"El hombre nace libre, pero en todas partes es esclavo." Eso dijo Rousseau en el comienzo de su Contrato s ocial. Se refería probablemente a la monarquía, porque su pensamiento fue usado como base de la moderna democracia, un "gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", al decir de Abraham Lincoln. Sin embargo, una vez adoptada la democracia en casi todo el mundo, muchos pueblos sienten que sus gobiernos parecen ajenos. Alf Ross, el célebre iusfilósofo danés, intentó cuantificar en tres dimensiones aquello del gobierno del pueblo: cuán amplia es la concepción de "pueblo", cuánto gobierno se le confía y cuán estrecha, directa o inmediata es la relación del pueblo con su gobierno.
En la vida real, la democracia directa es tenida por impracticable (valdría la pena meditar un poco más sobre esto, a la luz de las nuevas tecnologías); la democracia representativa se manifiesta fugazmente en el momento de votar, la democracia participativa, deliberativa o aun "protagónica" tiene la ventaja de impulsar el debate permanente, pero en ocasiones se parece demasiado a una puesta en escena para enfervorizar o calmar al pueblo y -ya se sabe- la democracia corporativa no es más que fascismo.
Muchos otros nombres se han inventado para encubrir tiranías: democracia popular, democracia dirigida, protegida, impuesta por fuerzas extranjeras o predicada por dictadores nostálgicos y pillos de siete suelas.
¿Es posible una democracia sencillamente democrática, es decir compuesta, gestionada y disfrutada por demócratas? ¿Por gente dispuesta a exponer lealmente sus proyectos, a debatirlos con sus oponentes, a negociarlos y cumplirlos frente al pueblo con el poder que emane de los resultados electorales y a volverse a su casa, con la satisfacción del deber cumplido, como se recuerda del romano Cincinato? Tal cosa es teóricamente posible, pero en la práctica operan elementos que en muchas sociedades disminuyen su probabilidad: el costo monetario de la política, el consiguiente riesgo de corrupción y la labilidad de la mente humana a los argumentos irracionales. Así, aun en ausencia de golpes de Estado, sucede a veces que un gobierno legítimamente electo busca primero consolidar su poder para luego mantenerlo a cualquier costo hasta que se pueda. Cuando ya no se puede, negocia una salida honorable, o se procura impunidad, o simplemente huye. Pero es reemplazado por otro gobierno que no logra mantenerse sin hacer lo mismo. Cada gobierno de este tipo se complementa con una oposición que asume la función de protestar si es minoritaria, trabar todas las iniciativas oficiales si alcanza la mayoría y ponerles precio si apenas está en condiciones de negociar.
Puede haber, lo sabemos, una democracia sin demócratas. Pero sus ciudadanos se sienten divorciados de ella, votan sin considerarse representados y apenas apuestan unas fichas a su salvación personal. En contextos así, no vale la pena elaborar plataformas electorales, ni formular políticas de Estado a largo plazo ni participar -gratuitamente- en manifestaciones públicas.
El poder del Estado es uno solo, aunque esté distribuido en ramas ejecutiva, legislativa y judicial en un sabio y poco operativo sistema de frenos y contrapesos. Los ciudadanos pueden elogiar, criticar, manifestar, reunirse y protestar, pero su instrumento democrático por excelencia no es otro que el voto. Si, a la hora de ejercerlo, los ciudadanos reaccionamos visceralmente, o tomamos en cuenta razones de cortísimo plazo, o sólo entonces advertimos que las opciones son limitadas, o ni aun entonces nos damos cuenta de que nuestras emociones han sido manipuladas, nuestros lamentos posteriores sólo sirven para pasar el tiempo mientras aprendemos, siempre a nuestra costa, a convertirnos en demócratas de nuestra propia democracia.
© LA NACION
El autor es director de la maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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