Los conflictos sociales en un país, por su propia naturaleza, deben ser oportunamente abordados por las autoridades gubernamentales para encontrar la solución que los desactives y de esa manera permitir que retorne la normalidad. Si por razones políticas o por una inadecuada lectura de los problemas se permite su prolongación en el tiempo, las consecuencias se muestran evidentemente nocivas para el conjunto de la población que sufre molestias y carencias de todo tipo que aumentan la tensión hasta extremos peligrosos. De igual manera, las secuelas inmediatas de los conflictos prolongados no solo desgastan aún más la imagen del Gobierno, sino que menoscaban su credibilidad.
Las recientes noticias de prensa han recogido evidencias abrumadoras sobre la creciente espiral de violencia en el país, que ha encontrado su mejor caldo de cultivo en los prolongados conflictos sociales que no ha podido, o no ha querido, resolver el Gobierno. Si se considera que la mayor parte de estos conflictos ha tenido su origen en decisiones gubernamentales consideradas desatinadas, tanto en la oportunidad como en el enfoque, resulta sensato esperar que los problemas se resuelvan por la lógica de la política: retroceder para avanzar. Porque conviene recordar que los conflictos largos alientan la introducción de elementos ajenos a los mismos, que solo empeoran las cosas.
En un país como Bolivia, con escasa vertebración caminera, el bloqueo de las vías nacionales constituye un enorme perjuicio tanto para los sectores productivos como para el conjunto de la población. En los hechos, el sector exportador ha informado la pérdida de hasta 1, 3 millones de dólares por día por causa de los bloqueos. Estas son pérdidas intolerables para un país pobre y atrasado que lucha penosamente por conservar los escasos mercados de la región, porque además del perjuicio económico se le plantea la dura perspectiva de perderlos. Por otra parte, la interrupción de la libre circulación caminera impide que muchos productos alimenticios lleguen a los centros de expendio.
Resulta evidente que esta creciente situación de tensión social global repercute entre la población, que indefensa ante el repentino alza de precios de los productos de la canasta familiar, ve impotente cómo cunde el agio y la especulación en los centros de consumo. Esta situación se agrava cuando las autoridades locales y nacionales han perdido el poder para imponer el principio de autoridad en un clima beligerante. Por donde se vea, si no se actúa con prontitud, el círculo vicioso de los conflictos sin resolver puede agudizar el malestar social general y acumular manifestaciones de creciente violencia que deriven en la auténtica eclosión social que provoca la desestabilización del sistema.
Hace falta evitar esos extremos. La democracia boliviana ha costado mucho al pueblo boliviano como para que se la arroje por el abismo de la anarquía. Por ello, resulta más sensato desactivar los conflictos a través de la flexibilidad, la prudencia y la cordura, porque los costos son muy altos. Mientras más pronto se evite la injerencia de intereses políticos más rápido se resolverán los conflictos. El de salud amerita con urgencia volver a fojas cero para encarar soluciones duraderas. El conflicto del Tipnis requiere mucho tacto, paciencia y tolerancia. El asunto salarial exige más diálogo y sentido común ante la amenaza inflacionaria. No parece sensato volver a los tiempos de la UDP.
Las recientes noticias de prensa han recogido evidencias abrumadoras sobre la creciente espiral de violencia en el país, que ha encontrado su mejor caldo de cultivo en los prolongados conflictos sociales que no ha podido, o no ha querido, resolver el Gobierno. Si se considera que la mayor parte de estos conflictos ha tenido su origen en decisiones gubernamentales consideradas desatinadas, tanto en la oportunidad como en el enfoque, resulta sensato esperar que los problemas se resuelvan por la lógica de la política: retroceder para avanzar. Porque conviene recordar que los conflictos largos alientan la introducción de elementos ajenos a los mismos, que solo empeoran las cosas.
En un país como Bolivia, con escasa vertebración caminera, el bloqueo de las vías nacionales constituye un enorme perjuicio tanto para los sectores productivos como para el conjunto de la población. En los hechos, el sector exportador ha informado la pérdida de hasta 1, 3 millones de dólares por día por causa de los bloqueos. Estas son pérdidas intolerables para un país pobre y atrasado que lucha penosamente por conservar los escasos mercados de la región, porque además del perjuicio económico se le plantea la dura perspectiva de perderlos. Por otra parte, la interrupción de la libre circulación caminera impide que muchos productos alimenticios lleguen a los centros de expendio.
Resulta evidente que esta creciente situación de tensión social global repercute entre la población, que indefensa ante el repentino alza de precios de los productos de la canasta familiar, ve impotente cómo cunde el agio y la especulación en los centros de consumo. Esta situación se agrava cuando las autoridades locales y nacionales han perdido el poder para imponer el principio de autoridad en un clima beligerante. Por donde se vea, si no se actúa con prontitud, el círculo vicioso de los conflictos sin resolver puede agudizar el malestar social general y acumular manifestaciones de creciente violencia que deriven en la auténtica eclosión social que provoca la desestabilización del sistema.
Hace falta evitar esos extremos. La democracia boliviana ha costado mucho al pueblo boliviano como para que se la arroje por el abismo de la anarquía. Por ello, resulta más sensato desactivar los conflictos a través de la flexibilidad, la prudencia y la cordura, porque los costos son muy altos. Mientras más pronto se evite la injerencia de intereses políticos más rápido se resolverán los conflictos. El de salud amerita con urgencia volver a fojas cero para encarar soluciones duraderas. El conflicto del Tipnis requiere mucho tacto, paciencia y tolerancia. El asunto salarial exige más diálogo y sentido común ante la amenaza inflacionaria. No parece sensato volver a los tiempos de la UDP.
La creciente espiral de violencia en el país ha encontrado su mejor caldo de cultivo en los prolongados conflictos sociales que no ha podido, o no ha querido, resolver el Gobierno.
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