la cosa es meter miedo a periodistas, empresarios, opositores a todo el que no comulga con el MAS, con su "líder cocalero" con sus medidas y "sus ocurrencias" Carlos Mesa mostrando los Miedos del Poder

Hace un par de días las ministras del presidente Morales hicieron un estrecho círculo para “defender” a la senadora Gabriela Montaño. Lo que en realidad hicieron fue acusar al periodista Eduardo Pérez de “discriminación de género” por haber hecho notar que el interinato presidencial de Montaño no se ajusta a la Constitución. Los argumentos de las ministras se basaban en una supuesta discriminación contra una mujer, por serlo. Paralelamente, la Comisión de Ética de la Asamblea decidió la suspensión temporal de la diputada Adriana Gil por considerar racistas y discriminadoras algunas expresiones suyas contra el Primer Mandatario.

En un extraordinario libro de Stefan Zweig titulado “Castelio contra Calvino”, el autor reflexiona a propósito de la violencia ejercida desde el fundamentalismo, a partir de verdades religiosas reveladas e incuestionables. En suma, pone en evidencia la imposición de una verdad inamovible e incontrastable sobre la que no se puede debatir, objetar o poner en tela de juicio.

El origen étnico o de género, se han convertido en virtudes en sí mismas, una especie de halo de poder intocable que permite hacer y decir cualquier cosa sin límite ni censura alguna. Si se es indígena o mujer —si se está en el poder— hay libertad irrestricta para lo que sea.

Sobre este sinsentido es que el Gobierno ha decidido arremeter contra la libertad y quiere callar a quienes piensan y expresan sus ideas libremente, acosándolos para provocarles miedo y forzar su silencio.

Nadie, absolutamente nadie, es intocable, menos si ejerce funciones públicas. La lectura e interpretación que hizo Pérez Iribarne sobre un tema constitucional —que comparto— es parte del derecho que ejerce como persona y como comunicador. Abrirle un juicio por ello es una aberración. Las autoridades de gobierno lo saben, pero les da igual, su objetivo no es defender a una mujer de un hecho “discriminador”, es atacar sin tregua a periodistas y medios que consideran o son de oposición. Este exabrupto jurídico es parte de una estrategia que se inició con el juicio contra tres medios de comunicación a propósito de otra cuestión menor, la interpretación de un discurso presidencial.

Lo que aquí está en cuestión son valores democráticos esenciales y estos ejemplos son la expresión de una actitud que no se puede aceptar.

Cuestiones más dramáticas están alrededor de este cerco absurdo contra la libertad. Hace algunas semanas murió en prisión, víctima de un ataque cardiaco, Guillermo Fortún. El hecho en sí no es lo grave. Puede darse y se da la circunstancia de que personas presas mueran de muerte natural mientras guardan detención. Lo grave que es el señor Fortún llevaba casi dos años en prisión preventiva, sin apertura de juicio y sin que se hubiese considerado su ya delicado estado de salud para darle las atenciones médicas que requería. Aquí no vale el criterio subjetivo; si era culpable o inocente, si estuvo prófugo y fue repatriado. Lo que pesa es que no se puede mantener a nadie indefinidamente en prisión sin completar un juicio y dictar sentencia. En el caso de Leopoldo Fernández, ¿para cuándo el desarrollo de un juicio y su sentencia en su caso? ¿Deben el senador Pinto y la República de Brasil asumir como un “estado de hibernación” la otorgación de un salvoconducto como le corresponde a cualquier persona a la que una nación le ha concedido el asilo político?

El peor escenario es aquel en el que todo se mezcla. Juicios por discriminación y racismo como el del 24 de mayo de 2008 en Sucre, o contra quienes realmente atentaron contra la democracia en ese año, en el mismo saco de un rosario de acusaciones sin base alguna o en flagrante contradicción dependiendo del “pecador”. El expresidente Quiroga ha sido acusado y sentenciado por varios “delitos” por declaraciones hechas contra un banco local. Un fiscal, por el contrario, desestimó acusaciones idénticas presentadas por una empresa de juegos contra la Ministra de Transparencia. 

Los artículos de la Ley de Autonomías que contemplan la suspensión temporal de autoridades electas, han sido instrumentos para descabezar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Pero la reciente determinación del Tribunal Constitucional contraria a ese procedimiento, no ha motivado —como debiera— la derogación de dichos artículos por parte de la Asamblea.

La oposición por dura que sea, mientras se realice en el marco de las ideas, se haga con responsabilidad y con honestidad intelectual, es legítima e indispensable. 

El uso de la justicia “a la carta” como un brazo largo y terrible que disfraza el autoritarismo, es una forma de ejercicio no democrático del poder que pone en evidencia un miedo intrínseco de los poderosos, el de no ser capaces de confrontar en el mismo terreno y con las mismas armas, a quienes piensan diferente.

Género y origen étnico se han convertido, entre otras, en la terrible coartada para amenazar y amedrentar a los ciudadanos, pero muy especialmente a políticos y periodistas.

El autor fue Presidente de la República 

http://carlosdmesa.com/  

la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

Justicia por ChaparinaJusticia por ChaparinaJusticia por Chaparina El Deber, SC

A un año de haber ocurrido, todavía está presente en la memoria colectiva la brutal represión en Chaparina contra cientos de hombres, mujeres y niños que marchaban en defensa de su territorio contra la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis. En aquel lugar donde acampaban los participantes de la VIII marcha indígena, un grupo de 500 policías antimotines arremetió contra los desprevenidos marchistas. No les fue difícil reducirlos a golpes para después maniatarlos y amordazarlos.  El objetivo de desarticular la protesta se cumplió a medias porque una espontánea reacción ciudadana solidaria impidió en San Borja y Rurrenabaque que los marchistas fueran trasladados con rumbo desconocido en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que esperaban por ellos.

 Un año después de esos deplorables sucesos, la justicia del Estado Plurinacional no ha sancionado el atropello porque el proceso contra los responsables está paralizado, sin registrar ningún avance desde la etapa preparatoria. Es una justicia con su independencia del poder político en entredicho y con un sistema que no ha establecido diferencia alguna con el anterior tan cuestionado por ignorar los derechos de los más débiles y favorecer a los más fuertes, a los detentadores del poder, con un halo de impunidad.

De tal modo se explica que solamente fueran imputados por los fiscales asignados al caso, un ex subcomandante nacional de la Policía y un exviceministro de Régimen Interior.

En los niveles superiores del Gobierno se encogieron de hombros y de solemne modo se habló de una hasta ahora no precisada ‘ruptura en la cadena de mando’ como causa del operativo policial y de la paliza contra los marchistas. Otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio en Chaparina como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el exjefe de Inteligencia de la Policía, Víctor Maldonado, además de ser excluidos del proceso, fueron ‘premiados’: Llorenti con el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU y Maldonado como comandante nacional de la Policía. Hubo, entre tantas brumas, un gesto digno que correspondió a la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que renunció a su cargo tras la brutalidad desatada contra los defensores del Tipnis.

Chaparina y el 25 de septiembre de 2011. No hay justicia para las víctimas del abuso impune del poder. Pero desde hace un año, aquel lugar y aquella fecha corresponden al registro de un oscuro capítulo de nuestra siempre azarosa historia nacional.

desgobierno. sí. mientras mineros incendian la urbe, el Jefe de Estado proclama a su miss como candidata. primero descuida criminalmente su primera tarea preservar la vida humana. segundo que no es tiempo de proclamaciones, ni de propaganda electoral. El Dia, SC

Ni siquiera el más liberal de los gobiernos norteamericanos -tal vez el de  Harry S. Truman, quien decía que el Estado debía ser casi inexistente-, pensaría que está bien la forma cómo actuó el Gobierno boliviano en el caso de los mineros, a quienes mandó a arreglar sus asuntos a su modo y éstos no encontraron otra manera que agarrarse a dinamitazos.

Tampoco el más corporativista de los regímenes -seguramente el soviético-, dejaría que un sector que forma parte de su esquema de poder (como los cooperativistas mineros), asuma un papel tan decisivo en el rumbo del país, al punto de comprometer la integridad del Estado y el bienestar del resto de los bolivianos. De los cocaleros se puede decir exactamente lo mismo, pero eso será para otro momento.

Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.

Ha provocado indignación y también algunas risas, las respuestas que dio una importante autoridad ante la muerte del minero Héctor Choque producto de los dinamitazos que arrojaron los cooperativistas a la sede sindical de los asalariados. Según el responsable de haber previsto algunas medidas de seguridad para evitar el derramamiento de sangre, el obrero pudo haberse provocado él mismo las heridas con el objetivo de degenerar el conflicto, como suele suceder con sectores que buscan a toda costa la muerte para precipitar los cambios. 

Resulta inaudito que un crimen tan flagrante, que ocurrió a la vista de todos, tenga semejante calificativo y que sea titulado como un “lamentable accidente” por los medios oficiales, cuando está registrado por todos los órganos de prensa que policías de inteligencia arrestaron a los responsables del asesinato. Más tarde, el Gobierno diría que no hay sospechosos y en todo caso ha pedido (como si fuera un favor) que los cooperativistas identifiquen a los culpables para que los entreguen. Esa no es la forma de actuar de una autoridad, llamada a ganarse la confianza de la ciudadanía por su respeto a las leyes y por su ecuanimidad en el manejo de los conflictos.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, le ha pedido a la Policía y a todos los órganos de seguridad, informarle a la población sobre el operativo que se puso en marcha durante el conflicto de los mineros. Han observado con mucha sorpresa por qué no se acordonó el lugar de los enfrentamientos, por qué no se cortó el tráfico y se dejó que las cosas transcurrieran como si se tratara de un espectáculo, comprometiendo la integridad de los transeúntes. De hecho, uno de los que resultaron gravemente heridos es un ciudadano que transitaba por el lugar y fue alcanzado por una explosión de dinamita.

En estas condiciones no se puede hablar de un Gobierno y menos de un Estado. Ambos suponen la búsqueda de la pacificación, el entendimiento y el imperio de la ley. Las autoridades están llevando las cosas de una manera tan parcializada, que no hará más que anidar el rencor de los que hoy se sienten avasallados. Y en Bolivia, esa parece ser una espiral de nunca acabar.

Los mineros se enfrentan de forma salvaje en la sede de Gobierno, invaden las calles a dinamitazos, hieren a propios, a extraños y a inocentes y el gran Estado Plurinacional mira las cosas de palco o se entretiene en asuntos electoralistas, como si los sucesos de La Paz fueran un simple enfrentamiento entre barras bravas de dos equipos de fútbol.

las FFAA están obligadas a emitir una declaración para calmar al Paraguay y a Chile y a los enemigos de Bolivia sobre sus reales intenciones. es la sexta nota de ACB Color sobre "la máscara pacifista de Evo"

El diario paraguayo ABC Color le dedicó un nuevo editorial a la tensión con el gobierno de Evo Morales, señalando que el mandatario boliviano “se ha sacado la careta de pacifista”.

Prensa libre y opinión pública en Paraguay

Tras el cese del fuego en la guerra entre el Paraguay y Bolivia, en el mismo campo de batalla se produjeron conmovedoras escenas de hermandad entre los beligerantes de minutos antes. Desde entonces, y hasta el advenimiento del presidente etnomarxista Evo Morales, nunca hubo notas de potencial discordia entre los dos países. En cuanto a la comprensible inquietud de nuestro país por el armamentismo y el masivo vuelco de las fuerzas armadas bolivianas sobre el área de influencia de nuestra frontera del Chaco, el presidente de ese país viene ensayando las más ridículas justificaciones. Y tras la destitución de su ex compañero de ruta marxista Fernando Lugo, mediante un juicio político constitucional, el presidente Morales se ha sacado la careta de “pacifista” y buen vecino con que venía engatusándonos.

Desde la finalización de la guerra del Chaco y hasta su devolución a Bolivia hace dos décadas, se exhibía en la Plaza de Armas, frente al Cabildo y la antigua Escuela Militar, un tanque de guerra capturado al ejército boliviano en Campo Vía, donde en diciembre de 1933 capitularon las divisiones bolivianas Cuarta y Novena, con 8.000 prisioneros. En su frente estaba colocada una placa donde podía leerse la siguiente inscripción:

“Homenaje al heroísmo de dos pueblos hermanos que se agredieron por la incomprensión de los hombres”.

Realmente es una cruel ironía que dos pueblos vecinos y hermanos de sangre y cultura, como el paraguayo y el boliviano, tuvieran que conocerse en el fragor de una guerra desencadenada contra la voluntad de ambos, por la insensata ambición de una serie de gobernantes bolivianos que tras perder su litoral del Pacífico, resolvieron resarcirse de esa pérdida con la anexión del Chaco paraguayo, un territorio sobre el que jamás habían ejercido soberanía. Las crónicas y reminiscencias de la guerra, escritas y relatadas por protagonistas de ambos bandos, abundan en ejemplos y testimonios enternecedores, tanto de heroísmo como de magnanimidad, por parte de vencedores como de vencidos. Lo mismo puede decirse hasta de los recuerdos que se llevaron quienes tuvieron la desgracia de caer prisioneros e internados en los países beligerantes, muy lejos de sus seres queridos y sin posibilidad alguna de contacto.

Ese cúmulo de sentimientos de nobleza humana y patriotismo, sin residuos de ese odio irracional propio de los conflictos étnicos o religiosos que bien conocemos, tuvo su más dramática manifestación inmediatamente después del cese de fuego dispuesto por ambos comandantes en jefe del teatro de operaciones al mediodía del 14 de junio de 1935, cuando pese a la terminante prohibición del comando boliviano de que sus tropas parlamentaran con las nuestras, paraguayos y bolivianos se abalanzaron desde sus respectivas posiciones para darse un fraterno abrazo. Esta simbólica cadena de unión y hermandad con el enemigo a muerte de un minuto antes, y que se generalizó espontáneamente por cientos de kilómetros en todo el frente, fue sellada con el abrazo que se dieron los generales en jefe de ambos ejércitos, José Félix Estigarribia y Enrique Peñaranda, en el campo de nadie el 18 de julio de 1935.

Hasta el advenimiento del presidente etnomarxista Evo Morales, nunca hubo notas de potencial discordia entre Paraguay y Bolivia en los 74 años de vigencia del Tratado de Paz y Límites. Más bien ha habido –con el permanente aliento de ABC Color– una innegable lógica en la búsqueda de una mayor integración comercial, mediante vinculación vial terrestre a través del Chaco y fluvial por el río Paraguay. Sin embargo, la primera señal ominosa para nuestro país se dio con el llamativo “Memorándum de Entendimiento en materia de Seguridad y Defensa” entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela –dos países distantes casi 4.000 kilómetros uno de otro– firmado en Caracas el 22 de mayo de 2008, habida cuenta del clima de paz, cooperación e integración regional prevaleciente en ese momento en nuestro continente.

Un país tiene el soberano derecho de armarse militarmente cuando percibe una amenaza concreta contra su seguridad. Y esa amenaza solo puede concebirse como proviniendo de otro Estado, pues si fuese doméstica, le bastaría con potenciar sus fuerzas de orden y seguridad interior. Ciertamente –y con su poca seriedad habitual– el presidente Morales ha tratado de justificar su política armamentista con la hueca fanfarronería de que es “para que el Imperio nos respete”, en alusión a la única superpotencia militar del mundo, los Estados Unidos de América.

En cuanto a la comprensible inquietud de nuestro país por el masivo vuelco de sus fuerzas armadas sobre el área de influencia de nuestra frontera del Chaco, el presidente boliviano viene ensayando las más ridículas justificaciones, como la de impedir el contrabando de petróleo a través de nuestra frontera, cuando tal ilícito históricamente nunca ha pasado de unos miles de litros por mes a través de sendas poco menos que intransitables para su transporte.

Contradictoriamente, el presidente Morales –cocalero– se cuida muy bien de aludir a los cientos de toneladas de cocaína producidas en su país que cruzan anualmente por el Chaco a través de la frontera, más aun ahora que Bolivia se ha convertido en el segundo productor mundial de esta droga, tras la expulsión de la DEA norteamericana y la creación de un “Regimiento Ecológico” militarizado para supuestamente combatir el narcotráfico.

Tras la destitución de su ex compañero de ruta marxista, Fernando Lugo, mediante un juicio político constitucional llevado a cabo por el Congreso paraguayo, el presidente Morales se ha sacado la careta de “pacifista” y buen vecino con que venía engatusándonos. Últimamente, su afán de meterse en nuestros asuntos internos lo ha llevado a la paranoia de acusar a la prensa libre del Paraguay –en particular al diario ABC Color– de estar al servicio del gobierno del presidente Federico Franco, cuando lo que en realidad hace nuestro diario es hacerse eco y reflejar de vuelta con total imparcialidad la inquietud que se ha hecho conciencia pública en el Paraguay en el sentido de que el armamentismo que impulsa el gobierno boliviano es una amenaza potencial para la seguridad de nuestro país.

Al menos eso es lo que se puede colegir de las recientes declaraciones del vicecanciller de esa República, Juan Carlos Alurralde, quien acusó al presidente Federico Franco –quien no tiene nada que ver en este asunto– de haberse autodenominado, y de estar exacerbando los sentimientos nacionalistas para justificar la destitución del expresidente Fernando Lugo, mediante la prensa amiga que le responde. “No tenemos ningún tema pendiente con Paraguay. Se han firmado todos los acuerdos que cierran el tema de límites. Es increíble que Paraguay quiera acusar a Bolivia de que esté generando un conflicto armado”, manifestó el vicecanciller a la cadena de medios estatales.

Obviamente, el presidente de Bolivia Evo Morales no está generando un conflicto armado con nuestro país, ahora, pero como antaño, está creando las condiciones para que en un futuro imprevisible tenga las condiciones de “pisar fuerte en el Chaco”, como pregonaba en su tiempo otro belicoso presidente boliviano, Daniel Salamanca.

Evo Nobel para la Paz titula Pedro Shimose y a continuación "enumera sus méritos" para aspirar a tal honor. fino el humor de Pedrito

En seis años y pico de Gobierno, el presidente Evo Morales se ha caracterizado por su sabiduría política, su espíritu conciliador, sus ideas integradoras, su dominio de idiomas y su amor al oriente boliviano. Jamás incitó al racismo, no ha fomentado la discriminación entre bolivianos y no ha puesto “en peligro la unidad del Estado Plurinacional”. He aquí cuatro pruebas que avalan su candidatura:

1./ Invitó a los ‘colonizadores’ y cocaleros (de orígenes aimara y quechua) a seducir y preñar a las indígenas del Tipnis para zanjar la polémica sobre la carretera que parte en dos el Parque Nacional Isiboro Sécure, en la creencia de que este mestizaje decidiría el apoyo del Tipnis al proyecto desarrollista del actual Gobierno;

2./ El Gobierno que él preside reprimió a los marchistas indígenas del Tipnis en la localidad de Chaparina (Beni) y acaba de intervenir militarmente el Parque Nacional con el pretexto de crear un Ejército Ecologista;

3./ Declaró a una radio holandesa que construir la carretera a través del Tipnis “es liberar al Beni, que es patio trasero de Santa Cruz, de los gamonales de Santa Cruz que, a espaldas del Beni, se enriquecen”;

Y 4./ Dijo en Tiwanaku (15.08.12): “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente; si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento. Es una verdad eso, pero en el oriente no, solo por flojera podemos hambrear”. (Dijo esto a sabiendas de que Santa Cruz genera más del 30% del ingreso nacional y recibe constantemente oleadas de migrantes altiplánicos paupérrimos).

Este hombre merece el Premio Nobel de la Paz.

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En un artículo titulado Donde en vez de un sol, amanece un dólar [Página Siete, 27.07.12], Gonzalo Mendieta Romero comenta las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. El columnista habla del ‘arielismo’, doctrina proclamada por el pensador uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) en su libro Ariel (1900). Rodó oponía el reino de Ariel –espíritu idealista de Hispanoamérica– al reino de Calibán (personaje del drama La Tempestad, de Shakespeare) como símbolo del materialismo utilitarista yanqui. Para apoyar este argumento, Mendieta Romero cita unos versos de Rubén Darío extraídos del poema A Roosevelt: “Eres los Estados Unidos, / eres el futuro invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español” (Cantos de vida y esperanza, 1905).

Sin entrar en polémica, permítanme dos glosas: 1a/ Es cierto que los versos de Rubén Darío citados por el articulista son premonitorios, pero no es menos cierto que el poeta nicaragüense se equivoca cuando le reprocha a Estados Unidos la falta de Dios, porque la mayoría del pueblo norteamericano es creyente. En todo caso, Rubén sugiere que el Dios que les falta a los estadounidenses es el Jesucristo católico. Todo un anacronismo. El presidente Kennedy era católico, el actual vicepresidente Joe Biden lo es, y el actual candidato republicano a la Vicepresidencia, Paul Ryan, también.

Y 2a/ Mendieta Romero afirma que “falta un manual de las percepciones que latinoamericanos y norteamericanos tenemos unos de otros”. Es posible que los haya. Uno de ellos sería Latinoamericanos y norteamericanos. Cinco siglos de dos culturas (La Paz, 1987), escrito por Mariano Baptista Gumucio. // Madrid, 04.09.2012.