A veces me pregunto a dónde nos conduce esta rueda llena de trampas en la que giramos desde 2006. Con una habilidad que hay que destacar, el Gobierno nos coloca siempre entre la espada y la pared, genera falsos dilemas y disyuntivas existenciales que distraen nuestra atención por un tiempo, para acabar siempre llevando --hasta ahora con éxito-- el agua a su molino.
Podríamos mencionar muchos casos, porque los hay en la ronda de elecciones a las que Bolivia se ha sometido desde diciembre de 2005, pero el más ilustrativo de ellos fue el Referendo sobre la Constitución. Entonces, los bolivianos fuimos a decirle si o no a una Constitución chuta. Sí, chuta. Todos sabíamos que era así. Pocas veces en la historia moderna se ha desarrollado un texto constitucional rompiendo toda regla, todo principio moral, toda forma por tenue que haya sido y todo fondo por fundamental que de hecho fue. Una Constitución manchada con la sangre de compatriotas, jamás discutida (ni uno sólo de los 411 artículos que la componen) en el plenario de la Asamblea elegida inútilmente por voto popular, redactada por un hasta ahora desconocido grupo de ideólogos escogidos y apañados por el Gobierno, aprobada dos veces (en grande y en detalle) de forma ilegal y atrabiliaria, modificada descaradamente en su camino de Oruro al Palacio de Gobierno en diciembre de 2007, modificada al arbitrio por el Congreso después de un baño de sangre (del que Gobierno y oposición fueron protagonistas y responsables en sus diversas y terribles etapas en el periodo septiembre-octubre 2008), firmando un acuerdo ilegal entre oficialismo y oposición para viabilizar su texto de cara al Referendo. Ese texto digno de una obra de André Breton es el que los corderitos bolivianos votamos en enero de 2009. Ese texto es la Ley de Leyes de Bolivia, es el fallido pacto social que nos rige y una parte de esos corderitos (ni mucho menos todos), incluidos los que promovimos y votamos un categórico no en el mencionado Referendo, aceptamos ese insólito texto como nuestra máxima norma jurídica e intentamos cumplirlo y someternos a él, confirmando por encima de cualquier otra consideración nuestro espíritu genuinamente democrático –o nuestra inmensa ingenuidad, según se mire-, a pesar de que tenemos una montaña de razones para demostrar que desde el primero hasta el último día del proceso de su concepción, redacción y promulgación, lo último que se respetó fueron las reglas de la democracia.
Ahora estamos de nuevo enzarzados en la misma trampa. Todos sabemos, empezando por el Gobierno que la promueve, que esta elección del nuevo Poder Judicial será chuta. Sí, chuta. Pero igual, imbuidos de un insobornable espíritu republicano, iremos al matadero “porque no hay otra opción”.
El Gobierno ganó la primera discusión, la conceptual, al haber incorporado en la Constitución el mecanismo de voto popular, lo que impidió el debate sobre el sentido profundo de llevar a elección por sufragio universal el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y por si fuera poco ¡el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental!
Ganó la segunda, incorporando también en la mentada Carta Magna el filtro previo de la Asamblea Legislativa para la selección de candidatos.
Ganó la tercera, al hacer la descarada selección de esos candidatos de modo autoritario, arbitrario, partidista y lo que es más vergonzoso, mostrando al país y a los observadores internacionales, la absoluta falta de capacidad de los asambleistas de la Comisión pertinente para valorar los méritos de los postulantes, y la absoluta falta de capacidad de la mayoría de esos postulantes para demostrar que tienen la idoneidad requerida para ejercer tan altas responsabilidades.
Ganó la cuarta, después de una cantidad inenarrable de absurdos en las restricciones para llevar adelante la votación dentro del elemental marco democrático del derecho a elegir, es decir, optar con conocimiento de causa por aquellos que el votante cree más capacitados para ocupar los cargos en cuestión, hace la concesión graciosa de permitir ejercer unos pocos de todos los derechos democráticos que toda elección demanda, no sin dejar flotando la amenaza a quienes promuevan un determinado tipo de voto, el nulo, por ejemplo.
Ganó, en suma, lo más importante, garantizar el ropaje que ratificará la legalidad (y a la vuelta de muy poco tiempo la legitimidad) del proceso electoral en sí y el resultado que este arroje una vez se proceda a llevar a cabo la elección.
La apuesta de la oposición es combatir al Gobierno en el terreno del Gobierno, en su cancha, con sus reglas, con sus jugadores y con su árbitro.
Una vez más, los corderos debemos ir al matadero porque si no lo hacemos demostraremos dos cosas de acuerdo a la lectura y admonición de los detentadores del poder omnímodo. 1. Que lo que queremos es preservar el viejo y podrido orden “neoliberal”. 2. Que nuestro objetivo es oponernos a las transformaciones en pro de una justicia para todos que el país (el país tal como ellos lo conciben) demanda.
Para empezar, tengamos claro que es esto y no otra cosa lo que quieren hacer con nosotros.
El autor fue Presidente de la República
El autor fue Presidente de la República
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