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lunes, 25 de agosto de 2014

modalidad perniciosa adoptada por regímenes como de Venezuela, Cuba, Bolivia en contra de "sus enemigos políticos" juicios que sostienen a sangre y fuego, contra todo Derecho y que constituyen una aberración porque se basan en acusación penal. Carlos Sánchez Berzaín.

Una de las características de la persecución política que ejecutan los gobiernos del socialismo del siglo XXI, es la internacionalización de la persecución. Cuando las víctimas logran salir de su país y son acogidas como refugiados o asilados políticos, las dictaduras prosiguen con la manipulación aplicando el “paradigma de la judicialización de la represión y de la persecución política”.
Producen decisiones, fallos y/o sentencias, y con éstas, continúan acosando, asesinando la reputación, persiguiendo y creando temas para la agenda política local. Existen innumerables casos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en que los perseguidos que han sido forzados al exilio, continúan siendo enjuiciados o se les inicia nuevos procesos.
El propósito es que los “jueces del régimen” dicten órdenes de captura, de prisión, de confiscación de bienes, y/o sentencias con grandes condenas privativas de libertad y cuantiosos montos, para usarlos como “verdades jurídicas” internacionalmente.
Estos juicios, que forman parte de la aplicación del ya descrito paradigma consistente en acusar penal y falsamente a la víctima desde el gobierno no democrático, son hoy comunes en los países de América Latina, donde las acusaciones y las condenas son dictadas pública y anticipadamente por el jefe del gobierno.
A la inversa, y para sus socios y protegidos, dicta también absoluciones y declaraciones de inocencia.
Esta práctica es prueba fehaciente de la violación de los derechos humanos, ya que tales procesos violan la libertad, la dignidad, la seguridad de la persona, constituyen trato cruel y degradante, desconocen la personalidad jurídica de la víctima, la igualdad ante la ley, constituyen discriminación, impiden un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, buscan justificar el destierro, violan la independencia e imparcialidad del juez, desconocen la presunción de inocencia y en muchos casos la irretroactividad de la ley, atentan contra el derecho de circular libremente y elegir residencia, violan el derecho de propiedad, el derecho de opinión y de expresión, el derecho al trabajo… esto es violar –entre otros- los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La judicialización de la persecución, viola el “debido proceso legal”, que es el “principio por el que toda persona tiene derecho a las garantías mínimas que aseguren un resultado justo en un juicio”, que supone el respeto de los derechos humanos ya citados.
El debido proceso es parte del “Estado de Derecho”, en el que ningún individuo o entidad puede ponerse por encima de la Ley o ser la Ley, como acontece con los Castro, Chávez, Maduro, Morales y Correa.
Según Las Naciones Unidas el Estado de Derecho “exige que se adopten medidas para garantizar los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal”.
Para demostrar como se aplica el paradigma dictatorial, algunos casos: de los Castro la condena al dirigente político español Ángel Carromero, condenado a cuatro años de cárcel para disfrazar de accidente la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepeda, sentencia aceptada por el gobierno de España, y más; de Chávez y Maduro los juicios contra el dirigente Manuel Rosales, la juez Guisella Parra, el periodista Alexis Ortiz, el empresario Ramón Carmona, el Tte. José Colina y más; de Evo Morales los juicios contra el Presidente Sánchez de Lozada y su gabinete, contra los gobernadores Manfred Reyes Villa, Mario Cosío, José Luis Paredes, el dirigente cívico Marinkovic, el Juez Tapia Pachi, el empresario Humberto Roca, el senador Roger Pinto y más; de Rafael Correa los juicios contra el Presidente Jamil Mahuad, el periodista Emilio Palacio, el empresario Guillermo Saltos, el alcalde de Gualaceo, el periodista Fernando Villavicencio y más.
Frente a esto resulta imposible que los países democráticos, con división de poderes, con tribunales de justicia independientes, con respeto al debido proceso y con vigencia del estado de derecho, puedan considerar siquiera el resultado del paradigma de la persecución política judicializada.
Tales decisiones judiciales son solo una expresión del poder totalitario de las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
*Abogado y politólogo, director del Interamerican Institute for Democracy

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