con Alba y su "consejo de seguridad" las órdenes vendrán directa y abiertamente de Caracas. Evo y Correa subordinados al poder chavista

La séptima cumbre de presidentes de la denominada Alternativa Bolivariana para las Américas o Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), realizada este fin de semana en Cochabamba solo sirvió para que Hugo Chávez consolide sus relaciones de vasallaje respecto a sus satélites, es decir, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba aparte de un par de países casi desconocidos para los sudamericanos.

Como era de esperarse el sátrapa venezolano fue la figura estelar durante el encuentro y todos se apresuraban a rendirle pleitesía y agradecerle los miles de dólares que está enviando para la campaña electoral de Evo Morales.

No vino el presidente paraguayo, quien tiene problemas en su país debido a las acciones de un grupo irregular identificado con las FARC colombianas, que a su vez cuentan con el indisimulado apoyo de Chávez. Tampoco vino el presidente cubano, Raúl Castro (mandó al vicepresidente), porque al parecer tiene para la isla otras prioridades que el supuesto proyecto integrador de la ALBA. Queda cada vez más claro que los cubanos soportan a Chávez por el petróleo barato que les envía pero no pierden la oportunidad de marcar las distancias.

Decimos que Chávez consolidó las relaciones de vasallaje en primer lugar porque virtualmente impuso la creación de un “Consejo de Seguridad” que se encargaría de cumplir una labor policíaca en los países miembros del ALBA. Esto significa que velaría porque las órdenes emanadas de Caracas, sean plenamente y rigurosamente cumplidas porque de lo contrario cesaría el envío de recursos que hasta ahora están “ayudando” a las economías de países en los que no se están aplicando políticas adecuadas.

Pero las intenciones de Chávez van mucho más allá. En realidad el “Consejo de Seguridad” sería la cobertura mediante la cual el tiranuelo caribeño podría intervenir abiertamente en los asuntos internos de los países signatarios y ojo que esto no implica solo una injerencia en términos políticos sino también, créalo o no, militares. No hay que olvidar que Chávez propuso la invasión de Honduras para solucionar la crisis en ese país, intención que solo pudo ser frenada por una actitud firme del Brasil.

La creación de este “Consejo de Seguridad” ya produce un justificado resquemor en las filas castrenses de Bolivia que ven con preocupación que en el futuro las decisiones relacionadas con la defensa nacional se tomarían ya no en La Paz sino en Caracas.

En realidad el acuerdo para la creación del “Consejo de Seguridad” no viene sino a, digamos, “institucionalizar”, una situación que ya existe de hecho en Bolivia. El Alto Mando militar está subordinado a la agregaduría de Defensa de la embajada de Venezuela en La Paz y ninguna decisión se toma sin consultar con el “bunker” que les sirve de sede en la zona de Cota Cota, un residencial barrio paceño.

Si bien en el pasado existían acuerdos militares con Estados Unidos que podrían ser considerados atentatorios contra la soberanía nacional, es evidente que en la actualidad, a pesar de los discursos patrioteros, la situación de sumisión al gobierno venezolano es más grave y se ha transitado de una dependencia hacia otra mucho más perniciosa.

Y hasta el propio Evo se da cuenta de los riesgos implícitos en la pretensión de Chávez de conformar una “alianza militar defensiva” ante las “amenazas del imperio” y por ello tímidamente dijo que “sentía” que la propuesta “no (debe) ser una resolución acelerada, sino hay que estudiar y dejaríamos en manos del consejo político que estudie, con la participación de nuestras fuerzas armadas”.

Los Presidentes de este remedo político de integración llamado ALBA saben que detrás de toda propuesta de Chávez se esconde un propósito de dominación, que podría conducir a la región hacia aventuras muy peligrosas ya que el gobernante venezolano no se caracteriza por su mesura y se encuentra en los límites de la paranoia, lo que hace que la preocupación del Paraguay por la compra de aviones de combate para Bolivia, sea más que justificada.

Gregorio Cristóbal Carle

Evo Morales: la impostura y la mentira como único rédito electoral

"Hay hombres cuya conducta es una mentira continua" (Barón de Holbach)
No podemos alegrarnos. Bolivia sigue su inexorable camino hacia la eliminación total del sistema de libertades bajo un régimen instalado en obligaciones, prohibiciones, silencios insultos y mentiras, que además osa transmitir una exultante y buenista imagen de placidez democrática.

La realidad es tozuda y demuestra algo muy diferente e irrebatible. Una suerte de abstrusas manipulaciones que tienen su origen en el falaz pensamiento único. En suma, un nuevo experimento que no hace sino reproducir fracasos de un pasado no tan lejano, que no es otra cosa que la expresión política de la hegemonía autoritaria donde la voluntad del líder es irrebatible, además de lo único importante.

Un método basado en la mentira constante, que sin duda alguna necesita de la democracia para esconder sus propias vergüenzas, y que valiéndose del recurso al proceso electoral supuestamente limpio se entrega a la tarea revolucionaria de destruir la sociedad establecida para dar paso a la emancipación utópica de todos sus congeneres, en especial los más desvalidos.

Evo Morales ha mentido desde siempre, porque la mentira constituye el patrón de comportamiento del líder demagogo, autócrata e insustancial, obsesionado en desmontarlo todo y siempre alérgico a la crítica y a la autocrítica.

Mintió a su pueblo nada más ascender al poder con el supuesto cumplimiento de la controvertida y ambigua promesa de nacionalización de los hidrocarburos. Dicha formulación –no se trata de una conjetura- era del todo falsa porque la Constitución del Estado ya reconocía la propiedad estatal de las riquezas del subsuelo y no se puede nacionalizar algo que por ley está ya en manos del Estado.

Lo único cierto, indiscutible, e inapelable de dicho proceso han sido las nefastas consecuencias derivadas de tan demagógica decisión, ya que la presunta recuperación del gas como recurso natural y su paternalista gestión ha degenerado en una caída estrepitosa de la producción que obliga en la actualidad al país al racionamiento y la importación de gasolina, diesel y gas licuado…. eso sin hacer mención a la permanente e insultante corrupción que ha planeado sobre la empresa estatal YPFB desde el mismo momento en que fue creada

Lo que no puede ser tiene que producirse necesariamente. Movido por este pensamiento el ínclito Presidente de Bolivia ha recurrido a todo tipo de hipótesis semánticas para tratar de explicar a su pueblo el triunfo del régimen en materia económica, otra perversión de la realidad que más pronto o más tarde acabará enmudeciendo sus dogmática verborrea.

Una teoría que responde exclusivamente a ese romanticismo revolucionario de perfil bajo inspirado en el completo desconocimiento de las leyes del mercado, la leyenda de la rebelión final del proletariado y la portentosa capacidad del Estado para abordar la gestión eficaz y eficiente de unos recursos ninguneados a la iniciativa privada.

Respondiendo a esa hoja de ruta el gobierno Morales comenzó un proceso nacionalizador que ha abarcado todos los sectores de la economía, y que está llevando al país a una insoslayable caída de todos los indicadores económicos. Un diagnóstico desolador falseado por las estadísticas oficiales que, sin duda, han supuesto una gran labor de maquillaje de cifras.

En este sentido el sector público ha adquirido una dimensión excesiva y severa, integrándose en una dinámica de aumento del gasto público, de endeudamiento interno, y de la manifiesta imposibilidad de ejecutar el presupuesto. A todo ello hay que añadir la constante e inevitable intervención de los precios como elementos de un pensamiento marxista anclado en el imperioso afán de destruir la iniciativa privada, una medida que ha obligado –en un país pobre- a aumentar las importaciones de productos básicos como la harina.

Un modelo ideológico cuasi religioso, no económico, que ha arrastrado a sus dirigentes a prohibir la exportación de determinados productos -es el caso del aceite- como vía revolucionaria y silenciosa para minar y acabar con el poder opositor de los empresarios del oriente, con el consiguiente deterioro de la economía nacional…

Ese proyecto excluyente, adoctrinador y carente de planificación alguna no ha sido capaz de implantar mejoras en los sectores productivos y solo ha sabido esperar el beneficio de los precios internacionales de las materias primas para inflar las arcas de la revolución, todo ello hasta que la tendencia de dichos precios ha comenzado a ser desfavorable a sus intereses, degenerando en un aumento progresivo de las cifras del paro, en especial en el sector de la minería – con un importante número de adeptos y seguidores de la falacia Morales-

Pero no es lo más grave, el empeño en contagiar su revolución en lo económico ha llevado al Gobierno de Evo Morales a perder los beneficios del APTDEA, importante acuerdo con los EE.UU que beneficiaba y promovía la exportación de productos textiles -fabricados en El Alto, ciudad cercana a La Paz, con un importante porcentaje de población indígena- a los que el país americano aplicaba importantes reducciones arancelarias.

La contrapartida del país andino implicaba una lucha eficiente contra los cultivos de coca y su comercio, cuestión que no solo no se ha producido durante el mandato del actual Presidente sino que, por el contrario, ha aumentado de forma exponencial y preocupante. Ya se sabe... aunque la pobreza se multiplique por mil no hay problema, ya proveerá el Estado.

En ese camino, opuesto a cualquier modelo de racionalidad, se encuadran también las generosas donaciones del sátrapa Chávez para la consecución de los objetivos previstos en la hoja de ruta del socialismo del S XXI. Continuas entregas de ingentes cantidades de dinero que no han sido fiscalizadas por organismo público alguno, y que han servido para practicar el nepotismo y el abuso de poder, además de aumentar de forma considerable esa corrupción que desde la demagogia más execrable es perseguida por Morales con una actitud paternalista y cínica que produce náuseas.

Nada es suficiente si es para alcanzar el triunfo de la revolución. En esa situación generalizada de crisis y expansión del gasto el Presidente osa ahora elucubrar con la construcción de un satélite imitando las políticas de los países más desarrollados. Está visto que su actitud demagógica no tiene límites o cuando menos no conoce ni maneja el término prioridades en la acción de gobierno… una teoría falsa en su formulación que no puede llegar a dar buenos resultados con el tiempo.

En otro orden de cosas una de las características que han sellado la impronta del mandato del Presidente ha sido la de ejercer un victimismo delirante, eminentemente propagandístico y milimétricamente calculado. Así, el régimen se nutre y retroalimenta de un sin fín de gestos y poses que solo buscan el impacto en una población que sigue ciegamente al líder. La tasa de la ganancia, que diría un marxista irreductible.

Prueba de ello han sido los innumerables y presuntos intentos de magnicidio que ha sufrido el Presidente Morales -sin que medie prueba evidencial alguna al respecto-, las detenciones de opositores que traman constantes golpes de Estado, o la terrible y alevosa matanza de Pando, en la que no hubo ninguna implicación del gobierno si atendemos a la raquítica, inconmensurable y poco o nada creíble versión oficial de los hechos.

Como es lógico pensar no son los únicos acontecimientos luctuosos que han teñido los días de gobierno de esa izquierda inconsecuente, manipuladora y falsaria que representa el "pequeño indiecito", acepción acuñada por el autocomplaciente y provocador mandatario boliviano.

El premeditado asesinato por la espalda de los miembros que conformaban una fracción terrorista venida desde Europa para asesinar presuntamente a Morales y provocar el caos en la nación andina ha servido a los jerarcas del Movimiento Al Socialismo para detener y encarcelar a buena parte de los elementos cruceños hostiles al régimen obviando cualquiera de sus derechos. Sin duda una intriga impecable y grotesca para llevar a cabo una purga al más puro estilo estalinista

Es esa la tónica general que ha definido la estéril y sectaria labor de gobierno del iluminado Evo. Un Presidente que ha puesto todo su empeño en destruir los valores de la libertad y el estado de derecho, en defenestrar y despojar a las clases medias del país, en amordazar a los medios de comunicación críticos con su constante burla y escarnio a la democracia, en acallar a una iglesia católica militante integrada en el tuétano de la sociedad boliviana… en suma, una suerte de pensamiento infame obstinado en acabar con el progreso a costa de favorecer los postulados etnocentralistas que impregnan la ensoñación del indígena aymara.

En lo que sí ha puesto un especial denuedo el ínclito Morales ha sido en crear un entramado de intrigas contra la prensa libre, perseguida y acosada hasta la saciedad con el inconmensurable apoyo de su mentor Chávez, que además de controlar buena parte de los medios escritos ha financiado el establecimiento de una red de emisoras en áreas rurales, dedicadas al adoctrinamiento de los sectores de la población más pobres y analfabetos.

Por insuficiente la estrategia ha llegado más allá, alcanzando a realizar acciones violentas contra los medios discrepantes, a los que acusa de tergiversar el idílico momento por el que atraviesa el país. Así, militares de la inteligencia boliviana vinculados al Palacio Quemado, ayudados por la embajada venezolana, volaron y destruyeron las instalaciones de una radio tarijeña que no gustaba al régimen, hecho del que no se ha vuelto a conocer nada porque ni siquiera llegó a investigarse con la rigurosidad que exigía el caso.

Instalado en el rencor y la mentira más perniciosa, el Presidente Morales ha dictado las pautas para controlar a una prensa que ya consta como una de las más perseguidas y acosadas de Latinoamérica.

En este sentido no es de extrañar que, el último informe de Fundación alemana Konrad Adenauer haya situado a Bolivia en el último lugar -después de Guatemala- del ranking de desarrollo democrático en América Latina. Dicho índice mide, entre otros aspectos, el grado de respeto de los derechos políticos y la capacidad de los gobiernos para generar bienestar en dieciocho países de la región.

No cabe la menor duda. Morales, con su acrisolada fe del carbonero está llevando a Bolivia a las cotas más altas de intransigencia y sectarismo vividas en la corta y convulsa historia de la nación andina, osando además ningunear a la oposición en un debate cara a cara con vistas a la celebración del próximo evento electoral.

Las razones son más que evidentes. En primer lugar el mandatario carece de la capacidad intelectual y facilidad de palabra necesarias para enfrentarse a sus principales adversarios, Manfred Reyes Villa, abanderado de Plan Progreso para Bolivia (PPB) y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), dos políticos de talla y contrastada experiencia en las lides electorales.

En segundo término porque éstos son capaces de desenmascarar las vergüenzas del régimen, la demagogia militante y las constantes mentiras a las que ha sometido al pueblo a lo largo del ejercicio de su primera legislatura.

El argumento al que ha recurrido el Presidente para evitar el debate directo es tan peregrino como descriptivo y usual en una dialéctica vacía de contenido. En este sentido ha llegado a expresarse en los siguientes términos: "Ellos no traen ideas serias. Solo defienden los intereses de la oligarquía"…no cabe la menor duda de que sus palabras lo dicen todo.

Ahora solo falta movilizar a las ciegas masas adeptas al régimen para reiterar sus mentiras todas las veces que sea necesario, llegando a todos los rincones de la nación. En eso Morales es un verdadero especialista que no necesita engrasar los engranajes de una movilización social que ha mantenido en constante alerta a lo largo de su mandato.

Hablará de cambios, de la necesidad de alcanzar los objetivos de la revolución silenciosa inspirada en el Ché, de respeto al indigenismo, de los oligarcas y vendepatrias, del imperio criminal, del sueño proletario, del capitalismo opresor, del pueblo como único propietario de los recursos y riquezas naturales, de los postulados socialistas como piedra angular para alcanzar el paraíso, de la necesidad de creer en él como mesías…. en suma de una iconografía ya defenestrada hace mucho tiempo en la mayoría de las naciones del mundo, pero al fin y al cabo de su iconografía. (HoyBolivia.com)

qué es más fácil entender "la autodestrucción del estado plurinacional" o el haraquiri ejecutado por Evo y sus muchachos? Cayo Salinas piensa hondo...

La Constitución “de todos” está comenzando a “dar frutos”. El texto aprobado con levantamanos del partido de gobierno y por los integrantes de un estamento de políticos de Podemos y UN que con mucho mérito engrosaron las filas de los acólitos funcionales al Estado Plurinacional y sepultureros de la República tiene, desde su corta vida post republicana, varios episodios que lo sitúan como el “instrumento jurídico” que por pernicioso, es aciago para el país.

La libre determinación que colinda con el libre albedrío a la hora de establecer niveles de competencia, será uno de los aspectos que contribuirá, en determinado momento, a la autodestrucción del Estado Plurinacional. Pasará, con seguridad, tiempo para que aquello acontezca, mientras tanto, la consecuencia fatídica de haber impuesto una Carta Fundamental del corte de la que fue aprobada, será incalculable. Y bien vale la pena recordar que estamos así gracias al ilegal “Congreso Constituyente” que atribuyéndose facultades y competencias jamás autorizadas, camuflaron una Constitución --la prohijada en Oruro-- con el apoyo de Podemos y UN.

Éstos últimos organizaron, incluso, eventos donde explicaron las bondades del texto constitucional promulgado en febrero de este año. Hablaban del nacimiento (creo que en ese entonces no tenían la más peregrina idea de lo que era la República y la gravedad de su desaparición) de un nuevo país donde emergía la figura de las diversas nacionalidades para desechar la boliviana como nexo articulador de lo que fue la República de Bolivia a tiempo de su fundación. La CPE legada hoy, vigente hoy, da frutos, origina muertes, otorga libertades ilimitadas para tomar tierras, afectar territorios (ahora indígenas, como se sabe) y para generar una ausencia de identidad nacional que unifique antes que desuna.

Por eso anoto y anoto bien, cuando hago referencia a que si pasamos de la República al Estado Plurinacional, será éste último el que se auto destruya por la incoherencia e inviabilidad de su formulación. Ese proceso de autodestrucción ya está en marcha y más allá de que pueda durar años, operará de tal forma la negación a los postulados que hoy recoge el texto constitucional, que la práctica y el intento de aplicabilidad nos enseñarán que sin República no podemos funcionar.

Darán la razón a los que salieron en defensa de ella, castigarán con el repudio público a quienes fueron capaces de destruirla para dar cabida a un Estado que tal como ha sido concebido, es inviable en términos de sostenibilidad en el tiempo. Sólo repare en los enfrentamientos que de forma violenta se han producido los últimos días entre indígenas y cocaleros en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro – Sécure. Siendo Evo actual Presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, no ha podido detener lo que el Estado Plurinacional trae inmerso como concepción: la premisa de que la libre determinación y el autogobierno, al amparo de 36 nacionalidades, dan vía libre a desconocer al Estado como ente Republicano y a sus postulados. Valen más las demagógicas libertades concedidas y los falsos axiomas esgrimidos, que la coherencia normativa que exigía y exige, como en cualquier país del mundo, una CPE pensada para todos y por todos.

Ésta, la vigente, fue urdida – y no me cansaré de decirlo --- por el MAS en la nomenclatura que la dirige y por sus aliados de Podemos y UN en sus alas occidentales.

Son los responsables. Sirve otro ejemplo. La Constitución obliga a la consulta previa para la aprobación de proyectos en rubros vinculados a los recursos naturales por parte de los pueblos indígena originario campesinos, lo que ha dado curso a que YPFB, ¡sí, YPFB!, denuncie impedimento para desarrollar su trabajo.

A título de la defensa de los derechos indígenas, se ha colocado al resto de los ciudadanos bolivianos y a sus habitantes en un estado de indefensión porque resulta que, sino media la aceptación de los comunarios de determinada zona indígena, es imposible encarar trabajos de prospección de recursos naturales que, como en cualquier lugar del planeta, genera ingresos para el Estado que benefician indudablemente a todos. Hoy, la Nueva Constitución fruto de este descalabro, ha generado su primera víctima: el Presidente del Estado Plurinacional.

Evo ha sido acusado de traidor por no defender los derechos de los pueblos originarios amazónicos que dice, estarían siendo pisoteados por los trabajos que está encarando en el norte del departamento de La Paz la empresa YPFB Petroandina, la denunciante y estrella de la estatización de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas. Así están las cosas “compañeros”. Estamos en el inicio del proceso de descomposición del Estado Plurinacional.

Pasarán años hasta que ese proceso termine por efecto de sus propios errores. Nada podrá detener el avance del virus estructural que forma el esqueleto ideológico de la NCPE. Nada. Sus autores serán sus primeras víctimas. Los bolivianos, que soportaremos las consecuencias del día a día, seremos parte del descalabro, esa la tragedia.

A "la cultura del Estado de Derecho" se opone una subyacente que no respeta el imperio de la ley. En Argentina como en Bolivia está sucediendo. LN.BA.

El Estado de Derecho conforma el marco dentro del cual queda sujeta la actuación de los gobiernos y que impide el deslizamiento hacia el absolutismo o hacia alguna de las variantes del totalitarismo. El imperio de la ley, el rule of law en la tradición anglosajona, implica como condición la división e independencia de poderes, como hace ya tres siglos lo destacaron Locke y Montesquieu. También implica la preservación de los derechos esenciales de las personas, y dentro de ellos las llamadas libertades básicas o individuales. El derecho de propiedad frente a los abusos del Estado para conculcarlo es uno de ellos.

Las instituciones de la organización social deben apuntar prioritariamente a la preservación y perfeccionamiento del Estado de Derecho. Para ello debe existir una cultura y un convencimiento mayoritario en la ciudadanía de que ello es esencial para la convivencia y para el progreso. Debe ser una cultura compartida por los grupos dirigentes y a partir de la cual se imponga una constitución y toda la legislación derivada de ella. Así lo fue en la Argentina, luego de alcanzarse la organización nacional y tras el consenso expresado previamente en el Acuerdo de San Nicolás, cuando se dictó la Constitución de 1853.

Sin embargo, cualquier observador llega fácilmente a la conclusión de que en la Argentina se asiste actualmente a una larga y sostenida decadencia del Estado de Derecho y, consecuentemente, de la calidad institucional. Es un proceso cuyos cambios no son fáciles de apreciar de un día para otro, aunque puede advertirse que en estos últimos años se ha acelerado. No obstante, debería ser analizado en un horizonte más extendido. No es fácil determinar cuándo comenzó ni tampoco cuándo se revertirá. Pero lo cierto es que a lo largo de distintos períodos del siglo XX resultaron afectadas la independencia de poderes y las libertades individuales. La estabilidad constitucional fue interrumpida por sucesivos quiebres y el país debió atravesar experiencias traumáticas, incluidas algunas de extrema violencia.

Existe una estructura legal que comprende la propia Constitución, las normas que reglamentan su ejercicio en sus más diversas formas y jerarquías (códigos, resoluciones y regulaciones administrativas) en el plano federal, provincial y municipal. Nadie podría decir que hay vacíos legales relevantes; más aún, hay demasiado reglamentarismo. Sin embargo, esta profusión no caracteriza el Estado de Derecho, sino que más bien crea dificultades para la vida diaria de la sociedad civil. Toda esta batería legal tiene teóricamente un Poder Judicial y un poder de policía para que se cumpla. No se puede decir, además, que la Argentina no cuenta con una abundante burocracia que administre las regulaciones. Asimismo, existe un Poder Legislativo que modifica u origina nuevas leyes. Visto desde afuera, no hay un vacío en la formalidad institucional en el sentido que aquí estamos exponiendo. Pero no hay duda de que los ciudadanos argentinos, así como los poderes del Estado y las instituciones civiles, viven distanciados no sólo del Estado de Derecho, sino también del imperio de la ley. La ley no se cumple y ello ocurre usualmente cuando quienes deben hacerla cumplir se detienen frente al argumento de que su violación obedece a una motivación social.

La cultura fundadora de la Argentina ya no está vigente en las elites. Hay quienes piensan que deberían cambiarse los jueces, legisladores y reguladores para dar paso a personas de pensamiento afín al Estado de Derecho. Sin embargo, hay elecciones, nuevos funcionarios judiciales, policiales, y reguladores, pero la tendencia fundamental no cambia. Los valores de la libertad, la propiedad y la sociedad civil, como el bien que se protegerá dentro de un esquema ético definido, han sido gradualmente reemplazados por un estatismo intervencionista que no es otra cosa que el derecho del más fuerte o, paradójicamente, la supuesta aunque hipócrita defensa del derecho del más débil. La corrupción acompaña en forma creciente estas tendencias.

En una palabra, hay una nueva cultura subyacente que no es la que dio origen a la Constitución, aun con sus reformas, y dicha cultura no respeta el imperio de la ley ni al individuo.

El problema de fondo está por encima de la acción electoral. Está en el campo de las ideas, en el pensamiento de la organización jurídica de la Nación. Sin elites que introduzcan una cultura apropiada que concilie la práctica plena de la democracia con los principios fundacionales de nuestra república, la dicotomía entre el imperio del derecho y la realidad se irá agrandando progresivamente hasta llevarnos a la necesidad de una verdadera refundación nacional.