Al lograr quórum propio e imponerse como mayoría en todas las comisiones del Senado, el amplio arco de la oposición política al kirchnerismo cuenta, desde ayer, con una valiosa herramienta para intentar poner coto al desbordado y arbitrario ejercicio del poder de que hace gala un gobierno que ha avasallado al Congreso y a la Justicia, al tiempo que ha ignorado en forma sistemática a la oposición.
Pero al mismo tiempo esta nueva conformación en las comisiones de la Cámara alta comporta, de cara a la sociedad, una fuerte y a la vez delicada responsabilidad por parte de la oposición. La derrota que sufrió el oficialismo al perder el control del Senado se suma a la que padeció, en diciembre, en la Cámara de Diputados, donde sólo retuvo el control de 20 de las 45 comisiones.
En la Cámara alta, con el voto de 37 senadores de distinta procedencia política, unidos momentáneamente por un común rechazo al autoritarismo con el que gobierna el kirchnerismo, la oposición plasmó un nuevo esquema político para los próximos dos años al obtener la presidencia de 13 de las 25 comisiones permanentes, que, a su vez, estarán integradas en su totalidad con mayoría de ocho miembros, sobre un total de 15, por legisladores del espectro no kirchnerista. Significa que la oposición controlará la mitad más uno de las presidencias de las comisiones y tendrá mayoría en todos los casos.
Una señal alentadora del ejercicio de este nuevo poder se vio ayer mismo, cuando la oposición logró que comenzaran a trabajar varias comisiones clave, como las de Acuerdos, Presupuesto y Hacienda, Economía y Coparticipación.
De esta manera, el arco no kirchnerista está en condiciones de lograr que la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, pierda su puesto y de neutralizar el decreto con el que el Gobierno se apropió entre gallos y medianoche de una porción de las reservas del Banco Central con la aquiescencia o la complicidad de Marcó del Pont.
Al consolidarse de esta manera la merma del poder kirchnerista, habrá que ver cómo reacciona el Gobierno ante un fenómeno que nada tiene de extraordinario en el libre juego de las instituciones democráticas. En cualquier otro país esto sólo obligaría al oficialismo a un mayor juego negociador y a un afán de conciliación.
Por desgracia, el matrimonio presidencial siempre ha concebido la negociación como claudicación y, al mismo tiempo, se ha negado a todo tipo de diálogo serio con quienes no comulgan con su peculiar visión de la realidad y de las necesidades de un país al que han gobernado con el mismo espíritu feudal con el que lo hizo Néstor Kirchner cuando gobernó Santa Cruz. Por lo tanto, es una incógnita cuál será su reacción ante el nuevo panorama.
En la vereda de enfrente, la oposición tiene ahora muchas más responsabilidades y obligaciones. Su mayoría es escasa, y eso entraña el peligro, como ha ocurrido en otras circunstancias, de que el oficialismo recurra a la captación circunstancial de algunos de sus representantes.
También es cierto que la oposición no constituye un bloque homogéneo y que allí han recalado personalidades políticas tan disímiles como lo son sus orígenes, sus ideas y sus apetencias. Sólo los une un afán de ponerle límite al autoritarismo kirchnerista.
Por eso es que a partir de ahora también la oposición está obligada a un mayor ejercicio del diálogo y a una permanente búsqueda de consensos y de puntos en común entre sus heterogéneos componentes. Ese ejercicio, al que siempre se negó el oficialismo, será también, para la oposición, una forma de ir plasmando qué tipo de país es el que anhela y cómo pretende construirlo.
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