El fiscal del “caso terrorismo”, Marcelo Soza, decidió renunciar en la última etapa del deshonroso juicio contra 39 personas, acusadas de varios delitos, entre ellos, iniciar un proceso violento de separatismo en Bolivia. Ha argumentado razones de seguridad para respaldar su decisión, aunque lo más probable es que todo sea producto del descrédito en el que ha caído este proceso judicial por culpa de las torpezas y la manipulación cometidas por este desvergonzado sujeto, fiel exponente de la forma de proceder, la cultura política y los métodos que aplica el Estado Plurinacional en todos los campos de la vida del país. La decisión del Fiscal General del Estado de rechazar la dimisión de Soza, confirma que la confabulación está orquestada por el conjunto de los poderes que controla el oficialismo.El Gobierno pensó que trasladando el juicio a los tribunales de Cochabamba, luego de haberlo llevado por decreto a La Paz, se disimularían las barbaridades cometidas en este caso, sin embargo, ningún pueblo es tan ciego o tan tonto (aunque así lo crea el Gobierno) como para ignorar todas las atrocidades que ha perpetrado este régimen desde aquel 16 de abril del 2009, cuando se produjo una verdadera carnicería humana en el hotel Las Américas.
En las últimas semanas ha quedado en evidencia frente a todo el país que fue el Gobierno el que armó el “caso terrorismo” para incriminar a toda una clase dirigente regional que se había convertido en un incordio para el “proceso de cambio”, enemigo de la autonomía, intolerante con la oposición y decidido a destruir cualquier atisbo de disidencia democrática. Está por demás demostrado, que los servicios de inteligencia y seguridad del Ministerio de Gobierno formaron parte de la organización de la supuesta célula terrorista comandada por Eduardo Rózsa y que luego los eliminaron, los torturaron, pagaron sobornos, utilizaron testigos falsos, amedrentaron a otros con el fin de implicar a dirigentes cívicos, fabricaron pruebas y hasta llegaron al extremo de violentar por decreto leyes fundamentales de un Estado de Derecho.
No hay duda que para armar toda esta patraña se necesitaba de un personaje novelesco, carente de escrúpulos, de negros antecedentes y sin una sola gota de vergüenza en la cara. El Ministerio de Gobierno le otorgó los recursos, la impunidad y el poder a Marcelo Soza para manipular, amedrentar, hacer y deshacer de las leyes, a vista y paciencia de la Fiscalía General del Estado, que comparte, obviamente, la responsabilidad en este caso, por el solo hecho de permitir que un individuo de semejante conducta, cumpla funciones de supuesto defensor de la sociedad.
Todo tiene un límite. En Cochabamba el fiscal Soza no pudo esconder que carece de pruebas para incriminar a esas 39 personas y que el proceso que lleva adelante es simplemente una pantomima que trata de disimular la artera persecución política que él simplemente instrumentaliza a través de recursos parajudiciales, sin valor ni respaldo jurídico. No es casualidad que Soza intente alejarse, cuando la imagen del Gobierno de Evo Morales se precipita a pasos acelerados y la población se comporta cada vez menos tolerante con un régimen que miente y engaña para esconder su ineficiencia. A este ritmo, a la administración gubernamental le conviene que el juez de Cochabamba anule el caso terrorismo. Le vendría bien para recuperar algo de la credibilidad perdida. De cualquier forma, retirar al fiscal Soza del escenario público, además de hacerle bien al régimen del MAS, sería una buena noticia para la salud mental de la ciudadanía.
El Gobierno pensó que trasladando el juicio a los tribunales de Cochabamba, se disimularían las barbaridades cometidas en este caso, sin embargo, ningún pueblo es tan ciego o tan tonto como para ignorar las atrocidades de este régimen desde la matanza del hotel Las Américas.
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