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lunes, 2 de noviembre de 2015

algo es que la funcionaria acuda de incógnito a los tribunales de Justicia y comprueba aquella pesada maquinaria que debería administrar la Ley y que contrariamente está convertida en un mole pesada que exprime al litigante para obtener magros resultados. el mal endémico persiste, porque es la Justicia misma somemtida al MAS, a Evo, a la élite gobernante.



Hace pocos días, en una visita camuflada y de sorpresa a los Juzgados de la ciudad de Montero en Santa Cruz, la ministra de Justicia Virginia Velasco ha podido constatar cómo se trata de mal a los litigantes. No solo ha sufrido en carne propia la discriminación social, económica y cultural de la que hacen gala los funcionarios judiciales, sino que ha comprobado lamentables irregularidades que no pueden pasarse por alto de ninguna manera. La injustificable ausencia de los administradores de justicia de sus puestos de trabajo y el irresponsable manejo de documentos de los procesos le han ratificado en su decisión de apoyar la urgente transformación de la Justicia del país.

Conviene puntualizar que la opinión generalizada es que la Justicia anda muy mal en el país. Y la verdad es que su crónica deficiencia muestra que va de mal en peor. Hasta ahora, los intentos de reformar la Justicia boliviana han fracasado, debiendo incluirse la relativamente reciente y polémica elección de los magistrados por voto popular, con resultados desalentadores por la actuación “política” y dependiente de los magistrados, llevando agua a su propio molino y postergando la imparcial y correcta administración de justicia para la que habían sido elegidos. Sin duda, varias cosas se han torcido hasta el punto de tener que recurrir a una urgente Cumbre de Justicia, en busca de soluciones.

Resulta oportuno señalar que la Justicia no va a cambiar solo con las infraestructuras modernas que se vienen implementando de manera paulatina para el funcionamiento y desarrollo del Poder Judicial. Lo que se necesita, además de resolver la falta de preparación de las autoridades jurisdiccionales, o de encarar de manera creativa la impresentable retardación de justicia; se hace preciso combatir la corrupción en todos sus niveles y fortalecer la necesidad de la humanización del acceso a la Justicia. Lo indispensable para que todo funcione en directo beneficio de los ciudadanos litigantes, viene a ser la independencia judicial, aspecto que se ha descuidado irresponsablemente.

La independencia judicial del poder político resulta determinante para la buena salud del proceso. Y esta cualidad no se está logrando más por factores humanos que por otra cosa. Todo indica que todavía falta mucho camino por recorrer para que los operadores judiciales actúen de manera institucional, imparcial y con vocación de justicia. En ese recorrido deben superar la pesada herencia histórica de discriminación y de angurria por el dinero a costa de los intereses de la mayoritaria y humilde masa de ciudadanos que buscan justicia. Si ha pesado de manera odiosa la dependencia política de los partidos, ahora se han instalado indicios de pésima dependencia de las organizaciones sociales.

La anunciada Cumbre de Justicia debe ser receptiva a las iniciativas de los sectores profesionales y representantes de la ciudadanía organizada. Inclusive se ha previsto recibir sugerencias provenientes de instituciones como la Policía y los Tribunales Departamentales de Justicia para que prevalezcan las actividades específicas de los actores jurisdiccionales que imparten justicia. Se trata, en última instancia, de buscar la independencia de la Justicia del poder político, social, económico o mediático. Esta búsqueda debe comenzar en la próxima Cumbre, siempre y cuando se pretenda la imparcialidad en la decisión, esencia de la naturaleza de la Justicia para cumplir lo suyo.

Se trata, en última instancia, de buscar la independencia de la Justicia del poder político, social, económico o mediático. Porque la imparcialidad en la decisión es la esencia de la naturaleza de la Justicia para cumplir con lo suyo.

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