de modo que las primeras declaraciones de Jacob Ostreicher eran ciertas. que la oposición no mintió ni exageró cuando afirmó que estamos ante un narcoestado, que los medios no mienten cuando denuncian tanta Injusticia, Extorsión, Cohecho, Prevaricato. (Opinion de CB)

si el poder de la Suxo es real y si goza del apoyo de Evo qué espera?
bien podría la Suxo desenmantelar la red de jueces, de fiscales, de abogados que están destruyendo la institucional, el Derecho, la Paz

En una reciente entrevista que concedió la Ministra de Transparencia Nardi Suxo a un diario paceño, esta autoridad que tiene a su cargo la lucha contra la corrupción en Bolivia, ha desvelado que existen consorcios de jueces, fiscales y policías que actúan en casos de corrupción. Ha brindado otros datos que sostienen que al momento se han presentado al Ministerio Público aproximadamente 38 denuncias contra policías  de diferente rango, entre ellos 12 coroneles, dos generales, capitanes, tenientes, sargentos y policías.

Como la población conoce, la Policía experimenta malos momentos para su credibilidad e institucionalidad,  debido  a los recientes casos de corrupción vinculados con extorsiones y otros que lamentablemente están dañando de manera profunda a una institución que merece respeto y consideración de la población por su historia y por la misión que posee de acuerdo a los preceptos constitucionales.

Si las denuncias ante el Ministerio Público están debidamente documentadas, es de esperar que las acciones procesales consiguientes, tendrán resultados en la lucha contra la corrupción. Por ahora, lo que se desprende de las declaraciones de la ministra Suxo, es que hay cuatro procesos con imputación formal, nueve con acusaciones y uno con sentencia. Si la metodología que dice emplear el Ministerio de Transparencia es correcta, se podría evidenciar esta situación a partir de información cruzada entre diferentes instituciones que conforman la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que es parte del Consejo de Lucha Contra la Corrupción, porque en algunos casos los bienes que tienen las personas sospechosas inscritas en Derechos Reales no coinciden con los montos que reciben con salario. La misma Ministra ha puesto como ejemplo que un excomandante puede adquirir cinco vehículos de 50 mil dólares cada uno en un mes y eso llama la atención.

Lo  que preocupa del conjunto de las afirmaciones de la Ministra es que las investigaciones que se han realizado hasta el momento, muestran que en las redes de corrupción existen consorcios de abogados y algunas veces, como ha dicho, jueces, fiscales y policías. Se trataría que las acciones ilegales están de algún modo como se dice en la jerga popular  “blindadas” porque en las mismas, participa una especie de organización que interactúa en lo que se puede colegir  diferentes niveles de un circuito donde tiene que ver nada menos que la administración de justicia.

Lo de los denominados consorcios con participación de gente que tiene vinculación o que actúa directamente con abogados, policías, jueces y fiscales, aún no siendo un hecho inédito en el país, resulta conformar actualmente un cuadro de honda preocupación por todas las connotaciones que se han observado durante los últimos meses, principalmente, con las redes de extorsión que incluso actuaban desde un ministerio y a cuya consecuencia fueron a parar a la cárcel algunos abogados y fiscales.

El problema de la corrupción en general es un asunto complicado en la investigación y mucho más cuando se pretende combatirlo, aquí o en cualquier país, pero en nuestro medio resulta además complejo porque si nada menos existe certidumbre sobre la formación y funcionamiento de consorcios, no resulta aventurado considerar que los procesos de investigación no tendrán avances. El gran objetivo en estos casos es detectar, desmontar los grupos delictivos coaligados y luego sancionarlos.