Las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela son la crónica del fraude anunciado con el que el Gobierno pretende consolidarse, porque si fueran mínimamente justas, libres y limpias, marcarían el fin del régimen dictatorial. La “observación electoral imparcial” es el medio para garantizar la transparencia de las elecciones y por eso Nicolás Maduro se opone a que la Organización de Estados Americanos (OEA) la realice. Sin embargo, la OEA posee mecanismos para cumplir sus obligaciones de defensa de la democracia, cuya aplicación pone a prueba la independencia y eficiencia de su nuevo Secretario General.
Los gobiernos del socialismo del siglo XXI comenzando en Venezuela y aplicando el mismo sistema en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, han concentrado todos los poderes públicos en sus manos. El poder ejecutivo se ha convertido en el centro de la manipulación dictatorial; el poder legislativo ha sido transformado en el “legalizador” (en lugar de legislador) a priori y a posteriori de los actos del ejecutivo; el poder judicial tiene el papel de “represor” criminalizando la oposición y penalizando las libertades ; han incorporado el poder “electoral” para que cumpla el papel de “deformador” de la voluntad popular por medio de la institucionalización del fraude electoral, para que la dictadura siempre gane las elecciones.
El principal objetivo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI es permanecer indefinidamente en el poder con apariencia de democracias. La manipulación y el fraude electoral es su instrumento imprescindible. Por eso, en lugar de que las elecciones sean “libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, han institucionalizado un sistema de fraude que va desde la identificación de los ciudadanos, el manejo de la zonificación electoral, el sistema de registro de votantes, la legislación electoral, el nombramiento de autoridades electorales del régimen, el sistema de votación y de cómputo, etc. El fraude resultaría perfecto si además controlan la observación electoral, para lo que han creado entidades como UNASUR.
Se trata de un sistema de fraude electoral integral o circular, completo, en el que la dictadura como autora y beneficiaria, controla todo el mecanismo que le permite “legalmente” saber quiénes votan, disponer donde votan, conocer cómo votan, permitir quién puede ser candidato y quién no, castigar como a criminales a quienes representen una amenaza electoral o pongan en evidencia esta maquinaria criminal de falsificación de la soberanía popular. Con prebenda electoral, con mucho dinero, aprovechando la necesidad y el hambre que la propia dictadura ha ocasionado en el pueblo aparentan movilizaciones populares; con el control de los medios de comunicación y la permanente violación de la libertad de prensa tienen integrado el cuadro del triunfo electoral falsificado. Finalmente, usan la cibernética para hacer cualquier ajuste.
Con este aparato se han realizado las elecciones de -por lo menos- últimos ocho años en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Con este sistema es que Nicolás Maduro y su Gobierno manejan el proceso electoral para la votación del 6 de diciembre, con pruebas ya conocidas de registros, amenazas e inhabilitaciones. Por eso Maduro no acepta otra observación que la de UNASUR o la de sus cómplices y encubridores. Por eso agrede a la OEA y pone al Secretario General Almagro en la disyuntiva de demostrar si seguirá el camino de sometimiento y vergüenza de su antecesor Insulza o aplicará los principios de democracia de la OEA.
El Secretario Almagro debe poner en aplicación el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) porque desde hace mucho tiempo y ahora, en Venezuela se “producen situaciones que afectan el desarrollo del proceso político institucional democrático”; debe pedir al Gobierno de Maduro el consentimiento para hacer “visitas y gestiones con la finalidad de hacer una análisis de la situación”. Si Maduro no otorga el consentimiento, el paso siguiente es aplicar el Art. 20 de la misma Carta y convocar al Consejo Permanente de la OEA para que éste inste a Venezuela cumpla el Art. 23 de la CDI que dispone que “los estados miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”
Las misiones de observación electoral de la OEA se pueden realizar con consentimiento del estado miembro interesado y el gobierno de Venezuela no quiere alteración a su sistema de fraude electoral institucionalizado. Sin embargo, si el Secretario General de la OEA pone en marcha el sistema de la organización y Maduro se niega, esa es la “confesión del fraude”. Se trata de que la OEA cumpla el trámite para llegar al Art. 25 de la CDI, e “informar que no existen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas”, y que diga lo que todo el mundo ya sabe: “que no hay democracia en Venezuela”.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
No hay comentarios:
Publicar un comentario