Nada de nuevo ha dicho, en verdad, la declaración con la cual la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cerró su 48» asamblea anual. Lo ha dicho, sí, con la mesura y la experiencia propias de una entidad que, pronta a cumplir su medio siglo de existencia, ha seguido paso a paso los albures de la libertad de prensa en un largo período de la Argentina.
Ha dejado ADEPA, en lo esencial, constancia de que nunca, desde la reconstrucción democrática de 1983, ha sido más degradado ese derecho estratégico que como consecuencia del comportamiento de los actuales gobernantes. No podía haber sido de otra manera si la política del Poder Ejecutivo de la Nación ha sido de desconocimiento flagrante de facultades inherentes a los otros poderes, los de la Justicia y el Congreso.
La relación insultante que la Casa Rosada dispensa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a jueces y tribunales reacios a someterse a sus dictados se encuentra en el punto más delicado desde 2003. Otro tanto ha podido decir ADEPA en cuanto a las amenazas y presiones contra medios independientes de opinión que se ejercen de un tiempo a esta parte. En realidad, el carácter político vicioso de los últimos dos gobiernos contra la prensa y los periodistas que los han disgustado comenzó a percibirse desde mayo de 2003, aunque no todos hubieran estado dispuestos, o en condiciones, de anotar los síntomas ya indubitables de aquellos primeros tiempos respecto de lo que sobrevendría.
Ha habido, pues, una lógica de hierro entre quienes se han presentado ante la opinión pública como esforzados acumuladores de poder por cualquier medio y las instituciones entre cuyos fines orgánicos figura el de servir de contrapeso a los poderes naturales y, ni qué decir, a los excesos de poder, concentrados en la rama ejecutiva del gobierno. La utilización espuria de los derechos humanos como un insumo industrial más en la factoría en la que se producen los recursos utilizados con la remota posibilidad de doblegar las voces independientes, ha puesto de manifiesto que, en aquel sentido, el actual gobierno desconoce límites morales y políticos infranqueables en otras épocas.
Ha señalado con razón ADEPA que la ley por la que se pretende despojar de sus títulos a legítimos propietarios de Papel Prensa, con el pretexto de que es necesaria la nacionalización de esa materia prima básica para los diarios, invierte las funciones propias de la institucionalidad republicana. De esa manera, advirtió, quien debe ser controlado por el periodismo se convertiría en controlante.
Entre los temas de preocupación que había tratado en documentos anteriores, ADEPA ha vuelto a denunciar el aumento excesivo de las pautas publicitarias del Gobierno. No sólo ha seguido aumentando el gasto público a expensas de mayores exacciones a los contribuyentes -es decir, a todos los que pagan impuestos, poco o mucho-, sino que esos dineros se vuelcan de forma discrecional a favor de los medios adictos al Gobierno, no pocos de los cuales han sido creados a ese solo efecto. Basta observar, por lo demás, el alineamiento de los medios de propiedad del Estado en una propaganda abierta de apoyo a las principales figuras del oficialismo en un tipo de política que nunca se había producido en términos de más grosera propaganda en períodos democráticos de gobierno.
Como bien se ha expresado estos días, hay ataques que honran. El periodismo al que capillas de obsecuentes anidados en el presupuesto oficial y sus derivados atacan sin intermitencias más que contestar debería hacer acopio de los insultos diarios que recibe por manifestar sus opiniones e ideales a pesar de amenazas y actos intimidatorios de todo tipo. Debe eludir, también, la procacidad de lenguaje en la que cae con frecuencia el oficialismo. Llegará el momento en que aquel archivo se convierta en prueba inapelable de una de las horas de grandeza de la mayoría de la prensa argentina, pero no para revolver el pasado con intención de infligir humillaciones, sino como ejemplo de corrección y del camino por transitar todos, más unidos aún, en el futuro.
Como documento de una conducción que finalizó su cometido la semana anterior, las nuevas autoridades de ADEPA, remozadas con la incorporación a sus cuadros superiores de una nueva generación, quedan, entretanto, como custodia de una tradición de defensa de las libertades públicas, y de la libertad de expresión en particular, que se remonta a la fundación de la entidad, en 1962.
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