“Todo poder es una violencia ejercida sobre la gente”, decía Mijaíl Bulgákov. Max Weber pensaba que el ejercicio del poder conlleva toma de decisiones que afectan la vida de los otros mediante el uso de la fuerza y la coerción, pese a la resistencia de éstos.
Joaquín Estafanía, en su libro “El poder en el mundo” lo define como dominio, facultad, superioridad, imposición de una voluntad sobre otras y conspiración contra el débil. Para hacerlo efectivo los hombres “se sirven de palabras para justificar sus injusticias”, apelan a la manipulación, al temor y siembran miedo. Su dinámica se asienta en la capacidad de controlar las emociones de súbditos o ciudadanos, y de ahí se puede hablar de los estados del poder, que no son precisamente los tres conocidos poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- en regímenes democráticos con independencia entre cada uno de ellos.
Los estados a los que nos referimos son las formas cómo se ejerce el poder y las consecuencias que generan. En el gobierno de Evo Morales apuntan a la “violencia ejercida sobre la gente”, a imponer su voluntad sobre otras, a afectar la vida de los “otros”, mediante el uso de la fuerza y la coerción para justificar las injusticias. Así dominan Morales y sus hombres, pues sus mandatos son de obediencia obligatoria, pese a que una o gran parte de la sociedad se resiste a esas decisiones.
En ese marco, retomo el juicio o complot terrorista-separatista, contra 39 acusados sin haber cometido ninguno de esos delitos, pero que ha afectado la vida de todos ellos y su familias durante 4 años, a pesar de su resistencia. A pesar de que se declaren “autonomistas y no terroristas”, se les niega el derecho a la legítima presunción de inocencia y se viola el debido proceso, ya que los supuestos delitos se habrían cometido en Santa Cruz de la Sierra y, sin embargo, los juzga un tribunal de La Paz. Antes, en el mismo caso, el gobierno ejerció violencia extrema cuando asesinó extrajudicialmente a tres extranjeros, uno de ellos presunto líder de la célula terrorista-separatista, Eduardo Rózsa Flores, sin respetar el derecho a la vida, en abril de 2009.
Durante el juicio, cuando la defensa de los acusados con graves problemas de salud invocaron ese derecho, la respuesta del fiscal Sergio Céspedes ofendió y ofende las conciencias democráticas boliviana y del mundo: en Bolivia el derecho a la vida ha sido sustituido por el grito “Patria o Muerte” sentenció. Las pruebas de tamaña aberración remiten a varios hechos: a los muertos de Calancha cuando se aprobó la Constitución sin tomar en cuenta la pluralidad política; a los 12 muertos de Porvenir en un enfrentamiento promovido por el oficialismo para derrocar al prefecto autonomista, Leopoldo Fernández, preso hace cinco sin sentencia; a los tres muertos del Hotel Las América; y a la represión salvaje en Chaparina durante la IX marcha indígena para preservar su hábitat contra el proyecto de una carretera que partirá en dos una de la mayores reserva de la biodiversidad en el Continente sudamericano.
Habrá que recordarle a Morales lo que dijo en su mensaje presidencial el 22 de enero de 2006: “mi gobierno será y va a ser un gobierno sin muertos”. Pero van muchos más de los aquí enumerados.
Si antes la Oficina de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su representante, Denis Racicot, fueron complaciente con las actitudes antidemocráticas del gobierno frente a la oposición política, hoy Racicot tiene razón cuando afirma que la justicia boliviana sufre una “profunda crisis”. La actual, más allá de todas las falencias y crisis pretéritas, remite a la subordinación total del poder judicial y de la administración de justicia al poder político, con denuncias comprobadas de corrupción, extorsión, cohecho, prevaricato y otras anomalías frente a lo que deber ser un probo ejercicio del derecho.
Morales y sus hombres vulneran la independencia de poderes e inventan “guillotinas judiciales” para aplastar-aniquilar a la oposición política y sus dirigentes –alcaldes, gobernadores, asambleistas, concejales- que ganaron sus cargos en elecciones democráticas, pero que representan escollos a su proyecto de copamiento político-territorial. Lo mismo han hecho con los indígenas y grupos étnicos del Oriente boliviano, que más pronto que tarde comprobaron que el discurso indigenista fue una grosera impostura, como la defensa de la madre tierra.
Hoy, la función represiva del poder aprueba la ‘Ley Fuga’ para combatir la tarea de sicarios que matan por encargo y amenazan a Santa Cruz con emular otras ciudades donde el crimen organizado y la inseguridad ciudadana hacen estragos y dejan a la sociedad en completa indefensión. Amén de retrógrada, la Ley Fuga, pretende luchar contra esa violencia aplicando más violencia, mientras obvia el origen del delito: el narcotráfico, que se alimenta del creciente cultivo de hoja de coca excedentaria, permitida por el gobierno con un ojo medio abierto y el otro cerrado. Así, niegan la presencia de pequeños clanes del narcotráfico que operan en el país, mientras Morales sigue siendo presidente de las federaciones de campesinos cocaleros, productores de la materia prima de la cocaína: la hoja de coca.
Dominación, violencia ejercida sobre la gente, decisiones que afectan la vida de otros, pese a su resistencia, conspiración contra el más débil y superioridad coercitiva que justifica las injusticias: esos son los estados del poder en la Bolivia de Morales.
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