Alvaro Riveros Tejada. habla de dignidad, de catástrofe natural y de la hidalguía del pueblo beniano que reclama con justicia una declaración presidencial que se quiere desconocer.

Con un ultimátum planteado al gobierno, por parte de dirigentes de varias organizaciones cívicas del departamento del Beni, para que éste decrete zona de desastre a dicho territorio inundado por las aguas y así pueda aceptarse la ayuda internacional, se inicia una nueva fase de esta tragedia que tiene ribetes de catástrofe nacional. Gente que está viviendo trepada a los árboles, sin comida y sin ayuda alguna por la lejanía de sus comunidades, y el mal estado de las vías de acceso, acentúan este drama que no tiene parangón en nuestra historia.

Empero ante este desastre, altas autoridades han desechado la posibilidad de decretar dicha medida, bajo el banal argumento de precautelar la dignidad y la soberanía del país y que el D.S. 1878, que establece la emergencia nacional, define con claridad las obligaciones que tienen los Gobiernos, sean estos: nacionales, departamentales o municipales, para que asignen recursos para la atención de emergencias.

Según el ministro de defensa, “La Gobernación departamental del Beni tiene más de Bs 100 millones en caja y en bancos que puede utilizarlos para atender a los damnificados por este tema de los fenómeno naturales y lo propio ocurre en los municipios afectados en el Departamento del Beni”. “Lo que abunda no hace daño” reza el adagio popular, si la Gobernación del Beni y los municipios afectados del mismo departamento suman un monto de Bs 500 millones que pueden ser utilizados en la atención de emergencias, demos gracias a Dios, empero, no vemos la razón que ello se constituya en un óbice para rechazar ayuda externa y menos en las actuales circunstancias.

Con menos sentimiento burocrático, organismos internacionales como: Las NN.UU. Argentina, Perú y otros países concretaron por separado su ayuda y es lógico esperar que otros países lo hagan, sin la necesidad de que medie una disposición legal y menos una autorización oficial para salvar vidas.

Toda esta hecatombe trae a nuestra memoria aquel pasaje bíblico que relata la advertencia de Dios a Noé, antes de desatar el diluvio universal. Lo triste es que en esta ocasión, el castigo fue dirigido hacia un pueblo noble y justo, por fuerzas que parecieran encarnar el odio, la violencia, la mezquindad y la venganza.

Ya de nada vale construir un arca de madera para que todos ellos, junto a todos los animalitos que hacen parte de sus vidas, busquen cobijo en ella. La suerte fue cruelmente echada y sólo nos resta aferrarnos a esa firme promesa que Dios estableció con el héroe bíblico y con sus descendientes, consistente en que: “pasada la catástrofe, jamás morirían de nuevo todas las personas y animales en un diluvio”. Es más, cabe recordar que, como una prueba fehaciente de esa promesa, puso un arco iris en las nubes, que señalaría por siempre una forma de honrar el pacto. Todos los bolivianos esperamos ver muy pronto el arco iris sobre los cielos del Beni y no la muerte digna y soberana que nos auguran los malos.

al reclamo de pacto fiscal

Evo responde. No hasta el 2015

primero resultados del Censo

"a otro perro con ese hueso" comenta Seleme

El 24 de enero 2014 era el plazo obligatorio que tenía el Gobierno para presentar la propuesta de Pacto Fiscal y llegar a un acuerdo político entre el gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías, las autonomías indígenas y las universidades públicas. Ese Pacto debía ser una distribución justa de los recursos económicos, sobre la base del número de habitantes del último censo y los índices de pobreza. Vencida la fecha, ya se sabe que el nuevo pacto solo tendrá lugar en 2015, luego de las elecciones de 2014, en una demostración más de la fase regresiva del estado de la democracia en Bolivia, donde solo decide el autócrata Evo Morales, centralista sin concesiones.

El argumento de que el gobierno carece aún de los datos finales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, no merece más respuesta que la dicha por el sabio ventero, en Don Quijote de la Mancha: “A otro perro con ese hueso como si yo no supiese cuántas son cinco, y a dónde me aprieta el zapato” (Capítulo XXXII). Es decir, no nos creemos el embuste; no somos tontos y su negativa a una nueva redistribución de ingresos, es sencillamente porque el régimen está en millonaria campaña electoral y no le conviene una nueva redistribución, que acarrearía recortes en algunos gobiernos departamentales y alcaldías, lo que puede restarle votos. Reclamar ese Pacto Fiscal no es una bandera electoral de la oposición ni de los gobiernos intermedios, como apunta la ministra de Autonomías, sino un derecho constitucional, máxime si los únicos políticos en adelantada campaña electoral contra toda norma, son sus conmilitones.

Con la actual distribución, el poder central administra el 89% de los recursos del Estado como si fuesen de su propiedad, de ahí que no rinde cuenta de los gastos en la gestión pública. Solo el magro 11% restante, es lo que distribuye violando el criterio de reparto equitativo entre los gobernaciones, municipios y el sistema universitario. La pregunta inevitable, entonces, es ¿para qué la autonomía inscrita en la Constitución Política del Estado (CPE); para qué la Ley Marco de Autonomías que estipula la redistribución según los datos del último censo; para qué la exigencia de adecuación de estatutos a la CPE, si el Estado Plurificciones y Pluri-imposturas la viola al revés y al derecho?

Hoy más que nunca sabemos el por qué de la negativa a las autonomías y la guerra que implementó el régimen contra ellas. La autonomía no dividió al país, como acusaban a los líderes autonomistas, sino que divide el poder centralista y los recursos que Morales maneja a libre arbitrio.

Alvaro se atrevió a ponerle un título sacachispas "conversaciones indiscretas",refiriéndose a Evo, Lula, Kirchner, Chávez y también Selma la presidenta de Brasil. en realidad se trata de secretos de Estado que Evo da a conocer sobre Petrobrás,

Álvaro Riveros Tejada

En los protocolos de inteligencia que rigen en los países que velan celosamente por su seguridad, existe el recaudo de los documentos clasificados o de carácter confidencial o secreto, cuyo conocimiento sólo puede ser desvelado a la opinión pública después de 40 ó 50 años, precisamente con el objeto de precautelar la seguridad de las personas que intervinieron en los hechos, o simplemente porque su grado de confidencialidad ha caducado. Es el caso, por ejemplo, del Memorando secreto de 8 de diciembre de 1971, recientemente desclasificado por la CIA, donde se revela una conversación del ex secretario de Estado Henry Kissinger, con el ex presidente brasileño Garrastazu Médizi, encomendándole una virtual pretoría sobre nuestra región, al comentarle: “que Brasil juegue un fuerte rol de liderazgo en áreas de interés mutuo, como Uruguay y Bolivia, donde la situación es crítica, y donde es posible encontrar una posición similar a la de EE.UU. respetado y admirado, pero no querido”.

Hace unas horas, en unas sorprendentes declaraciones, S.E. reveló el contenido de una discusión que tuvo con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que su gobierno tomó la decisión de nacionalizar los hidrocarburos: “Después de la nacionalización un momento nos hemos enojado con el compañero Lula” dijo, para luego agregar que, pese a que el primer mandatario brasileño le habría facilitado un operador para poder comunicarse con él antes de la nacionalización, ningún intento de comunicación tuvo éxito.

Según el primer mandatario, Lula no ocultó su enojo, especialmente por lo que podría ocurrir con Petrobras y fue ahí que él le comentó que no recibió respuesta a sus llamadas, hasta que: “Llegamos a Viena enojados, ahí otra vez una reunión con Chávez y Lula, como unas dos horas de desayuno ahí y ya hemos resuelto”. Nombra como testigos de esa coloquial forma de resolver ese problema al finado micomandante Chávez y al igualmente malogrado Kirchner.

Lo que el tornero de San Bernardo no sabía, ni podía intuir, era el estilo de S.E. de meterle nomás, total: la carga la arreglarían sus abogados en el camino. A su vez, lo que no conocía S.E. es que el daño no sólo se lo estaba infligiendo a Lula, sino a su ministra de energía que, a la sazón, era nada más ni menos que Dña. Dilma Rousseff, actual presidenta del Brasil que, con características parecidas a nuestro presidente, no olvidaría dicha afrenta y menos el ridículo que tuvo que pasar ante su pueblo. Es más, ese ojo sigue en tinta, pues a ello se suman los problemas de la droga; del Senador Pinto; de los presos del Corintians; y muchos otros que hacen casi imposible una exitosa operación de sana sana.

A todo ello se suma el desatino de desvelar entretelones que hacen con la soberanía brasileña, lo cual no solo es grave, sino comporta la posibilidad de perjudicar la reelección presidencial de Dña. Dilma en octubre, pues al margen de aumentar su enfado, pinta al gobierno brasileño de estar muy lejano de las tradicionales determinaciones de su prestigiosa cancillería de Itamaratí y lo peor, dependiente de las decisiones de Venezuela y la Argentina. Por ello, los testimonios de S.E. no dejan de ser unas revelaciones muy indiscretas