Resulta deseable y sensato que en vigencia de un Estado de derecho se ponga de manifiesto el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado. De esta manera no sólo se favorece la participación equitativa de la ciudadanía sino el ejercicio pleno del disenso que proclama el marco jurídico legal del país. Sin embargo, se está asistiendo a una toma de control de los poderes del Estado por parte de un oficialismo que avasalla y cohíbe a la oposición a través de una judicialización de la política, y de una práctica política y social gubernamental dirigida al control total del país por parte de los sectores afines al oficialismo, en desmedro de quienes tienen una visión distinta y más pluralista.
La intención del partido en función de gobierno de otorgar a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) los atributos de un “superpoder” político que, aunque no se lo diga, tendrá prelación sobre los otros poderes estatales, viene a constituirse en una amenaza al sistema democrático tal y como lo conocen la opinión pública y la propia ciudadanía. La declaratoria formal de impulsar un socialismo comunitario a través de esta estructura de control político y social para el adoctrinamiento y la preservación del proceso de cambio, echaría por tierra la posibilidad que el poder político en el país sea detentado otra vez por partidos políticos de diferente visión e ideología al oficialismo.
En los hechos, esto significa que el proyecto de marras vendrá a ser el espacio donde se presentarán las demandas sociales, se consensuarán las leyes, definirán medidas contra los dirigentes o militantes que generen división o conflicto, y se coordinarán acciones para defender al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Si se analiza con cuidado, da la impresión que el “superpoder” de Conalcam subordinará en la práctica al Poder Legislativo y Judicial, al mismo tiempo que condicionará al Ejecutivo, porque hace suyas varias e importantes atribuciones de los poderes estatales. Esto es lo que los analistas políticos consideran señales evidentes de un tránsito a un nuevo totalitarismo.
Lo anecdótico de este preocupante asunto es que la orientación ideológica de los llamados sectores sociales no está todavía bien dilucidada. El propio socialismo comunitario que se propugna es, a decir de sus ardientes defensores, una especie de novedosa experiencia que no se parece a ninguna de las conocidas, como la cubana, rusa o china. El oficialismo afirma que es singularmente boliviana, por lo que las particulares características que ofrecen los movimientos sociales involucrados en este proyecto le dan una faz diferente. A todas luces aparenta un temerario experimento político social.
¿Estará el país preparado para un experimento de esta naturaleza? El proceso de cambio que impulsan los oficialistas requiere esfuerzos de largo aliento, décadas, en el caso de resultar exitoso, para dar los frutos que se esperan. ¿Aguantará el país tan pesada carga, considerando las primeras impresiones negativas ofrecidas, como la corrupción en YPFB, conductas públicas reprobables por parte de connotados líderes del partido en función de gobierno? Lo cierto es que un “superpoder” político por encima del Estado de derecho, con tendencias totalitarias, es lo menos que necesita la Bolivia democrática. En todo caso, corresponde al Gobierno arrojar luces para despejar las sombras de la incertidumbre y de la confusión.
Da la impresión que el “superpoder” político de los movimientos sociales subordinará en la práctica, a los poderes del Estado.
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