A Evo Morales se le han caído todos los disfraces. Ya no puede asumir más la pose indigenista que le vendió al mundo y obviamente, con esta careta también se fue la de defensor de la madre tierra y la naturaleza. Muy pocos conflictos en Bolivia han alcanzado la repercusión mundial que tuvo la disputa por el Tipnis y naturalmente, la derrota del Gobierno hizo estragos en aquella engañifa.
Evo Morales ya no es más “el pobre dirigente cocalero que defendía los derechos de un sector de la población a subsistir con el cultivo de una ‘hoja sagrada’, ante la inexistencia de otras oportunidades de supervivencia”. Para todo el mundo ha quedado claro que el presidente boliviano ha promovido una irracional expansión de los cocales en Bolivia, cuyo resultado ha sido un monstruoso crecimiento de la producción y exportación de cocaína, con la concurrencia de peligrosos cárteles colombianos y mexicanos que se han afincado en el territorio nacional. Ya todos saben que la expulsión de la DEA fue solo un mecanismo destinado a favorecer esta expansión y el hecho de que por primera vez en el mundo, un zar antidrogas haya caído preso por tráfico de drogas, habla con toda claridad del grado de implicación del régimen del MAS con el narcotráfico.
El otro disfraz que se cayó fue el de “demócrata”. El último intento que hizo el Gobierno por hacer un ademán democrático fue con la dichosa “cumbre social”, pero no hay duda que el MAS no sabe nada de esto, no sabe dialogar, no sospecha lo que significa construir consensos y hace mucho que ha mandado al diablo al pluralismo.
Afortunadamente no será nada fácil para el presidente Morales arremeter contra la democracia, porque está presente –aunque sea difuso-, en el espíritu de la ciudadanía y en la vocación de la mayoría de los actores sociales. Prueba de ello es la reciente demostración producida en Sucre y en Quillacollo.
Sin embargo, después de que ha perdido toda su credibilidad y de que su imagen pública ha caído por los suelos, no le queda otro camino más que recurrir a herramientas indispensables para tratar de destruir por completo el sistema democrático y el Estado de derecho. El Gobierno del MAS no tiene plan. No tiene la gente capaz de conducir una gestión medianamente aceptable, la corrupción es un problema que día a día está carcomiendo las estructuras del “proceso de cambio” y por último, el despilfarro sumado a problemas económicos, anticipan un año aún más duro que el 2011.
La purga que ha iniciado el MAS con el derrocamiento del gobernador del Beni y el acorralamiento de Rubén Costas, quien parece tener los días contados, solo anticipa la puesta en marcha de la estrategia final conducente hacia la imposición de una dictadura, una coraza que, según lo asume el Gobierno, podría servirle para reemplazar los disfraces y seguir adelante con su proyecto político en el que resulta vital continuar en la ruta hacia un narcoestado y otras variantes de la economía ilegal, además claro, del soporte del extractivismo, sector al que jamás le ha incomodado desempeñarse en ambientes político-sociales caóticos.
Uno de los últimos eslabones que le faltan al Gobierno para terminar de consolidar la autocracia en Bolivia es la aniquilación de las libertades ciudadanas, entre ellas, la libertad de expresión, de vital importancia para la vigencia del Estado de Derecho. Hay leyes que se están cocinando en la olla plurinacional, el nuevo poder judicial está listo para actuar. El próximo año será, según estos indicios, el de la consolidación de la quinta fase de la que tanto ha hablado el vicepresidente.
Evo Morales ya no es más “el pobre dirigente cocalero que defendía los derechos de un sector de la población a subsistir con el cultivo de una ‘hoja sagrada’, ante la inexistencia de otras oportunidades de supervivencia”. Para todo el mundo ha quedado claro que el presidente boliviano ha promovido una irracional expansión de los cocales en Bolivia, cuyo resultado ha sido un monstruoso crecimiento de la producción y exportación de cocaína, con la concurrencia de peligrosos cárteles colombianos y mexicanos que se han afincado en el territorio nacional. Ya todos saben que la expulsión de la DEA fue solo un mecanismo destinado a favorecer esta expansión y el hecho de que por primera vez en el mundo, un zar antidrogas haya caído preso por tráfico de drogas, habla con toda claridad del grado de implicación del régimen del MAS con el narcotráfico.
El otro disfraz que se cayó fue el de “demócrata”. El último intento que hizo el Gobierno por hacer un ademán democrático fue con la dichosa “cumbre social”, pero no hay duda que el MAS no sabe nada de esto, no sabe dialogar, no sospecha lo que significa construir consensos y hace mucho que ha mandado al diablo al pluralismo.
Afortunadamente no será nada fácil para el presidente Morales arremeter contra la democracia, porque está presente –aunque sea difuso-, en el espíritu de la ciudadanía y en la vocación de la mayoría de los actores sociales. Prueba de ello es la reciente demostración producida en Sucre y en Quillacollo.
Sin embargo, después de que ha perdido toda su credibilidad y de que su imagen pública ha caído por los suelos, no le queda otro camino más que recurrir a herramientas indispensables para tratar de destruir por completo el sistema democrático y el Estado de derecho. El Gobierno del MAS no tiene plan. No tiene la gente capaz de conducir una gestión medianamente aceptable, la corrupción es un problema que día a día está carcomiendo las estructuras del “proceso de cambio” y por último, el despilfarro sumado a problemas económicos, anticipan un año aún más duro que el 2011.
La purga que ha iniciado el MAS con el derrocamiento del gobernador del Beni y el acorralamiento de Rubén Costas, quien parece tener los días contados, solo anticipa la puesta en marcha de la estrategia final conducente hacia la imposición de una dictadura, una coraza que, según lo asume el Gobierno, podría servirle para reemplazar los disfraces y seguir adelante con su proyecto político en el que resulta vital continuar en la ruta hacia un narcoestado y otras variantes de la economía ilegal, además claro, del soporte del extractivismo, sector al que jamás le ha incomodado desempeñarse en ambientes político-sociales caóticos.
Uno de los últimos eslabones que le faltan al Gobierno para terminar de consolidar la autocracia en Bolivia es la aniquilación de las libertades ciudadanas, entre ellas, la libertad de expresión, de vital importancia para la vigencia del Estado de Derecho. Hay leyes que se están cocinando en la olla plurinacional, el nuevo poder judicial está listo para actuar. El próximo año será, según estos indicios, el de la consolidación de la quinta fase de la que tanto ha hablado el vicepresidente.
La purga que ha iniciado el MAS con el derrocamiento del gobernador del Beni y el acorralamiento de Rubén Costas, quien parece tener los días contados, solo anticipa la puesta en marcha de la estrategia final conducente hacia la imposición de una dictadura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario