7.- “LEYES MALDITAS”
La Constitución Política del Estado, aprobada por el referéndum de enero de 2009, fue concebida para establecer un nuevo esquema político y económico. Sus disposiciones, sin embargo, requerían de una serie de leyes reglamentarias para adecuar las nuevas instituciones y las ya existentes al esquema establecido en la Ley Fundamental. Si la Constitución ya contenía, como hemos comentado, reglas sectarias y discriminatorias orientadas a la consolidación de una dictadura, las leyes reglamentarias hasta ahora aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, confirman este designio, pues se van convirtiendo en instrumentos del Movimiento al Socialismo para copar esas instituciones, e intervenir, cada vez más, en la vida ciudadana.
Una de las leyes que ahora preocupa es la Ley Transitoria de Designación de Autoridades Judiciales, conocida como “Ley Corta”, por su peligrosa simpleza, que otorgó poder absoluto al presidente Evo Morales para nombrar interinamente a las autoridades judiciales. La constitución establece que esas autoridades judiciales deben ser elegidas en comicios ciudadanos, pero, hasta que se convoquen y realicen dichas elecciones, el Poder Judicial ya habrá sido copado a través de las designaciones directas del presidente. Esto fue posible, por cierto, debido al pleno dominio que el régimen tiene sobre el Poder Legislativo (Órgano Legislativo según la nueva Constitución), que lo usa en estos casos para aprobar arrolladoramente sus proyectos, sin considerar los criterios de la minoría, ni las advertencias reiteradas de que, con estas leyes, se ingresa en un terreno netamente dictatorial.
Por esta “ley corta” vigente hasta diciembre de 2010, cuando se proyecta convocar a comicios para elegir a las autoridades judiciales –la nueva Constitución ha incluido esta singular modalidad para integrar el ahora llamado Órgano Judicial –, el presidente Evo Morales ha adquirido la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces del Tribunal Agrario Nacional y a los miembros del Consejo de la Judicatura, cargos que anteriormente eran designados por el Congreso Nacional, luego de un procedimiento de selección, lo que supone que en adelante el régimen habrá de usar esta nueva ventaja política para enfrentar y reprimir, con el acoso judicial, a la oposición y a los que discrepen con el modelo que se pretende consolidar.
La oposición en el Senado en clara minoría, ante el atropello de la mayoría sólo atinó a anunciar una demanda de inconstitucionalidad, a sabiendas de que ésta, precisamente con la designación de las nuevas autoridades judiciales de la confianza del presidente, no prosperaría. Quedó, entonces, solamente como señal de protesta como ya suele suceder a menudo con muchas acciones opositoras.
Uno de los argumentos del MAS para apresurar una “ley corta” fue que ésta era necesaria para evitar el colapso del poder judicial por la falta de autoridades; aunque está claro que se llegó a esa situación de crisis, precisamente por sus presiones y acciones judiciales contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y de otras ramas del sistema judicial, los que tuvieron que alejarse de sus funciones. Para justificar la ilegalidad de esta ley, se usó un argumento basado en su propia culpa, es decir en los inconvenientes que se crearon intencionalmente para provocar ese colapso del Poder Judicial, para luego capturarlo, con una ley claramente opuesta a una norma de la Carta Magna que el oficialismo propició, como ya fue demostrado.
Naturalmente que los argumentos de los parlamentarios opositores no fueron tomados en cuenta, pese a que, en esencia se orientaron a mantener la legalidad y la necesaria coherencia jurídica. Queda claro que cualquier delegación de atribuciones es contraria a la Constitución que, en su artículo 140, establece que “Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución”. También se argumentó, sin ningún resultado, que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano que cuenta con mayor legitimidad para la designación de autoridades de esta naturaleza y no el Poder Ejecutivo. Con esta delegación de una facultad que se reservó al pueblo en elecciones, es bueno reiterar que el MAS ha violado su propia Ley de Leyes.
Sin embargo, las objeciones legales a esta ley que transfiere al Presidente una atribución que la nueva Constitución otorga a los ciudadanos, no son las únicas. Hay otras razones que llevan a la preocupación generalizada. En el empeño de prevalecer a toda costa, el régimen desde ya hace tiempo ha desatado una persecución judicial; es decir, contando ya con fiscales comprometidos y algunos jueces adictos, pretende, a través de juicios de la más diversa índole, encarcelar a los ciudadanos que considera opositores. Es fácil imaginar que el régimen, con jueces y fiscales a los que favoreció con las designaciones, seguirá sin freno con el acoso judicial a la ciudadanía, especialmente a los adversarios.
Esta “ley corta” de designación de autoridades judiciales por el Presidente, no es la única que preocupa. Ratificando, por esta vía la pretensión del oficialismo de alcanzar el poder total, la Asamblea Legislativa aprobó otra “ley corta”, oficialmente llamada Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas.
En esta ley se trata de las autonomías, que es un asunto muy sensible en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que aprobaron, en dos referendos, adoptar un régimen autonómico y, luego, los estatutos que regularían su funcionamiento. En esos referendos el Movimiento al Socialismo, hizo campaña opuesta a la autonomía y a los estatutos autonómicos. Posteriormente, cambió de estrategia e incluyó en el texto constitucional disposiciones sobre las autonomías regionales e indígenas, deformando el concepto original. En verdad, se dejó mucho para la ley que las regule, tomando en consideración la necesidad de compatibilizar los estatutos autonómicos departamentales con las disposiciones constitucionales. El gobierno presentó un proyecto y las regiones autónomas otros, que no se pudieron consensuar por diferencias conceptuales. Finalmente, el oficialismo se decidió por imponer, con su mayoría parlamentaria, la mencionada ley transitoria.
Es cierto que la antes mencionada Ley es transitoria, lo que abriría las puertas para seguir en un trabajo de concertación definitiva con los departamentos autonómicos. No obstante, nuevamente se presentan persistentes e importantes agravios al sistema jurídico. En la ley transitoria no solamente está clara la intención de dominación absoluta y arbitraria del gobierno en todos los ámbitos, sino que ya está siendo puesto en práctica un designio antidemocrático y represor.
En esta ley se establece que “La Gobernadora o Gobernador será suspendida o suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese sobre ella o él, acusación formal en materia penal” (art. octavo), lo que implica que, ante cualquier denuncia, por disparatada que sea, se intentará alejar del cargo al adversario político electo en comicios ciudadanos. Es más, en un nuevo procedimiento especial para estos casos, se establece que “La acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente, será comunicada por la o el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquella y designe sin mayor trámite a la máxima autoridad ejecutiva interina, de entre las o los Asambleístas departamentales” (art. noveno). Se observará la redacción absolutamente respetuosa de la Constitución en cuanto a sexo se refiere.
Ya se han separado de sus cargos a Alcaldes electos y en funciones, sobre la base de acusaciones no probadas, presentadas con claros fines de predominio en las instituciones cuyas autoridades electas no pertenecen al partido gobernante. Ahora están a la espera de juicios con peligrosos indicios de ser destituidos por lo menos tres gobernadores. Son los de Santa Cruz, Tarija y Beni. A estos se los acusa de malversación de fondos de la Gobernación al haber convocado a sendos referendos donde el pueblo de esas tres regiones votó masivamente por las autonomías, cuando el partido de gobierno era enemigo declarado de las mismas. En esas condiciones la democracia está siendo destruida sin el menor miramiento, con un abuso que a estas alturas resulta inconcebible y que muy poco se conoce fuera de las fronteras de Bolivia. Quiere decir que los adversarios del MAS que han ganado en comicios, hoy están a merced de una simple acusación de un fiscal, para ser reemplazados casi sumariamente. Esto es algo de real peligro para el sistema de derecho, al arrebatar al adversario las modestas posiciones que ha obtenido por el voto popular. En consecuencia, lo que el MAS pierde en las urnas lo recupera mediante chicanas jurídicas inconstitucionales.
De un plumazo, se ha abandonado el principio jurídico universal de la presunción de inocencia que fue una conquista de la Ilustración y que estuvo incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Contemporáneamente, esta presunción también está consagrada en el artículo once de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en vigor el 23 de marzo de 1976. Este Pacto hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia. Ninguno de esos derechos están ahora garantizados en la Bolivia gobernada por el Movimiento al Socialismo.
Como hubo premura en el MAS por aprobar las leyes que reglamentan la Constitución, también se promulgaron otras normas legales que apuntan al mismo propósito de dominio, ignorando derechos ciudadanos y forzando la lógica jurídica. Su análisis aún está en curso por políticos, analistas y juristas, pero aquello importa muy poco ante el atropello que el oficialismo provoca con su mayoría congresal. En Bolivia el vencedor lo tiene todo, el perdedor, nada.
Para colmo, la última norma constitucional aprobada por el oficialismo en sendas sesiones en la Asamblea Plrinacional, sin ninguna posibilidad de enmiendas por parte de una oposición silenciada, es la Ley Contra la Discriminación y el Racismo, donde se ha matado dos pájaros de un tiro: de un lado se sanciona con cárcel el calificativo que signifique ofensa en contra de cualquier persona por su “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, condición social o caracteres físicos”, para lo que es suficiente la denuncia del presunto agraviado. Es decir, en Bolivia no se puede hablar de nada públicamente. Y, además, se sanciona con la suspensión de licencia de funcionamiento a todo medio informativo que publique esos presuntos intentos discriminadores o racistas, con lo que se establece, de hecho, una verdadera “ley mordaza”.
Un acto difícil de comprobar, como una censurable expresión ofensiva contra la raza de una persona, su origen, su credo religioso o idelogía, se transforma, desde ahora, en la punta de lanza que necesitaba el Gobierno para coartar la libertad de expresión y dar fin con la aún vigente Ley de Imprenta. Evidentemente, es una ley anticuada, requiere de una actualización, pero que no de reformas dictadas desde el Poder Ejecutivo, sordo a los reclamos de los ciudadanos. Ahora, en el fondo, la ofensa de la palabra o del gesto contra un semejante no será lo que más importe, sino que los medios informativos no mencionen nada sobre el particular, bajo amenaza de ser multados o clausurados.
Esto no es democracia en modo alguno desde el momento en que aplasta a la oposición de manera muy grave al aprobar la ley sin mayor consenso, y mucho peor, como resultado, acalla a los opositores a expresar sus ideas, buenas o malas, y relega a los medios al silencio.
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