grave peligro para la democracia en algunos países de América del Sur. L.N. editorial Uno. Argentina está incluída

Las democracias de América latina viven hoy realidades con perfiles bien distintos. Hay algunas, como la chilena, que muestran un notable estado de madurez ejemplar, digno de ser imitado. Hay otras, como es lamentablemente el caso paradigmático de Venezuela, que están en lo que podríamos llamar las antípodas de Chile.

Esto es, en una grave situación, debilitadas en extremo y casi camino a desaparecer.

El futuro es sombrío en ese caso. Tanto es así que Hugo Chávez, ante la escalada de protestas populares masivas que enfrenta, acaba de anunciar que si continúan las protestas en su contra a pesar de la mano dura, recurrirá a "medidas radicales". En un país como la Venezuela de Chávez, en el que está severamente restringida la libertad de opinión y en el que se ignoran impunemente los derechos y las garantías individuales más esenciales, esto significa la posibilidad de radicalizar aún más las cosas, recurriendo a la violencia y el terror para silenciar absolutamente el disenso. Es lo que sucede desde hace cinco décadas en Cuba.

Frente a esta aberración, el destacado politólogo Guillermo O?Donnell acaba de incluir a nuestro país junto con otros cuyos presidentes gobiernan mediante decretos de emergencia y recurren a presuntas facultades extraordinarias para violar las atribuciones que corresponden a los otros poderes del Estado prescriptas por las respectivas

Constituciones, deformándolas a su gusto y paladar. Son los casos de Venezuela, Nicaragua y Ecuador, entre otros. El denominador común del grupo de países al que alude O?Donnell es que sus respectivas autoridades están empeñadas, de una u otra manera, en deformar las instituciones, coartar y desdibujar sus atribuciones, y alterar, si no aniquilar, los equilibrios y balances de poderes propios de la república. El propósito es concentrar el poder en manos del Ejecutivo al estilo de las viejas monarquías absolutistas.

Se suma a este penoso panorama una corrupció generalizada pocas veces vista.

Para ello, advierte O?Donnell, los gobiernos de esos países se disfrazan cínicamente, apoderándose del ropaje de la democracia, mientras manipulan los procesos electorales y dan la apariencia de ser limpios, libres y honestos. Están lejos de esa imagen.

En la Argentina, incluida en ese grupo, se ha dado una valiente reacción institucional. La protagoniza el Poder Judicial, que ha comenzado a marcar, en forma reiterada y en diversos escenarios, los límites que la ley define respecto de las conductas abusivas de la administración nacional.

Por ello, nuestra Justicia ha sido agresivamente acusada de ser algo así como un partido de oposición cuando está cumpliendo con la independencia y la idoneidad debidas con su rol de ser el seguro constitucional que tienen los ciudadanos contra la arbitrariedad que, paso a paso, parece haberse apoderado de todo. Es hora de reconocer la enorme trascendencia que tiene el conjunto de sentencias de distintas instancias y fueros que se han dictado en las últimas semanas, las cuales, como una brisa republicana, han comenzado a recordar los límites que, en una democracia, tiene el poder.

Por la falta de respeto a esos límites, la tentación autoritaria termina fortalecida. Esa tendencia representa un grave peligro para la vigencia de la Constitución Nacional y de las libertades de todos, algo que lamentablemente ocurre en otros países de la región.