paso a paso continúa Evo desmontando el poder legislativo. mientras en México por razones "políticas" lo aclaman como abanderado de la democracia, ojo

El proceso emprendido por el presidente Evo Morales, denominado “Revolución en democracia”, implica un minucioso y complicado camino de desmontaje de instituciones que se formaron durante la vida republicana. El Estado Plurinacional va demoliendo paso a paso todo el camino institucional y lo hace en un juego de relojería que vulnera institución por institución.
Con gestiones casi simultáneas al ascenso de Morales al Ejecutivo, los uniformados fueron fácilmente convencidos y observamos una suerte de noviazgo a primera vista, en realidad hay señales de que habría ya algunos acuerdos con jefes militares desde la gestación de octubre de 2003. Luego, y durante la primera gestión presidencial se desmontó el Poder Judicial, se preparó el acoso y los juicios a los Magistrados hasta que estos fueron renunciando en forma escalonada llegando a las acefalias que han sido fácilmente cubiertas con la llamada “Ley Corta”, recientemente sancionada, que estableció la necesidad de establecer una transición particularísima en la que el propio Presidente boliviano ha designado los magistrados y jueces faltantes del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia. Se adujo un vacío constitucional hasta la estipulada elección de diciembre del año 2010, que ha permitido todo un año para que el Presidente Morales tenga el poder judicial en sus manos.
Lo que nadie se ha percatado es que a la par de que estos hechos se consolidan comienza el desmontaje del Poder Legislativo, ahora “Órgano” Legislativo. Esto se está realizando por supuesto gracias a los dos tercios alcanzados en la votación, que ha llevado a un acorralamiento de la oposición a la que de inicio se le regatearon Comisiones, cercándose por otro lado todo el congreso tanto opositor como oficialista en una especie de degradación de la función legislativa, en la que se buscaría que los asambleístas no funjan como figuras centrales de la vida política del país que ahora se concentra más que antes en la figura del Presidente secundado en mandos y atribuciones por el Vicepresidente.
Los legisladores oficialistas corren el riesgo de quedar como obedientes levanta manos que renunciarían a tener una alta participación en la dinámica política del Estado boliviano.
Existen varias maneras de ir desmontando el poder de los legisladores: Primero llevándolos a que no legislen entre oposición y oficialismo, sino que sólo coadyuven y respalden las decisiones del Presidente, lo que le irá quitando el interés de la Asamblea Legislativa que dejaría de fungir como una contraparte entre tiendas políticas. Ahora se critica duramente y de manera machacona que el antiguo congreso era pactista sin que exista una solución democrática a este supuesto crimen que no ha tenido solución dentro del proyecto del MAS sino que muy por el contrario lo único que está dejando es un Legislativo dócil al Ejecutivo, que internamente no necesita acordar nada sino amarrar y controlar el manejo legislativo para que nada se salga del libreto.
Es necesario recordar que además del regateo de las Comisiones, la oposición no tiene participación en la Comisión de Defensa y FF.AA, situación que provocó la grave crisis en la directiva del Senado por la declaración de la Presidenta Ana María Romero, quien declaró que esta había sido una instructiva y decisión impartida por el Ejecutivo, situación que coincidió con el alejamiento y enfermedad de la Señora Romero de Campero, ahora con licencia indefinida.
Los legisladores han comenzado además a ser vulnerados en sus derechos laborales, quitándoles paulatinamente algunos derechos como el de contar con un seguro de salud estable; sabemos que se ingresará a la Caja de Salud, que en realidad es un sistema público en el que las personas a pesar de estar en grave estado de salud tienen que hacer largas colas desde las cuatro de la mañana para recibir una ficha, la que suele ser emitida para el plazo de quince días o el mes entrante y si finalmente llega a ser ingresada puede quedar en un pasillo por el estado de hacinamiento. Existen innumerables quejas de negligencia médica y la falta de medicamentos es asunto de rutina. También se está quitando el seguro de vida y la lista de apoyos y derechos laborales, sigue, suma, seguirá y sumará.
El gobierno actual justifica esto como una forma de quitar privilegios, cuando en realidad los sueldos ya fueron reducidos ostensiblemente en la anterior gestión y los miembros del Legislativo tienen que mantener sus familias en condiciones salariales muy ajustadas porque tienen sus familias en sus lugares de origen. Esto por supuesto nadie quiere verlo en su verdadera dimensión porque los eslóganes que se han acuñado contra los antiguos poderes del Estado invisibilizan las nuevas intenciones; se suele decir que los parlamentarios eran flojos, se exigen cinco días de sesiones a la semana para que estos acudan sólo de manera muy ajustada a visitar las regiones que los eligieron y sin posibilidad de organizarse en estas para llevar las demandas al gobierno.
El desmontaje exige que este órgano pierda brillo, pierda importancia, que finalmente termine siendo ocupado por personas anónimas sin voz, sin voto, sin ideas propias, sin posibilidad de ser contrapeso del poder Ejecutivo y por supuesto lejos, muy lejos, cada día más lejos de la separación de poderes.
Para que el desmontaje sea más rápido e irreversible, los funcionarios tendrán también una Ley Anticorrupción, cuyo verdadero espíritu se puede entrever en la medida que esta vulnera pactos y convenios de DD.HH largamente consolidados a nivel mundial, se obvian lógicamente las garantías, se vulnera y se cambia el Código Penal y el Procedimiento Penal que habían sido modernizados en las reformas consolidadas en 1999 que planteó que nuestro sistema penal responda al principio de que la sociedad política le entregue al Estado el poder penal bajo la condición que tal poder no pueda estar sujeto a los avatares políticos y los vaivenes anímicos del juez, sino todo lo contrario, quedando al mismo tiempo establecidas, como contenido de aquella situación que llamamos “Estado de Derecho”, una serie de “garantías” que regulan el ejercicio de ese poder penal otorgado al Estado que hace de ese poder penal un sistema no arbitrario, que propone racionalidad en el ejercicio penal para garantizar a las personas sus derechos.
La aplicación de esta Ley que no respeta garantías y la reforma penal, deja en vilo a los funcionarios públicos, entre ellos los asambleístas, que podrían ser procesados o sujetos a investigaciones arbitrarias, que no gozan ya de inmunidad parlamentaria, que ahora tienen sobre sus cabezas la imprescriptibilidad de estas nuevas tipicaciones de delito de corrupción y que saben que todo este organismo está conformado por ministerios y órganos dependientes del Ejecutivo.
Todo esto va e irá a cuenta y riesgo del proceso de cambio en Bolivia.

Llegará el dia en que la democracia y los derechos se restituyan desterrando su gran perversidad. Carlos Mesa expresidente.

El miedo se ha apoderado de muchos, propios y extraños... ¿Y la comunidad internacional? ¿Está tan asustada como tantos otros?

Gracias a una intensa campaña de imagen, al uso tan arbitrario como inteligente de la retórica "revolucionaria" cuyo eje es la apropiación de la reivindicación indígena, estamos al borde de ver al presidente Morales convertido en un mito viviente. El culto a la personalidad ha llevado a la concentración total de poderes en su mano, la Constitución le permite casi todo y la Asamblea le permite lo poco que ésta no. El deslumbramiento de buena parte de la comunidad indígena del país y de los ingenuos (y no tanto) observadores de varias partes del mundo, acepta que el más astuto político mestizo del último medio siglo aparezca como el Apu Mallku (jefe religioso y político en un solo y deformado saco).

A pesar de las evidencias incontrastables de los esfuerzos, logros y cambios positivos, que no por insuficientes dejan de ser fundamentales en un país con los problemas estructurales de Bolivia, realizados en el periodo 1952-2005 a favor de la inclusión, la eliminación de la discriminación y la lucha contra la pobreza; a muchos bolivianos y muchos otros que miran este momento desde fuera, les parece "entendible" que el Gobierno "entierre la República", cambie los símbolos del país y falsifique y/o niegue la historia.

La vulneración de principios democráticos esenciales como la independencia de poderes, la entrega del Poder Judicial por casi un año al arbitrio, discrecionalidad y decisión subjetiva e interesada del Presidente, la justifican como una forma de "llenar el vacío" de un Poder ¡que el mismo Morales destruyó sin pudor alguno en sus anteriores cuatro años de gobierno! La Constitución ha roto la independencia de poderes, eliminando la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo con las nuevas atribuciones que le da la Carta Magna al Vicepresidente en el Ejecutivo. El Primer Mandatario que denunciaba el "rodillo parlamentario" de los "neoliberales" cuando era opositor, aplica ahora el "rodillo" a su antojo. Mientras, la oposición desmembrada, sin rumbo, peleándose entre sí del modo más penoso, no atina a otra cosa que protestar de modo testimonial. El mecanismo vigente, en tanto, es eliminar a los enemigos políticos por la vía de enjuiciamientos de todo tipo y en número ilimitado, la persecución, detención o amenaza "jurídica" contra líderes de la oposición (el caso de Leopoldo Fernández es escandaloso, no sólo por su ilegalidad, sino porque a un año y medio de su detención, el proceso como tal no comienza), con el argumento de que como "son asesinos y corruptos" —antes de cualquier juicio o sentencia— se merecen esa suerte.

Pero la aberración mayor de todo este mecanismo de destrucción de los derechos ciudadanos básicos, está establecida en el artículo 123 de la Constitución que dice: "La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto… en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado". Por si fuera poco el artículo añade: "…y en el resto de los casos señalados por la Constitución". Tal determinación vulnera derechos consagrados en varios e importantísimos tratados internacionales que establecen como principio jurídico sagrado la irretroactividad de la ley, pero lo más grave es que reniega de la más importante declaración hecha por las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 11 inciso 2 dice: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".

El miedo se ha apoderado de muchos, propios y extraños… ¿Y la comunidad internacional? ¿Está tan asustada como tantos otros? ¿Para la representación de Naciones Unidas la vulneración flagrante de un artículo de la Declaración Universal de DDHH no es motivo de una posición pública clara y valiente en defensa de un principio que está en su Carta Fundamental? ¿La OEA no tiene palabra? ¿La Corte Interamericana de DDHH no ha revisado la Constitución boliviana? ¿Las ONG internacionales que apoyan al Gobierno, los países de la Unión Europea, nuestros vecinos… Unasur, no tienen nada que decir sobre este camino al autoritarismo y esta destrucción del Estado de Derecho?

La complacencia, el silencio "prudente" para no llevarse mal con el Gobierno de legaciones de países amigos y organismos internacionales, de empresarios, gremios, fundaciones y grupos organizados locales, nos deja anonadados.

El aislamiento progresivo de toda voz que desde la democracia, desde los derechos humanos, desde la soledad de posiciones cada vez más arrinconadas, pone en evidencia todos estos desmanes, ratifica que ejercer el autoritarismo, imponer el discurso único y generar miedo en los adversarios, funciona y lo peor de todo, es políticamente muy útil.

Es más rentable la injuria, la violencia verbal, la violencia de hecho, la muerte de compatriotas si es "necesario", que un discurso de tolerancia, de sentido de respeto al otro, de plena libertad de expresión, de aceptación desde el poder del derecho de las voces de los enemigos por duras y descomedidas que éstas sean.

Llegará el día en que fariseos y tibios sean desnudados en esta complicidad basada en la ética de "doble rasero". Llegará el día en que la democracia y los derechos de igualdad para todos se restituyan en Bolivia, con lo bueno de esta etapa que sin duda ha hecho aportes para conquistarla, pero desterrando su gran perversidad que desnaturaliza gran parte de lo que dice representar y hacer.

Lo triste de todo esto es que en el camino habrán quedado vidas, honras y destinos individuales y colectivos zarandeados y destruidos sin el menor atisbo de consideración humanista por los protagonistas de esta jacobina "revolución democrática y cultural".

grave peligro para la democracia en algunos países de América del Sur. L.N. editorial Uno. Argentina está incluída

Las democracias de América latina viven hoy realidades con perfiles bien distintos. Hay algunas, como la chilena, que muestran un notable estado de madurez ejemplar, digno de ser imitado. Hay otras, como es lamentablemente el caso paradigmático de Venezuela, que están en lo que podríamos llamar las antípodas de Chile.

Esto es, en una grave situación, debilitadas en extremo y casi camino a desaparecer.

El futuro es sombrío en ese caso. Tanto es así que Hugo Chávez, ante la escalada de protestas populares masivas que enfrenta, acaba de anunciar que si continúan las protestas en su contra a pesar de la mano dura, recurrirá a "medidas radicales". En un país como la Venezuela de Chávez, en el que está severamente restringida la libertad de opinión y en el que se ignoran impunemente los derechos y las garantías individuales más esenciales, esto significa la posibilidad de radicalizar aún más las cosas, recurriendo a la violencia y el terror para silenciar absolutamente el disenso. Es lo que sucede desde hace cinco décadas en Cuba.

Frente a esta aberración, el destacado politólogo Guillermo O?Donnell acaba de incluir a nuestro país junto con otros cuyos presidentes gobiernan mediante decretos de emergencia y recurren a presuntas facultades extraordinarias para violar las atribuciones que corresponden a los otros poderes del Estado prescriptas por las respectivas

Constituciones, deformándolas a su gusto y paladar. Son los casos de Venezuela, Nicaragua y Ecuador, entre otros. El denominador común del grupo de países al que alude O?Donnell es que sus respectivas autoridades están empeñadas, de una u otra manera, en deformar las instituciones, coartar y desdibujar sus atribuciones, y alterar, si no aniquilar, los equilibrios y balances de poderes propios de la república. El propósito es concentrar el poder en manos del Ejecutivo al estilo de las viejas monarquías absolutistas.

Se suma a este penoso panorama una corrupció generalizada pocas veces vista.

Para ello, advierte O?Donnell, los gobiernos de esos países se disfrazan cínicamente, apoderándose del ropaje de la democracia, mientras manipulan los procesos electorales y dan la apariencia de ser limpios, libres y honestos. Están lejos de esa imagen.

En la Argentina, incluida en ese grupo, se ha dado una valiente reacción institucional. La protagoniza el Poder Judicial, que ha comenzado a marcar, en forma reiterada y en diversos escenarios, los límites que la ley define respecto de las conductas abusivas de la administración nacional.

Por ello, nuestra Justicia ha sido agresivamente acusada de ser algo así como un partido de oposición cuando está cumpliendo con la independencia y la idoneidad debidas con su rol de ser el seguro constitucional que tienen los ciudadanos contra la arbitrariedad que, paso a paso, parece haberse apoderado de todo. Es hora de reconocer la enorme trascendencia que tiene el conjunto de sentencias de distintas instancias y fueros que se han dictado en las últimas semanas, las cuales, como una brisa republicana, han comenzado a recordar los límites que, en una democracia, tiene el poder.

Por la falta de respeto a esos límites, la tentación autoritaria termina fortalecida. Esa tendencia representa un grave peligro para la vigencia de la Constitución Nacional y de las libertades de todos, algo que lamentablemente ocurre en otros países de la región.