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miércoles, 1 de abril de 2009

en nota editorial que le honra La Razón muestra el juego a que está sometiendo el MAS al Congreso que no deja dudas de ausencia democrática y lirismo

La Constitución Política del Estado (CPE) se supone que debe ser acatada, porque, de lo contrario, se estaría incurriendo en una flagrante violación a sus preceptos y a su carácter de ser la ley de leyes.
Extrañamente, esto último es lo que ocurrió con la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de Ley Transitorio de Régimen Electoral, pese a que la CPE vigente fue impuesta por la mayoría oficialista en el Congreso Nacional y en las urnas. Ahora, se pretende también que, a “saco cerrado”, se lo apruebe en el Senado . De no hacerlo, está amenazado de ser agredido con cercos y tumultos de gente movilizada por consigna.
De acuerdo con estudios de la Comisión de Constitución del Senado, que casi son coincidentes con la opinión de profesionales y expertos en materia constitucional, el proyecto aprobado en la Cámara Baja tiene contenidos de extrema gravedad para el futuro político de Bolivia.
El senador Luis Vásquez, que preside aquella comisión legislativa, aseguró que el proyecto de ley del oficialismo contiene 21 violaciones a la Carta Magna. Sólo por citar dos ejemplos: el área rural tendría una mayor representación en la futura asamblea plurinacional respecto a la urbana y extendería el próximo mandato presidencial en siete meses más.
En el primer punto, se incurriría en una segregación —sobre representación— de las poblaciones urbanas, que pasan del 60% de los habitantes del país, en tanto que las poblaciones campesinas e indígenas ligeramente rebasan el 30%. ¿A título de qué esta diferencia? En el otro punto, los mandatos de gestión —de cinco años— hay que cumplirlos escrupulosamente.
La politóloga y académica Jimena Costa Benavides escribió en una columna suya, en este diario, que el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha sido firmado únicamente por los representantes del oficialismo y que su texto consta de elementos que no contribuyen ni a mejorar la representación legislativa, ni a fortalecer el pluralismo democrático. Tiene también alguna relevancia el hecho de que el Movimiento Sin Miedo (MSM), que es aliado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), haya observado por lo menos dos artículos: que haya una mayor precisión en el caso de las circunscripciones indígenas e igualmente en la distribución de los escaños en el Consejo Departamental.
En las últimas horas, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, propuso un diálogo político, antes de que el Senado apruebe el proyecto de ley con las reformas que considera indispensables. Si bien los diálogos son siempre bienvenidos, no debe olvidarse que el oficialismo los ha tomado como un recurso dilatorio y nada más. ¿Esta vez sería diferente?
La ley electoral debe alcanzar el consenso y, como fue en el pasado, acuerdos que permitan dar confianza de la transparencia de un proceso, entre los actores y la población.
Pese a existir aquellos cuestionamientos al proyecto de ley electoral, organizaciones afines al MAS se aprestan a cercar al Senado, con la amenaza de que si no lo sanciona, el Gobierno lo aprobaría mediante decreto. El cerco podría comenzar el 8 de abril. Y ante tales contingencias, hablar de democracia en el país ciertamente resulta ser puro lirismo.

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