El presidente Morales acaba de darles a los militares la mejor garantía de lealtad hacia ellos y, por supuesto, les ha pedido que se constituyan en el pilar fundamental de su Gobierno, aquejado por falta de credibilidad, crisis de legitimidad y, más que nada, por una copiosa pérdida de apoyo popular, que se traduce en el constante brote de disidencias internas.
El pasado domingo, cuando se festejaba el 186 aniversario de las Fuerzas Armadas, el Primer Mandatario liberó de toda culpa a los militares que están acusados de graves crímenes cometidos en las revueltas de octubre de 2003 en las que murieron más de 60 personas. Dijo que los uniformados simplemente cumplían órdenes políticas, afirmación que en las actuales circunstancias, equivale a comunicarle a la Corte Suprema de Justicia la decisión del régimen de declarar inocentes a los uniformados implicados en el proceso denominado “Octubre Negro”.
Las elecciones del 16 de octubre, que en realidad serán un nuevo plebiscito para el MAS, ya se presentan como un fracaso anticipado del oficialismo, cuya base social de sostenimiento podría irse por el despeñadero. La crisis económica mundial se traducirá en una reducción de ingresos para el Estado Plurinacional y mermará sus posibilidades de atender sus redes clientelares. La aplicación de un “gasolinazo” será cada vez más inevitable, lo que anticipa un escenario convulsionado en el que los militares pueden ser vitales para asegurar la estabilidad política.
Los militares, junto con los cocaleros y otros sectores incondicionales al régimen, han sido los más beneficiados por el “proceso de cambio”. Adquisiciones multimillonarias en el área de defensa, aviones, helicópteros, mejoras en los cuarteles, ingresos extraordinarios y otras ventajas salariales, han conseguido un disciplinado alineamiento de las Fuerzas Armadas a las directrices políticas de Evo Morales, quien ya no duda en reconocer y expresarlo públicamente, que de las botas y las bayonetas depende su continuidad en el Palacio Quemado.
El populismo no tiene otra opción. El militarismo siempre ha sido la única salida de los caudillos después de agotados los discursos y traicionadas todas las expectativas que se habían generado en la población. En Bolivia, un país que jamás ha podido consolidar un poder estatal institucionalizado capaz atender las necesidades de las grandes mayorías y al mismo tiempo, imponer su autoridad con la fuerza de la ley y la ética, las Fuerzas Armadas han sido la muleta imprescindible de los gobiernos democráticos y también el recurso de emergencia en los constantes periodos de inestabilidad.
Nadie esperaba, sin embargo, que este fenómeno se produzca durante la administración de Evo Morales, el presidente que mayor apoyo popular ha conseguido en la historia democrática de Bolivia y que al mismo tiempo, ha gozado de un periodo de bonanza nunca visto en los 186 años de vida republicana, que le hubieran permitido atender con cierta soltura las demandas de la población y encaminar al país hacia un horizonte de desarrollo y prosperidad, pilares fundamentales de la estabilidad social.
Contar con los militares es algo que en Bolivia no se puede asegurar por mucho tiempo. Nadie duda de entusiasmo que sienten los jefes castrenses de seguir de laderos de un régimen que se ha mostrado tan sólido hasta ahora y que les ha permitido gozar de un prolongado periodo de aburguesamiento. No obstante, los sucesos de octubre de 2003 todavía están muy frescos en la memoria de todos y es posible que nadie esté dispuesto a revivirlos. Eso se pudo comprobar muy claramente hace poco, cuando el Gobierno decretó el gasolinazo.
El pasado domingo, cuando se festejaba el 186 aniversario de las Fuerzas Armadas, el Primer Mandatario liberó de toda culpa a los militares que están acusados de graves crímenes cometidos en las revueltas de octubre de 2003 en las que murieron más de 60 personas. Dijo que los uniformados simplemente cumplían órdenes políticas, afirmación que en las actuales circunstancias, equivale a comunicarle a la Corte Suprema de Justicia la decisión del régimen de declarar inocentes a los uniformados implicados en el proceso denominado “Octubre Negro”.
Las elecciones del 16 de octubre, que en realidad serán un nuevo plebiscito para el MAS, ya se presentan como un fracaso anticipado del oficialismo, cuya base social de sostenimiento podría irse por el despeñadero. La crisis económica mundial se traducirá en una reducción de ingresos para el Estado Plurinacional y mermará sus posibilidades de atender sus redes clientelares. La aplicación de un “gasolinazo” será cada vez más inevitable, lo que anticipa un escenario convulsionado en el que los militares pueden ser vitales para asegurar la estabilidad política.
Los militares, junto con los cocaleros y otros sectores incondicionales al régimen, han sido los más beneficiados por el “proceso de cambio”. Adquisiciones multimillonarias en el área de defensa, aviones, helicópteros, mejoras en los cuarteles, ingresos extraordinarios y otras ventajas salariales, han conseguido un disciplinado alineamiento de las Fuerzas Armadas a las directrices políticas de Evo Morales, quien ya no duda en reconocer y expresarlo públicamente, que de las botas y las bayonetas depende su continuidad en el Palacio Quemado.
El populismo no tiene otra opción. El militarismo siempre ha sido la única salida de los caudillos después de agotados los discursos y traicionadas todas las expectativas que se habían generado en la población. En Bolivia, un país que jamás ha podido consolidar un poder estatal institucionalizado capaz atender las necesidades de las grandes mayorías y al mismo tiempo, imponer su autoridad con la fuerza de la ley y la ética, las Fuerzas Armadas han sido la muleta imprescindible de los gobiernos democráticos y también el recurso de emergencia en los constantes periodos de inestabilidad.
Nadie esperaba, sin embargo, que este fenómeno se produzca durante la administración de Evo Morales, el presidente que mayor apoyo popular ha conseguido en la historia democrática de Bolivia y que al mismo tiempo, ha gozado de un periodo de bonanza nunca visto en los 186 años de vida republicana, que le hubieran permitido atender con cierta soltura las demandas de la población y encaminar al país hacia un horizonte de desarrollo y prosperidad, pilares fundamentales de la estabilidad social.
Contar con los militares es algo que en Bolivia no se puede asegurar por mucho tiempo. Nadie duda de entusiasmo que sienten los jefes castrenses de seguir de laderos de un régimen que se ha mostrado tan sólido hasta ahora y que les ha permitido gozar de un prolongado periodo de aburguesamiento. No obstante, los sucesos de octubre de 2003 todavía están muy frescos en la memoria de todos y es posible que nadie esté dispuesto a revivirlos. Eso se pudo comprobar muy claramente hace poco, cuando el Gobierno decretó el gasolinazo.
El populismo no tiene otra opción. El militarismo siempre ha sido la única salida de los caudillos después de agotados los discursos y traicionadas todas las expectativas generadas en la población.
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