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domingo, 16 de febrero de 2014

al reclamo de pacto fiscal
Evo responde. No hasta el 2015
primero resultados del Censo

"a otro perro con ese hueso" comenta Seleme

El 24 de enero 2014 era el plazo obligatorio que tenía el Gobierno para presentar la propuesta de Pacto Fiscal y llegar a un acuerdo político entre el gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías, las autonomías indígenas y las universidades públicas. Ese Pacto debía ser una distribución justa de los recursos económicos, sobre la base del número de habitantes del último censo y los índices de pobreza. Vencida la fecha, ya se sabe que el nuevo pacto solo tendrá lugar en 2015, luego de las elecciones de 2014, en una demostración más de la fase regresiva del estado de la democracia en Bolivia, donde solo decide el autócrata Evo Morales, centralista sin concesiones.
El argumento de que el gobierno carece aún de los datos finales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, no merece más respuesta que la dicha por el sabio ventero, en Don Quijote de la Mancha: “A otro perro con ese hueso como si yo no supiese cuántas son cinco, y a dónde me aprieta el zapato” (Capítulo XXXII). Es decir, no nos creemos el embuste; no somos tontos y su negativa a una nueva redistribución de ingresos, es sencillamente porque el régimen está en millonaria campaña electoral y no le conviene una nueva redistribución, que acarrearía recortes en algunos gobiernos departamentales y alcaldías, lo que puede restarle votos. Reclamar ese Pacto Fiscal no es una bandera electoral de la oposición ni de los gobiernos intermedios, como apunta la ministra de Autonomías, sino un derecho constitucional, máxime si los únicos políticos en adelantada campaña electoral contra toda norma, son sus conmilitones.
Con la actual distribución, el poder central administra el 89% de los recursos del Estado como si fuesen de su propiedad, de ahí que no rinde cuenta de los gastos en la gestión pública. Solo el magro 11% restante, es lo que distribuye violando el criterio de reparto equitativo entre los gobernaciones, municipios y el sistema universitario. La pregunta inevitable, entonces, es ¿para qué la autonomía inscrita en la Constitución Política del Estado (CPE); para qué la Ley Marco de Autonomías que estipula la redistribución según los datos del último censo; para qué la exigencia de adecuación de estatutos a la CPE, si el Estado Plurificciones y Pluri-imposturas la viola al revés y al derecho?
Hoy más que nunca sabemos el por qué de la negativa a las autonomías y la guerra que implementó el régimen contra ellas. La autonomía no dividió al país, como acusaban a los líderes autonomistas, sino que divide el poder centralista y los recursos que Morales maneja a libre arbitrio.

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