Todo el alboroto que se armó al provocar al periodismo habría sido diseñado para que el Gobierno recupere terreno entre algunos bolivianos…
Un estudio hecho recientemente estableció que Bolivia sufre de un grave caso de sobredosis de leyes. En los últimos días, el Gobierno logró aprobar, contra viento y marea, indisponiendo a todo el país, una ley que, a juzgar por su nombre, tendría que acabar con lo que quede de racismo y de discriminación en el pensamiento y el comportamiento de los bolivianos.
Si las leyes pudieran resolver los problemas de las sociedades, hace tiempo que Bolivia estaría libre del flagelo del narcotráfico, los cocaleros no estarían destruyendo los bosques del país, el dinero del narcotráfico no circularía libremente, la corrupción sería un recuerdo lejano, el contrabando no existiría, no habría violencia doméstica contra las mujeres, los niños no trabajarían, las carreteras estarían bien construidas, las Fuerzas Armadas no serían centros de tortura, la Policía sería un ejemplo de comportamiento ciudadano… Esta enumeración no puede seguir porque sería muy larga: Bolivia tiene más de 15.000 leyes, de las que, como es notorio, casi ninguna se cumple.
A estas alturas, por lo tanto, proponer la aprobación de nuevas leyes debería ser motivo de mucha meditación. Quizá haya que proponer al Parlamento, como lo han hecho los expertos que hicieron el inventario legal mencionado, que haga el esfuerzo por reducir la cantidad de leyes, anulando algunas, agrupando otras y haciendo todo lo necesario para liberar al país de leyes innecesarias que sólo congestionan los códigos.
Pero lo que habría que descartar de manera firme es que se aprueben leyes que tengan como verdadero propósito afectar o reducir los alcances de otras leyes, como es el caso de la ley aprobada en los últimos días.
La oposición que expresaron los medios de comunicación y los trabajadores de esos medios, de manera unánime, por primera vez en Bolivia, como ya se ha mencionado en estas páginas, fue la demostración más elocuente de que la ley en cuestión es un atentado contra la libertad de expresión.
Una ley antirracista que termina siendo un atentado contra la Ley de Imprenta es algo que sólo se podía dar en un país donde no se tiene cuidado con hacer leyes para todo y para nada.
Estaríamos ante el hecho de que se elaboró una ley disfrazada, con antifaz, para reducir los alcances de la Ley de Imprenta, que rige desde 1925 la libertad de expresión y de prensa en el país.
Otra interpretación que se hizo de esta extraña ley, que el Gobierno impulsó como si estuviera ante un plazo impostergable, es que haya sido concebida para recuperar la decreciente popularidad del Gobierno. Un dirigente sindical del magisterio propuso esta explicación.
Es decir que todo el alboroto que se armó al provocar al periodismo habría sido diseñado para lograr que el Gobierno recupere terreno entre algunos bolivianos que se supone son sus naturales seguidores. A juzgar por los pocos bolivianos que llegaron a la plaza Murillo de La Paz para, supuestamente, cercar el Congreso y forzarlo a aprobar la mencionada ley, los estrategas erraron el objetivo.
El Gobierno y sus legisladores tendrían que encarar con seriedad esto de hacer nuevas leyes. Podrían comenzar por pensar en el bien del país.
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