paso a paso continúa Evo desmontando el poder legislativo. mientras en México por razones "políticas" lo aclaman como abanderado de la democracia, ojo

El proceso emprendido por el presidente Evo Morales, denominado “Revolución en democracia”, implica un minucioso y complicado camino de desmontaje de instituciones que se formaron durante la vida republicana. El Estado Plurinacional va demoliendo paso a paso todo el camino institucional y lo hace en un juego de relojería que vulnera institución por institución.
Con gestiones casi simultáneas al ascenso de Morales al Ejecutivo, los uniformados fueron fácilmente convencidos y observamos una suerte de noviazgo a primera vista, en realidad hay señales de que habría ya algunos acuerdos con jefes militares desde la gestación de octubre de 2003. Luego, y durante la primera gestión presidencial se desmontó el Poder Judicial, se preparó el acoso y los juicios a los Magistrados hasta que estos fueron renunciando en forma escalonada llegando a las acefalias que han sido fácilmente cubiertas con la llamada “Ley Corta”, recientemente sancionada, que estableció la necesidad de establecer una transición particularísima en la que el propio Presidente boliviano ha designado los magistrados y jueces faltantes del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia. Se adujo un vacío constitucional hasta la estipulada elección de diciembre del año 2010, que ha permitido todo un año para que el Presidente Morales tenga el poder judicial en sus manos.
Lo que nadie se ha percatado es que a la par de que estos hechos se consolidan comienza el desmontaje del Poder Legislativo, ahora “Órgano” Legislativo. Esto se está realizando por supuesto gracias a los dos tercios alcanzados en la votación, que ha llevado a un acorralamiento de la oposición a la que de inicio se le regatearon Comisiones, cercándose por otro lado todo el congreso tanto opositor como oficialista en una especie de degradación de la función legislativa, en la que se buscaría que los asambleístas no funjan como figuras centrales de la vida política del país que ahora se concentra más que antes en la figura del Presidente secundado en mandos y atribuciones por el Vicepresidente.
Los legisladores oficialistas corren el riesgo de quedar como obedientes levanta manos que renunciarían a tener una alta participación en la dinámica política del Estado boliviano.
Existen varias maneras de ir desmontando el poder de los legisladores: Primero llevándolos a que no legislen entre oposición y oficialismo, sino que sólo coadyuven y respalden las decisiones del Presidente, lo que le irá quitando el interés de la Asamblea Legislativa que dejaría de fungir como una contraparte entre tiendas políticas. Ahora se critica duramente y de manera machacona que el antiguo congreso era pactista sin que exista una solución democrática a este supuesto crimen que no ha tenido solución dentro del proyecto del MAS sino que muy por el contrario lo único que está dejando es un Legislativo dócil al Ejecutivo, que internamente no necesita acordar nada sino amarrar y controlar el manejo legislativo para que nada se salga del libreto.
Es necesario recordar que además del regateo de las Comisiones, la oposición no tiene participación en la Comisión de Defensa y FF.AA, situación que provocó la grave crisis en la directiva del Senado por la declaración de la Presidenta Ana María Romero, quien declaró que esta había sido una instructiva y decisión impartida por el Ejecutivo, situación que coincidió con el alejamiento y enfermedad de la Señora Romero de Campero, ahora con licencia indefinida.
Los legisladores han comenzado además a ser vulnerados en sus derechos laborales, quitándoles paulatinamente algunos derechos como el de contar con un seguro de salud estable; sabemos que se ingresará a la Caja de Salud, que en realidad es un sistema público en el que las personas a pesar de estar en grave estado de salud tienen que hacer largas colas desde las cuatro de la mañana para recibir una ficha, la que suele ser emitida para el plazo de quince días o el mes entrante y si finalmente llega a ser ingresada puede quedar en un pasillo por el estado de hacinamiento. Existen innumerables quejas de negligencia médica y la falta de medicamentos es asunto de rutina. También se está quitando el seguro de vida y la lista de apoyos y derechos laborales, sigue, suma, seguirá y sumará.
El gobierno actual justifica esto como una forma de quitar privilegios, cuando en realidad los sueldos ya fueron reducidos ostensiblemente en la anterior gestión y los miembros del Legislativo tienen que mantener sus familias en condiciones salariales muy ajustadas porque tienen sus familias en sus lugares de origen. Esto por supuesto nadie quiere verlo en su verdadera dimensión porque los eslóganes que se han acuñado contra los antiguos poderes del Estado invisibilizan las nuevas intenciones; se suele decir que los parlamentarios eran flojos, se exigen cinco días de sesiones a la semana para que estos acudan sólo de manera muy ajustada a visitar las regiones que los eligieron y sin posibilidad de organizarse en estas para llevar las demandas al gobierno.
El desmontaje exige que este órgano pierda brillo, pierda importancia, que finalmente termine siendo ocupado por personas anónimas sin voz, sin voto, sin ideas propias, sin posibilidad de ser contrapeso del poder Ejecutivo y por supuesto lejos, muy lejos, cada día más lejos de la separación de poderes.
Para que el desmontaje sea más rápido e irreversible, los funcionarios tendrán también una Ley Anticorrupción, cuyo verdadero espíritu se puede entrever en la medida que esta vulnera pactos y convenios de DD.HH largamente consolidados a nivel mundial, se obvian lógicamente las garantías, se vulnera y se cambia el Código Penal y el Procedimiento Penal que habían sido modernizados en las reformas consolidadas en 1999 que planteó que nuestro sistema penal responda al principio de que la sociedad política le entregue al Estado el poder penal bajo la condición que tal poder no pueda estar sujeto a los avatares políticos y los vaivenes anímicos del juez, sino todo lo contrario, quedando al mismo tiempo establecidas, como contenido de aquella situación que llamamos “Estado de Derecho”, una serie de “garantías” que regulan el ejercicio de ese poder penal otorgado al Estado que hace de ese poder penal un sistema no arbitrario, que propone racionalidad en el ejercicio penal para garantizar a las personas sus derechos.
La aplicación de esta Ley que no respeta garantías y la reforma penal, deja en vilo a los funcionarios públicos, entre ellos los asambleístas, que podrían ser procesados o sujetos a investigaciones arbitrarias, que no gozan ya de inmunidad parlamentaria, que ahora tienen sobre sus cabezas la imprescriptibilidad de estas nuevas tipicaciones de delito de corrupción y que saben que todo este organismo está conformado por ministerios y órganos dependientes del Ejecutivo.
Todo esto va e irá a cuenta y riesgo del proceso de cambio en Bolivia.