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jueves, 26 de septiembre de 2013

sostiene Adrián Oliva jefe de Convergencia en Diputados. "el pez muere por la boca" refiriéndose a la declaración de Evo Morales en Nueva York "yo designé a Villena como Defensor del pueblo" y entonces...para qué sirve la Asamblea Legislativa? se pregunta. si Evo lo resuelve todo, solito

La admisión del presidente Evo Morales de que él recomendó que Rolando Villena sea elegido por el Órgano Legislativo como Defensor del Pueblo revela que la Asamblea Legislativa cumple la voluntad del gobierno, por tanto el Congreso está demás.

“Deberíamos dejar que el Primer Mandatario decida todo solo y de paso le ahorramos al Estado tiempo y dinero en vez de tener a 
130 funcionarios que están trabajando al servicio de una sola persona, este poder del Estado queda sobrando”, declaró el jefe de la Bancada de Diputados de Convergencia Nacional (CN), Adrián Oliva.

“Se hizo tanto show revisando los documentos de los aspirantes a defensor del pueblo, calificando antecedentes académicos y experiencia profesional, discutiendo ¿para qué hemos hecho todo eso? era no más que lo dejemos al Presidente que haga las cosas solo”, añadió.

Cuando la prensa pidió a Oliva una opinión sobre la admisión de Morales, Oliva respondió ironizando: “¿Acaso el presidente es quien nombra al Defensor? tenía entendido que los legisladores lo habíamos designado… entonces el Órgano Legislativo no decide sobre estas designaciones. Ahora que Morales dice haberse equivocado (apoyando a Villena), seguramente los asambleístas estaremos obligados a corregir su error porque por lo visto la Asamblea Legislativa debe cumplir la voluntad del Ejecutivo”.

Villena pidió que el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti retorne a Bolivia para responder ante la justicia sobre la brutal represión a marchistas indígenas ocurrida en Chaparina hace dos años porque le pedía al gobierno suspenda su decisión de construir un camino en medio de la reserva forestal del Tipnis. “El pedido del Defensor es correcto”, señala Oliva.

“Llorenti debe ser investigado y sancionado porque estaba al mando del ministerio que tiene a su cargo la policía, es ilusorio pensar que esa institución actuó por cuenta propia cuando se movilizaron tantos recursos y personal, incluyendo a funcionarios que estaban en el lugar”, declaró el diputado tarijeño para quien está claro que el Ejecutivo no investiga el caso porque quiere dejarlo en la impunidad, añadió.

“El presidente Morales dice que se siente culpable por haber apoyado a Villena pero no siente ningún remordimiento por la responsabilidad de la represión a los indígenas”, indicó.

Oliva añadió que la reacción del Presidente una vez más deja manifiesto su “doble moral” porque mientras por un lado se escandaliza por el pedido de Villena para que Llorenti vuelva al país a rendir cuentas a la justicia, por otro ni se mosquea por la impunidad y el encubrimiento que premian al ex ministro de Gobierno con el cargo de embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.

“No sé si Villena dispuso la represión en Chaparina, ha debido ser Llorenti. Los que cometen los errores son los que deterioran la imagen gubernamental no lo que los denuncian, los enemigos del gobierno están dentro del propio gobierno”, finalizó.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Me parece un insulto a la inteligencia cambiar maliciosamente lo que dijo una persona para lograr rédito político. El Presidente "sugirió", la "designación" corre por cuenta de otro poder del Estado. En ese sentido, él no hizo nada incorrecto ni fuera de la constitución, él manifestó una opinión sobre quién debiera ser el Defensor del Pueblo y si el legislativo decide o no considerar esa sugerencia es su asunto.
Un ejemplo de Alemania: El parlamento alemán elige al Presidente... la última vez que esto sucedió, la Canciller Merkel "sugirió" para el puesto a Gauck y el parlamento lo eligió, no por eso quiere decir que Merkel es autoritaria o se deba prescindir del parlamento alemán.
Insisto, todos podemos sugerir nombres, el presidente incluido, pero es el poder ejecutivo el que decide de acuerdo a criterios que pueden ser diversos, incluidos el favorecer la gobernabilidad o buscar mejor fiscalización.