El oficialismo está en camino de aprobar su proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que hoy mismo ha recibido fuertes críticas de parte de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), por imponer a los medios de comunicación audiovisuales la retransmisión en cadena, obligatoria ygratuita, de los discursos presidenciales.
Esta sería una de las características más pintorescas de la ley, mediante la cual el presidente Morales buscaría emular a su mentor, el teniente coronel Chávez, esperemos que no al extremo de crear un “Aló Evo” para discurrir sobre el pollo y la Coca-cola…
Revocación de licencias
Pero lo cierto es que la norma citada incluye aspectos mucho más preocupantes. Para empezar, podría convertirse en un mecanismo para revocar licencias de funcionamiento de canales de televisión y radios, ya que establece la migración obligatoria de todos los operadores a la nueva legislación, lo que implica sustituir las concesiones ya existentes por precarias “autorizaciones” que serán emitidas por una todopoderosa Autoridad de Control y Regulación de Telecomunicaciones (ATT).
Desde luego, se estaría desconociendo cualquier derecho adquirido anteriormente por los propietarios de medios de comunicación. Y lo que es igualmente grave: los plazos para las nuevas autorizaciones apenas abarcan periodos de 10 años, con derecho a una sola renovación. Es decir, que si alguien quiere instalar una radio, esta no podrá existir más de 10 a 20 años. Claramente, lo que se busca es desincentivar la inversión privada en el rubro, para que sólo vayan quedando los medios estatales.
¿Dos tercios de las frecuencias para el MAS?
Con esta ley, el MAS controlaría dos tercios del espectro electromagnético (67%), ya que el proyecto establece una distribución de frecuencias de hasta 33% para el Estado, hasta 33% comercial, 17% social-comunitario y17% para los pueblos indígenas-originarios-campesinos. Resulta evidente que lo estatal, social-comunitario e indígena-originario-campesino será manejado de forma discrecional por el partido de gobierno.
Por si quedara alguna duda, el proyecto de ley determina que “Las frecuencias destinadas al Estado serán definidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central”. ¿No habría sido más lógico distribuir el 33% estatal en partes iguales entre el gobierno central, las gobernaciones departamentales, gobiernos municipales yuniversidades públicas?
La ley tampoco establece mecanismos claros para la asignación de frecuencias a los pueblos indígenas, lo que refuerza la presunción de que las mismas irán a parar a organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo.
Una ley centralista
Si la concentración de las frecuencias estatales en manos del gobierno nacional ya daba cuenta del carácter centralista de la norma, otras disposiciones confirman la sospecha.
Mientras que la Constitución señala que la regulación de las telecomunicaciones es una competencia compartida, por lo que al nivel central únicamente le tocaría la aprobación de una normativa básica y a los gobiernos departamentales la reglamentación y ejecución (incluyendo la entrega de licencias), el proyecto oficialista retiene la facultad de entregar las “autorizaciones” en manos de la ATT.
La ley también llega al absurdo extremo de supeditar los permisos municipales para la instalación de antenas a una autorización previa del gobierno central.
Control ideológico de los medios
Todo apunta a que estamos ante una ley que busca consolidar el mando estatal sobre los medios de comunicación, no sólo en aspectos técnicos sino, por medio de diversos mecanismos de presión, sobre su línea ideológica.
No en vano, la diputada del MAS Elizabeth Salguero confesó meses atrás que la norma busca la “regulación de contenidos”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Baste con recordar que los principales socios externos del gobierno de Evo Morales (Cuba, Irán y Venezuela) son algunos de los más cuestionados por los organismos internacionales, a raíz del control y hostigamiento a que someten a la prensa.
Dime con quién andas y te diré quién eres…
notishots@gmail.com
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