión, y los oscuros y tenebrosos vínculos que unen a funcionarios de su gobierno con las mafias y carteles del narcotráfico… No pasa una semana en la que no se descubra con estupor nuevos hechos, en un bochornoso carnaval de millonarios actos de corrupción. Todas las empresas del Estado, beneficiadas por decretos de excepción, han cobrado millonarios sobreprecios. ¿No demuestra esta realidad que su gobierno ha fracasado en la lucha contra la corrupción?”.
La denuncia de Pinto quedó en el olvido y la ministra superó con aparente facilidad su primer traspié, pero muy pronto se vio envuelta en otro incidente bochornoso que bien podría tipificarse como tráfico de influencias. Resulta que Suxo había “acomodado” a su hija como funcionaria diplomática en la embajada de Bolivia en Alemania, pese a que la joven ni siquiera terminó sus estudios universitarios.
Nadie se hubiera enterado de que Naira Rivero Suxo fue privilegiada con un cargo diplomático por el solo hecho de ser hija de ministra si su niñera no la denunciaba por abuso laboral. Sucede que Suxo, como en los mejores tiempos del neoliberalismo, premió a su hija enviándola a Alemania con un buen cargo, pasaporte diplomático y con empleada doméstica incluida. (2)
Para evitar mayor escándalo, Rivero Mater pagó a su empleada los 8 mil euros que le debía y la ministra Suxo le compró un pasaje de avión para que retorne al país. Según la Asociación de Bolivianos en Alemania, siendo la hija de la Ministra de Transparencia, debería explicar de dónde ella o su madre “sacaron más de 12 mil dólares americanos para pagar el sueldo adeudado a Antonia Ramos”. (3)
Suxo vinculada a la red de extorsionadores
Desde hace mucho tiempo la ministra de Transparencia Nardi Suxo estaba en la mira de la opinión pública, pero comenzó a perder credibilidad de manera acelerada desde que se vio enredada en una red de funcionarios de alto rango que se dedicaban a la extorsión y al robo descarado, considerado el mayor caso de corrupción de los últimos siete años.
Se supone que Suxo es la comandante general de las fuerzas anticorrupción del Estado Plurinacional, pero fueron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro Jorge Pérez quienes investigaron y desarticularon a la red mafiosa que operaba desde Palacio de Gobierno, y finalmente quienes propiciaron el encarcelamiento de los cabecillas de la caterva, entre ellos los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Juan Manuel Antezana, el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas.
En los últimos días se conoció que la ministra Suxo estaba enterada de las actividades irregulares de la red mafiosa, pero hizo poco o nada para esclarecer el caso. Es más, legisladores y ex autoridades del propio partido de gobierno revelaron que la ministra no solo se habría hecho de la vista gorda sino que “apadrinó” a algunos jefes de la red.
Nardi Suxo fue responsabilizada de tramitar la designación de Isabelino Gómez, uno de los presuntos extorsionadores recluidos en Palmasola, como Fiscal de Distrito de Santa Cruz. El diputado suplente del MAS Félix Martínez aseguró que la Ministra de Transparencia protegía a Gómez: “En Sucre la ministra me dijo por qué yo fui a atropellar a los fiscales Isabelino Gómez y Edward Mollinedo. Tiene que renunciar porque me vino a reclamar por los dos y porque los ha sostenido”, declaró el legislador oficialista a ANF.
Por otro lado, en una declaración oficial ante la comisión de fiscales que investiga el caso, el ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez reveló que la ministra Suxo abogó personalmente por Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas, presuntos cabecillas de la red de extorsionadores detenidos en Palmasola.
“Recuerdo que a los días de haber ingresado (al Ministerio de Gobierno el 28 de septiembre de 2012), saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores (Denis) Rodas y (Fernando) Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella”, detalló Chávez en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia ANF.
Además, el ex ministro de Gobierno informó a la prensa paceña que ya tenía referencias de la red de extorsión, pero el Ministerio de Transparencia trabó todas las investigaciones que pretendió realizar.
La ministra Suxo fue convocada a declarar ante la comisión de fiscales que investiga a la red de extorsión en calidad de testigo, al igual que los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y los ex ministros de Gobierno Wilfredo Chávez, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, el último designado embajador de Bolivia en Naciones Unidas.
“No quiero creer que esta declaración se deba a que el doctor Chávez se hubiera sumado a la tarea de tratar de desprestigiar el trabajo que se ha hecho en este ministerio. Yo no puedo decir que se vayan o que se queden estos señores y, reitero, yo no los conozco sino a través de los medios de comunicación. Y si hay alguien que los ha ratificado, tiene que asumir su responsabilidad”, se defendió este miércoles la ministra Suxo al prestar declaración oficial.
Lo cierto es que Suxo si conocía a Villegas, tanto que lo contrató como funcionario del Ministerio de Transparencia Institucional, apenas éste salió del Ministerio de Gobierno. La ministra reconoció que Boris Villegas trabajó para ella, pero apenas 16 días, aunque el diario paceño Página Siete demostró que prestó servicios por 30 días, según registros del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGMA).
Los diputados del MAS Irineo Condori, Rodolfo Calle y Galo Bonifaz pidieron a la ministra Suxo que explique al Ministerio Público por qué contrató a Boris Villegas, presunto miembro de la red de extorsionadores, y por qué hizo declaraciones tan contradictorias.
Por su parte, el senador Martínez ratificó este miércoles el pedido de renuncia de Suxo por haber confiado en delincuentes y por no informar correctamente al Presidente Evo Morales sobre la red de extorsionadores.
“Yo ratifico el pedido de renuncia a la ministra y si ella dice que es el Presidente de la República quien debe tomar la decisión, yo sé que el Presidente va tomar una decisión sana, la más correcta, y ojala lo ilumine el niño Dios, porque no puede poner en peligro este proceso de cambio y no se puede dañar la imagen del propio Presidente; tiene que haber cambios”, manifestó Martínez.
De igual forma, el jefe de bancada de diputados de CN Luis Felipe Dorado recomendó al Presidente Morales que haga un “mea culpa”, investigue a todas las autoridades acusadas de corrupción y que “empiece a limpiar su gabinete”.
Notas:
1. El 13 de diciembre de 2012 la bancada de diputados de Convergencia Nacional presentó denuncia formal y solicitó el inicio de juicio de responsabilidades contra los magistrados que favorecieron al “cónyuge o conviviente” de la ministra Nardi Suxo. Se espera que la Cámara Baja cumpla el procedimiento de la ley 044 para establecer con precisión la actuación de estas autoridades y la sanción que corresponda por tomar decisiones judiciales que favorecen a personas ligadas al gobierno de Evo Morales, concretamente a la ministra Suxo.
2. Antonia Ramos Posco denuncio que Naira Rivero la trataba como a un animal y le pagaba la tercera parte del sueldo convenido: “No me dejaba salir, ni descansar, no me pagaba horas extras, ni seguro médico y además me insultaba seguido”. “No es concebible traer a una señora indígena desde Bolivia para hacer el pesado trabajo doméstico, reproduciendo desigualdades, violencia e injusticias fuera del territorio nacional. Nos preguntamos si esto es parte del proceso de cambio”, cuestionó la Asociación de Bolivianos en Alemania, y exigió que se sigan procesos por discriminación y racismo contra la diplomática Rivero Suxo y que sea cesada del cargo porque no lo merece.
3. “Tenemos conocimiento que la Ministra Suxo visita a su hija frecuentemente en Alemania, habrá que investigar si lo hace con sus recursos o con plata del Estado boliviano, es decir con la plata del pueblo. Además, hasta ahora no han podido justificar cómo una persona con escasos estudios y sin ningún mérito ocupe un alto cargo diplomático y quede impune después de comprobarse que sí explotaba laboralmente a una ciudadana boliviana humilde. Es realmente deplorable que prosiga este flagrante caso de tráfico de influencias, abuso de poder, uso indebido del cargo por parte de la ministra Nardi Suxo”, deploró la Asociación de Bolivianos en Alemania.
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