Llegará el dia en que la democracia y los derechos se restituyan desterrando su gran perversidad. Carlos Mesa expresidente.

El miedo se ha apoderado de muchos, propios y extraños... ¿Y la comunidad internacional? ¿Está tan asustada como tantos otros?

Gracias a una intensa campaña de imagen, al uso tan arbitrario como inteligente de la retórica "revolucionaria" cuyo eje es la apropiación de la reivindicación indígena, estamos al borde de ver al presidente Morales convertido en un mito viviente. El culto a la personalidad ha llevado a la concentración total de poderes en su mano, la Constitución le permite casi todo y la Asamblea le permite lo poco que ésta no. El deslumbramiento de buena parte de la comunidad indígena del país y de los ingenuos (y no tanto) observadores de varias partes del mundo, acepta que el más astuto político mestizo del último medio siglo aparezca como el Apu Mallku (jefe religioso y político en un solo y deformado saco).

A pesar de las evidencias incontrastables de los esfuerzos, logros y cambios positivos, que no por insuficientes dejan de ser fundamentales en un país con los problemas estructurales de Bolivia, realizados en el periodo 1952-2005 a favor de la inclusión, la eliminación de la discriminación y la lucha contra la pobreza; a muchos bolivianos y muchos otros que miran este momento desde fuera, les parece "entendible" que el Gobierno "entierre la República", cambie los símbolos del país y falsifique y/o niegue la historia.

La vulneración de principios democráticos esenciales como la independencia de poderes, la entrega del Poder Judicial por casi un año al arbitrio, discrecionalidad y decisión subjetiva e interesada del Presidente, la justifican como una forma de "llenar el vacío" de un Poder ¡que el mismo Morales destruyó sin pudor alguno en sus anteriores cuatro años de gobierno! La Constitución ha roto la independencia de poderes, eliminando la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo con las nuevas atribuciones que le da la Carta Magna al Vicepresidente en el Ejecutivo. El Primer Mandatario que denunciaba el "rodillo parlamentario" de los "neoliberales" cuando era opositor, aplica ahora el "rodillo" a su antojo. Mientras, la oposición desmembrada, sin rumbo, peleándose entre sí del modo más penoso, no atina a otra cosa que protestar de modo testimonial. El mecanismo vigente, en tanto, es eliminar a los enemigos políticos por la vía de enjuiciamientos de todo tipo y en número ilimitado, la persecución, detención o amenaza "jurídica" contra líderes de la oposición (el caso de Leopoldo Fernández es escandaloso, no sólo por su ilegalidad, sino porque a un año y medio de su detención, el proceso como tal no comienza), con el argumento de que como "son asesinos y corruptos" —antes de cualquier juicio o sentencia— se merecen esa suerte.

Pero la aberración mayor de todo este mecanismo de destrucción de los derechos ciudadanos básicos, está establecida en el artículo 123 de la Constitución que dice: "La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto… en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado". Por si fuera poco el artículo añade: "…y en el resto de los casos señalados por la Constitución". Tal determinación vulnera derechos consagrados en varios e importantísimos tratados internacionales que establecen como principio jurídico sagrado la irretroactividad de la ley, pero lo más grave es que reniega de la más importante declaración hecha por las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 11 inciso 2 dice: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".

El miedo se ha apoderado de muchos, propios y extraños… ¿Y la comunidad internacional? ¿Está tan asustada como tantos otros? ¿Para la representación de Naciones Unidas la vulneración flagrante de un artículo de la Declaración Universal de DDHH no es motivo de una posición pública clara y valiente en defensa de un principio que está en su Carta Fundamental? ¿La OEA no tiene palabra? ¿La Corte Interamericana de DDHH no ha revisado la Constitución boliviana? ¿Las ONG internacionales que apoyan al Gobierno, los países de la Unión Europea, nuestros vecinos… Unasur, no tienen nada que decir sobre este camino al autoritarismo y esta destrucción del Estado de Derecho?

La complacencia, el silencio "prudente" para no llevarse mal con el Gobierno de legaciones de países amigos y organismos internacionales, de empresarios, gremios, fundaciones y grupos organizados locales, nos deja anonadados.

El aislamiento progresivo de toda voz que desde la democracia, desde los derechos humanos, desde la soledad de posiciones cada vez más arrinconadas, pone en evidencia todos estos desmanes, ratifica que ejercer el autoritarismo, imponer el discurso único y generar miedo en los adversarios, funciona y lo peor de todo, es políticamente muy útil.

Es más rentable la injuria, la violencia verbal, la violencia de hecho, la muerte de compatriotas si es "necesario", que un discurso de tolerancia, de sentido de respeto al otro, de plena libertad de expresión, de aceptación desde el poder del derecho de las voces de los enemigos por duras y descomedidas que éstas sean.

Llegará el día en que fariseos y tibios sean desnudados en esta complicidad basada en la ética de "doble rasero". Llegará el día en que la democracia y los derechos de igualdad para todos se restituyan en Bolivia, con lo bueno de esta etapa que sin duda ha hecho aportes para conquistarla, pero desterrando su gran perversidad que desnaturaliza gran parte de lo que dice representar y hacer.

Lo triste de todo esto es que en el camino habrán quedado vidas, honras y destinos individuales y colectivos zarandeados y destruidos sin el menor atisbo de consideración humanista por los protagonistas de esta jacobina "revolución democrática y cultural".